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El Gobierno modifica los aforos máximos permitidos y los horarios de cierre de establecimientos

Consejo de Gobierno de Canarias

Esta medida entra en vigor a las 00.00 horas del día 15 de diciembre hasta las 24.00 horas del 10 de enero de 2022, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga en función de la situación epidemiológica

Los establecimientos y actividades que se acojan a la petición de certificado covid para el control de accesos podrán beneficiarse de una ampliación de los horarios y aforos establecidos en el nivel inferior al que se encuentre la isla

El Consejo de Gobierno de Canarias celebrado hoy, 9 de diciembre, ha acordado la autorización de la ampliación de los horarios de cierre de aquellos establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario de cierre o tuvieran fijado uno superior para los niveles de alerta 1, 2 y 3. Los horarios y aforos vigentes se encontraban ampliados hasta el día 15 de diciembre mediante prórrogas de los fijados el pasado día 30 de septiembre.

De este modo, los horarios y aforos quedan del siguiente modo con carácter general:

  • Nivel 1: el horario de cierre se establece en las 4.00 horas y el aforo en exterior al 100 por ciento y en interior al 75 por ciento.
  • Nivel 2: el horario de cierre se establece en las 3.00 horas y el aforo en exterior al 75 por ciento y en interior al 50 por ciento.
  • Nivel 3:  el horario de cierre se establece en las 2.00 horas y el aforo en exterior al 50 por ciento y en interior al 33 por ciento.

Asimismo, se acordó que estos horarios y aforos fijados para cada nivel podrán incrementarse en aquellos establecimientos y actividades que hagan uso de la petición del certificado covid, que entra en vigor mañana en Canarias. De este modo, esos establecimientos y actividades podrán acogerse a lo establecido en el nivel inferior al que se encuentre la isla en cuestión.

Horarios y aforos a los que podrá recurrir los establecimientos y actividades que recurran a la utilización del certificado covid:

  • Nivel 1: los horarios quedan sin límite, con un 100 por ciento de aforo tanto en exterior como en interior.
  • Nivel 2: los horarios quedan establecidos hasta las 4.00 horas, con un 100 por ciento de aforo en exterior y con un 75 por ciento en interior.
  • Nivel 3: los horarios quedan establecidos hasta las 3.00 horas, con un 75 por ciento de aforo en exterior y con un 50 por ciento en interior.

Aplicación

Esta modificación será de aplicación desde las 00.00 horas del 15 de diciembre de 2021 hasta las 24.00 horas del 10 de enero de 2022, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga en función de la situación epidemiológica.

La modificación de horarios y aforos responde a la situación epidemiológica existente con un repunte sostenido de la propagación del SARS-CoV2, en base al Decreto ley11/2021, de 2 de septiembre, que recoge que las medidas limitativas que conforman los distintos niveles de alerta podrán ser temporalmente levantadas o moduladas total o parcialmente por la autoridad sanitaria en los ámbitos territoriales que resulte posible, en función de la situación epidemiológica.

La propuesta aprobada por el Consejo de Gobierno establece también que en los establecimientos y locales de juego y apuestas se permitirá el consumo de comidas y bebidas durante todo el horario de apertura.

Nivel 4

No obstante, se recuerda que en el nivel de alerta 4, que no ha sido objeto de modificación por el Consejo de Gobierno, el horario de cierre de establecimientos está establecido a la 1.00 horas y el aforo máximo permitido en el 33 por ciento en exterior y en el 25 por ciento en interior. En el caso de que alguna isla estuviera en ese nivel, los establecimientos que se acojan al uso del certificado covid podrán acogerse al cierre a las 2.00 horas y al aforo en exterior del 50 por cien y en interior del 33 por cien.

Grupos de personas en espacios de uso público y privado

Aunque no ha sido objeto de modificación en la sesión de hoy, se recuerda que la medida vigente establece los grupos de personas en espacio de uso público y privado, cerrados o al aire libre, salvo convivientes en el siguiente número de personas como máximo:

  • Nivel 1: 12 personas como máximo, salvo que se trate de convivientes
  • Nivel 2: 8 personas como máximo, salvo que se trate de convivientes
  • Nivel 3: 6 personas como máximo, salvo que se trate de convivientes
  • Nivel 4: 6 personas como máximo, salvo que se trate de convivientes

Del mismo modo que en el caso de aforos y horarios, estos límites quedan, en el caso de que se haga uso del certificado covid, en las medidas que imperen en el nivel inmediatamente inferior al que se encuentre la isla en cuestión.

