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Los autónomos canarios que facturen hasta 50.000 euros anuales ya pueden solicitar la exención del IGIC

La medida, en vigor desde este 1 de julio, beneficiará a más de 11.000 profesionales y pequeñas empresas del Archipiélago que, hasta final de mes, podrán presentar el modelo 400, indicando que quieren acogerse al Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, señaló que esta acción y las incluidas en el Plan Respaldo, responden al compromiso del Gobierno de apoyar a este colectivo que desde 2023 ha crecido en casi 9.000 autónomos, 240 al mes

 

Los trabajadores autónomos y profesionales de Canarias con un volumen de operaciones de hasta 50.000 euros anuales pueden solicitar ya la exención del IGIC. La medida, que entró en vigor el pasado 1 de julio, permitirá que los contribuyentes cuyo volumen de negocio no supere dicho umbral queden exentos de repercutir y declarar el IGIC, simplificando sus obligaciones tributarias y favoreciendo su liquidez. El Gobierno canario prevé que podrían llegar a beneficiarse hasta 11.000 trabajadores autónomos en el Archipiélago.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias ha destacado que esta medida “responde al compromiso del Ejecutivo de apoyar al tejido productivo canario, especialmente a los pequeños negocios y profesionales autónomos”, que desde el inicio de legislatura en 2023 ha crecido en casi 9.000 autónomos, 240 al mes. En este sentido, subrayó que “la ampliación de la franquicia hasta los 50.000 euros supone un avance significativo en términos de simplificación administrativa y estímulo a la actividad económica”.

Esta medida, además, sitúa a Canarias como la única comunidad autónoma que aplica la franquicia prevista en la normativa europea del IVA para pequeños empresarios, elevando el umbral hasta 50.000 euros, por encima de la media de los países de la Unión Europea, que ronda los 40.000 euros. “Mientras Bruselas denuncia a España ante la Justicia europea por negar a los autónomos la exención del IVA y mientras el Gobierno de España desatiende las demandas de las personas trabajadoras autónomas, siendo el único país que no ha traspuesto la directiva europea que exime de repercutir el impuesto a los que ingresen menos de 85.000 euros anuales, el Gobierno de Canarias da un paso adelante y consolida un modelo propio de simplificación fiscal para los emprendedores y autónomos”, señaló.

El Régimen especial del pequeño empresario o profesional (REPEP) permitirá a los autónomos y personas físicas que no superan los 50.000 euros anuales y que quieran acogerse voluntariamente a este régimen potestativo, no repercutir IGIC en sus facturas, a cambio de no deducir las cuotas soportadas en compras. Esta medida reduce de cinco a una sus declaraciones anuales, simplificando su relación con la Agencia Tributaria Canaria.

La intención del Ejecutivo regional es que a partir del 1 de enero de 2027 los autónomos acogidos a este régimen pasarán a presentar una única declaración anual de IGIC, eliminando las cuatro autoliquidaciones trimestrales y reduciendo la posibilidad de errores formales y requerimientos de gestión.

Hasta el 31 de julio

Para acogerse a esta opción, el pequeño empresario o profesional tiene de plazo hasta el 31 de julio para presentar la declaración censal (modelo 400) indicando que quiere acogerse al REPEP.

El vicepresidente explicó que “este Gobierno sí que apoya a las personas trabajadoras autónomas, y acciones como ésta, unida al Plan Respaldo Autónomo, que incluye medidas de apoyo a la conciliación laboral, a la contratación, a las bajas por incapacidad laboral y a la inversión a través de la bonificación de los intereses de los préstamos, permiten acompañar al autónomo de principio a fin, desde que pone en marcha su actividad hasta su consolidación. Nuestro objetivo desde que llegamos al Gobierno ha sido convertirnos en el mejor aliado del autónomo”.

Precisamente, este jueves pasado el vicepresidente, Manuel Domínguez, y el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, mantuvieron un encuentro con autónomos de las islas donde explicaron el Plan de respaldo al Autónomo, cuyas medidas ya están todas puestas en marcha, con las convocatorias abiertas, y que ha sido premiado por ATA por ser un “ambicioso proyecto” que recoge las demandas de los trabajadores autónomos. “Este plan, junto con las medidas de alivio fiscal y burocrático, aplicadas por el Gobierno de Canarias está siendo un ejemplo para otras comunidades autónomas que ya están copiando estas propuestas”, aseguró Lorenzo Amor.

