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El Gobierno canario apuesta por rebajas fiscales selectivas y ayudas a sectores vulnerables frente a la inflación

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, advierte de que las medidas en las Islas “solo pueden ser paliativas porque la solución está en actuar en la raíz, por ejemplo, con un impuesto especial a las eléctricas”

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, advierte de que, frente a la crisis desatada por la drástica subida de la inflación, “el Gobierno de Canarias está haciendo lo que responsablemente se puede hacer”, esto es, “rebajas fiscales selectivas y medidas de apoyo a los sectores y personas más vulnerables, aun reconociendo que “su impacto es limitado”.

Rodríguez, que abordó este asunto en la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Gobierno de Canarias, argumentó que “la inflación no se resuelve con la demagogia de bajadas fiscales generalizadas, que no respaldan el Banco de España ni la OCDE, ni a golpe de boletines oficiales. Esto no significa que no se apliquen medidas paliativas, sino que la solución a escala internacional, porque estamos ante un problema global severo, pasa por actuar en la raíz; arriba, donde se generó, y no abajo, donde se padece”.

En su exposición, sostuvo que el mercado global “está trucado por las compañías eléctricas y empresas transnacionales, que han ganado y están ganando miles de millones sin mover un dedo. ¿Cómo es posible que hace un año el megavatio/hora costaba 45 euros, fue subiendo hasta 540 y, desde que se anunciaron medidas contra ese abuso, bajaron a la mitad, que sigue sin estar justificada?”.

Frente a esa situación, “hay que actuar en el ámbito estatal e internacional, por ejemplo, con un impuesto especial a las eléctricas y que se desacople el gas del precio de la factura, no con ocurrencias populistas profundamente irresponsables e insensatas”. En ese sentido, el Consejo Europeo de la semana pasada “se cerró por debajo de las expectativas”.

En consecuencia, el vicepresidente subrayó que una parte del proceso inflacionista no solo se debe a la invasión rusa de Ucrania, sino que ya se había iniciado como efecto de la pandemia del Covid 19. “La escalada ya había empezado por factores como la evolución de las materias primas, rupturas en la cadena de producción y el precio de los fletes”, zanjó.

Rodríguez justificó, así, que el Gobierno de Canarias apueste, en línea con organismos económicos y monetarios internacionales, por medidas fiscales temporales y ayudas selectivas. “Durante la pandemia, bajamos a tipo cero el IGIC de material sanitario, en La Palma se han rebajado bastantes impuestos hasta prácticamente eliminarlos y la semana pasada elevamos la devolución del impuesto especial sobre combustibles a los profesionales (transportistas, agricultores y ganaderos), que ya era la mitad del aplicado en el resto del Estado, al 99,9% con efecto retroactivo al 1 de marzo y, en principio, hasta el 31 de julio”.

Financiación autonómica y migraciones

En la misma Comisión de Presupuestos y Hacienda, también se trató la pretendida reforma del Sistema de Financiación Autonómica, sobre la que Román Rodríguez abundó en dejar al margen el Régimen Económico y Fiscal (REF) y que la insularidad, como mínimo, habría de mantener el peso actual y aumentar el de la pobreza, dada su incidencia en los sistemas sanitario y educativo, planteamiento en el que agradeció la sintonía con los partidos de la oposición.

Por otro lado, la Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior del Parlamento abordó, entre otros asuntos, el Pacto de Migración y Asilo de la UE, respecto al cual el vicepresidente enfatizó que “tanto la Europa comunitaria como el Estado han de plantear una verdadera política migratoria operativa más allá de las buenas palabras, cambiando leyes para que la solidaridad en la acogida a menores sea obligatoria. No es razonable que se dé respuesta según el color de la piel. Me parece bien lo que se está haciendo con los ucranianos, pero igual debería ser con los africanos”.

Hacienda canaria devolverá el 99,9% del impuesto del combustible a transportistas, agricultores y ganaderos

La medida entra en vigor con carácter retroactivo al 1 de marzo y debería contribuir a contener los precios

El vicepresidente del Gobierno firmó hoy la orden que persigue aliviar los costes de producción de estos sectores ante el encarecimiento de los carburantes

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, firmó hoy la orden para la devolución del 99,9% del impuesto de carburantes a los transportistas, agricultores y ganaderos del Archipiélago hasta el próximo 31 de julio y con efectos retroactivos desde el pasado 1 de marzo.

Rodríguez precisó hoy que la medida excepcional se adopta para aliviar los costes de producción de estos sectores, multiplicados por el incremento de precios de los carburantes.

La orden elimina, de facto, el Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo para los transportistas profesionales, que hasta ahora suponía la mitad del aplicado en el resto del Estado y, de esa mitad, solo tenían que pagar el 32% del mismo, puesto que el otro 68% le era devuelto por el Gobierno canario. Dado que el IGIC del combustible tributa al tipo 0, esto significa que a los transportistas no se les aplicará fiscalidad alguna, mientras que en las demás comunidades autónomas se aplica un IVA del 21%.

