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La Justicia avala la actuación del Gobierno de Canarias en la consulta pública sobre la ley de vivienda vacacional

La resolución judicial concluye que no se aprecian incongruencias ni inexactitudes en el procedimiento de consulta pública

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, que dirige Jéssica de León, ha valorado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 6 de mayo de 2026, que da por finalizado el recurso presentado contra el proceso de consulta pública previa de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, aprobada por el Parlamento de Canarias el 12 de noviembre de 2025 y en vigor desde el 13 de diciembre de 2025.

El tribunal concluye que durante el procedimiento se facilitó toda la información solicitada, incluidas más de 5.000 aportaciones ciudadanas recogidas en el proceso participativo.

La resolución judicial subraya además que no cabe apreciar incongruencias ni inexactitudes en el procedimiento de consulta pública, que se desarrolló con normalidad y con todas las garantías, sin apreciarse irregularidades.

Cabe recordar que durante su tramitación se cuestionó el proceso y se solicitó la realización de una segunda consulta pública, que la sentencia considera no necesaria al haberse desarrollado correctamente.

“Este pronunciamiento respalda un modelo de trabajo basado en la transparencia, la participación ciudadana y el rigor técnico”, aseguró el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez.

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Turismo cumple estrictamente con todos los trámites de la ley de vivienda vacacional

El Gobierno de Canarias ha atendido en tiempo y forma las solicitudes de la Comisión Europea, con la que mantiene un contacto fluido

La  Consejería de Turismo y Empleo ha cumplido estrictamente con todas las obligaciones requeridas por Europa en la tramitación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que regulará el fenómeno de la vivienda vacacional.

De esta forma, el Gobierno de Canarias ha atendido lo establecido en la directiva de Servicios de la Comisión Europea, organismo con el que mantiene un contacto fluido a través de los cauces establecidos. La iniciativa legislativa sigue, por tanto, su trámite en el Parlamento regional, donde todas las fuerzas políticas tendrán la oportunidad de hacer sus aportaciones al texto y velar por el interés general de 2,2 millones de canarios, para los que la falta de vivienda constituye una de sus principales preocupaciones.

Desde marzo de 2023, -antes de que comenzara la legislatura-, la Comisión Europea realiza un seguimiento del marco jurídico que afecta a los alquileres de corta duración en toda España. Como parte de este seguimiento, el organismo europeo envió una carta al Estado en 2024 para conocer las novedades del país sobre este asunto, interesándose por los avances de cada Comunidad Autónoma y también, de algunas ciudades.

Las autoridades españolas, -responsables de canalizar esa información-, respondieron a ese requerimiento el 17 de octubre de 2024, cumpliendo con la solicitud de Europa.

En lo que respecta a la obligación de informar a la Comisión Europea sobre los requisitos que la futura ley establece para los alquileres turísticos de corta duración, el Gobierno de Canarias se encuentra dentro del plazo para responder, puesto que la regulación europea solo obliga a efectuar dicha notificación antes de la aprobación definitiva de la norma. La Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas acaba de iniciar su trámite parlamentario, por lo que aún no ha sido aprobada y no se ha recaído en ningún incumplimiento.

La Consejería de Turismo y Empleo ha mantenido desde el inicio de la legislatura contacto fluido con las autoridades europeas, participando en las diferentes reuniones y actuando en todo momento conforme a lo dispuesto por las leyes comunitarias.

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Turismo flexibiliza la ley de vivienda vacacional para conjugar sostenibilidad y protección a pequeños propietarios

El anteproyecto de ley rebaja de 39 a 25 metros cuadrados la superficie mínima si se cumple con algún requisito y se elimina la obligatoriedad de disponer de cargadores eléctricos

La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, asegura que es una ley equilibrada que permitirá un alquiler vacacional sostenible y adaptado al territorio

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias presentó este viernes el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda que, tras el periodo de alegaciones, flexibiliza los requisitos que se exigen a las viviendas vacacionales, pero sin renunciar a su objetivo de limitar el crecimiento de esta modalidad alojativa.

La consejera, Jessica de León, destacó que se trata de una ley equilibrada que “va a permitir que esta actividad se haga de manera sostenible, beneficiosa y adaptada al territorio”. Asimismo, señaló que “da a los cabildos y ayuntamientos un marco legal claro para que puedan adaptar la normativa a las características de sus islas y municipios y ofrece seguridad jurídica, conjugando los intereses de los pequeños propietarios con el interés general”.

El anteproyecto de ley recibió casi 3.000 alegaciones en el trámite de audiencia y periodo de información pública, lo que ha llevado a la Consejería a flexibilizar algunos de los requisitos que se les exigían a las viviendas vacacionales, pero manteniendo los objetivos y la “columna vertebral” de la redacción inicial.

Con los cambios introducidos, “la superficie útil mínima del uso turístico de vivienda se rebaja de 39 a 25 metros cuadrados”, subrayó la consejera. Además, en estos casos, se permitirá el uso turístico si el inmueble dispone de aparcamiento de uso vinculado a la vivienda vacacional en la misma parcela, piscina privada o comunitaria, certificaciones de sostenibilidad, cargador de vehículo eléctrico o bien, su propietario certifica la generación de empleo.

“El planeamiento urbanístico, que es competencia municipal, podrá definir también un requisito que incida en la realidad local, por ejemplo, una vivienda vacacional vinculada a un guachinche, a una bodega o a una explotación ganadera, entre otros”, indicó De León.

Con carácter general, la norma elimina la obligatoriedad de disponer de puntos de recarga para vehículos eléctricos y el acceso por vía pavimentada, requisitos que se establecerán a través de un reglamento que desarrollará la propia Consejería. “Eso sí, es irrenunciable la accesibilidad e inclusividad que establece el Código Técnico de la Edificación (CTE)”, recordó.

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, explicó que “los cabildos y ayuntamientos deberán elaborar un plan de inspección de viviendas vacacionales en un plazo máximo de seis meses y ejecutarlo en cuatro años”. En este sentido, las instituciones insulares verificarán y atenderán las declaraciones responsables de turismo y las entidades locales controlarán desde el punto de vista de las actividades clasificadas. “En ambos casos son funciones que ya tienen otorgadas, no son nuevas”, señaló.

Otra novedad que incluye la norma es la relativa al régimen transitorio. En concreto, los pequeños propietarios podrán consolidar el uso con carácter indefinido siempre y cuando acrediten el cumplimiento de toda la normativa. En este punto, Rodríguez hizo hincapié en que “el derecho no es transmisible, si se vende o se abandona la actividad, la vivienda se someterá a la nueva ley”.

Para las empresas que gestionan viviendas que no son de su propiedad, sino de un tercero, se establece un periodo de cinco años, “pasado este tiempo se extinguirá la declaración responsable y tendrán que volver a solicitarla atendiendo a los criterios de la nueva ley”, afirmó.

Con esta futura normativa, el Ejecutivo autonómico regulará por primera vez por ley el alquiler vacacional. La previsión es remitirla al Parlamento en octubre. De salir adelante, entraría en vigor antes de enero.

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