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El ISTAC afronta el mayor proceso de modernización de su historia   

El Instituto fortalecerá la cooperación con las entidades locales, incrementará su producción estadística y profundizará en la comunicación de los datos

Román Rodríguez defiende el valor estratégico de la información para conocer la realidad y diseñar políticas públicas acertadas

El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) elabora en estos momentos un Plan de Modernización que permitirá mejorar el servicio público de información estadística que presta este órgano, creado en 1991 y considerado legalmente como el elemento central del sistema estadístico autonómico y centro oficial de investigación del Gobierno de Canarias.

El Plan de Modernización entronca con las líneas estratégicas del Plan Estadístico de Canarias 2018-2022, en consonancia con las propuestas de modernización de las estadísticas oficiales de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa y de Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea.

Precisamente Román Rodríguez, vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, departamento al que se adscribe el ISTAC, subraya que la información estadística es determinante para conocer la realidad económica, social y política de un territorio y, especialmente, para el diseño de las políticas públicas.

“Cuanto mayor y más precisa sea la información estadística que manejemos, mejor servicio podremos prestar a los ciudadanos y más ajustadas estarán nuestras políticas a sus propias necesidades”, subrayó.

En esta dirección, el Plan de Modernización actuará sobre tres líneas fundamentales, según explica el director del ISTAC, Gonzalo Rodríguez: el entorno institucional, la producción y la comunicación estadística.

En relación al entorno institucional, se fortalecerá la cooperación con el resto de departamentos del Gobierno de Canarias y con los entes locales de la Comunidad Autónoma. La colaboración interna se articulará a través de las denominadas comisiones estadísticas delegadas, que funcionarán como órganos activos en la planificación y definición de necesidades estadísticas del Gobierno, y con la identificación de las fuentes de datos administrativos de titularidad del Gobierno de Canarias, que sean de interés analítico, para su adaptación e integración en el banco de datos administrativos para fines estadísticos.

La cooperación con las entidades locales se plantea a través de  diversas actuaciones para articular el sistema estadístico local. Por un lado, se elaborará un Decreto para la regulación de la actividad estadística de las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Canarias, como desarrollo la propia Ley de Estadística de la CA; se impulsará la cooperación estadística con todos los Cabildos Insulares y se reforzar la colaboración estadística con los Ayuntamientos, reimpulsando el Acuerdo Marco de Cooperación Estadística e Intercambio de Información suscrito entre el ISTAC y la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Del mismo modo, se estudiará la viabilidad financiera para constituir una Oficina Estadística de Municipios en el seno de la FECAM como órgano de actuación territorial del Instituto Canario de Estadística.

Análisis masivo de datos

En el capítulo del entorno institucional también se desarrollará en plenitud el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que asigna a la Comunidad Autónoma de Canarias competencia exclusiva sobre estadística para sus propios fines y la organización de un sistema estadístico propio que incluye el análisis masivo de datos y la revisión continua de los indicadores sociales y económicos. El análisis masivo de datos incluye la instrumentación necesaria para favorecer la toma de decisiones basada en datos estadísticos (Inteligencia de Gobierno).

A este respecto, siguiendo el Plan de Dirección por Objetivos que tiene en marcha el Istca, se ofrecerá información estadística contextualizada para la toma de decisiones de alto nivel en planificación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, así como para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos. Del mismo modo, se desarrollarán programas informáticos que ayuden a la toma de decisiones mediante la predicción o simulación basadas en datos.

Por lo que respecta a la producción estadística, el ISTAC está desplegando la Infraestructura de Datos y Metadatos Estadísticos de Canarias (eDatos) como la herramienta central que integra esta información, así como su tratamiento y los servicios comunes e interoperables de la estadística de interés de la Comunidad Autónomas de Canarias.

El principal objetivo de esta Infraestructura es alcanzar el Dato Único, a fin de asegurar que la producción de información estadística se realice de forma eficiente y no redundante, que los datos se produzcan una sola vez, se mantengan por la unidad estadística con mayor capacidad para asegurar su actualización y se facilite su reutilización.

Además, se potenciará el uso de registros administrativos y las bases de datos masivos (Big Data), para lo que desde el ISTAC se están ejecutando las actuaciones jurídicas, tecnológicas, procedimentales y formativas necesarias para el despliegue de esta directriz.

En relación a la comunicación, se establecerá un diálogo regular con los usuarios de la información estadística, para entender más profundamente sus necesidades; se acometerán alianzas estratégicas con socios, tanto públicos como privados, que ayuden a responder con flexibilidad a las necesidades de los usuarios, y se responderá a la necesidad de proporcionar estadísticas fiables, comparables y oportunas a los responsables de la formulación de políticas.

Los reglamentos de los fondos ordinarios europeos certifican la pujanza de la ultraperiferia

La adopción formal de la reglamentación cierra la negociación con la Unión y confirma el éxito para las RUP en el período presupuestario 2021-2027

Canarias recibirá aproximadamente entre 2.400 y 2.600 millones de euros de recursos ordinarios de la Unión Europea

La reciente publicación de los reglamentos de los fondos ordinarios europeos para el período 2021-2027 -a falta del referido a la Política Agraria- certifica la pujanza de la condición ultraperiférica en el seno de la Unión y la máxima vigencia del tratamiento singular y adaptado que vienen recibiendo estos territorios, entre los que se encuentra Canarias.