De acuerdo con la parte dispositiva de la orden, las presiones inflacionistas que se vienen registrando en los últimos meses, agravadas ahora por la invasión rusa a Ucrania, han provocado un incremento de los precios de los combustibles, que tienen su correspondiente traslación al Índice de Precios al Consumo.

La devolución “constituye un elemento que técnicamente debe tener una repercusión positiva en los precios al consumo y debería venir acompañada de una contención de los mismos en los sectores beneficiados”, señala la norma.

Una devolución histórica

La devolución parcial del Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo viene recogida en su propia ley reguladora, que data de julio de 1986. En ella se especifica que los agricultores y transportistas tendrán derecho a la devolución parcial del impuesto que grava la gasolina y el gasóleo profesional utilizados por vehículos que se hallen afectos al desarrollo de actividades de agricultura, ganadería y transporte (discrecional y regular de viajeros, de mercancías y taxistas) y cuyos datos estén debidamente inscritos en el Censo de Agricultores y Transportistas.

El impuesto en la actualidad es de 26,5 céntimos por litro en el caso de la gasolina y de 22,2 céntimos en el caso del gasóleo.

De estas cantidades, el Gobierno devuelve desde el año 1986 el 68% a los transportistas, agricultores y ganaderos, una devolución que ahora y hasta el 31 de julio será prácticamente integra.

No a las rebajas generalizadas de impuestos

Rodríguez insistió hoy en el carácter específico, temporal y sectorial de la medida adoptada, frente a las rebajas generalizadas de impuestos, a las que se opone porque “afectan gravemente a la prestación de los servicios públicos esenciales e impiden a la administración auxiliar adecuadamente a los más débiles”.

El vicepresidente recordó que el Ejecutivo apuesta por realizar ajustes selectivos como el aprobado hoy y como los aplicados en el caso de la erupción en La Palma y del Covid-19.

Precisamente, Hacienda ha adoptado desde el inicio de la pandemia numerosas medidas de alivio de las obligaciones fiscales de los contribuyentes respecto a material sanitario, a las que sumaron otras en favor de los afectados por la erupción. En este último caso se encuentran dos decretos-ley sobre medias tributarias excepcionales para la reconstrucción de viviendas, tanto en suelo rústico como urbano, que descargan la presión fiscal para los damnificados.

 

 

 

 

Rodríguez advierte de que solo con la intervención de los mercados se puede controlar los precios de la energía

Rodríguez advierte de que solo con la intervención de los mercados se puede controlar los precios de la energía

El Consejo Europeo de los días 24 y 25, y el Consejo de Ministros del 29 marcarán el camino con medidas para combatir la inflación

Una reducción de impuestos en Canarias no bajaría la factura de la luz ni los carburantes

El vicepresidente del Gobierno subraya que la fiscalidad sobre estos productos es ya muy pequeña o nula y que la inflación se come cualquier rebaja

Rodríguez, en todo caso, se muestra favorable a mantener el diferencial fiscal con la Península si el Gobierno de España reduce su Impuesto de Hidrocarburos

La intervención de los mercados es la única forma de controlar los precios de la energía (electricidad y combustibles). Una intervención que ha de concretarse en medidas como desacoplar el gas del cálculo de la factura eléctrica, establecer un tope para los precios energéticos o incluso gravar impositivamente a las grandes multinacionales productoras de electricidad.

Una reducción de los impuestos que gravan la electricidad y el combustible en Canarias, por el contrario, no tendría impacto en el precio final que el consumidor paga por tales productos y sí repercutirá en los ingresos que la Comunidad Autónoma destina luego a la atención de la sanidad, la educación y los servicios sociales, y a ayudas a sectores productivos.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, recordó hoy en diferentes comparecencias ante los medios que la fiscalidad de estos productos es muy baja o inexistente en Canarias y que, en todo caso, el problema viene determinado por el precio de las materias primas y tácticas especulativas, no por el importe del impuesto.

“Por tanto, debemos enfocarnos en la raíz del problema -añadió- en lugar de adoptar decisiones irresponsables que lo único que harían es minar la capacidad de la administración pública para atender los servicios públicos fundamentales y dar cobertura a aquellos que ahora precisamente peor lo están pasando por culpa de la inflación”.

El vicepresidente explicó que, en consecuencia, hay que ir al origen del problema y en esa dirección son el Gobierno de España y la Unión Europea quienes tienen capacidad para adoptar medidas que amortigüen la escalada de precios. De ahí que considere decisivo el Consejo Europeo de los próximos días 24 y 25 en el que se tomarán decisiones para combatir la inflación que han de pasar por la intervención de los mercados, y la apuesta por otros mercados y energías renovables.

