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Canarias reclama al Estado que garantice la gratuidad del transporte público para 2027

La reunión de la Comisión de Directores Generales de Transporte Terrestre celebrada este miércoles concluye sin garantías sobre la continuidad de la medida más allá del 31 de diciembre.

María Fernández anuncia la posibilidad de creación de una mesa bilateral para adaptar el Abono Único Estatal a la singularidad competencial de Canarias e incorporar el Bono Residente Canario.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, ha reclamado al Estado que garantice la gratuidad del transporte público para 2027 a través de la aprobación del decreto de prórroga de la gratuidad, que aún está pendiente.

Fernández ha hecho esta solicitud en la reunión de la Comisión de Directores Generales de Transporte Terrestre del Estado y de las Comunidades Autónomas, celebrada este miércoles en Madrid, y en la que ha participado de forma telemática.

La directora ha insistido en este encuentro que el escenario que se presenta ahora, tras la convocatoria de elecciones, genera incertidumbre ya que, disueltas las Cámaras, tendría que aprobar el decreto ley la Diputación Permanente. “Todavía estamos esperando que lleguen las partidas presupuestarias que justificamos a final de septiembre pero lo que nos preocupa realmente es que el decreto de prórroga no salga adelante después del 29-N porque eso dejaría a Canarias sin la gratuidad del transporte para el 2027”.

Fernández considera que la prórroga de la gratuidad es posible porque no es una acción política nueva y que se trata de un trámite que debe ser aprobado en tiempo y forma por la Diputación Permanente. “Los condicionantes que crearon el decreto siguen vigentes, todas las razones que justifican la prórroga de la gratuidad continúan y la diputación permanente puede aprobarlo”, ha argumentado Fernández.

La gratuidad del transporte solo estaba garantizada por el Estado hasta final de año, tal y como recogía el texto de la Ley de Movilidad Sostenible estatal, en una disposición que establecía que, antes del 31 de enero de 2026, el Gobierno de Canarias debía acreditar la implantación efectiva del descuento del 100%, con el compromiso de mantenerlo hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Una mesa bilateral para incluir a Canarias en el Abono Único Estatal

La otra cara de la moneda se encuentra en la confirmación de que el Estado ha propuesto una reunión bilateral para la firma de un protocolo que encaje la singularidad canaria en el Abono Único Estatal. “Se abre la puerta a que Canarias pueda formar parte y no quedarnos fuera”, ha detallado la directora general, que entiende que el Bono Residente Canario podrá tener cabida en el Abono Único del Transporte. El pasado mes de septiembre, la Dirección General de Transportes y Movilidad del Ejecutivo canario envió una carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el que mostraba su preocupación por el modelo de Abono Único publicado en el BOE, que reunía unas características competenciales que dejaban fuera a Canarias.

“Vamos a abrir una mesa bilateral en la que podamos acercar nuestra singularidad competencial al modelo publicado por el BOE”, ha explicado Fernández. La Dirección General canaria consideraba que el Ministerio debía aclarar el alcance del programa, su encaje jurídico y competencial, así como las condiciones económicas que permitirían su implantación en Canarias. La publicación dejaba abiertas cuestiones fundamentales para determinar cómo se aplicaría el sistema en el Archipiélago. Entre ellas, el modelo de financiación, las condiciones y mecanismos de compensación a las administraciones y operadores, así como la forma en la que se articulará la participación de las distintas autoridades de transporte competentes en Canarias.

“Hemos recibido una respuesta de apertura por parte del Ministerio. Han reconocido la falta de adaptación de la norma a la singularidad canaria, entienden nuestros motivos y aceptan nuestra disposición para articular un convenio y que el Bono Residente Canario sea parte de este transporte universal dentro del territorio nacional”, ha detallado.

El Título Único Canario, a punto de estrenar su tecnología

El proyecto del Título Único de Transporte en Canarias que permitirá viajar por todo el Archipiélago, en guagua o tranvía, con un mismo bono transporte, está desarrollado y a punto de entrar en funcionamiento.

Desde la Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias se entregó una partida presupuestaria a los Cabildos para que pudieran adaptar su tecnología e integrar esta nueva aplicación que haga realidad el Título Único Canario.

El siguiente paso será emitir una convocatoria pública para que la ciudadanía que reúna los requisitos pueda experimentar de primera mano el funcionamiento de la tecnología piloto y se mueva fácilmente con su Título Único Canario por varias islas en el mes de diciembre.