El vicepresidente canario y consejero de Presupuestos, Hacienda y Asuntos Europeos, Román Rodríguez ha recordado a este respecto que “las negociaciones sobre los Fondos Europeos en el nivel de Jefes de Estado y de Gobierno europeo se saldaron con un éxito sin precedentes para los fondos destinados a las regiones ultraperiféricas (RUP), que mejoraron sustancialmente la posición de partida de la Comisión de 2018, al ver considerablemente aumentados sus fondos para la política de cohesión, mantenidos sus fondos agrícolas y mejoradas sus condiciones de utilización en general”.

Rodríguez explicó que, aunque las cifras concretas aún están por confirmar, Canarias recibirá entre 2.400 y 2.600 millones de euros en este nuevo período presupuestario.

Todo ello, en un escenario negociador difícil -como es habitual en la UE- pero que se vio además condicionado por la irrupción de la pandemia del Covid-19, que provocó una profunda transformación en el diseño de los Presupuestos europeos, con la adopción de iniciativas como el REACT-EU (una readaptación de los fondos ordinarios del final del período 2014-2021) y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Ambas figuras forman el Instrumento Next Generation EU.

El director general de Asuntos Europeos, José Julián Zafra, recuerda que el pasado 30 de junio se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea todos los reglamentos de los fondos europeos para el período 2021-2027, salvo el Reglamento sobre el Fondo pesquero, que se publicó el 13 de julio, y a falta de los Reglamentos de la Política Agraria para 2023-2027 para los que, aunque hay ya un acuerdo definitivo de Consejo y Parlamento Europeo, falta aún el pronunciamiento formal de estas Instituciones, que se producirá el mes de septiembre.

El conjunto de reglamentos contiene disposiciones específicas para las RUP que permitirán la distribución de un mayor aporte de fondos para Canarias, así como posibilidades de inversión y de gastos que no se permiten en otras regiones europeas, con el fin de paliar los sobrecostes de ultraperiferia. Estas son algunas de las medidas más destacadas:

-Aumento de la dotación adicional en el ámbito del FEDER, que pasa de 30 euros por habitante (en el período actual y en la primera propuesta de la Comisión) a 40 euros por habitante, una subida de más del 33 %, con lo que su cifra actual pasa a ser de 1.927,7 millones para todas las regiones (1.514 millones para las RUP) y de unos 660 M€ para Canarias (pendiente todavía de ajuste final).

– Aumento de la dotación adicional del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), para las RUP y las regiones nórdicas de baja población, que pasa de 175 millones a 473 millones (372 millones para las RUP). Este aumento es tanto más relevante puesto que, debido a la pandemia, el FSE+ ya no se ocupará únicamente del fomento del empleo, sino que entre sus fines también se recoge la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Con un cálculo aproximado, a Canarias se le asignarían unos 130 millones de euros de esta dotación adicional del FSE+

– La cofinanciación del FEDER y FSE para las RUP pasa a ser del 85 % cuando en la propuesta inicial era de un 70 %, consiguiendo por tanto mantener la del período actual, la máxima cofinanciación permitida para las regiones menos desfavorecidas. Para Interreg se ha conseguido igualmente aumentar la cofinanciación al 85 %.

– Canarias, por su PIB se sitúa entre las denominadas regiones en transición (con un PIB situado entre el 75 y el 100 % de la media europea en el periodo de referencia 2015-2017). La asignación europea para todas estas regiones fue cambiando durante la negociación para finalmente situarse en 47.789 millones, superior a las propuestas iniciales. Además, para estas regiones, el método de reparto de fondos tiene muy en cuenta unas variables macroeconómicas que, por las circunstancias actuales, favorecen especialmente al Archipiélago Así, se tiene en cuenta el número de desempleados de la región con respecto a la media europea de las regiones menos favorecidas. Por otro lado, se tiene también en cuenta el número de jóvenes desempleados (entre 15 y 24 años) y otra variable que se utiliza es el porcentaje de personas con bajos niveles educativos. Por último, otras variables que se utilizarán son el saldo migratorio neto procedente de fuera de la UE y el CO2 emitido en relación con los objetivos de emisión de gases de efecto invernadero del Estado.

– En el ámbito del Fondo Social Europeo, además las regiones ultraperiféricas asignarán un importe adecuado de sus recursos del capítulo del FSE+ en régimen de gestión compartida a acciones específicas y reformas estructurales para apoyar el empleo juvenil, la educación y formación profesionales, en concreto la formación de aprendices, y la transición del ámbito educativo al laboral, los itinerarios para reincorporarse a la educación o la formación y los programas de segunda oportunidad, en particular en el contexto de la ejecución de los sistemas de la Garantía Juvenil.