Simultáneamente, el Gobierno de España está diseñando un Plan de Respuesta que se aprobará en el Consejo de Ministros del día 29 y en el que se prevén actuaciones como un pacto de rentas que limite los beneficios empresariales y los salarios, además de medidas fiscales y económicas.

Rodríguez precisó que en Canarias se pagan 26,5 céntimos de euros por litro de gasolina en el impuesto especial de carburantes -cuando en la Península son 47,4 céntimos-. Además, en la Península se añade un 21% de IVA, cuando en Canarias hay un tipo 0 del IGIC.

Otra particularidad del mercado canario es que el Gobierno devuelve el 68% de esa cantidad que se cobra por el impuesto a los transportistas profesionales y agricultores.

En todo caso, el vicepresidente se mostró partidario de mantener el diferencial fiscal entre Canarias y la Península en el caso de que el Gobierno de España decida rebajar su Impuesto Especial de Hidrocarburos.

En relación con la electricidad, Canarias aplica el tipo 0 del IGIC a aquellos consumidores que tienen contratados menos de 10Kw, que son el 96% de los usuarios. Para el resto, el tipo es del 3%.

A este respecto, Rodríguez recordó que en la Península había un 21% de IVA y bajo a un 10%, “cosa que no ha servido de nada para contener la escalada de precios de la electricidad, que tiene otro origen, y sí para engordar la cuenta de resultados de las compañías eléctricas”.

El vicepresidente insistió en que el Gobierno de Canarias ayudará a los sectores más afectados por estas subidas de precios, pero no a través de una bajada de impuestos, “que siempre acaban beneficiando a los grandes patrimonios y minando la capacidad de la Administración para atender a los vulnerables”, sino con medidas específicas.

Descuadre de cuentas

Las consecuencias de la escalada de precios de los últimos meses afectan también a las administraciones públicas, de modo que en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias el Gobierno habrá de realizar ya un ajuste presupuestario de 400 millones de euros para afrontar los pagos a sus distintos proveedores, según dijo Rodríguez.

Esa circunstancia invalida, por “irresponsable y demagógica”, cualquier propuesta de rebaja fiscal, puesto que recortaría aún más los ingresos públicos, “que son imprescindibles para atender, precisamente, las necesidades de los más afectados por la inflación”, sentenció.

Rodríguez promueve el consenso político para defender a Canarias ante cambios en la financiación autonómica

El vicepresidente y consejero de Hacienda se reúne con los portavoces de los partidos representados en el Parlamento para compartir las propuestas iniciales remitidas a Madrid y escuchar sus aportaciones

Las formaciones políticas coinciden en las demandas del Gobierno canario para exigir el incremento del peso de la insularidad, la inclusión de la pobreza y el desanclaje del REF

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, se reunió hoy con portavoces de los partidos representados en el Parlamento de Canarias al objeto de promover una posición política común ante la eventual modificación del sistema de financiación autonómica, “vital porque del reparto de esos recursos depende la prestación de los servicios públicos y, por tanto, el propio autogobierno”.

A la reunión asistieron Nayra Alemán (PSOE), José Miguel Barragán (CC), Fernando Enseñat (PP), Luis Campos (NC), Manuel Marrero (UP), Casimiro Curbelo, (ASG) y Ricardo Fernández de la Puente (C´s). También estuvieron presentes el viceconsejero de Planificación, Hacienda y Presupuestos, Fermín Delgado; la jefa del Área de Financiación Autonómica, Lucrecia Apolinario, y el profesor de la ULPG, Arturo Melián.  Precisamente estos dos últimos, junto con María Teresa Gil, son los autores del informe remitido al Ministerio de Hacienda en el que el Gobierno de Canarias expone sus puntos de vista sobre los cambios propuestos por aquél para el cálculo de la población ajustada.

El vicepresidente recordó hoy que la población ajustada es el principal parámetro utilizado para medir las necesidades de gasto de las comunidades autónomas, uno de los elementos del sistema de financiación, y que Canarias respondió el 31 de enero al informe del grupo de trabajo sobre este criterio remitido el pasado 3 de diciembre por el Gobierno central.

Rodríguez precisó que las demandas canarias pasan por la inclusión de la pobreza y el fortalecimiento de la insularidad dentro de este parámetro, además de defender la desvinculación de estos recursos de los del REF.

Estos extremos fueron compartidos por los asistentes a la reunión que, en todo caso, advirtieron de que el proceso de modificación del sistema está en una fase embrionaria y ni siquiera se sabe con certeza si se acometerá finalmente en la actual legislatura.

El vicepresidente señaló que “estamos ante un proceso muy complejo porque los recursos siempre son más limitados que las necesidades y ninguna comunidad autónoma está dispuesta a perder dinero”.

