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La Consejería destina 11,6 millones de euros para combatir la despoblación en las zonas rurales

La Consejería destina 11,6 millones de euros para combatir la despoblación en las zonas rurales

Hasta 36 municipios canarios, de menos de 20.000 habitantes, se verán beneficiados de esta subvención destinada a fomentar la construcción y rehabilitación de viviendas

Esta iniciativa pretende fijar a la población en el medio rural otorgando subvenciones que faciliten el acceso a un inmueble en estos enclaves

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha autorizado una nueva partida de 11.655.653,25€ para combatir la despoblación en el medio rural.

Este presupuesto se ha distribuido entre 36 municipios canarios de menos de 20.000 habitantes, de los cuales 10 son en Tenerife, nueve en Gran Canaria, ocho en La Palma, tres en La Gomera, tres en Lanzarote, dos en El Hierro y uno en Fuerteventura, y se encuentran recogidos en el convenio de cooperación suscrito entre el Instituto Canario de la Vivienda y la FECAM.

Con esta iniciativa, el ICAVI pretende fomentar la construcción de viviendas en régimen de alquiler, y atender a la rehabilitación de viviendas antiguas o en desuso con el objetivo de dotarlas con las condiciones adecuadas de habitabilidad, ahorro de consumo energético, elementos estructurales y, en definitiva, aquellas obras necesarias para el adecuado mantenimiento de los inmuebles.

El Programa para combatir la despoblación del medio rural 2020 – 2025, incluido en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, busca impulsar la rehabilitación de antiguas viviendas con el objetivo de evitar el envejecimiento progresivo de la población de los entornos rurales así como el desplazamiento de las familias hacia las ciudades.

 

El Gobierno aprueba el decreto de ordenación territorial y urbanística para la recuperación de La Palma

Establece las medidas para la construcción, la rehabilitación o la reconstrucción de las edificaciones, los usos y las actividades en las mismas condiciones que existían el 19 de septiembre de 2021

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Decreto ley de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja.

La norma aprobada hoy en Consejo de Gobierno establece las medidas para la construcción, la rehabilitación o la reconstrucción de las edificaciones, los usos y las actividades en las mismas condiciones que existían el 19 de septiembre de 2021 en el ámbito espacial hoy ocupado por la colada, allí donde sea seguro y técnicamente posible, posibilitando, de este modo, la recuperación de la vida y las actividades preexistentes al volcán.

En las semanas que ha estado expuesto a consulta pública y participación ciudadana se han presentado alegaciones que se han incorporado al decreto porque lo mejoran y todas que no tengan cabida en este serán objeto de regulación en los siguientes.

El decreto responde a la aspiración de la mayoría de las personas afectadas de recuperar lo que perdieron y, en lo posible, en cuanto la naturaleza lo permita, volver a los lugares de donde tuvieron que salir para reconstruir y restablecer su modo de vida como parte de una comunidad.

La voluntad del Gobierno de Canarias ha sido atender y, en la medida que el enfriamiento y el asentamiento de la colada lo vaya permitiendo, dar respuesta a la voluntad de las personas afectadas de recuperar lo perdido y de volver a sus lugares de origen, rehabilitando, restableciendo o reconstruyendo los bienes, los usos y las actividades que desarrollaban, evitando, además, el despoblamiento y el desarraigo del Valle de Aridane.

El criterio rector de la norma ha sido el de garantizar a cada afectado el derecho de propiedad sobre su parcela, devolverles el valor de lo perdido y permitirles que puedan tomar la iniciativa de la recuperación con ayudas públicas y la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios.

El decreto ley establece clasifica la colada en zonas de acuerdo con los estudios técnicos llevados a cabo. Así, en la zona donde la lava tiene menos de 10 metros de espesor se permite ya a los afectados llevar a cabo la reconstrucción de sus propiedades, solo condicionada a obtener la preceptiva licencia municipal.

En las zonas de más de 10 metros de espesor de colada se permite también la reconstrucción, condicionada a que los informes científico-técnicos del Cabildo de La Palma avalen la seguridad de la reconstrucción conforme a que la colada de vaya enfriando.