El Gobierno eleva el anteproyecto de Ley de Renta de Ciudadanía al Consejo Consultivo

Antes de la entrada en el Parlamento para su debate y aprobación

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha acordado remitir al Consejo Consultivo de Canarias el anteproyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias para que este órgano emita el preceptivo informe, como paso siguiente en su tramitación.

Esta solicitud responde al proceso administrativo previo al debate y aprobación del texto legal en sede parlamentaria, una vez solicitados los informes preceptivos emitidos por el Consejo Económico y Social de Canarias y por el Consejo Municipal de Canarias y contando ya con el informe favorable del Consejo General de Servicios Sociales.

El anteproyecto de Ley tiene por objeto regular el derecho a la renta de ciudadanía como prestación económica de percepción periódica del sistema público de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Serán titulares de este derecho todas las personas con residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Canarias que se encuentren en situación de exclusión social o vulnerabilidad social y que cumplan los requisitos recogidos en la presente ley.

Así, reconoce el derecho a las prestaciones económicas que aseguren la cobertura de las necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de recursos económicos suficientes para atender dichas necesidades y regula el derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, con el fin de prevenir y atender a las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social.

A los efectos de esta ley, el derecho a la inclusión social se define como el derecho de todas las personas a recibir los apoyos y el acompañamiento personalizado, teniendo en cuenta la perspectiva de género, orientado a la inclusión plena y efectiva en la sociedad, en todos los ámbitos (económico, laboral, sanitario, educativo, habitacional, social y cultural) que garantice un nivel de vida y bienestar que permitan salir del umbral de pobreza.

Estructura del marco normativo en cuatro títulos y 60 artículos

El anteproyecto de Ley se estructura en un título preliminar y cuatro títulos, distribuidos en 60 artículos; y, además, diversas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.

El título preliminar contiene las previsiones generales de la norma, como su objeto, los principios básicos, el modelo de atención, las personas titulares y beneficiarias, la unidad de convivencia, vivienda o alojamiento, así como la definición de las situaciones de exclusión social protegidas, junto con el reconocimiento del derecho a la inclusión social, que se configura como el derecho a recibir los apoyos y el acompañamiento personalizado orientado a la inclusión plena y efectiva en la sociedad.

Por su parte, el título I regula el derecho a las prestaciones económicas y se estructura en dos capítulos.

El capítulo I se divide en siete secciones. La sección primera establece el concepto, la naturaleza y las características de la renta de ciudadanía. La sección segunda determina los requisitos de acceso, las modalidades y las incompatibilidades. La sección tercera desarrolla el importe, los estímulos al empleo, el devengo y el pago. La sección cuarta regula el procedimiento de la renta de ciudadanía.  La quinta establece el régimen de revisión, duración, modificación, renovación, suspensión y extinción. La sección sexta establece los derechos y las obligaciones de las personas beneficiarias y, por último, la sección séptima regula el ejercicio conjunto de los derechos a la prestación económica y a la inclusión social y/o inserción laboral.

El capítulo II está dedicado a los complementos de vivienda, educación y pensiones no contributivas.

El título II está dedicado íntegramente al segundo de los derechos regulados por esta ley, es decir, al proceso de inclusión social. Se inicia con la determinación de los sujetos del mismo, destacando el carácter libre y voluntario que las personas tienen para su ejercicio.

El título III está dedicado al régimen sancionador, determinando las infracciones y su graduación, las sanciones que llevan consigo y el procedimiento a seguir en este régimen.

Por último, el título IV recoge el régimen competencial en el capítulo I, y la financiación de la renta de ciudadanía en el capítulo II. El primero establece la distribución de competencias entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y las administraciones municipales. El segundo establece la financiación de la renta y los convenios.

Y en la parte final de la ley, se recogen las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales, incluyendo el calendario de implantación progresiva de la Ley.

El Gobierno duplica la tramitación de expedientes de familias afectadas por el volcán durante la última semana

Antonio Olivera

El viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, detalla la evolución del Registro Único, que ha recibido hasta ahora 3.340 solicitudes; además, al mediodía de hoy, se había tramitado un total de 2.063

Se prevé que, durante la próxima semana, se pueda tramitar la totalidad de los expedientes presentados, de los que, hasta ahora, hay un 65% con daños en vivienda, un 49,3% en enseres, un 35% en explotaciones agrícolas y un 8% en empresas

El viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, detalló esta tarde, tras el Consejo de Gobierno celebrado en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, los datos que presenta hasta el mediodía de hoy el Registro Único para la atención a las familias afectadas por el volcán de La Palma. Según subrayó en la rueda de prensa posterior al Consejo, en la última semana se ha intensificado la tramitación de los expedientes de solicitudes de ayudas y se ha duplicado el número de los tramitados tras reforzarse los recursos humanos, que hoy se ampliaron con otros diez trabajadores más.