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Más de 3.600 autónomos se benefician de la cuota cero en 2025, un 36% más que la convocatoria de 2024

 

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias abona casi la totalidad del presupuesto destinado a esta convocatoria, 3.298.034 euros de un crédito de 3,3 millones

Se ha detectado una considerable mejora en la calidad de las solicitudes: el 44,24% de las mismas se han resuelto de forma favorable sin necesidad de subsanación, el doble que en la convocatoria de 2024

 

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias acaba de cerrar la convocatoria de la cuota cero 2025 con un alza en el número de expedientes concedidos de un 36%. Así, un total de 3.620 autónomos canarios que iniciaron su actividad en 2024 se han beneficiado de esta ayuda por un valor total de 3,2 millones de euros, un 32% más que en 2024. Lo más novedoso de esta convocatoria es la mejora notable en la calidad de las solicitudes que se duplicó con respecto a la primera convocatoria: el 44,24% de las solicitudes se han abonado sin necesidad de subsanación gracias a la labor conjunta de la Dirección General de Autónomos y las Cámaras de Comercio para facilitar los trámites.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, destacó que los resultados de esta convocatoria demuestran “la necesidad de esta ayuda para aquellos autónomos que inician su actividad, que además sirve de motivación para nuevos emprendedores, tal y como demuestra el hecho de que mes tras mes crece el número de personas trabajadoras autónomas en las islas”.

Por este motivo, explicó que el Gobierno continuará apoyando al autónomo no sólo con una nueva reedición de esta convocatoria este año 2026 sino con otras medidas incluidas en el Plan respaldo autónomo como el Programa Concilia, que facilita la conciliación familiar del trabajador autónomo y cuya convocatoria saldrá en breve. Le sigue el +Uno52, que bonifica al autónomo la contratación del primer empleado de 52 o más años. Para aquellos autónomos que pidan un préstamo también se les bonificará hasta dos puntos del interés y se reducirá la cuota de la seguridad social a aquellos que se encuentren en situación de baja por Incapacidad Temporal.

El vicepresidente del Gobierno señaló que “a estas medidas le seguirán otras. La economía del Archipiélago pivota sobre la pequeña empresa y el autónomo y son ellos, los empleadores, los que generan puestos de trabajo y crean actividad económica”.

Cuota cero 2025

El importe inicial de esta convocatoria ascendió a 2,5 millones de euros, pero en octubre de 2025 se aumentó el crédito en 800.000 euros ante el incremento de solicitudes y con el objetivo de dar respuesta a todos los expedientes, alcanzando así un presupuesto total de 3,3 millones.

En total se han presentado 5.915 solicitudes, el 86,36% sólo en la Isla de Tenerife. De ellas se han resuelto 3.620 expedientes, 1.843 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 1.777 en Las Palmas. Por islas, se han concedido 1.229 en Gran Canaria; 263 en Fuerteventura; 285 en Lanzarote; 1.556 en Tenerife; 34 en el Hierro; 216 en La Palma; y 37 en La Gomera.

 

 

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Cuatro nuevos pronunciamientos judiciales ratifican las medidas del Gobierno de Canarias contra la COVID-19

Interior de la sede de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias

Julio Pérez: “Que los tribunales revisen nuestros actos es una garantía de los ciudadanos y una oportunidad para corregir lo que sea preciso, si lo hubiera”

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechaza los argumentos esgrimidos por tres particulares contra el uso obligatorio de las mascarillas o el derecho de reunión, entre otros

Un auto estima el archivo de un recurso contencioso-administrativo de una asociación de consumidores de otra comunidad autónoma por no existir un vínculo entre la asociación y el objeto del proceso y porque los fines de la asociación no guardan relación con el procedimiento

Cuatro pronunciamientos judiciales vuelven a ratificar las medidas tomadas por el Gobierno de Canarias para controlar la pandemia de la COVID-19, que se suman a los autos y sentencias previas pronunciadas en este mismo sentido en los meses pasados. En esta ocasión, se trata de tres sentencias y un auto —este último ya firme— del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que derivan de la defensa llevada a cabo por los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico, dependientes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, sobre las decisiones adoptadas en las sesiones extraordinarias celebradas los días 13, 20 y 27 de agosto de 2020.

El consejero estima que “la revisión de nuestros actos por los tribunales es una garantía de los ciudadanos, y una oportunidad para rectificar lo que podamos haber hecho incorrectamente.”