Por último, están las zonas sujetas a medidas cautelares a la espera de la delimitación del Espacio Natural Protegido, lo que, con ese carácter provisional, impide llevar a cabo cualquier actuación de recuperación. El Gobierno reconoce que para los afectados con parcelas en esta zona el decreto territorial no les ofrece una solución completa, puesto que no pueden reconstruir sus propiedades, pero esta solución completa la tendrán con la aprobación del decreto de vivienda y suelos.

El decreto también garantiza la participación ciudadana en el proceso de reconstrucción mediante la creación del Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, como órgano colegiado de diálogo, información y consulta del que formarán parte las entidades representativas de las personas afectadas por la erupción del volcán.

Finalmente, incorpora una disposición final en la que se procede a actualizar y modificar el Decreto-ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma. Con esta modificación se sube a 4 años la vigencia del decreto, se amplía su ámbito de aplicación a toda la isla y se incorporan las segundas viviendas y viviendas turísticas.

Este decreto ley aprobado hoy es el primer paso de la hoja de ruta trazada para la plena recuperación económica y social de La Palma, que contará con un plan plurianual de pagos a las personas afectadas y, al menos, tres decretos más para dar respuesta a las diversas situaciones generadas por el volcán.

El Gobierno aprueba el proyecto de decreto de la OPE 2023 que afecta a 7.849 plazas de 50 categorías profesionales

  • Del total de plazas de la Oferta Pública de Empleo, 689 corresponden a facultativos especialistas de área, 537 a médicos de diferentes categorías, de las que 412 son para Medicina Familiar y Comunitaria, 23 para pediatras de Atención Primaria y el resto para médico de Urgencias, de Admisión y Cuidados Paliativos
  • Además, contempla 2.316 plazas de enfermería, además de 58 de enfermera en Salud mental, 18 en enfermería del trabajo y 21 en especialista en enfermera pediátrica; 81 plazas para matrona, 84 de fisioterapeutas, 1.522 auxiliares de enfermería, 758 de administrativos y 634 de celador, entre otras

El Consejo de Gobierno aprobó en su sesión de hoy, 18 de diciembre, el proyecto de decreto de la Oferta de Empleo Público del personal estatutario de los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud para 2023, toda vez que recientemente obtuvo el informe favorable de Función Pública.

La OPE de 2023 comprende un total de 7.849 plazas de personal estatutario de 50 categorías profesionales. De ellas, 841 corresponden a la tasa de reposición ordinaria y 7.008 a la tasa excepcional específica.

Del total de plazas, 689 corresponden a facultativos especialistas de área, 537 a médicos de diferentes categorías, de las que 412 son para Medicina Familiar y Comunitaria, 23 para pediatras de Atención Primaria y el resto para médico de Urgencias, de Admisión y de Cuidados Paliativos.

Además, contempla 2.316 plazas de enfermería, además de 58 de enfermera en Salud mental, 18 en enfermería del trabajo y 21 en especialista en enfermera pediátrica; 81 plazas para matrona, 84 de fisioterapeutas, 1.522 auxiliares de enfermería, 758 de administrativos y 634 de celador, entre las más numerosas.

Con este número de puestos, más las, aproximadamente, 12.000 convocadas en los procesos ordinarios y de estabilización vigentes, se proveerán unas 20.000 plazas estructurales con carácter definitivo.

Esta oferta de empleo público para 2023 continúa trabajando en la adopción de medidas encaminadas a conseguir el reequilibrio en la evolución de la temporalidad en el SCS. Así, la tasa de temporalidad en los órganos de prestación de servicios sanitarios del SCS pasa a situarse en el 5,75% de las plazas de naturaleza estructural.

El Gobierno de Canarias aprueba la OPE de 2023 de la Administración General de la Comunidad Autónoma

La oferta comprende un total de 468 plazas, de las que 348 son de acceso libre y 120 estarán destinadas a la promoción interna

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la Oferta de Empleo Público del año 2023 de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Esta Oferta comprende un total de 468 plazas, de las que 348 son de acceso libre, esto es, dirigidas a la ciudadanía, y 120 estarán destinadas a la promoción interna del personal funcionario de carrera y del personal laboral fijo que tenga derecho a participar en las oportunas convocatorias.

Con esta distribución de plazas de la Oferta, el Gobierno de Canarias destina un 25,64% del total de plazas a la promoción profesional de sus empleadas y empleados en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, del total de plazas ofertadas, se reservan 33 plazas a personas con discapacidad oficialmente reconocida en un grado igual o superior al 33%, lo que representa un 7% del total de plazas ofertadas.