Detalles de la propuesta

El documento remitido por el Gobierno de Canarias complementa algunas de las consideraciones ya enviadas con anterioridad al propio Ministerio -el 21 de mayo y el 22 de septiembre de 2021- y se ha elaborado en virtud de un convenio de colaboración entre la Consejería y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la participación, por parte de Hacienda, de Lucrecia Apolinario Hidalgo y María Teresa Gil Doreste, y del centro académico superior, de Arturo Melián González.

La propuesta canaria argumenta, en relación con los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), que la pobreza se traduce en una mayor necesidad de gasto y que, por tanto, se hace necesario trasladar correctamente esta circunstancia a la fórmula de población ajustada.  Las comunidades autónomas con menor nivel de renta, asegura, tienen una mayor presión en los servicios públicos.

El Gobierno canario considera que el indicador más fiable en esta materia es el AROPE, “un indicador multidimensional más aceptado, que permite su cuantificación sin dejar de lado la componente del desempleo (“baja intensidad en el empleo”)”, aunque considerando también la privación material severa y el riesgo de pobreza (hogar con una renta inferior al umbral de pobreza). Esta tasa, al proceder de fuentes oficiales (Eurostat e INE), tiene garantizada su continuidad, periodicidad anual, y su perfeccionamiento, a la vez que permite la homogeneidad y la comparabilidad entre comunidades autónomas y países de la UE”.

En relación con la insularidad, se hace constar que ni su ponderación ni la porción que corresponde a Canarias pueden sufrir una disminución con la reforma, dado que está claramente infrarrepresentada en el documento remitido desde el Gobierno central. De ahí que se reclame que la participación de Canarias en la población ajustada a través de la insularidad se incremente, dado que la contribución de esta variable es significativamente inferior a los costes de los servicios públicos prestados por la Comunidad Autónoma.

 

Rodríguez propone al Parlamento impulsar una iniciativa en las Cortes para exigir el reparto de menores migrantes

El vicepresidente del Gobierno recuerda que el Estatuto de Autonomía faculta a la Cámara a presentar iniciativas directamente ante el Congreso y Senado

Asegura que el reto demográfico, el más determinante para el futuro, “no se arregla con vallas ni muros”

Rodríguez demanda una mayor implicación de la UE con el fenómeno migratorio en Canarias y asegura que las Islas recibirán a los refugiados de Ucrania que “nos correspondan”

 

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, propuso hoy al Parlamento de Canarias el impulso de una iniciativa legislativa ante las Cortes para establecer por ley el reparto de los menores inmigrantes no acompañados entre las distintas comunidades autónomas.

Rodríguez, durante una comparecencia para valorar la propuesta de Pacto europeo de Migración y Asilo, explicó que el Estatuto de Autonomía faculta al Parlamento de Canarias para presentar “directamente proposiciones de ley ante las Cortes Generales, de acuerdo con el artículo 87.2 de la Constitución”.

El vicepresidente insistió en la importancia de la unidad de acción en la sociedad canaria en torno al fenómeno migratorio y, especialmente, a la hora de demandar la solidaridad y el apoyo del resto de los territorios del Estado.

La iniciativa, una vez aprobada por el Parlamento de Canarias, será defendida en el Congreso y el Senado por los diputados que decida la propia Cámara autonómica.

Rodríguez consideró “determinante” que las diferentes administraciones diseñen políticas migratorias que transciendan la respuesta asistencial que se presta a los migrantes irregulares en el momento de su llegada y abarquen medidas para garantizar el máximo desarrollo económico y social posible de los países de origen.

“Canarias ha respondido siempre solidaria y responsablemente con los migrantes y lo seguiremos haciendo, pero las respuestas hay que darlas en todo momento, no solo cuando se produce un pico en las llegadas”, dijo.

El vicepresidente aseguró, en ese sentido, que el Pacto de Asilo debe ser el embrión de esa política común en materia migratoria, corrigiendo su actual enfoque “defensivo o de control” y estableciendo mecanismos para la corresponsabilidad entre todas las regiones europeas.

A este respecto, Rodríguez recordó que Canarias atiende actualmente a 2.800 menores no acompañados mientras que otras comunidades autónomas, como Madrid, solo han asumido la tutela de 200.

“En solitario no podemos asumir esta responsabilidad, porque no se trata solo de tener alimentados a esos chicos, sino de darles un proyecto vital y garantizarle las condiciones básicas de desarrollo personal”, dijo el vicepresidente, quien añadió también que Canarias va a mostrar idéntica solidaridad con los refugiados de Ucrania que le correspondan en la distribución que se realizará a nivel estatal.