Olivera subraya el “notable esfuerzo” realizado en los últimos días para acelerar esta tramitación. Según los datos oficiales, hasta ayer se había presentado un total de 3.430 peticiones de inscripción en el Registro, de los que, según las cifras que se manejaban este mediodía, se habían tramitado 2.062. Esta cantidad supone el doble de lo logrado hace apenas una semana, lo que Olivera explica por esa intensificación en la gestión de los expedientes tras completarse el despliegue de las aplicaciones informáticas y reforzarse el personal.

Un ejemplo de esa gran agilidad radica en que ayer el número de expedientes tramitados era 1.839 (el 54% del total), mientras que al mediodía de hoy ya la cifra había ascendido a 2.062. Con ese ritmo, según remarcó Olivera, el Gobierno autonómico prevé que la próxima semana se hayan completado todas las solicitudes ya presentadas, con lo que se superaría, incluso, los mil expedientes a la semana que avanzó este miércoles (8 de diciembre) el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en su visita a La Palma con motivo de una nueva reunión de la Comisión Mixta para la Reconstrucción de la Isla.

Hasta el pasado día 2 de diciembre, se había contabilizado un total de 3.213 solicitudes, de las que se habían tramitado 820 (el 25%), con 621 inscritos. Por tanto, se ha duplicado la tramitación y, de esta manera, se espera acelerar más la entrega de las ayudas. En este sentido, el viceconsejero recordó la orden aprobada por el Gobierno para las ayudas en el ámbito de la agricultura, ganadería y pesca, así como la de Derechos Sociales y en apoyo de las empresas y autónomos. Además, aludió a las ayudas de emergencia del Cabildo y de los tres ayuntamientos más afectados.

Según los datos de hoy, de los 2.063 expedientes tramitados, un total de 1.334 se refieren a daños en viviendas, bien sean la principal, secundaria o terciaria, lo que supone un 65%. Otros 1.017 están vinculados a la pérdida de enseres (un 49,3%) y 717 tienen que ver con damnificados del sector primario (35%). Las peticiones por daños pueden ser mixtas. Asimismo, 156 consisten en reclamaciones por daños en comercios o empresas (un 8%). Según recalcó Olivera, estos datos ya aportan un panorama más exacto de las consecuencias de la erupción.

Asimismo, anunció que ya se ha levantado la evacuación de la calle Nicolás Brito Páez y de la zona de Los Marteles, en Los Llanos de Aridane, por lo que las 30 familias afectadas pueden volver a sus residencias habituales. El número de personas acogidas en hoteles que sufraga el Gobierno regional es de 555 y hay 43 dependientes en centros sociosanitarios públicos.

El REF y el sistema de financiación autonómica “son cosas separadas”

Olivera afirmó hoy que el REF y el sistema de financiación autonómica “son cosas separadas” y “en ningún caso deben vincularse la una a la otra”. El Gobierno de Canarias “ni siquiera va a entrar a debatir que esto se pueda unir y mezclar”. Este asunto el Ejecutivo autonómico “lo tiene muy claro” y “no se debe ni plantear” en la negociación del sistema de financiación: una cosa es el REF y otra bien distinta el sistema de financiación de las comunidades autónomas.

Ahora mismo, el Gobierno de Canarias continuará estudiando la primera propuesta parcial remitida a las comunidades autónomas por el Ministerio de Hacienda y siempre defenderá en este proceso las singularidades de las Islas y que no se tenga en cuenta solo a la población en el reparto de los recursos financieros, sino también los niveles de renta, paro y pobreza, entre otros factores.

El Consejo autoriza becas por 6.000 euros para un máster en energías renovables de La Laguna y Cabo Verde

Se trata del primer estudio de postgrado entre instituciones públicas de enseñanza superior de Canarias y África

El Consejo de Gobierno acordó este jueves, tanto la preceptiva declaración de razones de coyuntura económica para ampliación de gasto como el consiguiente incremento por un importe de 6.000 euros para becas de un máster en Energías Renovables de las universidades de La Laguna y Cabo Verde durante el curso 2021-22, primer estudio de postgrado entre instituciones públicas de enseñanza superior de Canarias y África.