La gran novedad de esta Oferta de Empleo Público es que por primera vez se da cumplimiento al Decreto canario 8/2011 que regula el acceso al empleo público de personas con discapacidad porque reserva un total de 9 plazas específicamente a personas con discapacidad intelectual y 24 plazas para personas con otro tipo de discapacidad.

El Gobierno de Canarias entiende que las personas con discapacidad intelectual merecen una oportunidad real y efectiva de empleo, reservando para ello un concreto número de plazas que se convocarán de forma diferenciada.

De otra parte, esta Oferta de Empleo Público contiene además medidas concretas para reducir la temporalidad del empleo público en la Administración General, dando con ello cumplimiento al compromiso de proveer los puestos de trabajo de nuestra Administración de forma estable.

Mediante la ejecución de esta Oferta de Empleo Público, se seleccionará personal funcionario para la cobertura de plazas de veterinaria, tecnologías de la información, inspección médica, gestión general, administrativos, auxiliares, subalternos y administradores financieros y tributarios.

Cabe destacar, por otro lado, que la Dirección General de Función Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, publicó en pasado miércoles la convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso, por turno libre y mediante promoción interna, correspondiente al año 2020, salvando así la fecha de caducidad de esta OPE que se habría producido este 16 de diciembre y cuyo proceso no se había iniciado en los últimos tres años.

 

 

 

Política Territorial amplía en 800.000 € el apoyo a la ordenación del suelo afectado por la erupción en La Palma

El Consejo de Gobierno aprueba dos modificaciones presupuestarias para impulsar los trabajos de planeamiento del Cabildo y los ayuntamientos afectados

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy dos modificaciones presupuestarias, por importe de unos 800.000 euros, para incrementar el apoyo de la Consejería de Política Territorial a la revisión del planeamiento que lleva a cabo el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de Los Llanos, El Paso y Tazacorte, como consecuencia de la erupción volcánica.

La primera de las partidas tiene un importe de 624.677 euros, y estará destinada a reforzar la oficina técnica que presta atención individualizada a los ciudadanos de los municipios afectados por la erupción volcánica, en relación con el marco territorial post-eruptivo derivado de los diferentes decretos en tramitación destinados a implementar las medidas de recuperación de la normalidad en la zona.

La segunda partida, por importe de 244.413 euros, irá destina al área de planificación territorial del Cabildo Insular de La Palma, y ambas han sido financiadas con cargo a economías obtenidas en la ejecución presupuestaria del presente ejercicio fiscal en la propia Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

Estas modificaciones presupuestarias son la respuesta a la necesidad de elaborar documentos finales de planeamiento que respondan a la realidad territorial, social y económica actual derivada de la erupción, y que exigen un análisis territorial a nivel insular, con el fin de poder articular todos los cambios estructurales necesarios para conseguir dar respuesta a estos cambios.

Dicho análisis insular se aborda desde dos instrumentos de planeamiento concretos, derivado de la afección territorial de las coladas, como son el Plan Insular de Ordenación (PIOLP) y el Plan del Espacio Natural Protegido de Cumbre Vieja (P-4).

En tanto en cuanto corresponde a la institución insular formular, modificar o actualizar estos instrumentos de ordenación, y debido a su transcendencia respecto a los planeamientos municipales de los municipios afectados de EL Paso, Los Llanos de Aridane y Villa y Puerto de Tazacorte, se plantea el apoyo para la actualización de dichos instrumentos de planeamiento.

 

 

 

Bienestar Social destina 7 M€ a que los ayuntamientos presten el servicio de ayuda a domicilio especializado

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, el convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos de las Islas para que estos puedan prestar el servicio especializado de ayuda a domicilio a personas en situación de dependencia en su término municipal.

Para financiar el coste de este servicio en aquellos municipios que decidan adherirse al convenio y ampliar su red de cuidados, la Consejería destinará un total de 7 millones de euros. La Dirección General de Dependencia será la encargada de informar a los ayuntamientos de las personas beneficiarias, que serán aquellas que tienen la prestación económica vinculada al servicio (ayuda a domicilio) no efectiva.