Rodríguez realizó una valoración del Pacto de Migración y Asilo que se negocia en las instituciones europeas y, aunque señaló que es una buena iniciativa, echó en falta un enfoque transversal de un fenómeno “que va a determinar el futuro de la humanidad, porque va a seguir produciéndose”.

El vicepresidente demandó a este respecto una política europea de asilo e inmigración de carácter integral, que vaya más allá del mero control de fronteras y mire hacia el África Atlántica.

Consecuencias de la invasión

Por otro lado, Rodríguez dijo que la “maldita” invasión rusa de Ucrania tendrá indudables efectos en la economía a nivel mundial, especialmente por la inflación descontrolada, por lo que instó a los partidos políticos y agentes sociales a la firma de un pacto estatal de rentas para moderar los salarios privados y públicos y los beneficios empresariales.

En respuesta a dos preguntas parlamentarias, Rodríguez condenó la barbarie rusa en Ucrania, el hecho más grave desde la Segunda Guerra Mundial, y aseguró que el conflicto está dando la puntilla a una economía ya maltrecha por efecto de la pandemia.

Además, el vicepresidente se mostró partidario -como ha hecho en varias ocasiones- de intervenir en el mercado eléctrico de modo que se pueda poner fin a la incesante subida del precio de la luz, que está ahogando a muchas familias y empresas. Del mismo modo, apostó por desacoplar el gas del sistema energético.

Convenio de carreteras

En otro orden de cosas, Rodríguez se mostró convencido de que Canarias recibirá en 2023 los 200 millones de euros que aún le adeuda el Estado por las obras del anterior convenio de carreteras ejecutadas y no abonadas, tal y como se ha acordado con el Gobierno central.

Canarias ya recibió 100 millones en 2001 por este concepto y percibirá otros 200 este mismo año, en una partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado.

El vicepresidente señaló que, dado que las reglas fiscales podrían seguir suspendidas hasta 2023 debido al conflicto en Ucrania, el Gobierno de Canarias dispondría de esos recursos libremente y destinarlos a gasto corriente, tal y como ha ocurrido con el resto de libramientos. Y si no fuera así, se negociará para poder usarlos

En relación con las cantidades por las obras incluidas en el convenio no ejecutadas -unos 407 millones de euros- Rodríguez señaló que se incorporarán al actual acuerdo en materia de carreteras en sus dos últimas anualidades (años 26 y 27), en los términos del acuerdo alcanzando entre Nueva Canarias y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

 

 

 

 

 

 

 

Rodríguez afirma que un modelo turístico más sostenible sería más rentable

El vicepresidente canario asegura que las Islas tienen margen aún para perfeccionar su principal actividad y minimizar el impacto provocado por una explotación intensiva

La lucha contra el cambio climático “no es un problema de recursos económicos sino de conciencia colectiva e individual”

Rodríguez participó ayer en los actos con motivo del Día Mundial de la Naturaleza celebrados en El Rosario y advierte del reto

“Tenemos un modelo económico que se ha centrado en una actividad, la turística, que ha provocado un impacto que debe minimizarse”, dijo ayer el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, durante una mesa redonda celebrada en el municipio de El Rosario con motivo de la celebración del Día Mundial de la Naturaleza.  “Tenemos aún margen para corregir la actividad turística y basarla en la sostenibilidad, porque no tiene sentido que aspiremos a recibir más y más millones de turistas al año. Se puede mantener el potencial turístico del sector -añadió- pero con otra orientación que incluso sería más rentable”.

El vicepresidente participó en el coloquio “Conservación, medio Ambiente y gestión pública” junto al alcalde de El Rosario, Escolástico Gil; el consejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena; la fiscal delegada de Medio Ambiente de Santa Cruz de Tenerife, María Francisca Sánchez; el catedrático de Ecología de la ULL José María Fernández-Palacios, el profesor de Geografía de la ULL, Pedro Dorta y el productor y documentalista Felipe Ravina. “Con el actual modelo consumista y la forma de relacionarnos con la Naturaleza, la vida no será posible en el planeta y se agravará la figura de los refugiados climáticos”,

Rodríguez aseguró también que la sobrepoblación es un problema muy grave, “un reto crucial de la sociedad a escala mundial, puesto que en el año 1930 había 2.000 millones de habitantes en la Tierra, en 2020 hay 7.500 millones y, de seguir la tendencia, en 2100 habrá 28.000 millones”.

Insistió en que los científicos llevan décadas advirtiendo de que el futuro del planeta está en peligro; que hay un gran daño infligido y que la solución requiere una implicación global. “Debemos tomar conciencia de las advertencias científicas, y avanzar en energías renovables, el transporte colectivo no contaminante, el saneamiento y el consumo responsable, por ejemplo”.

El vicepresidente indicó que el “problema no es ni va a ser de recursos económicos, sino de conciencia colectiva e individual; necesitamos administraciones públicas comprometidas y generar la percepción de riesgo real en la población”.