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Canarias logra el compromiso del Estado para afrontar los pagos pendientes de la gratuidad del transporte público

María Fernández logra que el Ministerio aborde una cuestión que no figuraba en el orden del día y garantice la cobertura presupuestaria de la medida

El Ejecutivo canario presentará alegaciones para que los criterios de distribución de los 4.300 millones de euros procedentes de fondos europeos incorporen las singularidades del Archipiélago y garanticen el acceso a financiación para impulsar proyectos de movilidad sostenible ajustados a la realidad insular de Canarias

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha intervenido este lunes en la Comisión General de Directores Generales convocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, donde ha trasladado la preocupación del Ejecutivo canario por la financiación de la gratuidad del transporte público, logrando el compromiso del Estado de atender los pagos pendientes y garantizar la continuidad de esta medida en Canarias.

En este sentido, Fernández ha explicado que “aunque este asunto no figuraba en el orden del día de la reunión, el Gobierno de Canarias ha solicitado que fuera abordado debido a la preocupación existente por los retrasos acumulados en los pagos correspondientes a esta medida”.

Además, la directora general ha añadido que “gracias a esta petición”, el Ministerio ha confirmado que ya dispone de partida presupuestaria para afrontar tanto la liquidación pendiente como el adelanto correspondientes. “Nos llevamos una buena noticia para Canarias, hemos conseguido que se abordara esta cuestión y el Ministerio nos ha asegurado que ya cuenta con crédito presupuestario para afrontar la liquidación de 2025 y las ayudas de 2026”, ha señalado la directora general”, ha añadido.

Durante su intervención, Fernández ha reclamado además que, una vez garantizada la disponibilidad presupuestaria, se agilice la tramitación de la justificación correspondiente al ejercicio 2025 para poder recibir las cantidades aún pendientes, así como adelantar en la medida de lo posible los anticipos correspondientes a 2026.

“Ahora que existe cobertura presupuestaria, es fundamental reducir los tiempos burocráticos para que los recursos lleguen cuanto antes y evitar que los anticipos vuelvan a retrasarse hasta finales de año”, ha indicado.

Asimismo, la directora general ha recordado que la gratuidad se ha consolidado como una herramienta clave para favorecer la movilidad sostenible, generar cohesión social, favorecer el acceso a trabajos y estudios, reducir el uso del vehículo privado y aliviar la economía de miles de familias canarias, en un contexto global complicado que se ve agravado por el encarecimiento de los precios de los combustibles.

Durante la reunión, la directora general ha trasladado, además, la necesidad de que Canarias sea tenida en cuenta en el reparto de los nuevos fondos europeos destinados a modernizar y descarbonizar la movilidad, dotados con más de 4.300 millones de euros para España.

En este contexto, ha defendido que el diseño de estas convocatorias incorpore las singularidades de los territorios insulares y ultraperiféricos para evitar que Canarias quede excluida de futuras líneas de financiación.

“Las regiones ultraperiféricas tienen necesidades específicas que deben ser contempladas. La realidad de nuestras islas, especialmente en las islas no capitalinas y las zonas rurales, exige instrumentos adaptados que permitan seguir impulsando el transporte público y garantizar la cohesión territorial”, ha indicado.

Es por ello que, el Gobierno de Canarias presentará alegaciones para que los criterios de reparto tengan en cuenta las particularidades del Archipiélago y permitan acceder a recursos destinados a proyectos de movilidad sostenible adaptados a la realidad insular, ha puntualizado Fernández.

Para concluir, Fernández ha trasladado a la directora general de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Gobierno de España su preocupación por la intención de Aena de implantar nuevas tasas a las guaguas que permanecen en espera para recoger a turistas en los aeropuertos canarios, una medida que “puede generar efectos negativos sobre la movilidad y aumentar la congestión en los entornos aeroportuarios”. La responsable   estatal recogió esta preocupación y se comprometió a trasladarla para su valoración.

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Canarias sigue a la espera de la financiación estatal para sostener la gratuidad del transporte público

Pablo Rodríguez recuerda en el Parlamento que el Estado solo ha transferido 78 de los 120 millones comprometidos para 2025 y reclama agilizar la financiación de una medida cuyo coste real supera los 140 millones de euros anuales

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha señalado hoy en el Parlamento de Canarias que el Estado aún no ha abonado la totalidad de la partida pendiente correspondiente a la financiación de la gratuidad del transporte público colectivo terrestre durante 2025, una medida que ha calificado como un “éxito rotundo” por su impacto en el incremento del uso del transporte público en las Islas.