“El servicio especializado de ayuda a domicilio está incluido en la Ley de la Dependencia y debe ser proporcionado por las Comunidades Autónomas para promover la autonomía personal y atender a las necesidades de las personas con dificultades para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Por eso es tan importante que firmemos estos convenios con los ayuntamientos que quieran adherirse, porque daremos cumplimiento a la ley y mantendremos a la persona dependiente en su propio entorno domiciliario con las garantías de una adecuada atención y calidad de vida”, explicó la consejera del área, Candelaria Delgado.

“Los municipios, en el marco de sus competencias, ya prestan ayuda a domicilio, pero ahora, gracias a la colaboración interadministrativa, en 2024 podrán prestar la ayuda a domicilio especializada, un servicio vinculado a la Ley de la Dependencia. Hay muchas personas con el grado de dependencia reconocido y con el Plan Individualizado de Atención ya elaborado a las que no hemos podido ofrecer los servicios por no tener entidad prestadora. Por eso entendemos que es prioritario contar con el apoyo del mayor número posible de consistorios”, añadió.

Estos convenios se enmarcan en el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en cuyo artículo 2 se incluye la ayuda a domicilio entre los servicios del sistema de dependencia.

 

 

 

El Gobierno aprueba el Reglamento de Selección y Promoción de la Policía Canaria

Regula el acceso, selección, promoción y provisión de puestos de trabajo dentro del Cuerpo

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el Reglamento de selección y promoción del Cuerpo General de la Policía Canaria.

Hasta ahora, los sistemas de acceso y promoción se regían por la normativa general del personal de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, ajustando las bases de las convocatorias a los criterios que establece la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria.

En este sentido, cabe señalar que la actividad policial requiere una formación, actitudes y aptitudes específicas, en los diferentes empleos y sus escalas, para lo que se precisa determinar un régimen propio para la cobertura de plazas que contemple su especificidad como cuerpo policial.

El Cuerpo, además, se encuentra en una fase expansiva y, en este marco, desde ahora, y a lo largo de los próximos años, se realizarán sucesivas convocatorias. Es importante, por ello, contar con una regulación que recoja las particularidades en el acceso, selección, promoción y provisión de puestos de trabajo en aras de una mayor seguridad jurídica.

 

 

 

 

 

 

El SCS impulsa la movilidad sostenible de su flota de vehículos destinados a asistencia domiciliaria

Este lunes se ha firmado un convenio de colaboración para la cesión de diez vehículos que se destinarán a la movilidad de los profesionales sanitarios encargados de la asistencia domiciliaria, tanto desde Atención Primaria como Hospitalaria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Carlos Díaz, presentaron este lunes, 18 de diciembre, en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria el acuerdo de colaboración con la empresa Importadora Toyota Canarias para impulsar la movilidad sostenible de la flota de vehículos del SCS encargados de la asistencia domiciliaria y cuantificar los beneficios del uso de vehículos sostenibles compartidos, en modalidad de car sharing, en la asistencia sanitaria a domicilio. Con este acuerdo se trata de reducir el impacto medioambiental y la eficiencia en la prestación de servicios de atención domiciliaria.

Este proyecto piloto pionero a nivel europeo, que se llevará a cabo mediante el uso de vehículos gestionados bajo la marca de servicios de movilidad de Toyota, Kinto Share, y que forma parte de la Estrategia Salud Zer0 emisiones netas 2030 del SCS, tiene como principal objetivo avanzar en conocimiento sobre la aplicación de un servicio de vehículo compartido adaptado a las necesidades del sistema sanitario público y la creciente demanda de servicios de asistencia domiciliarios.

Para desarrollar este pilotaje, que no tendrá coste alguno para el SCS y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2024, se va a proceder a la cesión de diez vehículos híbridos Toyota C-HR, lo que permitirá una drástica reducción a la mitad respecto de los valores de consumo de una motorización térmica, con 109 gr/Km de emisiones de CO2 y 130,7 mg/Km CO (emisiones GEI) y especialmente la reducción de partículas NOx hasta situarlas en 1,9 mg/Km, partículas señaladas por la OMS con efectos carcinógenos para la salud pública.

Movilidad sostenible en la asistencia sanitaria a domicilio

Estos diez vehículos se destinarán al traslado de los profesionales que llevan a cabo tareas asistencias en los domicilios de los pacientes. Los diez vehículos integrantes de este pilotaje se distribuyen de la siguiente manera: dos por cada uno de los hospitales universitarios de las islas capitalinas y uno por cada Gerencia de Atención Primaria de las Áreas de Salud de Tenerife y Gran Canaria.

