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El Gobierno impulsará la unión de los Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles, como ellos pretenden

Julio Pérez se reúne con decanos de economistas y titulados mercantiles de Las Palmas

Julio Pérez se comprometió ayer con sus representantes a impulsar un nuevo Colegio que en adelante los agrupe a todos

El decano del Colegio de Economistas, Juan Antonio García, y el decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Las Palmas, Juan Ruiz, explicaron ayer viernes al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, su voluntad de confluir en un único colegio profesional.

Pérez trasladó a ambos la voluntad del Gobierno de Canarias a poner en marcha la iniciativa, e instó a ambas partes a que acuerden mediante qué fórmula, de las disponibles en la legislación, quieren seguir para lograrlo.

A la reunión también asistió la directora de Trasparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, y el jefe del Servicio de Entidades Jurídicas, José Arturo Matheu.

Tanto García como Ruiz explicaron que sus respectivas entidades ya han abordado el asunto y acordaron la constitución de un colegio único que agrupe a ambos, por lo que se comprometieron a estudiar las opciones disponibles en la normativa e iniciar el proceso ante la Administración autonómica en el menor plazo posible.

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Julio Pérez señala que los voluntarios reconocidos y organizados pueden mejorar la eficacia de los rescates

Julio Pérez se reúne con GEBE Canarias

El consejero de Seguridad se reunió ayer viernes con el Grupo Especial de Búsqueda y Evacuación de Canarias (GEBE Canarias)

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se reunió ayer viernes con el presidente del Grupo Especial de Búsqueda y Evacuación (GEBE Canarias), José Francisco Guerra, y otros dos representantes de dicha asociación, en la que explicaron la labor que desarrollan y su disposición a colaborar con la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

Pérez destacó la importancia de los recursos que brindan las asociaciones de voluntariado debidamente registradas y ajustadas a la normativa vigente, pues contribuyen a incrementar las posibilidades de éxito en las intervenciones de rescate.

Por su parte, Guerra explicó que la asociación mantiene un convenio de colaboración con SOS Desaparecidos y está registrada en el Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior. Cuenta con 37 efectivos operativos a la fecha, además de otros adicionales dados de alta, organizados en equipos que se relevan en el desarrollo de las tareas que se les encomienda.

Entre otros aspectos, detalló que GEBE Canarias cuenta con una unidad de búsqueda nocturna que trabaja en el caso de desapariciones de personas mayores o niños y niñas, situaciones en la que paralizar las labores debido a la nocturnidad entraña un peligro adicional a la propia desaparición.

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Justicia y la Cámara de Comercio de Las Palmas impulsan un proyecto piloto de mediación mercantil

Julio Pérez presenta proyecto de mediación en Cámara de Comercio de Las Palmas

La iniciativa está subvencionada con 18.232 euros aportados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Se prevé que se prolongue hasta el 30 de abril de 2021, periodo en el que se aspira a resolver de forma satisfactoria, al menos, 28 de 50 procesos. Si la valoración para entonces es positiva se podría prorrogar y extender al resto del Archipiélago

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presentó ayer viernes la puesta en marcha de un proyecto piloto de mediación para la resolución amistosa de conflictos en el ámbito mercantil, acto celebrado en la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. También acudieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, el presidente de esa institución, José Sánchez Tinoco, y el secretario general de la misma, Luis Padrón.

Pérez explicó que el proyecto está subvencionado con 18.232 euros aportados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, e incluye la realización de unas jornadas de formación y capacitación de los mediadores que se ha llevado a cabo recientemente, así como la designación y compensación económica que estos recibirán por sus servicios. Se prevé que se prolongue hasta el 30 de abril de 2021, tras lo cual se valorarán sus resultados que, si resultan positivos, permitirían su prórroga y extensión al resto del Archipiélago. La meta, explicó Vallejo, es alcanzar un resultado satisfactorio en, al menos, 28 de 50 procesos.

El consejero indicó que la Consejería apuesta, en consonancia con el mandato contemplado en el Estatuto de Autonomía de Canarias, por promover mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos con la puesta en marcha de esta iniciativa en uno de los ámbitos que, de forma más intensa, está viviendo las consecuencias de la crisis sanitaria.

Para Pérez, resulta llamativo que este tipo de medidas tiene más demanda en la resolución de conflictos de tipo familiar que los de otros tipo, como el mercantil, y explicó que su impulso contribuiría a aliviar la presión que reciben los órganos judiciales de la materia. Al respecto, Vallejo indicó que cada tribunal mercantil aborda, de media, unas 600 causas al año, lo que explica la importancia de este proyecto.