Durante su intervención, Rodríguez ha señalado que, hasta ahora, “el Estado solo ha pagado los primeros 78 millones de 2025. Todavía no se han abonado los 42 millones restantes correspondientes a la anualidad del año pasado”.

Asimismo, Rodríguez también ha advertido de que, pese a que la gratuidad del transporte público fue prorrogada para 2026 gracias a las negociaciones impulsadas por Canarias, el Estado no ha realizado hasta la fecha ninguna transferencia correspondiente al presente ejercicio.

Cabe recordar que la previsión inicial del Estado para financiar esta medida ascendía a 81 millones de euros. Sin embargo, el crecimiento de la demanda del transporte público ha elevado el coste real de la gratuidad a los 140 millones de euros anuales para el conjunto de las administraciones implicadas.

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias consiguió negociar con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que la financiación prevista para 2025 aumentara hasta los 120 millones de euros. El consejero ha recordado que, de esa cantidad, el Estado únicamente ha transferido hasta el momento el 65 % del total comprometido. En este contexto, ha insistido en la necesidad de revisar el actual sistema de financiación para adaptarlo tanto al coste real de la medida como a las necesidades de tesorería de las administraciones que la sostienen.

“El transporte gratuito ha permitido incrementar el número de usuarios como nunca antes en Canarias y se ha consolidado como una herramienta fundamental para fomentar la movilidad sostenible. Ahora necesitamos que la financiación llegue con mayor agilidad para evitar que el esfuerzo económico recaiga sobre las administraciones canarias y que sean los Cabildos los que adelanten un montante que no les corresponde”, ha concluido el consejero.

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Canarias reclama al Estado una respuesta urgente para sostener la gratuidad del transporte público

María Fernández

 

El Ejecutivo demanda al Estado que desbloquee antes del 31 de mayo la resolución para justificar la gratuidad del transporte público para no colapsar el sistema

Este retraso pone en riesgo la correcta justificación de cerca de 120 millones de euros destinados a financiar la bonificación del 100 % del transporte terrestre colectivo en las Islas

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, ha reclamado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una respuesta urgente que permita garantizar la gratuidad del transporte público colectivo terrestre en las islas, y agilice ya la resolución que regula el procedimiento de justificación y liquidación de estas ayudas.

En el documento, dirigido a la directora general de Estrategias de Movilidad, Lucía Martínez Rivero, el Ejecutivo canario traslada su preocupación por el retraso en la aprobación definitiva de esta resolución, imprescindible para culminar correctamente el proceso administrativo y garantizar la seguridad jurídica de una medida que ha supuesto un importante avance social para la ciudadanía canaria.

La directora general de Transportes y Movilidad ha señalado que “la gratuidad del transporte público ha sido una medida de enorme impacto social en Canarias y no podemos permitir que dificultades administrativas terminen poniendo en riesgo su estabilidad financiera ni la capacidad de gestión de los cabildos insulares”.

Fernández ha insistido en que “Canarias ha actuado siempre desde la colaboración institucional, pero necesitamos certezas jurídicas y administrativas para poder cerrar correctamente el expediente dentro de los plazos establecidos”. Asimismo, ha recordado que “los cabildos ya están soportando un importante esfuerzo económico para mantener esta medida y no pueden seguir asumiendo indefinidamente una situación de incertidumbre”.

El Gobierno de Canarias recuerda que la nueva resolución estatal incorpora exigencias adicionales que no estaban contempladas en la resolución de concesión aprobada el 22 de diciembre de 2025, una circunstancia que genera incertidumbre administrativa una vez iniciado el procedimiento de justificación por parte de los cabildos insulares.

Asimismo, el escrito expone la singularidad del modelo canario de gestión del transporte terrestre, descentralizado en los siete cabildos insulares, lo que obliga a coordinar la recopilación y validación de documentación procedente de múltiples administraciones y operadores de transporte. Esta estructura incrementa considerablemente la carga administrativa respecto a otros territorios del Estado.