Para la seguridad de sus usuarios, los vehículos destinados a este proyecto están equipados con el sistema de seguridad activa y pasiva más avanzado del mercado alcanzando las cinco estrellas Euroncap.

Pilotaje y evaluación de resultados

Los indicadores de este proyecto piloto permitirán verificar y confirmar los beneficios derivados de este servicio de movilidad compartida sostenible, en la mejora de la eficiencia del parque de vehículos de este servicio, con la geolocalización de unidades y el análisis de los datos procedentes del vehículo conectado, el impacto medioambiental y su efecto en la salud pública, así como su impacto real en la mejora asistencial a domicilio.

Con la recopilación de todos estos datos, el SCS podrá extrapolar los resultados a todos sus servicios, tanto asistenciales como no asistenciales, planteando con datos objetivos un futuro proyecto de movilidad sostenible que se haga extensivo a todo el servicio público de salud de Canarias.

Se trata del primer pilotaje de esta naturaleza que se realiza en Europa en el ámbito sanitario y que posicionará al SCS en la vanguardia en lo que movilidad sanitaria sostenible se refiere.

Estrategia Salud Zer0 Emisiones 2030

La Estrategia Salud Zer0 Emisiones 2030 del SCS tiene por objeto reducir las emisiones de gases con efecto invernadero de los servicios sanitarios de Canarias en 2030 y, así, contribuir a la prevención de los efectos del cambio climático. Unas acciones de mejora medioambiental que están en consonancia con el Plan de Salud de Canarias.

Este plan incluye un objetivo de reducción de emisiones netas recomendando el uso de tecnología y el establecimiento de indicadores para reducción de recursos hídricos, residuos y plásticos de un solo uso. Además, el SCS trabaja en la reducción de emisiones indirectas con la proyección de que la energía adquirida sea 100% renovable en 2030. También se trabaja en la reducción de emisiones indirectas provenientes de la producción y transporte de bienes y servicios adquiridos, incluyendo la cadena de suministro.

Investigación

Para llevar a cabo estos objetivos se establece una amplia batería de medidas estratégicas con vocación de permanencia entre las que se encuentran la priorización de la salud ambiental. En este sentido, se ha creado un grupo de trabajo interdisciplinar con el apoyo de la dirección del SCS para promover la investigación en este ámbito e involucrar a profesionales y a la comunidad.
Reducción de la huella de carbono.

Además, Salud Zer0 promueve la reducción de la huella de carbono en los transportes minimizando los desplazamientos, mejorando la accesibilidad a los servicios sanitarios con la potenciación de la Atención Primaria y los proyectos de telemedicina y salas virtuales del SCS. El plan incluye la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones sanitarias, como en el caso de los nuevos edificios de Enfermedades Emergentes que incorporan la instalación de placas fotovoltaicas y en la flota de vehículos con una transición hacia el eléctrico a la vez que la priorización de proveedores que generen baja huella de carbono en el transporte mediante la contratación pública.

La factura farmacéutica del Servicio Canario de Salud se situó en noviembre en 56,2 millones

Se emitieron 4.823.422 recetas, con un gasto medio de 11,53 euros

La Consejería de Sanidad dio cuenta, este lunes, en Consejo de Gobierno del informe del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente a noviembre de 2023, mensualidad en la que se emitieron 4.823.422 recetas, con un gasto medio de 11,53 euros, lo que situó la factura farmacéutica en 56.291.778,02 euros.

Por Áreas de Salud, Gran Canaria y Tenerife emitieron el mayor número del total de recetas, a razón de 2.126.880 y 2.033.873, respectivamente. Les siguen las de Lanzarote, con 247.657; La Palma, con 185.947, Fuerteventura, con 162.811; La Gomera, con 44.901, y El Hierro, con 21.353.

En cuanto al gasto medio por receta, de 11,53 euros, osciló entre los 10,88 euros, del Área de Salud de Fuerteventura y los 12,87 euros, del Área de Salud de La Gomera.

Comunicación al Ministerio de Sanidad

La Administración General del Estado establece que, para uniformar los criterios de información de todas las Comunidades Autónomas, el gasto farmacéutico que se comunica mensualmente al Ministerio de Sanidad no incluya la facturación de los productos dietoterápicos ni el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.