– En cuanto a la cooperación territorial, se crea un componente específico RUP al que se le asigna una cifra de 281,2 millones para todas estas regiones, que supone el 3,5 % del presupuesto total del programa Interreg. Estas cifras implican el mantenimiento del importe destinado a la cooperación con nuestro entorno en el Programa MAC que, por primera vez, pretende abarcar otros países del área cercana, además de la ya clásica cooperación con Cabo Verde, Senegal y Mauritania. Así, se añadirían Gambia, Ghana, Costa de Marfil y Santo Tomé y Príncipe.

-El Reglamento 2021/1139 sobre Pesca reconoce que las RUP se enfrentan a desafíos específicos vinculados con su lejanía, su topografía y su clima, tal como se menciona en el artículo 349 del TFUE, y también tienen activos específicos con los que desarrollar una economía azul sostenible. Por lo tanto, para cada región ultraperiférica se adjuntará al programa de los Estados miembros de que se trate un plan de acción para el desarrollo de los sectores sostenibles de la economía azul, incluidas la pesca y acuicultura sostenibles, debiendo reservarse una asignación financiera para apoyar la ejecución de esos planes de acción. En el caso de Canarias esta dotación financiera es de 82 M€ para este periodo.

– Por último, en cuanto a Agricultura, el 25 de junio de 2021, el Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo político provisional sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC). A partir de enero de 2023 se pondrán en práctica objetivos medioambientales y climáticos más ambiciosos, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde. La nueva PAC también propone garantizar una distribución más justa de las ayudas de la PAC, especialmente para las pequeñas y medianas explotaciones familiares y los jóvenes agricultores.

La nueva PAC, que abarca tres reglamentos (Horizontal, Plan Estratégico y Organización Común de Mercados), tiene que ser aprobada formalmente por el Parlamento Europeo y adoptada por el Consejo antes de que pueda entrar en vigor. Si bien su presupuesto ha disminuido en el 2021-2027 un 3,9% respecto al período anterior, tras varios meses de intensa negociación el Consejo de Ministros de Agricultura acordó el 28 de junio de 2021 ratificar el acuerdo previo alcanzado por Parlamento Europeo, Consejo y la Comisión Europea para definir la PAC hasta 2027 en el que se mantiene la ficha del POSEI en las mismas cuantías que en el período 2014-2020. De esta manera, la UE blinda la ficha financiera del POSEI, dotada con 268,4 M € anuales, hasta 2027 y evita el recorte del 3,9% de la partida que hubiera supuesto una pérdida de 50 M€ para el campo canario.

Casi la mitad de la financiación ya aprobada del React-EU reforzará los servicios públicos esenciales en Canarias

La Comisión Europea aprobó esta semana una primera inyección por 401 millones de euros, producto de la reprogramación prevista del FEDER

Román Rodríguez precisa que 174 millones de euros se destinarán a la sanidad, la educación y las políticas sociales

Para completar la ficha financiera del React-Eu quedan por aprobar las reprogramaciones del FEDER para 2022 y del FSE para este y el próximo año

El grueso de los 401,6 millones de euros aprobados esta semana por la Comisión Europea en la reprogramación del programa FEDER que recibirá Canarias con cargo a los fondos React-EU este año se destinará al refuerzo de los servicios públicos fundamentales. La sanidad, la educación y los servicios sociales recibirán 174,4 millones de euros, lo que supone el 44 por ciento del total. Los fondos mencionados, aunque se reciben en 2021, se podrán ejecutar hasta 2023.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, explicó hoy que los citados 401 millones forman parte de los 630 millones que se habían comprometido para Canarias dentro del React-EU. Se trata, en concreto, de la reprogramación de los fondos FEDER en la anualidad del año 21. Para llegar a la cifra total, aún está pendiente la reprogramación de este mismo fondo en la anualidad del año 2022 (58,4 millones) y la reprogramación del Fondo Social Europeo (FSE) para este y el próximo año (145,5 millones y 21,1 millones, respectivamente).

La segunda línea de inversión aprobada esta semana, en términos cuantitativos, cubre el apoyo a los sectores productivos más afectados por la crisis del Covid-19, con proyectos que sumarán algo más de 106 millones de euros, el 26 por ciento del total.

A este respecto, Rodríguez recordó que ya el Gobierno de Canarias lleva ejecutando proyectos con cargo al React-EU desde hace meses, entre ellos la convocatoria de ayudas para pymes y autónomos por 87 millones de euros, ya concedidas y, por tanto, ejecutadas este año.

Esta primera anualidad de la reprogramación del FEDER incluye también inversiones que contribuyan a la transición hacia una economía digital, con 56,7 millones de euros, y la transición hacia una economía verde, con 51,4 millones. Entre las primeras, se hallan actuaciones de e-salud para potenciar la teleasistencia y telemedicina; herramientas TIC para los usuarios o iniciativas de e-educación, con contenido educativo digital y mejora de competencias digitales. Entre las segundas destacan la  gestión y prevención de riesgos derivados de fenómenos naturales y la ampliación de la Plataforma Oceánica de Canarias.