A través de la Dirección General de Asuntos Económicos con África, se presentaron las razones de coyuntura al tratarse la subvención directa a la Fundación de la Universidad de La Laguna (FULL) de un estímulo de la economía social y de la creación de empleo, ya que mejora y fortalece las relaciones institucionales y comerciales con un país vecino que mantiene una estrecha e histórica relación con Canarias.

Declaradas las razones de coyuntura para la ampliación de crédito a propuesta de la Consejería de Economía, la modificación presupuestaria para el programa Learn Africa Canarias de la Fundación Mujeres por África se acordó a instancias del departamento de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

 

El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias refuerza su plantilla en investigación y Jardín Botánico

Con ello, hace frente a la acumulación de trabajo de carácter puntual, eventual y no previsible que no puede ser atendido con la plantilla actual

El Consejo de Gobierno ha acordado la contratación del personal laboral temporal necesario para la cobertura de puestos de trabajo vacantes en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA).

El ICIA, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, cubrirá -mediante la contratación de personal laboral temporal- los puestos vacantes y sin reserva legal de Oficial I (Grupo IV), adscrito a la Sección de Apoyo a la Investigación y nº 23176 de Peón Agrario (Grupo V), adscrito al jardín de Aclimatación de La Orotava.

Esta contratación se realiza atendiendo a la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021.  Esta Ley, en su artículo 52, punto 1, señala que durante el año 2021, tanto en la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias como en los organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes de ésta, se podrá proceder a la contratación de personal laboral temporal, con carácter excepcional, para atender necesidades urgentes e inaplazables, con el objetivo de garantizar la debida prestación de los servicios y el propio funcionamiento de la Administración.

Así, y con la incorporación de personal para estas plazas vacantes, el ICIA hace frente a la acumulación de trabajo de carácter puntual, eventual y no previsible, que no puede ser atendido con la plantilla actual.

El Consejo de Gobierno autoriza la inversión de 100.000 euros en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología

Con el objetivo de promover la divulgación de las ciencias, fomentar la cultura científica y tecnológica y convertir el museo en un elemento más de atracción turística para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó este jueves una ampliación de crédito de 100.000 euros para gastos de inversión en el Museo Elder de la Ciencia y Tecnología de Las Palmas.

La Fundación Canaria Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria tiene, entre otros objetivos, promover la divulgación de las ciencias, fomentar la cultura científica y tecnológica, así como convertir el museo, sus instalaciones, muestras y servicios en un elemento de atracción turística para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo necesario para ello una continua renovación, reparación, obras o inversión en equipamientos e inmovilizados.

Tal y como marcan sus estatutos, todas estas actividades se realizan en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria o a través de sus exposiciones o en el desarrollo de programas o talleres.

El crédito solicitado se contempla para dar respuesta a ese cumplimiento e implica una obra e inversiones estructurales.

El Gobierno amplía los fondos para hacer frente a la acogida de menores migrantes

La llegada continuada de menores de edad hasta las costas canarias ha hecho necesaria la habilitación de recursos y dispositivos residenciales de acogida para su atención

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha aprobado ampliar el crédito de los gastos derivados del mantenimiento de los dispositivos de emergencia para la atención integral de menores extranjeros no acompañados bajo tutela legal, por un importe total que asciende a 15.720.304 euros.

Con fecha 11 de febrero del presente año 2021, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud presentó al Gobierno un informe en relación con la situación de déficit presupuestario para la cobertura durante el ejercicio 2021 de los gastos derivados de la contratación de dispositivos de emergencia para la atención de menores de edad extranjeros no acompañados.

En el citado informe se detallaba que desde mediados del año 2019 el Archipiélago estaba asistiendo a la mayor crisis migratoria de los últimos años, consecuencia de la constante llegada a nuestras costas de embarcaciones que trasladan a personas procedentes del continente africano.

Esa masiva llegada ha traído consigo la necesidad de habilitar de forma inmediata y continuada espacios residenciales donde poder albergar a los menores de edad, procediendo para ello a la contratación administrativa de emergencia con entidades de derecho privado sin ánimo de lucro y habilitadas como entidades colaboradoras en la atención integral de menores.

En la actualidad, Canarias cuenta con un total de 48 dispositivos de emergencia gestionados directamente por la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, 30 en Gran Canaria, 15 en Tenerife y 3 en Fuerteventura, en los que se da acogida y atención a unos 2.000 menores migrantes.