Además, aludió a un argumento de carácter político y moral en apoyo a la mediación: La mejor solución de los conflictos sociales no siempre es que se resuelvan mediante un combate a cuyo término haya un ganador y un perdedor, sino que es mejor, y más fácil de ejecutar, por un acuerdo entre las partes. También se sirve a la justicia, y a la seguridad, a través de la mediación, remarcó.

En este sentido, Pérez indicó que es necesario contar con una estructura ágil que dé respuesta a los conflictos existentes entre las partes. Por ello, la Consejería apuesta por impulsar los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflicto mediante el recurso a la mediación, que es un instrumento que permite a las partes obtener una solución consensuada y no traumática a su conflicto, y de mucho más fácil ejecución. Señaló que se trata de una fórmula más rápida y barata que un proceso judicial que, además, concluye con una sentencia que requiere ser ejecutada, mientras que en la mediación no sucede lo mismo.

De esta manera, enfatizó, se permite aligerar la carga de los juzgados mercantiles, a lo que Vallejo añadió que, en el caso de la provincia de las Palmas, casi dobla la que se considera como carga máxima adecuada por el Consejo General del Poder Judicial

El proyecto, realizado en coordinación con los dos juzgados de lo mercantil de la provincia, prevé que estos órganos judiciales puedan derivar al servicio de mediación de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Gran Canaria procesos en el que ambas partes sean empresarios y tengan su domicilio en la Isla, así como aquellos procesos referidos a procedimientos de propiedad industrial en los que los juzgados de lo mercantil de las Palmas tienen competencia en toda la Comunidad Autónoma.

Serán los órganos judiciales quienes decidan qué procesos deben ser derivados a mediación, informando a las partes de la existencia de este proceso, que será totalmente gratuito para ellas.

Por su parte, la Cámara de Comercio será la encargada de designar a los mediadores y actuar como interlocutora con los órganos judiciales. De igual modo también podrá activar servicios de mediación extrajudicial, en los que las partes acudan directamente a la Cámara para resolver su conflicto cuando este no haya sido judicializado.

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Justicia destaca y felicita a los jueces de Las Palmas por la mejora de la atención a la infancia en los tribunales

Julio Pérez, Carla Vallejo y Marta Bonnet, tras el acto del premio de Calidad de la Justicia

El consejero Julio Pérez afirma en el acto de entrega del premio de Calidad de Justicia al partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria por la elaboración de las Prácticas y Guía de buen trato a la infancia en la Administración de Justicia que la justicia no tiene por qué ser áspera ni distante, y menos aún cuando se ven involucrados niños o niñas

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, remarcó ayer viernes en el acto de entrega del premio de Calidad de Justicia al partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria que el Gobierno de Canarias continúa avanzando en la adaptación de los espacios, la dotación de medios y la formación necesaria para mejorar la atención a la infancia en el ámbito judicial ya que, explicó, la justicia no tiene por qué ser áspera, distante, fría ni lejana, y menos aun cuando se ven involucrados niños o niñas.

El consejero felicitó a los jueces de Las Palmas, en la persona de su Decano, el magistrado Oscar González, por el premio conseguido, y les animó a continuar, en el deseo de que además sirvan de ejemplo a otros operadores jurídicos que deben tratar con niños y niñas y no siempre logran hacerlo como lo están haciendo los juzgados y tribunales de Las Palmas.

Al acto acudieron también la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, y el decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar Gonzalez, entre otros.

Como iniciativas concretas de este último año promovidas o apoyadas por el Ejecutivo autonómico, cabe destacar la apertura de Salas de Lactancia para su uso por los profesionales y la ciudadanía que acceda a las instalaciones judiciales; las obras para la instalación y adecuación de la oficina de asistencia a las víctimas del delito, contando con espacios adecuados de espera para familias y menores, y la organización de las jornadas formativas y divulgativos Los menores en el contexto de la violencia machista, celebrada los días 12 y 13 de noviembre.

El Consejo General del Poder Judicial realiza una convocatoria anual para la concesión de este premio con el que se pretende reconocer a los órganos judiciales, las oficinas o administraciones relacionadas con la Administración de Justicia por sus actividades de mejora de la calidad del servicio público y por la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos mediante buenas prácticas de gestión.

En la convocatoria de este año, el Decanato de las Palmas de Gran Canaria presentó como candidatura al premio el proyecto, iniciado desde 2017, que culminó con la elaboración de las Prácticas y Guía de buen trato a la infancia en la Administración de Justicia del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, y que finalmente ha sido reconocido con este galardón. Se encuadra en una serie de iniciativas destinadas a mejorar el tratamiento y la atención que, principalmente a las víctimas menores de edad, se ofrece en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, así como a las y los menores que deben acudir a los juzgados de familia.