“Es una satisfacción, sin duda, que hasta ahora hayan sido ratificadas todas las medidas adoptadas, teniendo en cuenta que es una materia jurídicamente delicada, tan delicada y compleja como relevante. Restringir movimientos o actuaciones de los ciudadanos, o limitar actividades sociales y económicas, son actos que deben adoptarse con especial cuidado y respeto a sus derechos, y así lo hemos tratado de hacer en todos los casos, durante un año largo de actuaciones administrativas, intentando proceder de la manera más escrupulosa que sea posible”, añadió Julio Pérez.

“Y si hubiera algo que corregir, procederíamos del mismo modo”, apostilló.

Las tres sentencias, que todavía no son firmes, son todas de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC y condenan a las partes demandantes al pago de las costas, mientras que el auto no se pronuncia al respecto.

En la primera de las sentencias, del pasado mes de enero, el litigante recurría las medidas adoptadas el 27 de agosto de 2020 y defendía que el uso obligatorio de mascarillas en el ámbito laboral y educativo para todo el territorio y toda la población de Canarias suponía un “grave atentado” a los derechos fundamentales. El fallo desestima el recurso resaltando entre sus argumentos que el interés general de protección de la salud pública debe prevalecer frente a las objeciones que se plantean por su uso.

En febrero, el TSJC respaldó las medidas tomadas el 13 de agosto de 2020 para hacer frente a la crisis sanitaria. En esta ocasión, una ciudadana argumentaba en contra del uso de la mascarilla porque su obligatoriedad guarda “semejanza con algunos conflictos provocados por los intentos de regular (…) cuestiones como el uso del burka o del pañuelo islámico en el espacio público o la práctica del topless en playas o piscinas públicas”. Para la Sala, este argumento “no se sostiene” porque no guarda relación alguna la salvaguarda del derecho a la protección de la propia imagen, que es un derecho individual, con el derecho a la protección de la salud.

Así mismo, esta persona defendía que los acuerdos también vulneraban el artículo 9.3 de la Constitución Española, por el que se garantiza el principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Esto es descartado por el tribunal por el mero hecho de que con la demanda se estaba defendiendo frente a las medidas tomadas por el Gobierno.

También sostenía la contendiente que la imposición de la mascarilla tendría que venir acompañada de explicaciones por las que se obliga al uso de la misma y acompañaba su pretensión con un informe pericial de un doctor en Medicina crítico con tal medida. El TSJC reseña, entre otros argumentos, que la salud de la ciudadanía es un elemento esencial del interés general que deben atender los poderes públicos y que estas medidas adoptadas tienden a la supervivencia de la comunidad dado que los cubrebocas no presentan riesgos particulares para las personas que los llevan, pero su uso es eficaz para reducir el riesgo de contaminación por el virus.

De hecho, apunta que la intervención en la libertad individual en el ámbito de la integridad personal física y moral mediante el uso de la mascarilla resulta proporcionada a los fines buscados: la protección de la salud de los ciudadanos considerados en su globalidad, así como una protección terapéutica no especialmente invasiva. Por último, el TSJC concluye que no ha existido vulneración del derecho al honor y a la propia imagen dado que esta persona sostenía que era “estigmatizada” por rechazar el uso de las mascarillas. “Ser receptor de crítica por rechazar el uso de mascarillas entra en el ámbito de la polémica sobre una cuestión de suma actualidad sin que pueda calificarse, de entrada, como deshonroso”, apunta la sentencia.

En la tercera sentencia, también del mes de febrero, una denunciante recurría los acuerdos adoptados por el Gobierno de Canarias el 20 de agosto de 2020. En esta ocasión, la Sala recalcó que las medidas implantadas por el Ejecutivo, entre las que estaban la reducción de aforo y distancia de seguridad, la prohibición de salida de los residentes de los centros sociosanitarios o la obligación del uso de la mascarilla, se revelaban necesarias y proporcionadas para evitar o minimizar los contagios tanto en espacios públicos como privados.

Archivado el recurso de una asociación de consumidores

A estas tres sentencias hay que añadir un auto de finales de 2020, ya firme y también resuelto por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, en el que se estimó la alegación de la Comunidad Autónoma de Canarias de archivar un recurso contencioso-administrativo presentado por una asociación de consumidores contra los acuerdos del 13 de agosto de 2020 por no tener un vínculo entre la asociación y el objeto del proceso y porque los fines de la asociación expuestos en sus Estatutos no guardan relación con el procedimiento, ni consta un conjunto relevante de asociados en Canarias. De hecho, su ámbito territorial se circunscribe a otra comunidad autónoma.

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