El Gobierno amplía el plazo de suspensión para la apertura de nuevos locales de juegos y apuestas

La duración de esta medida no podrá rebasar el 31 de diciembre de 2023

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy jueves el Decreto-Ley por el que se amplía el plazo de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, que no podrá superar el 31 de diciembre de 2023. Éste es el tiempo que se estima necesario para culminar la tramitación de la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas y del nuevo Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias.

El Ejecutivo canario aprobó en marzo de 2020 un Decreto-Ley de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, con la suspensión de varios artículos de Ley 8/2010, relacionados con la instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas, por un plazo no superior a dieciocho meses, que expira el próximo 31 de diciembre. Tras su promulgación y convalidación parlamentaria, dicho Decreto-Ley dio lugar a la Ley 2/2020, de 14 de octubre de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.

Dado el intenso ritmo de crecimiento del número de establecimientos experimentado durante los años 2019 y 2020 y la vigencia indefinida de dichos títulos, el Gobierno considera preciso continuar con la suspensión de la apertura de nuevos locales de juegos y apuestas, con el objetivo de no estrechar, de manera definitiva e irreparable, el margen de decisión respecto a las determinaciones posibles de la política de juego, como pudiera ser la reducción de los actuales umbrales de  contingentación insular, la distancia entre locales de juego o la ampliación de las áreas de influencia de centros escolares y otros lugares de afluencia juvenil que la nueva regulación pretendiera implantar.

Por ello, y teniendo en cuenta que la modificación de la Ley de Juegos y Apuestas se encuentra en avanzado estado de tramitación y que pretende impulsarse un nuevo Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias a partir del próximo año 2022, se amplía la suspensión hasta la aprobación de ambas iniciativas normativas, sin que la duración de la misma pueda rebasar el 31 de diciembre de 2023.

El Ejecutivo canario considera que, tanto la reforma de la Ley de Juegos y Apuestas como la anunciada nueva planificación del juego y las apuestas en Canarias, deben ser afrontadas a partir de un análisis sosegado y riguroso de los datos disponibles, con la máxima participación de todos los actores implicados y con una adecuada ponderación de todos los intereses afectados, pero priorizando, en todo caso, la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección.

La suspensión de los títulos habilitantes sólo puede realizarse a través de la figura del Decreto Ley, que en este caso está integrado por un artículo único y una disposición final.

El artículo único modifica el artículo 1 de la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas, ampliando el plazo de suspensión de la vigencia de los artículos 6.4 a) y 11.5 de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas. La disposición final dispone su entrada en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Aprobada la ampliación en 1,5 millones del crédito para el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita

Esta medida se sustenta en la evolución al alza del coste de las guardias y asistencias y al crecimiento del gasto por el Turno Especial de Extranjería y el turno de oficio

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy jueves la declaración de razones de coyuntura económica para la ampliación del crédito destinadas a las retribuciones del turno de oficio y asistencia jurídica gratuita y de víctimas de violencia de género, por importe de 1.520.781,33 euros. Esta ampliación se sustenta en la actual insuficiencia de crédito para afrontar el presente ejercicio presupuestario en las partidas relativas al abono de abogadas y abogados por estos servicios.

La evolución al alza en lo facturado por la Asistencia Jurídica Gratuita se produce por los gastos de funcionamiento e infraestructura, la evolución del coste de las guardias y asistencias y el crecimiento del gasto por el Turno Especial de Extranjería para la asistencia jurídica adecuada a las personas migrantes que llegan a las costas canarias, así como por el incremento sostenido y constante del turno de oficio en los Colegios de Abogacía.

Las subvenciones para la asistencia jurídica gratuita están previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para el período 2020-2022. El gasto de dicho servicio ha evolucionado en los últimos ejercicios: 15,8 millones en 2018: más de 18, 5 millones en 2019, y 19,7 millones el pasado año, mientras que hasta el segundo trimestre de 2021 el gasto es de 17,6 millones de euros.

Con la entrada en vigor de la Orden de 17 de mayo de 2019, por la que se aprueban los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y procuraduría, ya se previó un incremento del gasto, habiéndose incrementado el crédito destinado a tal fin.