En este sentido, la directora general advierte de que el actual escenario de incertidumbre compromete los plazos establecidos para la justificación de las ayudas, cuyo límite finaliza el 30 de septiembre de 2026, coincidiendo además con otros procedimientos estatales vinculados al transporte público. Por ello, solicita que la resolución definitiva quede aprobada no más allá del 31 de mayo de 2026, al considerar que se trata de un “límite material” para evitar riesgos sobre la financiación estatal de la medida.

“El éxito de esta medida está fuera duda. Miles de canarias y canarios utilizan cada día el transporte público gracias a esta bonificación y nuestro objetivo es garantizar que pueda seguir desarrollándose con normalidad y seguridad para todas las administraciones implicadas”, ha añadido Fernández.

Fernández también subraya que los cabildos insulares están asumiendo actualmente un importante esfuerzo financiero para sostener la gratuidad del transporte público, adelantando recursos propios mientras se resuelve el expediente estatal y soportando unos costes que, en muchos casos, superan la financiación prevista. “Además, a día de hoy, aún no hay créditos habilitados por parte del Estado para hacer frente a los pagos de los 42 millones correspondientes al 2025, ni a los fondos para el 2026”.

Por último, el Gobierno de Canarias reitera en su voluntad de mantener una relación de cooperación leal con el Ministerio y reclama que el procedimiento pueda resolverse con la máxima celeridad para garantizar la estabilidad del sistema de transporte público y la continuidad de una medida que ha demostrado un amplio respaldo ciudadano.

 

 

 

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El Ejecutivo refuerza la coordinación con cabildos y Estado para agilizar la financiación de la gratuidad

Canarias y el Estado acuerdan reuniones técnicas mensuales para agilizar la financiación de la gratuidad del transporte en 2025 y 2026

El Gobierno de Canarias y los cabildos crean una mesa técnica para coordinar la gestión jurídica, económica y administrativa del sistema de financiación

La Consejería y las administraciones insulares avanzan en el desarrollo de un prototipo tecnológico del título único, paso previo a su futura implantación en el archipiélago

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha explicado hoy, durante la Mesa Interadministrativa del Transporte Terrestre en Canarias, que el Ejecutivo ha reforzado la coordinación institucional con los cabildos insulares y el Ministerio de Transportes con el objetivo de agilizar la llegada de los fondos estatales destinados a la gratuidad del transporte público y mejorar la planificación de la financiación prevista para los ejercicios 2025 y 2026.

Fernández ha destacado que el Gobierno de Canarias ha logrado el compromiso del Ministerio de mantener reuniones técnicas mensuales para abordar las singularidades del sistema de transporte en Canarias, lo que permitirá anticipar los trámites administrativos necesarios y mejorar la previsión de los pagos correspondientes a la gratuidad del transporte. En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo trabaja ya con los cabildos para adelantar la documentación requerida y acelerar tanto la justificación de los 32 millones de euros que corresponden al 2025 como la tramitación de las transferencias previstas para 2026, estimadas en torno a 78 millones de euros, con el objetivo de que puedan abonarse con mayor antelación que en ejercicios anteriores.

Asimismo, la directora general ha anunciado la creación de una mesa técnica específica con los cabildos insulares destinada a coordinar los aspectos jurídicos, económicos y administrativos vinculados a la financiación del sistema, “evitando demoras asociadas a la periodicidad de las convocatorias formales de la mesa interadministrativa”.

Impulso al título único

Durante la reunión también se abordaron los avances en la implantación del título único del transporte público, una herramienta que permitirá que el bono residente canario, con independencia de la isla de emisión, sea válido en todo el archipiélago. Para ello, “el Gobierno de Canarias pondrá en marcha este año un prototipo tecnológico financiado con una inversión de 1.103.000 euros transferidos a los cabildos en diciembre, que facilitará el desarrollo del sistema de compensaciones entre administraciones necesario para su implantación definitiva”.

Avances en la regulación del taxi

En el marco de la Mesa del Taxi celebrada durante la jornada, la Dirección General ha avanzado en el desarrollo de la tarifa única canaria y en la posible implantación de proyectos piloto de tarifa plana entre áreas metropolitanas y aeropuertos. “La Administración y el sector han intercambiado ya documentos de trabajo y la negociación se centrará en acordar la valoración económica de estas herramientas con el objetivo de iniciar su aplicación progresiva a lo largo de este año”, ha concluido Fernández.