Recordó que desde 2014 la UE orienta sus presupuestos ordinarios y extraordinarios hacia la sostenibilidad, la eficiencia energética y la digitalización, y detalló que Canarias cuenta con el marco adecuado para implementar políticas sostenibles, “imprescindibles para enfrentamos a los retos mayúsculos que tenemos por delante, que precisan toda nuestra atención y esfuerzo”.

En este sentido, recordó la Agenda 2030, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y, ahora, la disposición de fondos europeos extraordinarios para afrontar la transformación económica hacia un modelo basado en la sostenibilidad.

Rodríguez subrayó que “el MRR es una buena oportunidad para que Canarias avance hacia esos objetivos y nos sitúe en la rampa de salida para alcanzar el año 2040 la neutralidad en emisiones de carbono, para lo cual vamos a necesitar una economía circular innovadora en la que nada se desperdicia, un gran impulso a las energías renovables y al almacenamiento, una gestión sostenible de los recursos naturales, y la protección, restauración y puesta en valor de la biodiversidad.

Canarias inicia el año con un plazo de pago a proveedores de solo 14 días

La Comunidad Autónoma recupera con holgura la senda del cumplimiento tras la desviación de septiembre, octubre y noviembre por demoras en sanidad

Román Rodríguez subraya que el dato consolida la reputación de buen pagador del Gobierno de Canarias en el presente mandato

De los últimos 32 meses, solo se ha sobrepasado el plazo medio en tres de ellos

El Gobierno de Canarias pagó en enero a sus proveedores en un plazo de 14,02 días, con lo que confirma la tendencia ya apuntada en diciembre del año pasado y vuelve a la senda del cumplimento, tras la desviación registrada en los meses de septiembre, octubre y noviembre.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, subrayó hoy que este este dato consolida la reputación de buen pagador que se ha ganado en los últimos años el Ejecutivo, en los que de manera recurrente se ha situado a la cabeza de las comunidades autónomas en esta exigencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Periodo Medio de Pago -PMP-.

En concreto, Canarias no solo ha cumplido el plazo medio de pago en 29 de los últimos 32 meses -desde julio de 2019- sino que lo ha hecho con las cifras más bajas del Estado. Solo en septiembre, octubre y noviembre de 2021 se superó el período establecido en lo que va de mandato debido a retrasos en los hospitales de Tenerife y el área de salud de Lanzarote, aunque tomado el promedio anual el plazo se situó en los 24,4 días, es decir casi 6 días menos de los que establece la norma.

Ya en diciembre del año pasado se volvió a pagar en 30 días y ahora, en enero de 2022, la Comunidad Autónoma rebaja a más de la mitad el plazo para el pago de sus facturas.

Rodríguez destacó la importancia de que las administraciones públicas respondan a sus obligaciones con eficacia “siempre, pero especialmente en tiempos de dificultades económicas como las que estamos vivienda, de modo que los gobiernos no se conviertan en otro obstáculo para la liquidez y la solvencia de las empresas y, por tanto, del empleo”.

El Periodo Medio de Pago constituye un concepto especialmente importante en la contabilidad de las administraciones públicas, no solo por su propio objeto, sino porque es uno de los criterios cuyo cumplimiento se exige en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, so pena de aplicarse por el Estado medidas de corrección.

Se da la circunstancia de que ésta es la única regla fiscal que no se ha suspendido en los años 20, 21 y 22.

Precisamente, el apartado 6 del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, introducido por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, establece que las Administraciones Públicas deben publicar su período medio de pago a proveedores.

 

 

Rodríguez plantea repensar el REF para que sea eficaz también en tiempos de recesión

El vicepresidente del Gobierno considera que todos los incentivos del fuero deberían estar vinculados a la creación de empleo

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, defendió hoy la necesidad de abrir una reflexión sobre el futuro del Régimen Económico y Fiscal (REF), a la vista de las consecuencias que han tenido en Canarias las dos últimas grandes crisis económicas y al objeto de garantizar la eficacia de todas sus herramientas también en caso de recesión.

Rodríguez explicó en una comparecencia parlamentaria que el actual diseño del REF está más pensado para entornos de crecimiento económico, en los que despliega toda su fortaleza, que para períodos de crisis, en los que pierde pujanza, aunque algunos instrumentos, como la ZEC, han tenido su mejor año en 2021.

El vicepresidente consideró que habría que reflexionar al respecto y estudiar la manera de que el REF pueda constituirse también en un potente escudo social y económico, que palíe las graves consecuencias que tienen las crisis económicas para Canarias, dada su alta dependencia exterior.

Una de las fórmulas que se podrían articular, precisó Rodríguez, sería la de vincular todos los incentivos del Régimen a la creación de empleo, “puesto que éste es, sin duda, nuestro mayor problema”.