El vicepresidente destacó la claridad con la que se ha distribuido los 10.000 millones de euros de la financiación del React-EU entre las comunidades autónomas y la buena posición conseguida por Canarias en el reparto final, al recibir 630 millones, es decir el 6,3 por ciento del total.

“Se trata -insistió Rodríguez- de dos puntos más que su porcentaje de población, lo cual ha sido posible porque se ha tenido en cuenta el mayor daño sufrido por la economía de las islas durante la pandemia y su condición de región ultraperiférica”.

La recaudación tributaria hasta julio replica las cifras de 2020 

Los impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma aumentan un 0,3 por ciento, mientras que en el Bloque de Financiación Canario la recaudación se reduce un 5,49%

La recaudación tributaria total acumulada en Canarias durante los primeros siete meses de este año se situó en los 1.244,5 millones de euros, una cifra que replica la obtenida el mismo período del año anterior, cuando se recaudaron 1.240,5 millones, lo que supone un incremento del 0,32 por ciento. De esa cantidad y por lo que respecta a los ingresos del denominado Bloque de Financiación Canario, estos se situaron en los 813,9 millones, por los 860,9 millones obtenidos el año anterior; en este caso la caída es del 5,49 por ciento.

En cuanto a los tributos cedidos y propios de la CAC destaca el mejor comportamiento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto sobre Combustibles derivados del petróleo que crecen respecto a la recaudación del año 2020.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, explicó que la ralentización de la actividad económica producto de la crisis generada por el Covid 19 tiene su reflejo en los ingresos tributarios de la Comunidad Autónoma, una realidad que, en cualquier caso, el Gobierno de Canarias tuvo en cuenta a la hora de confeccionar los Presupuestos autonómicos de este año.

“Hay que tener en cuenta, además, que la comparación se realiza con el año 2020, en el que hubo dos meses y medio de absoluta normalidad económica, antes de que la pandemia impactara en las estructuras económicas de todos los países”, señaló

Rodríguez recordó que, precisamente, los Presupuestos vigentes se confeccionaron con una previsión de caída de los ingresos tributarios en la Comunidad Autónoma (los propios, cedidos y del BFC) a final de este año de 434 millones de euros, una estimación extremadamente prudente a la vista de las incertidumbres que había en aquel momento sobre la evolución de la pandemia.

El vicepresidente insistió, en todo caso, en el carácter expansivo de los actuales Presupuestos, pues a pesar de esa previsión inicial de merma de ingresos las cuentas autonómicas crecieron 407 millones de euros con respecto a las de 2020.

El IGIC, la figura más importante desde el punto de vista cuantitativo de entre los tributos del REF, ha experimentado durante los primeros siete meses del año un descenso de 70,7 millones de euros, al pasar de los 776,2 millones recaudados en 2020 a los 705,5 millones de este año.

Este descenso se ha compensado parcialmente con el leve incremento registrado en las otras dos figuras del Bloque, el AIEM y el Impuesto de Matriculaciones.

El AIEM, que grava las importaciones de productos foráneos para proteger las producciones locales, experimentó un crecimiento de 20,1 millones de euros, un 26,07 por ciento, al pasar de los 77,1 millones en 2020 a los 97,2 millones de este año.

Por lo que respecta al Impuesto de Matriculaciones, los ingresos se incrementaron en 3,5 millones de euros (de 7,6 millones los primeros siete meses de 2020 a los 11,1 millones de este año).

Canarias puede hacer frente este año 2021 a este descenso de los ingresos tributarios -ya previstos- gracias al mantenimiento por parte del Estado de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico y a la dotación adicional del Fondo Covid por un importe de 629 millones de euros, prevista en el artículo 117 de la Ley de Presupuestos Generales del estado para 2021.

Canarias acuerda con Madrid el orden del día de las dos comisiones bilaterales por el REF audiovisual

El vicepresidente envía a la ministra de Política Territorial dos propuestas de acuerdo pactadas para la celebración de sendas reuniones de la Comisión Bilateral por la ley y el real decreto-ley que modifican el régimen fiscal canario

Las propuestas se basan en el informe presentado por Román Rodríguez al Consejo de Gobierno el pasado 1 de julio

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha acordado con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, a través de los respetivos gabinetes, el orden del día para dos reuniones de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias con la finalidad de iniciar las negociaciones para dirimir las discrepancias por la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias mediante una ley estatal y un real decreto ley que incumplen el diferencial fiscal favorable a las deducciones por producciones audiovisuales en las Islas respecto al resto del Estado.

El vicepresidente canario ya ha firmado los órdenes del día para ambas comisiones, solo a falta de la rúbrica de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, para que se dé por iniciado el proceso. Ambos intervienen como copresidentes de la Comisión Bilateral y conforme a lo establecido en el artículo 167 del Estatuto de Autonomía de Canarias.

La Comisión Bilateral tratará de resolver el desacuerdo entre las partes en relación con las deducciones fiscales para el sector audiovisual, incluidas en la Ley 11/2021, de 9 de julio, de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, aprobada por las Cortes, y en el Real Decreto-Ley 12/2021 sobre medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética, aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de junio. Según ambas normas, el límite para las deducciones en Canarias queda establecido en 12,4 millones de euros, frente a los 10 millones vigentes para el resto del Estado, lo que supone un diferencial del 24%, en vez del 80% previsto en la legislación del REF.