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El Ejecutivo autoriza el abono anticipado de 125,5 millones para garantizar el transporte público terrestre en 2025

Las aportaciones se distribuirán entre los cabildos insulares y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para asegurar la estabilidad financiera del sistema desde el inicio del ejercicio

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, ha autorizado el abono anticipado de las aportaciones dinerarias destinadas a financiar el sistema de transporte terrestre público regular de viajeros durante el año 2025, por un importe total de 125,5 millones de euros.

Esta medida permitirá garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento del transporte público en todas las islas desde el comienzo del ejercicio, aportando estabilidad financiera a las administraciones competentes y facilitando la planificación y gestión del servicio a lo largo de todo el año.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha señalado que “con este abono anticipado hemos asegurado que los cabildos y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dispongan de los recursos necesarios desde el inicio de 2025 para sostener un servicio público esencial”. En este sentido, ha destacado que “esta financiación resulta clave para garantizar la regularidad del transporte, especialmente en las islas no capitalinas, donde el sistema depende en mayor medida del apoyo previo de las administraciones”.

Asimismo, Fernández ha subrayado que “el anticipo de los fondos ha permitido a las entidades gestoras planificar con mayor seguridad la operativa anual, atender sus compromisos con los operadores y mantener los niveles de calidad y accesibilidad del servicio para la ciudadanía”.

Los fondos se distribuirán entre los cabildos insulares y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en función de las necesidades del transporte público regular de viajeros en cada territorio. En concreto, el Cabildo de Gran Canaria recibirá 19,47 millones de euros; el Cabildo de Tenerife, 16,09 millones; el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 2,33 millones; el Cabildo de Fuerteventura, 2,49 millones; el Cabildo de Lanzarote, 2,47 millones; el Cabildo de La Palma, 2,42 millones; el Cabildo de La Gomera, 1,2 millones; y el Cabildo de El Hierro, 1,01 millones de euros.

A esta financiación, se suma, además, el abono anticipado de fondos estatales destinados a compensar el coste del descuento del 100% en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre en Canarias durante 2025, medida aplicada en virtud del artículo 59 del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero.

En este marco, la Consejería ha autorizado el anticipo de 78 millones de euros, equivalente al 65% de la ayuda estatal total de 120 millones, con el fin de garantizar la liquidez del sistema desde el inicio del ejercicio y compensar a las administraciones insulares y a las empresas operadoras por la pérdida de ingresos derivada de la aplicación de la gratuidad del transporte.

Este anticipo se distribuirá entre los cabildos insulares atendiendo al número de viajeros usuarios del Bono Residente Canario y sus modalidades registrados en 2024, conforme a los Protocolos Generales de Actuación suscritos entre el Gobierno de Canarias y las corporaciones insulares. De este modo, el Cabildo de Gran Canaria recibirá 35,89 millones de euros; el Cabildo de Tenerife, 37,17 millones; el Cabildo de Lanzarote, 2,09 millones; el Cabildo de Fuerteventura, 1,39 millones; el Cabildo de La Palma, 1,34 millones; el Cabildo de La Gomera, 54.135 euros; y el Cabildo de El Hierro, 55.049 euros.

El 35% restante de la ayuda estatal, hasta completar los 120 millones de euros, se liquidará en 2026, una vez acreditado el coste real de la medida, de acuerdo con los mecanismos de justificación y control previstos en la normativa estatal y en los protocolos de coordinación firmados con los cabildos insulares.

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El 30,3% de los usuarios del Bono Residente Canario deja el coche y apuesta por el transporte público

La Consejería ha realizado un estudio que refleja esta tendencia y que, además, en las islas no capitalinas asciende al 37,4% de los viajeros

Tras alcanzar la gratuidad, uno de cada cuatro usuarios encuestados reconoce que ha incorporado el transporte público en su rutina diaria para acceder a su puesto de trabajo, a su centro de estudios o a citas de servicios básicos

El estudio confirma que las mujeres son las principales usuarias que utilizan el transporte de forma regular

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto con la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, han presentado los datos de un informe encargado por la Consejería que evidencia que el 30,3% de los usuarios del Bono Residente Canario ha dejado el coche y ha incorporado el uso del transporte público en su rutina diaria, lo que confirma un cambio de tendencia en la movilidad de las islas.

El consejero y la directora han destacado que la medida “ha cambiado la forma de moverse en Canarias, ha impulsado un abandono significativo del vehículo privado y ha ampliado de manera decisiva el acceso al empleo, a la educación y a los servicios esenciales”.

