El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se reúne con el secretario de Estado de Justicia para analizar la propuesta elevada desde Canarias, que tiene el apoyo de los dos municipios, los operadores jurídicos públicos y privados y el informe favorable del TSJC
El objetivo, según Julio Pérez, es lograr que la Administración de Justicia sea un servicio público más accesible y ágil a través de estructuras organizativas más eficientes, flexibles e innovadoras
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se ha reunido este miércoles en Madrid con el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, con el propósito de dar un impulso a la unificación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz. Ambos han analizado la propuesta elevada desde Canarias para alcanzar este objetivo, que cuenta con el apoyo tanto de estos dos municipios como los de la mayoría del norte de la isla de Tenerife y de los operadores judiciales públicos y privados, además del informe favorable de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
En la citada propuesta, se insta al Ministerio de Justicia a modificar la Ley de Demarcación y Planta Judicial, al objeto de unificar los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz. En la actualidad, el partido judicial de la Orotava, que abarca un total de seis municipios –La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava, Los Realejos y San Juan de la Rambla–, está integrado por cinco juzgados de Primera Instancia e Instrucción. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 tiene asumida, además, la competencia de violencia sobre la mujer de forma exclusiva pero no excluyente.
Por su parte, el partido judicial de Puerto de la Cruz, que cuenta con un solo municipio, el que le da nombre y constituido conforme a su carácter turístico, se compone de tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción. El número 3 tiene asumida la competencia de violencia sobre la mujer de forma exclusiva pero no excluyente.
La conveniencia de unificar ambos partidos judiciales, iniciativa promovida por los decanos de ambos partidos y que cuenta con el amplio respaldo de los operadores jurídicos públicos y privados, resulta de numerosas razones, según ha explicado Julio Pérez. Entre ellas, los beneficios logísticos y económicos que se derivarían de concentrar en un mismo edificio judicial los cuatro edificios existentes actualmente, y cuyas sedes se sitúan a siete kilómetros de distancia; optimizar la prestación de los servicios policiales; mejorar la tramitación procesal de los procedimientos judiciales y la posibilidad de constituir un juzgado exclusivo de Violencia de Género, que abarcaría la mayor parte del norte de la isla de Tenerife, necesario por el volumen de asuntos de esta naturaleza que proliferan en ambos partidos judiciales, y la posibilidad de una atención más adecuada y especializada a las víctimas de los delitos ubicados en dicho ámbito.
Analizando la carga de trabajo de cada uno de los partidos judiciales y teniendo en cuenta que la Orden JUS/1415/2018, de 28 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales, dispone que, para los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción el módulo de entrada sería de 680 asuntos civiles incluyendo jurisdicción voluntaria y ejecuciones, y 1.000 anotaciones penales por órgano y año.
Conforme a este baremo, desde el año 2019 la evolución de la carga de trabajo ha sido, en los cinco juzgados del partido judicial de La Orotava, 739 asuntos civiles incluyendo jurisdicción voluntaria y ejecuciones, y 988,80 asuntos penales. Destaca la jurisdicción civil, donde existe una patente superación del módulo en más de un 8%.
Similares datos ofrece el ejercicio 2020 (con las particularidades que el mismo presente por el Covid-19), en el que los cinco juzgados del partido judicial de La Orotava ingresaron 784,80 asuntos civiles incluyendo jurisdicción voluntaria y ejecuciones, y 825,60 asuntos penales.
Los tres juzgados del partido judicial de Puerto de la Cruz ingresaron, en el ejercicio 2019, 459 asuntos civiles, incluyendo jurisdicción voluntaria y ejecuciones, y 938,67 asuntos penales. En el año 2020, ingresó cada juzgado 526 asuntos civiles (superior al anterior año) y 637 asuntos penales (inferiores al ejercicio anterior probablemente por excepcionales circunstancias derivadas del Covid-19).
En el 2021, el partido judicial de Puerto de la Cruz ingresó 663,67 asuntos civiles y 804,67 asuntos penales, y el partido judicial de La Orotava, 1044,80 asuntos civiles y 1499,80 asuntos penales (incluidos los asuntos de violencia sobre la mujer en ambos casos).
El consejero ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Administración de Justicia y en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia de “informar sobre la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos judiciales de Canarias, así como su capitalidad en los términos que fije la legislación estatal. A tal efecto, se tendrán en cuenta, entre otros criterios, las peculiares características geográficas de Canarias derivadas de la insularidad, así como la densidad poblacional y la cercanía a los municipios de especial actividad turística”.
En este sentido, ha detallado que nuestra norma estatutaria dispone en el artículo 91, en relación con la demarcación y planta judiciales, que “el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, al menos cada cinco años, previo informe del Consejo de Justicia de Canarias, podrá proponer al Gobierno del Estado la determinación y la revisión de la demarcación y la planta judiciales en Canarias. Esta propuesta, que es preceptiva, deberá acompañar al proyecto de ley que el Gobierno envíe a las Cortes Generales. Igualmente, informará sobre la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos judiciales, así como de su capitalidad, en los términos establecidos en la legislación del Estado”.
Igualmente, establece que “las modificaciones de la planta judicial que no comporten reforma legislativa podrán corresponder al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, la Comunidad Autónoma de Canarias podrá crear secciones y juzgados por delegación del Gobierno del Estado, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Por último, señala que “la capitalidad de las demarcaciones judiciales se fija mediante ley del Parlamento de Canarias”.
El consejero ha advertido, no obstante, de que, teniendo en cuenta la legislación reseñada, al objeto de concretar el procedimiento a seguir y los trámites necesarios para concretar la propuesta de unificación o fusión planteada, esta no implica la creación en sentido estricto de un partido judicial, sino la supresión de un partido judicial y la consiguiente ampliación de la circunscripción territorial de otro partido judicial que ya tiene fijada su capitalidad en el municipio de La Orotava, del que adopta su denominación.
Por ello, en aras de la agilidad y economía procesal, bastaría la modificación del anexo I de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de Relación de términos municipales agrupados por partidos judiciales.