En concreto, el orden del día acordado para la Comisión Bilateral sobre la Ley11/2021 plantea el inicio de negociaciones, la designación de un grupo de trabajo que proponga a la Comisión el acuerdo que proceda, comunicar ese acuerdo al Tribunal Constitucional, y a las Cortes Generales y al Parlamento de Canarias, según lo previsto en el artículo 167.2.c del Estatuto de Autonomía. El Gobierno canario entiende que, una vez el Parlamento emitió por unanimidad su informe preceptivo en sentido negativo el pasado 28 de junio, las Cortes Generales lo ignoraron al no activar el mecanismo previsto para ese supuesto ni suspender la modificación del REF audiovisual.

Respecto al acuerdo de orden del día para la Comisión Bilateral que ha de abordar el Real Decreto-Ley 12/2021, se indica igualmente el inicio de negociaciones, la designación de un grupo de trabajo que proponga a la Comisión el acuerdo que proceda, comunicar ese acuerdo al Tribunal Constitucional, y a las Cortes Generales y al Parlamento de Canarias, con el matiz de que esto se realice según lo previsto en el artículo 167 del Estatuto de Autonomía, dado que esta modificación se efectuó sin siquiera haber solicitado el informe preceptivo al Parlamento de Canarias como corresponde. Aunque en este caso se trate de un real decreto ley, es igualmente exigible el informe de la Cámara autonómica, precepto aplicable a toda modificación del REF cualquiera que sea su rango normativo, conforme no solo al Estatuto sino a la disposición adicional tercera de la Constitución Española.

Acuerdo de Gobierno

Las dos propuestas para sendas convocatorias de la Comisión Bilateral parten de un acuerdo del Gobierno de Canarias el pasado 1 de julio, a raíz de un informe presentado por el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos sobre las diferentes actuaciones promovidas por el Estado con respecto a las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas, que modifican la Ley 19/1994 del REF.

En ese extenso informe de argumentaciones jurídicas, el Gobierno concluye que, sobre la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el fraude fiscal, el Parlamento emitió un informe desfavorable al dictamen del Senado sobre el entonces proyecto de ley y que, a pesar de ello, la tramitación siguió su curso con normalidad hasta aprobarse la ley. El Ejecutivo entiende que el informe negativo del Parlamento -basado también en un informe de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos- no es solo preceptivo, sino también suspensivo, de manera que procedía la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación para tratar de solventar las diferencias antes de aprobarse la modificación, según el Estatuto.

En cuanto al real decreto que redunda en la modificación del REF audiovisual para rebajar el diferencial fiscal al 24%, en vez del 80%, la modificación se ha efectuado sin el informe previo del Parlamento de Canarias, “no respetando la garantía procedimental que la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias reconocen”, consta en el acuerdo del Gobierno canario.

En ese sentido, se señala que ni la Constitución ni el Estatuto de Autonomía establecen salvedad sobre el trámite preceptivo ante el Parlamento en función del rango normativo, de modo que la tramitación de un real decreto, aunque sea por urgencia, no exonera de cumplir el trámite de escuchar la opinión del Parlamento de Canarias.

En todo caso, el Gobierno recuerda que la necesidad de las medidas económicas y fiscales vinculadas al REF no están ligadas a una situación coyuntural de crisis económica, sino que responde a compensaciones por elementos estructurales tales como su carácter insular, la lejanía, las especiales condiciones geográficas, geológicas y climáticas, así como la escasez de recursos, con el objetivo de promover la expansión económica y social de Canarias y compensar las dificultades derivadas de su condición de región ultraperiférica.

Solución política

En paralelo a esta vía de resolución institucional del conflicto, el pasado 19 de julio la ministra de Hacienda se comprometió a una salida política consistente en llevar a cabo una modificación legislativa antes de final de año para establecer definitivamente el diferencial fiscal de deducciones a las producciones audiovisuales en un 80% a favor de Canarias, lo que, en función de la actual Ley sobre el Impuesto de Sociedades, significaría elevar el tope de 12,4 a 18 millones de euros. Tal compromiso lo adquirió en una reunión convocada para una negociación previa de los Presupuestos Generales del Estado con Nueva Canarias (NC) -asunto pospuesto hasta resolver el conflicto por el REF- en la que estuvieron el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres; el vicepresidente, Román Rodríguez, y el diputado Pedro Quevedo.

Rodríguez considera que ese compromiso político -aún pendiente de materializar- no es óbice a la apertura del cauce institucional que supone la Comisión Bilateral “porque así está previsto constitucional y estatutariamente, y porque no podemos crear el precedente de hacer dejación de nuestros derechos. Ha habido un incumplimiento de nuestro fuero que ha de quedar aclarado también en ese plano”.