En esta línea, la directora general de Transportes y Movilidad ha apuntado que el estudio ha mostrado que el 30,3% ha dejado de utilizar el vehículo privado, cifra que asciende al 37,4% en las islas no capitalinas, donde antes el vehículo privado era prácticamente imprescindible. Además, uno de cada cuatro usuarios encuestados reconoce que ha comenzado a usar el transporte público tras alcanzar la gratuidad.

La ciudadanía también ha demostrado el respaldo a la gratuidad, más del 92,9% defiende su mantenimiento en el futuro, destacando la importancia del mantenimiento de la medida tal y como funcional actualmente.

Ahorro económico y mejora del acceso al transporte

Asimismo, Fernández ha insistido en que la gratuidad ha facilitado el acceso al empleo, los estudios y las gestiones diarias al 95% de los usuarios, consolidándose como una herramienta que ha mejorado las oportunidades reales de movilidad en Canarias y “ha facilitado que los canarios y canarias puedan acceder a tratamientos médicos, trabajos y estudios que antes rechazaban”. Además, el 82% ha aludido a un ahorro económico significativo, especialmente jóvenes, estudiantes y personas trabajadoras.

El estudio refleja que los usuarios realizan una media de 16 viajes semanales, lo que ha confirmado un uso intensivo y funcional del servicio y que las mujeres son las principales usuarias que lo utilizan; además de que cuatro de cada cinco usuarios lleva más de dos años utilizando las guaguas como usuarios fidelizados y recurrentes.

Inversión adicional para la modernización del transporte

La Consejería continúa reforzando la medida con inversiones procedentes de Fondos Next Generation para la modernización del transporte con nueva flota, intercambiadores, paradas inteligentes, puntos de recarga y proyectos estratégicos como el Centro de Control de Movilidad en Gran Canaria o el Carril BUS-VAO en TF-5.

Para concluir, ambos representantes han insistido en que “para que la gratuidad siga siendo un éxito depende de un financiación estatal estable y suficiente, dado que la medida supone un esfuerzo grande para los cabildos, que ven limitada su capacidad inversora si el Gobierno del Estado no abona los importes en tiempo y forma”.

“Cuando la gratuidad se financia adecuadamente la ciudadanía gana y Canarias está demostrando que las políticas públicas bien diseñadas generan igualdad de oportunidades y contribuyen a transformar la movilidad de las Islas”, han apuntado.

Una estrategia 360º

Por otro lado, el consejero ha subrayado que esta transformación se enmarca en la hoja de ruta estratégica que el Ejecutivo ha impulsado “desde hace siete años, desde 2018, justo en mi anterior etapa al frente de esta área, con la puesta en funcionamiento del Bono Residente Canario” y ha continuado desde el inicio de esta legislatura con el desarrollo de la futura Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, actualmente en elaboración, a través de jornadas participativas isla por isla; la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias (EMSICAN), que fijará la política de movilidad para las próximas tres décadas; el Mobility Lab, el laboratorio de pruebas reales que ha permitido implantar soluciones innovadoras directamente en el territorio; la continuidad de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), hoy implantados en más del 90% de los municipios, y los Planes de Movilidad Insular sostenible (PMIS), dirigidos a los cabildos.

El consejero ha apuntado que “estas políticas han permitido consolidar un modelo de movilidad moderno, accesible, sostenible y basado en derechos ciudadanos, del que la gratuidad es una pieza fundamental”, a la vez que ha apuntado que esto datos “han demostrado que las políticas públicas bien diseñadas generan igualdad de oportunidades, alivian el bolsillo de las familias y permiten que los canarios y canarias amplíen su capacidad real de desplazamiento en las islas”.

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El Ejecutivo subraya que la nueva Ley de Movilidad garantiza la continuidad de la gratuidad del transporte

María Fernández

Desde la Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias se ha trabajado activamente, tanto en el proceso de elaboración de la Ley como en la negociación de las enmiendas posteriores, para lograr este importante hito para las Islas

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, valora que el pleno del Congreso de los Diputados haya aprobado hoy, de forma definitiva la Ley de Movilidad Sostenible, “que consolida uno de los mayores avances en materia de transporte público para las islas, la gratuidad del transporte colectivo terrestre de Canarias durante el año 2026”. 

La medida, recogida en la disposición adicional cuadragésima tercera del texto legal, reconoce el hecho insular y establece que Canarias será beneficiada de una ayuda estatal destinada a financiar un descuento del 100% en los abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre.