Al respecto, Pérez destacó la importancia que tiene la cantidad de recursos asignados a la justicia para alcanzar su finalidad, pero sobre todo, la calidad del servicio mismo que se presta, que debe tener como norte la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.

No hay que olvidarse de los recursos que precisan quienes prestan este servicio, indicó, pero hay que tener muy presente la calidad que deben recibir las ciudadanas y los ciudadanos, añadió en referencia a la iniciativa que recibió el galardón. También destacó que no se trata de un proyecto nuevo, sino que es una iniciativa desarrollada bajo distintos equipos, y no solo el actual, por lo que puso en valor la continuidad dada hasta la consecución del resultado conseguido.

En este sentido, el Gobierno ha dado su apoyo y sostén económico a distintas iniciativas del decanato que incluyen, entre otras, la elaboración del protocolo de actuación en caso de víctimas o testigos menores de edad; la puesta en marcha de la Sala Gesell para declaraciones y exploraciones de menores; el protocolo de acompañamiento Vía libre a la infancia; la adaptación del lenguaje de los documentos que deben entregarse a la víctima a través de la técnica de lectura fácil; la aprobación e inicio de las obras de la casa de la infancia en los institutos de medicina legal, y el proyecto divulgativo y formativo dirigido al alumnado de los Colegios de Las Palmas Aprendiendo en Justicia.

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La Consejería de Justicia y los sindicatos llegan a un acuerdo para estabilizar casi 100 empleados públicos

Imagen de un órgano judicial de Canarias

Julio Pérez señala que esta actuación da respuesta a las necesidades de servicio público, se homogeneizan las plantillas de los órganos judiciales y se muestra la voluntad del Ejecutivo canario de negociar, estabilizar y consolidar el empleo público y reducir la temporalidad

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y las organizaciones sindicales representativas del sector han acordado la estabilización y ampliación de la plantilla de los órganos judiciales, fiscales e Institutos de Medicina Legal (IML) de Canarias. Así, en las dos provincias se estabilizan 86 plazas, 54 de ellas en la de Las Palmas y 32 en la de Santa Cruz de Tenerife, y se amplían otras 16, ocho por cada una de las provincias, con lo que se completa la plantilla de todos los órganos judiciales de Canarias.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, destaca que con esta actuación se produce la primera estabilización de funcionarios y funcionarias en sus puestos de trabajo en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, con lo que se da respuesta a las necesidades de servicio Público y se homogeneizan las plantillas de los órganos judiciales de las Islas. En virtud de este acuerdo, plazas que eran de refuerzo y temporales pasan a integrarse en la plantilla orgánica de los juzgados, pudiendo acceder a ellas personal de carrera mediante concurso de oposiciones.

Pérez recuerda que la última estabilización de la plantilla de justicia en Canarias se produjo en 2008, y remarca que este acuerdo muestra la voluntad del actual Ejecutivo canario de negociar, estabilizar y consolidar el empleo público y reducir la temporalidad con respeto a la legalidad.

El consejero destaca asimismo el aumento en las dos provincias de 16 empleados y empleadas públicas y explica que dicha ampliación supondrá un gasto anual de 543.098,76 euros.

Plazas por provincias

Además de los 54 puestos de trabajo estabilizados en Las Palmas, en esta provincia se han ampliado en ocho plazas para que todos los juzgados queden con la misma plantilla. Las ampliaciones corresponden a un auxilio judicial por cada juzgado de primera instancia, desde el número 12 al 16, de Las Palmas de Gran Canaria, y tres gestores procesales; uno en el juzgado de violencia contra la mujer número 2 de Las Palmas, otro en el juzgado de lo mercantil número 2 de Las Palmas y otro en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se estabilizan 32 plazas y se amplían ocho. Del total del incremento de plazas, cuatro son de auxilio judicial: uno en el Juzgado de primera instancia número 9 y otro en el número 10 de santa Cruz de Tenerife, uno en el juzgado mixto de San Sebastián de la Gomera (La Gomera) y uno en el juzgado mixto número 1 de Los Llanos de Aridane (La Palma). Se amplía también un tramitador procesal en San Sebastián de La Gomera, dos tramitadores procesales en Arona y un gestor procesal en el juzgado de instrucción número 4 de Arona.

El incremento de plantilla en San Sebastián de La Gomera da respuesta a una reivindicación planteada desde hace más de una década tanto por las y los trabajadores del juzgado como por los vecinos del partido judicial.