El aumento de la facturación también está motivado por la evolución del coste de las guardias y asistencias desde la Orden de 17 de mayo de 2019, que entró en vigor a partir de 1 de junio de 2019, y supuso la reestructuración y la ampliación del sistema de guardias en los Colegios. Este nuevo sistema se atisbó en el segundo trimestre de 2019, pero empezó a consolidarse a partir del tercer trimestre de ese mismo año, cuando los Colegios de la Abogacía pudieron transformar los sistemas conforme a lo previsto en la mencionada Orden.

Asimismo, se ha producido una evolución al alza en el Turno Especial de Extranjería (TEE). Tras la reunión con los diferentes Colegios de la Abogacía de Canarias, y con el objetivo de garantizar el derecho a la asistencia jurídica gratuita de las personas que llegan a nuestras costas, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, consciente de la emergencia humanitaria, aprobó con fecha 21 de octubre de 2020 una resolución por la que se dictan instrucciones en relación con el turno especial de extranjería contenido en la Orden de 17 de mayo de 2019. Esta última contemplaba los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y procuraduría.

La Resolución de 21 de octubre de 2020 se dictó con el objetivo de garantizar una asistencia jurídica adecuada y digna a las personas migrantes, limitando el número de personas asistidas por letrados y letradas que se venía prestando, mejorando significativamente con ello la retribución a percibir por cada Colegio, que posteriormente se reparte entre las personas colegiadas intervinientes. Dicha resolución ha supuesto un incremento de un 300% de las retribuciones a percibir.

Asimismo, se ha detectado una evolución al alza de lo facturado por la Asistencia Jurídica Gratuita debido al incremento de los Gastos de Funcionamiento e Infraestructuras, cuyo importe ha de calcularse vía Ley de Presupuestos a partir del porcentaje del 10% sobre lo facturado en los cuatro trimestres del ejercicio anterior.

Autorizado el abono de 7,6 millones a varias empresas por retrasos en obras finalizadas en la pasada legislatura

Se atiende de esta forma las reclamaciones de las UTE que ejecutaron las obras de la nueva vía entre Adeje y Santiago del Teide, en Tenerife, y el tramo Costa Calma-Pecenescal, en Fuerteventura

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado el abono de más de 7,1 millones de euros a varias empresas agrupadas en dos UTE por retrasos, tanto en la ejecución de las obras como en las revisiones de precios que recoge la ley por parte de la Administración regional, por trabajos realizados y terminados en los años 2017 y 2018, por tanto, bajo la responsabilidad del anterior equipo del Ejecutivo canario.

Los pagos se corresponden a las obras Nueva Carretera Adeje-Santiago del Teide, en Tenerife, a cuya UTE se le reconoce un pago de 3.562.659 euros, y a las del Corredor Aeropuerto-Tarajalejo-Morro Jable. Tramo Costa Calma-Pecenescal, en Fuerteventura, a cuya UTE se indemnizará con 4.126.811 euros.

La actual Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda hace frente por tanto a estos pagos por incumplimientos del anterior equipo, al demorarse de manera sustancial en las revisiones de precios que estipula la ley para estas obras y en los plazos de ejecución de ellas.

Es el caso de la obra de Fuerteventura, cuya UTE presentó reclamación al pasar la ejecución de la obra prevista inicialmente en 36 meses a 110 meses.

Esta obra, que se empezó en 2010 y se acabó ocho años después, se vio afectada por los recortes que el Gobierno central aplicó al Convenio de Carreteras en 2012 y por los retrasos en la gestión de varias modificaciones del proyecto. La ejecución de la obra de este tramo, que se abrió al tráfico en 2018, costó finalmente 44 millones de euros.

El otro abono al que se hace frente corresponde a una sentencia que dio la razón a la UTE que ejecutó las obras de la nueva carretera entre Adeje y Santiago del Teide, una obra que se inició en 2008 y se finalizó y puso en servicio en 2017.

En este caso, las empresas constructoras que formaban la UTE decidieron acudir a la Justicia ante la demora del entonces equipo directivo de la Consejería en hacer frente a sus reclamaciones por revisión de precios y al pago de certificaciones de obras. Ante la pasividad de la administración, la UTE interpuso recurso contencioso administrativo a inicios del año 2019 y la sentencia fue dictada finalmente en 2021, dando la razón a las empresas y condenando a la Consejería al pago de 4,1 millones de euros, la mayor parte de esa cantidad en concepto de intereses devengados por el retraso en los pagos de las revisiones de precios, principalmente entre los años 2010 y 2014.

Esta obra del Anillo Insular en el sur de Tenerife se finalizó en 2017 con un presupuesto definitivo de 180,5 millones de euros.