Previo a su paso por el Senado, Canarias ya había conseguido incorporar esta medida mediante enmiendas impulsadas en la Comisión de Transportes del Congreso, garantizando un tratamiento diferenciado para las islas en materia de movilidad y financiación.

La directora general ha valorado esta aprobación como “un reconocimiento histórico al derecho de los canarios y canarias a una movilidad sostenible y adaptada a nuestra realidad ínsular”.

“Desde Canarias hemos defendido con firmeza que la movilidad no puede depender de un código postal. Gracias al trabajo constante, hoy la gratuidad es una garantía recogida de forma legal en esta norma”, ha destacado Fernández.

La disposición establece que, antes del 31 de enero de 2026, el Gobierno de Canarias deberá acreditar la implantación efectiva del descuento del 100% y el compromiso de mantenerlo hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.

Asimismo, la medida prevé la compensación a las administraciones o empresas gestoras de los servicios de transporte, y contempla anticipos del 65% de la ayuda durante el ejercicio 2026, con la posterior liquidación en 2027.

”Este avance no solo garantiza la continuidad de una política que ha demostrado su eficacia social y medioambiental, sino que consolida el principio de cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos de España. Recordemos que la gratuidad ha permitido que los canarios y canarias cambien su forma de moverse y puedan aceptar trabajos, asistir a centros educativos y recibir tratamientos sanitarios gracias a esta medida que ha resultado ser una alivio para el bolsillo de las familias”, ha subrayado Fernández.

“Con esta aprobación, el transporte público gratuito en Canarias se consolida como un derecho y no como un privilegio”, ha resaltado Fernández.

Otras disposiciones aprobadas

Durante la sesión plenaria, se solicitaron votaciones por separado de determinadas disposiciones del Proyecto de Ley. Entre ellas, la disposición adicional trigésimo octava, relativa a la contribución financiera del Estado para la movilidad sostenible en el ámbito del transporte marítimo, que ha sido aprobada por 155 votos a favor.

Asimismo, Fernández ha indicado que la disposición relativa a las infraestructuras ferroviarias, que suponía que por primera vez un texto legal reconociese la necesidad estratégica de los trenes de Gran Canaria y Tenerife y su financiación por parte del Estado, ha quedado igual.

 

 

 

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Gobierno y cabildos piden al Ministerio una reunión para asegurar la financiación y prorrogar la gratuidad en 2026

La Mesa del Transporte ha acordado enviar una misiva conjunta al Estado para defender la continuidad de una medida que ha reducido el uso del vehículo privado y mejorado la cohesión territorial

El Ejecutivo avanza en los trabajos para poner en marcha un piloto del Título Único el próximo año

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, han anunciado que el Ejecutivo y los cabildos insulares solicitarán una reunión conjunta en Madrid con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para garantizar la llegada de los fondos y la prórroga de la gratuidad del transporte público en las islas durante 2026. 

La decisión se ha adoptado durante la celebración durante la celebración de la Mesa Interadministrativa del Transporte Terrestre de Canarias, convocada en Santa Cruz de Tenerife.  En esta línea, Fernández ha explicado que existe una preocupación generalizada entre las administraciones insulares por los retrasos en la llegada de los fondos estatales, que “están poniendo en riesgo una medida que ha sido un éxito rotundo para la movilidad sostenible en Canarias”.

“El Gobierno de Canarias y los cabildos iremos juntos a Madrid para trasladar al Ministerio la necesidad urgente de recibir los fondos y prorrogar la gratuidad del transporte público. Lo haremos con datos que demuestran su impacto positivo en la movilidad sostenible, la cohesión y la accesibilidad. Esta medida ha reducido significativamente el uso del coche privado y ha facilitado el acceso al empleo, la educación y la sanidad en todas las islas”, ha destacado Fernández.

En este sentido, durante la reunión, el Gobierno de Canarias y los cabildos han acordado  enviar de forma conjunta una misiva al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible solicitando un encuentro formal, con el objetivo de asegurar la continuidad de la gratuidad.

Fernández ha subrayado que el Gobierno canario “no solo defiende la medida por su éxito social, sino porque se ha convertido en una herramienta clave para la descarbonización y la movilidad sostenible en el Archipiélago”.