Hacienda moviliza a los centros directivos del Gobierno para captar la mayor financiación europea posible

Román Rodríguez presidió hoy la tercera reunión del Comité Director de Planes y Proyectos, a la que asistieron los viceconsejeros del Gobierno

El vicepresidente propondrá la presencia de la Consejería de Hacienda en las conferencias sectoriales que determinan la distribución de parte del MRR

El consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, presidió hoy la tercera reunión del Comité Director de Planes y Proyectos de los fondos europeos de reconstrucción, a la que asistieron los viceconsejeros de los diferentes departamentos autonómicos y en la que se instó a los centros directivos del Ejecutivo a movilizarse para captar y gestionar la mayor cantidad de recursos del Mecanismo Europeo de Reconstrucción y Resiliencia (MRR).

Rodríguez explicó al término de la reunión que se trata de incentivar la participación de la Comunidad Autónoma en las diferentes conferencias sectoriales en las que los ministerios del Gobierno de España y las autonomías se repartirán uno de los compartimentos del fondo, dotado con 10.500 millones de euros para 2021, y el otro lo gestionarán los departamentos ministeriales en concurrencia de las comunidades autónomas en los denominados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), y también mediante convocatorias para el sector público, que decidirá el Consejo de Ministros.

El vicepresidente subrayó que se trata de activar todos los mecanismos posibles para perfeccionar la coordinación y la información entre los diferentes departamentos autonómicos con el objetivo de aprovechar en toda su potencialidad los fondos adscritos al MRR.

En este sentido, anunció que propondrá al Gobierno la presencia de la Consejería de Hacienda en las diferentes conferencias sectoriales entre las consejerías del Ejecutivo y los respectivos ministerios del Gobierno de España.

Rodríguez calcula que Canarias podría recibir unos 2.600 millones de euros con cargo a los fondos extraordinarios de reconstrucción -integrados por el MRR y en el React-Eu- y otra cantidad similar del nuevo período presupuestario de la Unión 2021-2027. “En total -precisó- estamos hablando de unos 5.200 millones de euros, que en cualquier caso podrían incrementarse”.

A este respecto, el vicepresidente insistió en la dificultad de conocer las cantidades exactas que podrá recibir Canarias como resultado de las conferencias sectoriales, puesto que cada una de ellas está actuando de manera independiente y con criterios de distribución propios, por lo que volvió a demandar que se utilicen criterios homogéneos en las distintas políticas sectoriales.

En conclusión, “del React sabemos que la ejecución será en tres años, que disponemos de 630 millones de euros y cuáles son los programas de actuación -de hecho, ejecutándose ya algunos de ellos-, mientras que, en cuanto al Mecanismo, el tiempo es discutible, desconocemos la cuantía correspondiente a Canarias y no están claros los criterios”.

“En cualquiera de los casos -dijo- está claro que todas las comunidades autónomas y el propio Gobierno central precisarán de todo el sexenio para ejecutar los fondos, porque el plazo previsto por el Estado de tres años es claramente insuficiente”.

Canarias reclama al Estado que aclare el reparto del MRR y que amplíe los plazos para su ejecución

Román Rodríguez advierte que la información sobre la distribución de estos fondos es “dispersa e inconcreta” y que el período para su aplicación es inviable

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, reclamó hoy al Estado que concrete los criterios y el sistema de distribución de los fondos adscritos al Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y que reconsidere los plazos que había fijado para su ejecución, a la vista de la indefinición en la que se halla.

Rodríguez explicó al término de la reunión de la Conferencia Sectorial sobre el MRR -órgano de encuentro entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas- que la información sobre el reparto de estos fondos es “muy dispersa” y que adolece de claridad, por lo que las comunidades autónomas aún desconocen la cuantía que les corresponderá a cada una.

Ante esta situación, el vicepresidente planteó la conveniencia de flexibilizar los plazos que el propio Gobierno español ha establecido para la ejecución de los fondos, de modo que se pase del 31 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2026.

Rodríguez aseguró que, en su opinión, el reglamento europeo permite la aplicación de estos recursos hasta 2026, pero que el Gobierno de España acordó acelerar su ejecución y reducir los plazos en tres años.

“Vamos a entrar en el último cuatrimestre del primer año de ejecución del MRR y aún no sabemos ni las cantidades ni los criterios que se utilizarán para la distribución de los fondos, con lo cual el período de tres años se queda muy corto”, dijo el vicepresidente.

Esta inconcreción afecta a los dos tramos del Mecanismo: los que se decidirán en conferencias sectoriales entre los ministerios y los departamentos autonómicos homólogos, por un lado, y los que financiarán, entre otros, los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), fruto de la colaboración público-privada y que debe autorizar el Consejo de Ministros.

Rodríguez explicó que, en el caso de las conferencias sectoriales, cada una de ellas está decidiendo en función de criterios propios y que no existe una información coordinada y centralizada, que permita obtener una visión de conjunto del reparto que se vaya a efectuar de los fondos. En global, se repartirán 10.500 millones de euros para las autonomías en 2021.

Del mismo modo, no existen certezas sobre la participación de las comunidades autónomas en los PERTE, por lo que las autonomías solicitaron un sistema de información integrado que permita un análisis de conjunto y certero del reparto de los fondos. La ministra explicó que se elaborarán dos órdenes para regular el sistema de control y de información.