De acuerdo a estos criterios, el importe del gasto farmacéutico del SCS del mes de octubre que se comunicará al Ministerio asciende a 53.541.102,83 euros.

El Gobierno aprueba el decreto territorial para la recuperación social y económica de La Palma

Es el primero de los cuatro previstos en la hoja de ruta trazada por el Ejecutivo

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, que dirige Nieves Lady Barreto, el Decreto ley de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja. “La isla ya tiene, dos años después de apagado el volcán, el primer decreto para empezar el camino hacia la plena recuperación social y económica”, destaca la consejera.

El decreto ley aprobado hoy en Consejo de Gobierno es el primer paso de la hoja de ruta trazada para la plena recuperación económica y social de La Palma que contará con un plan plurianual de pagos a las personas afectadas y, al menos, tres decretos más para dar respuesta a las diversas situaciones generadas por el volcán.

Este decreto en materia territorial establece las medidas para la construcción, la rehabilitación o la reconstrucción de las edificaciones, los usos y las actividades en las mismas condiciones que existían el 19 de septiembre de 2021 en el ámbito espacial hoy ocupado por la colada, allí donde sea seguro y técnicamente viable, posibilitando, de este modo, la recuperación de la vida y las actividades preexistentes al volcán.

En las semanas que ha estado expuesto a consulta pública y participación ciudadana se han presentado alegaciones que se han incorporado al decreto porque lo mejoran y todas que no tengan cabida en este serán objeto de regulación en los siguientes.

“Responde a lo que durante dos años han pedido la mayoría de las personas afectadas, que quieren recuperar lo que perdieron y, en lo posible, volver a los lugares de donde tuvieron que salir para poder reconstruir no solo sus viviendas, sino también su modo de vida y su comunidad”, añade Nieves Lady Barreto.

Así, recogiendo esta voluntad, el Gobierno de Canarias ha querido dar respuesta a esa voluntad de recuperar lo perdido y de volver a sus lugares de origen, rehabilitando, restableciendo o reconstruyendo los bienes, los usos y las actividades que desarrollaban, evitando, además, el despoblamiento y el desarraigo del Valle de Aridane.

El criterio rector de la norma ha sido el de garantizar a los afectados el derecho de propiedad sobre sus parcelas, devolverles el valor de lo perdido y permitirles que puedan tomar la iniciativa de la recuperación, con ayudas públicas y la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios.

El decreto ley clasifica la colada en zonas de acuerdo con los estudios técnicos llevados a cabo. Así, en la zona verde, donde la lava tiene menos de 10 metros de espesor, permite ya a los afectados llevar a cabo la reconstrucción de sus propiedades, solo condicionada a obtener la preceptiva licencia municipal.

En la zona amarilla, de más de 10 metros de espesor de colada, se permite también la reconstrucción, condicionada a que los informes científico-técnicos del Cabildo de La Palma avalen la seguridad de la reconstrucción conforme a que la lava se vaya enfriando.

Por último, están la zona roja, sujeta a medidas cautelares a la espera de la delimitación del Espacio Natural Protegido, lo que, con ese carácter provisional, impide llevar a cabo cualquier actuación de recuperación.

“Sabemos que este decreto no da una solución completa a los afectados que tienen sus parcelas en zona roja, ya que, aunque les reconoce el derecho de propiedad sobre el suelo y el derecho a recibir una compensación económica por lo que perdieron, no pueden reconstruir en su suelo”, explica Nieves Lady Barreto. “Pero tendrán una solución total con el decreto en materia de vivienda y suelos”. “Como norma general -aclara la consejera-, todo lo que no quede resuelto en un decreto, se resolverá en el siguiente. Por eso mantendremos la recogida de alegaciones, incluso de este decreto que hemos aprobado hoy, hasta que se apruebe el último de los decretos previstos”.

El decreto territorial también garantiza la participación ciudadana en el proceso de reconstrucción mediante la creación del Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, como órgano colegiado de diálogo, información y consulta del que formarán parte las entidades representativas de las personas afectadas por la erupción del volcán.

Incorpora, además, una disposición final en la que se procede a actualizar y modificar el Decreto-ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma. Con esta modificación se sube a 4 años la vigencia del decreto, se amplía su ámbito de aplicación a toda la isla y se incorporan las segundas viviendas y viviendas turísticas.

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