Avances hacia el Título Único

En el mismo encuentro, la directora ha anunciado que el Gobierno de Canarias ya ha diseñado el calendario de implantación del Título Único, que permitirá usar un mismo título de transporte en cualquier isla, independientemente de dónde se haya emitido.

“Queremos que el año que viene esté en marcha un proyecto piloto que unifique el sistema de bonos en todo el Archipiélago. El Gobierno asumirá íntegramente la financiación necesaria para hacerlo posible”, ha explicado Fernández.

Nuevas líneas de financiación 

La Mesa del Transporte ha abordado también la puesta en marcha de una nueva línea de financiación de 3.680.000 de euros, a ejecutar durante tres años, para los cabildos, destinada a impulsar los Planes de Movilidad Insular Sostenible (PMIS), así como los avances en el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, actualmente en la fase final de participación pública.

Fernández ha explicado que el texto “nace del consenso y de la participación ciudadana” y confió en que pueda ser remitido al Parlamento de Canarias antes de final de año.

 

 

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María Fernández informa a las Mesas del Transporte sobre los acuerdos para dar garantías jurídicas a la gratuidad

La Dirección General reúne por primera vez en una misma sesión la Mesa del Transporte de Viajeros y de Mercancías

El Ejecutivo canario ha elaborado una propuesta de enmienda, que ha sido trasladada al Estado, para asegurar que los fondos de la gratuidad lleguen en tiempo y con seguridad jurídica

La directora general ha recordado la hoja de ruta del Ejecutivo canario que ha permitido modificar y actualizar, tras más de una década, normativas con el objetivo de mejorar la calidad y la eficiencia del transporte en las islas

El Registro de Operadores del Transporte ya se encuentra en una fase avanzada y está previsto que esté operativo a final de año para aportar transparencia y seguridad al sector

La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha convocado esta mañana la Mesa del Transporte de Viajeros y de Mercancías, unificando por primera vez ambos órganos, para abordar asuntos clave que afectan directamente tanto a las administraciones, como al sector y a la ciudadanía, e informar sobre las herramientas en las que se está trabajando, junto al Estado, con el objetivo de ofrecer garantías jurídicas a la financiación de la gratuidad del transporte público en las islas. 

Durante el encuentro, María Fernández, ha trasladado el estado actual de las gestiones que el Gobierno de Canarias está llevando a cabo con el Estado para asegurar la continuidad de la gratuidad del transporte público terrestre en las islas. En este sentido, la directora general ha informado de que se ha elaborado una propuesta de enmienda que el Ejecutivo canario ha hecho llegar al Gobierno del Estado con el objetivo de garantizar que los fondos destinados a la gratuidad “lleguen a tiempo y con seguridad jurídica”.

La enmienda propuesta por Canarias está diseñada para ser incorporada en el primer texto legislativo que se tramite en el Congreso de los Diputados, que previsiblemente será en la futura Ley de Movilidad Sostenible. “Aún así, este Ejecutivo trabaja con el Estado en la búsqueda de alternativas ante la posibilidad de que no se logren los apoyos parlamentarios necesarios y sacarla adelante cuando sea posible”, ha resaltado Fernández.

“La gratuidad ha representado un avance significativo en la movilidad de la ciudadanía canaria, pero su continuidad depende de que los fondos estatales lleguen con la suficiente antelación. No basta con que estén consignados en los presupuestos, es imprescindible que se transfieran a tiempo para no comprometer la sostenibilidad del servicio”, ha señalado María Fernández. En este sentido, ha recordado que el Gobierno del Estado se había comprometido a aumentar la partida destinada a la gratuidad de 81 a 120 millones de euros, distribuidos en dos anualidades: 78 millones en 2025 y 42 millones en 2026.

Además de la gratuidad, la reunión ha permitido abordar otras cuestiones relacionadas con la modernización del sector. En esta línea, la directora general de Transportes y Movilidad ha destacado que “tras más de una década sin actualizar la normativa, hemos iniciado una hoja de ruta para el desarrollo de nuevos reglamentos que mejoren la calidad y la eficiencia del transporte en las islas”.

Asimismo, ha explicado que, entre los avances en los que ha trabajado la Dirección General se encuentra el Registro de Operadores del Transporte (ROT), “una herramienta que llevaba más de 15 años pendiente de implementación y que ya se encuentra en una fase avanzada. Está previsto que esté operativa a final de año, aportando mayor transparencia y seguridad al sector profesional”.

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