El React-EU sí marcha

Rodríguez aclaró que, si bien hay muchas incertidumbres sobre el MRR, el otro gran programa del Next Generation, el React-EU, está perfectamente claro. El vicepresidente recordó que Canarias recibirá 630 millones de euros para la financiación de los servicios públicos esenciales y otras políticas sectoriales, de los ya Canarias ha generado casi 300 millones de euros en créditos que han financiado, por ejemplo, la convocatoria de ayudas directas a pymes y autónomos.

En todos los casos, el vicepresidente insistió en que Canarias ha de recibir una cuantía proporcional al daño económico provocado por la crisis del Covid-19, mayor que en otros territorios del Estado dada su exposición al sector turístico, el más afectado de todos por las restricciones de movilidad.

 

 

El Gobierno promoverá medidas específicas para acelerar la recuperación económica de Lanzarote

El vicepresidente del Gobierno considera “justo” que se preste mayor atención a las islas más afectadas por el parón turístico

El también consejero de Hacienda analiza con las instituciones y los sectores económicos lanzaroteños sus principales necesidades

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, aseguró hoy en Lanzarote que el Gobierno promoverá medidas específicas para acelerar y consolidar la recuperación económica en la Isla, una de las más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19.

Rodríguez se pronunció en estos términos durante una visita institucional a la Isla y después de reunirse con la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, a quien trasladó la necesidad de estrechar la cooperación entre el Ejecutivo autónomo y las instituciones lanzaroteñas para activar medidas que permitan no solo una pronta vuelta a la normalidad, sino la mejora de la calidad de vida de todos los conejeros en el futuro.

El vicepresidente insistió en que el daño económico provocado por la pandemia ha sido más intenso en los territorios con mayor dependencia del sector turístico, como Lanzarote y Fuerteventura, debido a las restricciones a la movilidad, “lo que nos obliga también a realizar un mayor esfuerzo”.

Rodríguez aseguró que a la situación provocada por el Covid se ha sumado la insuficiencia de la inversión ordinaria en Lanzarote por parte de los últimos Gobiernos autónomos, una situación que está en vías de solución.

A este respecto, el vicepresidente recordó que el tejido productivo de Lanzarote ha recibido el 14,3 por ciento de los 87,4 millones de euros de la primera convocatoria de ayudas directas para pymes y autónomos puestas en marcha por el Ejecutivo autónomo, aun teniendo solo el 7 por ciento de la población, “lo que demuestra que ya se viene actuando para paliar esa situación”.

Una distribución de las ayudas que es previsible que se replique en la convocatoria abierta de los 1.144 millones de euros y en el abono de la cuantía equivalente al IBI a las empresas turísticas.

Por su parte, Corujo insistió en que “la colaboración entre administraciones públicas es vital para dar solución a las familias y empresas más afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia” y reconoció que, ante el maltrato sistemático en materia de inversión que ha sufrido Lanzarote durante los últimos años, “ha sido una prioridad para el vicepresidente solventar esta injusticia y discriminación con nuestra Isla”.

Encuentros sectoriales

Tras esta primera reunión, Rodríguez y Corujo se reunieron con representantes de todos los ayuntamientos de la Isla -a excepción de Arrecife, que celebraba en esos momentos un Pleno- un encuentro en el que los municipios sus principales preocupaciones y demandas, relacionadas también con la evolución sanitaria de la pandemia y la respuesta a la crisis económica derivada de aquélla.

El vicepresidente completó su agenda institucional en Lanzarote con un encuentro con la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, quien no pudo estar en el encuentro con el resto de alcaldes por la coincidencia de un pleno municipal, y con sendas reuniones con los sectores empresariales de la Isla y con representantes del sector primario. Estos dos últimos encuentros tuvieron lugar en la Casa de la Cultura de la capital insular y en el Complejo Agroindustrial de Lanzarote, en Teguise.

Canarias evita el pago de 450 millones al Estado por la liquidación de la financiación autonómica de 2020

El Consejo de Política Fiscal y Financiera asume también las reivindicaciones canarias para el reparto del fondo Covid y para las entregas a cuenta de 2022

Román Rodríguez subraya que el Ejecutivo autónomo han logrado los objetivos que se habían trazado en los últimos meses en materia de política financiera

El Consejo de Política Fiscal y Financiera asumió hoy las demandas planteadas por Canarias en los últimos meses, especialmente la referida a la devolución el próximo año de las cantidades ingresadas de más en concepto de financiación autonómica del ejercicio 2020, con lo que la Comunidad Autónoma evita el abono de entre 430 y 450 millones de euros, según dijo hoy el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

El vicepresidente, que participó telemáticamente en el Consejo, destacó al finalizar la reunión que Canarias ha alcanzado los objetivos que se había marcado en los últimos meses en materia de política financiera y que los acuerdos alcanzados despejan el camino para la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año.