El vicepresidente defendió, en cualquier caso, la plena vigencia de las medidas del REF, tanto en sus aspectos fiscales -revisados en 2014- como en los económicos -actualizados en 2018- y el cumplimiento de sus preceptos en los Presupuestos estatales de 2021 y 2022.

No obstante, Rodríguez indicó que existen algunos asuntos que habría que retocar, en coincidencia con lo solicitado también desde diversas organizaciones ciudadanas y con la propia opinión del Parlamento de Canarias. Entre ellos, citó la reclamación para ampliar el plazo de materialización de la RIC del año 2017 a este mismo ejercicio; el cambio de la Ley del IGIC, que permita el abono a las empresas afectadas por la quiebra del operador turístico Thomas Cook o la garantía del comercio triangular para las empresas radicadas en la ZEC.

El vicepresidente volvió a insistir, en relación con la RIC, que no se ha producido ningún incumplimiento del Estado, sino lo que se negocia es una solicitud para ampliar el plazo de materialización, “algo que seguiremos reclamando ante el Ministerio de Hacienda, porque creemos que hay argumentos sólidos para ello, dado el impacto de la crisis y de la erupción volcánica”

“Pongamos en valor las cosas que hemos conquistado y preparemos ahora el REF para que responda a las necesidades de los canarios también en períodos de crisis”, dijo Rodríguez, quien añadió que el Gobierno está trabajando con los sectores económicos y sociales de las Islas para articular propuestas de futuro.

Unas propuestas que habrán de alinearse también la denominada Agenda 2030, de manera que se incentiven los objetivos vinculados a la sostenibilidad.

Financiación autonómica

El vicepresidente reiteró, en otra comparecencia, las demandas del Gobierno de Canarias para la inclusión de la pobreza y el fortalecimiento de la insularidad dentro del criterio de población ajustada para el reparto de la financiación autonómica. Del mismo modo, se mostró contundente a la hora de defender la desvinculación de estos recursos de los del REF.

Rodríguez recordó que la población ajustada es el parámetro utilizado para medir las necesidades de gasto de las comunidades autónomas, uno de los elementos del sistema de financiación pendiente de reforma y que Canarias respondió el 31 de enero al informe del grupo de trabajo sobre este criterio remitido el pasado 3 de diciembre por el Gobierno central.

El documento remitido por el Gobierno de Canarias complementa algunas de las consideraciones ya enviadas con anterioridad al propio Ministerio -el 21 de mayo y el 22 de septiembre de 2021- y se ha elaborado en virtud de un convenio de colaboración entre la Consejería y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la participación, por parte de Hacienda, de Lucrecia Apolinario Hidalgo y María Teresa Gil Doreste, y del centro académico superior, de Arturo Melián González.

La propuesta canaria argumenta, en relación con los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), que la pobreza se traduce en una mayor necesidad de gasto y que, por tanto, se hace necesario trasladar correctamente esta circunstancia a la fórmula de población ajustada.  Las comunidades autónomas con menor nivel de renta, asegura, tienen una mayor presión en los servicios públicos.

El Gobierno canario considera que el indicador más fiable en esta materia es el AROPE, “un indicador multidimensional más aceptado, que permite su cuantificación sin dejar de lado la componente del desempleo (“baja intensidad en el empleo”)”, aunque considerando también la privación material severa y el riesgo de pobreza (hogar con una renta inferior al umbral de pobreza). Esta tasa, al proceder de fuentes oficiales (Eurostat e INE), tiene garantizada su continuidad, periodicidad anual, y su perfeccionamiento, a la vez que permite la homogeneidad y la comparabilidad entre comunidades autónomas y países de la UE”.

En relación con la insularidad, se hace constar que ni su ponderación ni la porción que corresponde a Canarias pueden sufrir una disminución con la reforma, dado que está claramente infrarrepresentada en el documento remitido desde el Gobierno central. De ahí que se reclame que la participación de Canarias en la población ajustada a través de la insularidad se incremente, dado que la contribución de esta variable es significativamente inferior a los costes de los servicios públicos prestados por la Comunidad Autónoma.

 

 

 

 

El Gobierno ampliará el plazo para la justificación de las ayudas directas a empresas, pymes y autónomos

El vicepresidente y consejero de Hacienda anuncia una prolongación de un mes, ante la petición realizada por los beneficiarios

El Gobierno de Canarias ampliará en un mes el plazo para la justificación de las ayudas directas que, por importe de 1.144 millones de euros, se concedieron a empresas, pymes y autónomos del Archipiélago, según anunció el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

Al finalizar una visita al municipio grancanario de Santa Lucía y preguntado por los medios de comunicación, Rodríguez confirmó la ampliación del citado plazo a raíz de las peticiones recibidas por los beneficiarios y al objeto de culminar “el buen trabajo realizado” en esta materia por todas las partes implicadas.