A este respecto, Rodríguez situó como el principal logro del encuentro que Canarias no tendrá que abonar el desfase de la liquidación por la financiación de los servicios públicos esenciales  del año 20. Se da la circunstancia de que el Estado realiza unos anticipos en concepto de financiación autonómica, que se liquidan a los dos años. Si en la fase de liquidación se determina, en función de la evolución de la economía, que las cantidades transferidas han sido superiores a las que correspondían realmente, las Comunidades autónomas tienen que devolver lo cobrado de más.

Con el acuerdo alcanzado hoy y dada las dificultades derivadas de la pandemia del Covid-19, el Estado ha decidido no reclamar la devolución de las cantidades.

Precisamente, el Consejo acordó el incremento de un 6 por ciento de las cantidades a cuenta que distribuirá el Estado -también al margen del ciclo económico- para el año 2022, lo que para Canarias supondrá una transferencia extra en torno a 170 millones de euros respecto al año en curso.
Reparto por población del Fondo Covid

Rodríguez también se felicitó por la distribución este año 2021 de los 13.486 millones de euros del Fondo Covid entre las comunidades autónomas bajo el criterio de población ajustada, reclamación que había planteado el Gobierno de Canarias, lo que permitirá a las Islas captar unos 600 millones de euros y afrontar las necesidades sobrevenidas en los servicios públicos fundamentales, especialmente en sanidad y educación.

El vicepresidente precisó que este criterio de reparto se impuso al que defendían algunas comunidades autónomas ricas, el PIB, lo que para Canarias habría supuesto un perjuicio de más de 150 millones de euros.

Del mismo modo, durante el Consejo se informó del mantenimiento en 2022 de la suspensión de las reglas fiscales y, aunque se establecen unas tasas de referencia, no son obligatorias, “lo cual constituye también una buena noticia para la confección de los Presupuestos y el blindaje de los servicios públicos”, dijo Rodríguez.

Otro de los asuntos abordados fue el establecimiento el próximo año en todo el Estado de un impuesto ambiental al depósito de residuos en vertederos y a la incineración. Las comunidades autónomas recibirán la recaudación obtenida en sus propios territorios.

Un panel de expertos determinará la fiabilidad del actual método de cálculo del PIB canario

El vicepresidente explica que el informe del economista Domingo Lorenzo es solvente y que si hay consenso entre los especialistas, se reclamará su modificación

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodriguez, anunció hoy la convocatoria de un panel de expertos para analizar la metodología utilizada por Instituto Nacional de Estadística (INE) para el cálculo del Producto Interior Bruto (PIB) del Archipiélago y proponer, en su caso, las medidas correctoras precisas por su sobrestimación. Un panel en el que participarán economistas especializados en contabilidad estatal y regional, junto con técnicos del Instituto Canario de Estadística (Istac).

Rodríguez realizó el anuncio en el Parlamento de Canarias, en respuesta a una pregunta formulada por el grupo de Nueva Canarias en relación al informe elaborado por el economista Domingo Lorenzo Díaz y tres colaboradores, en el que sostiene que el INE ha obviado en su metodología la menor imposición indirecta que existe en el Archipiélago con respecto al Estado, lo que ha determinado históricamente un cálculo del PIB superior al real.

El vicepresidente recordó que el PIB es un instrumento de referencia para la articulación de las políticas económicas y que determina también la asignación de recursos financieros por parte de las administraciones, de modo que Canarias podría haber dejado de percibir cuantiosos fondos europeos.

En el referido informe se aclara que en la contabilización del PIB debe sumarse la cuantía de impuestos netos sobre los productos, una cifra que la Contabilidad Regional de España (CRE) reparte entre las comunidades autónomas de manera proporcional al peso de cada una sobre el Valor Añadido Bruto estatal. Sin embargo, se destaca que el Sistema Europeo de Cuentas admite la posibilidad de utilizar otros métodos de asignación de esta partida para aquellos territorios que tengan sistemas fiscales específicos, como ocurre en el caso de Francia para sus regiones de ultramar.

Rodríguez consideró que el estudio realizado por el economista y su equipo, a la sazón también técnico del Istac, es “sólido y relevante”, por lo que se precisa la intervención de otros expertos económicos y en contabilidad púbica para analizar el asunto.

“Si del debate teórico se genera un consenso en torno a la hipótesis sugerida en el informe -continuó el vicepresidente- nosotros instaremos al órgano competente, que es el Centro Interterritorial de Estadística, a la modificación del sistema de cálculo”.

Por otro lado, el vicepresidente también se refirió al acuerdo político alcanzado entre Nueva Canarias y el PSOE con el Ministerio de Hacienda para restablecer el 80 por ciento de diferencial fiscal de las deducciones a las producciones audiovisuales en Canarias con respecto al resto del Estado y señaló que se ha dado una solución definitiva al problema”.

“Sobre el fondo del asunto hay un acuerdo total para que se restablezca el diferencial, no en cifras absolutas, sino en porcentajes, que es lo que establece nuestro REF”, subrayó el vicepresidente, quien añadió que en relación a las formas será el Parlamento de Canarias quien deba continuar la tramitación iniciada para reclamar jurídicamente, al igual que la Comisión Bilateral Canarias-Estado, de la que se está preparando la convocatoria.