“Este ha sido un expediente que se ha tramitado diligentemente por el Gobierno de Canarias, que distribuyó ayudas más que nunca y más que nadie antes”, dijo el vicepresidente, quien destacó la importancia del decreto regulador de estas subvenciones elaborado por la propia Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y la distribución de las mismas por parte de las Cámaras de Comercio.

Rodríguez aseguró que la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el órgano que fiscaliza las subvenciones comprende las razones de los beneficiarios al solicitar una ampliación de los plazos.

Por otro lado, el vicepresidente también se mostró partidario de la ampliación de los ERTE y precisó que el Gobierno de Canarias defiende la prolongación de esta herramienta, “que se ha sido decisiva para paliar los efectos económicos más graves de la crisis provocada por la pandemia gracias a un desembolso público de 40.000 millones de euros”.

Rodríguez apostó por la continuidad de los ERTE, con independencia de su encaje normativo. “Bien como los conocemos en la actualidad o bien con su incorporación a la reforma laboral, los ERTE deben seguir”, subrayó.

También a preguntas de los medios, el vicepresidente insistió en la reclamación del Ejecutivo autónomo -al igual que ha hecho el Parlamento de Canarias- para que el Gobierno central amplíe a este año el período de materialización de la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC) de 2017.

Rodríguez recordó que ya hubo una prolongación el año pasado, gracias a la iniciativa política del propio Gobierno de Canarias y el empuje en las Cortes de formaciones como Nueva Canarias, y que ahora “seguiremos reclamando lo mismo”.

En todo caso, el vicepresidente insistió en que “no nos encontramos ante un incumplimiento del REF por parte del Estado, sino que se trata de una petición que se hace desde Canarias debido a la pandemia y a la erupción en La Palma.

 

La Agencia Tributaria reforzará la atención presencial en el sureste de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana cede gratuitamente un local para la prestación integral del servicio en Vecindario

El vicepresidente canario y el alcalde repasan las inversiones estatales y autonómicas previstas en el municipio

La Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana dieron hoy carta de naturaleza a un convenio que permitirá la cesión gratuita de un local de titularidad municipal ubicado en el centro comercial La Ciel para reforzar la atención presencial de este organismo en la localidad y, por extensión, en la comarca sureste de Gran Canaria.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez -a la sazón presidente de la Agencia- y el alcalde de Santa Lucía, Francisco José García, dieron cuenta hoy del acuerdo en el transcurso de una visita institucional del primero, en la que también repasaron las principales inversiones a ejecutar este año en el municipio.

Rodríguez explicó que el convenio permitirá mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos de toda la comarca sureste de Gran Canaria en la oficina de Vecindario, puesto que se incrementará de una a cuatro personas el número de trabajadores y se ofrecerá una carta de servicios integral.

Hasta el momento, el local funcionaba como punto de recogida de documentación, a modo de registro, mientras que a partir de la firma del convenio se ofrecerán servicios de información, asesoramiento y asistencia.

El vicepresidente destacó el carácter estratégico de la Agencia Tributaria Canaria para el autogobierno, no en vano canaliza las contribuciones de los ciudadanos al sostenimiento de los servicios públicos y de las infraestructuras mediante los impuestos, “por lo que debemos siempre facilitar el cumplimiento de esas obligaciones.

Rodríguez, que se reunió con el alcalde, en primer lugar, y con el grupo de gobierno, a continuación, repasó también las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado -fruto de las enmiendas presentadas en su momento – y en los Presupuestos canarios.

A este respecto, el vicepresidente recordó el millón de euros consignado en las cuentas estatales para trabajos de saneamiento gracias a una enmiendas presentada por Nueva Canarias, además de la financiación prevista para el centro cultural y museo del casco de Santa Lucía -con 700.000 euros- o para la ampliación del centro educativo El Cardón, con 1,8 millones de euros, ambas partidas en los Presupuestos canarios. Se da la circunstancia de que este último proyecto también recibió 735.000 euros el pasado año del Gobierno autónomo.

Rodríguez valoró especialmente la labor del alcalde y del tripartito que gobierna Santa Lucía, “que han puesto siempre lo importante por delante, es decir el trabajo en favor de los ciudadanos y de su bienestar”.

El alcalde agradeció la visita del vicepresidente y aseguró que “la forma adecuada de trabajo entre las administraciones es el diálogo y el consenso”.

García destacó la cesión del local a la Agencia Tributaria y explicó que ésta se ha acordado por cuatro años, prorrogables, lo cual redundará en una “mejora del servicio que se presta a los contribuyentes de toda la comarca desde aquí, lo cual es también motivo de orgullo para nosotros”.

Durante el encuentro también trataron las necesidades sanitarias y educativas del municipio.