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El Gobierno de Canarias respalda cinco planes insulares de riesgo de inundaciones

Julio Pérez preside la Comisión Autonómica de Protección Civil

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presidió ayer la reunión de la Comisión Autonómica de Protección Civil en la que también se homologaron cuatro planes de emergencias municipal, un plan insular de prevención y extinción de incendios y un plan insular de actuación insular frente al riesgo volcánico

Protección Civil del Gobierno de Canarias presentó un primer borrador del futuro protocolo de actuación de evacuación de animales ante situaciones de emergencias de catástrofes. Su finalidad es evitar el sacrificio de los animales durante crisis de cualquier tipo, evitar su muerte o dejar animales abandonados a su suerte en situaciones de emergencias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presidió ayer la Comisión Autonómica de Protección Civil en la que, entre otros asuntos, el Gobierno de Canarias informó de forma favorable cinco planes insulares de riesgo de inundaciones, lo que allana el camino para la aprobación de los mismos en el Consejo Nacional de Protección Civil. A la reunión también acudieron el director general de la Dirección General de Seguridad y Emergencias (DGSE), Gustavo Armas, la técnica de Protección Civil del Gobierno de Canarias, Montse Román, y diferentes técnicos y cargos de municipios, cabildos y de la Delegación del Gobierno.

Se trata, en concreto, de los planes elaborados por los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y Tenerife, que recibieron todos el respaldo de la Comisión. Estos planes definen la demarcación hidrográfica insular, lo que incluye una evaluación del riesgo de inundación en ese ámbito geográfico y de riesgo potencial del mismo, así como mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación y los planes de la gestión del riesgo de inundación.

Pérez destacó en este caso, y también para el resto de planes que se abordaron ayer en la reunión, la alta calidad técnica de los mismos, que apenas requerirán modificaciones menores en sus redacciones antes de que sean aprobados de manera definitiva.

Además, Protección Civil del Gobierno de Canarias presentó un primer borrador del protocolo de actuación de evacuación de animales ante situaciones de emergencias de catástrofes, como punto de partida inicial con la idea de que sirva para recoger observaciones de distintos intervinientes en tales situaciones y puedan aportar al mismo.

Se trata de un protocolo que busca evitar el sacrificio de los animales durante crisis de cualquier tipo, evitar su muerte o dejar animales abandonados a su suerte en situaciones de emergencias sin contar con un lugar seguro donde puedan permanecer, alimentos, agua ni atención veterinaria.

Asimismo, la Comisión Autonómica de Protección Civil homologó ayer cuatro planes de emergencias municipal, que al igual que los planes de riesgo de inundación, apenas requerirán matizaciones técnicas en su redacción. Se trata del Plan de Emergencias Municipal (PEMU) de San Andrés y Sauces de la Palma; el del municipio gomero de Valle Gran Rey; el municipio tinerfeño de Vilaflor, y el del municipio grancanario de Santa María de Guía.

El objetivo de estos planes es, en general, conocer en detalle los riesgos más probables que se deben afrontar en el ámbito geográfico del que se trate, así como conocer los medios y mecanismos de los que se dispongan para hacerles frente, tanto en lo que se refiere a recursos materiales como humanos, con la finalidad de procurar la protección de personas, bienes y medio ambiente.

Otros planes y autoprotección para la población

El Gobierno de Canarias también homologó el Plan Insular de Prevención y Extinción de Incendios de Gran Canaria y el Plan Insular de Actuación Insular frente al Riesgo Volcánico de La Palma que, como en los casos anteriores, apenas requerirán de cambios menores de redacción antes de su aprobación.

En cuanto al primero, toma en cuenta el riesgo actual de  incendio  forestal  de  Gran Canaria, así como el previsible con el aumento de la superficie forestal y la influencia del cambio. Se plantea abordar el problema de los fuegos forestales desde la perspectiva preventiva y la operativa. Para ello, plantea entre sus objetivos regular la utilización, coordinación y movilización de los medios y recursos de los organismos públicos y privados que existen en esa Isla, y definir las acciones encaminadas a evitar, o reducir, los efectos de los incendios forestales.

Por su parte, el plan frente a riesgo volcánico de Tenerife señala que las últimas erupciones habidas en la provincia occidental (La Palma, 1971, y El Hierro, 2011) explican la importancia de contar con una herramienta que especifique la estructura, organización, operatividad y protocolos de coordinación e intervención ante una posible futura erupción en esa Isla, así como la persistencia en el tiempo de varios enjambres sismo volcánicos.

Por último, abordó también la actualización de los consejos de autoprotección para la población de todos los planes de forma que se vayan mejorando de forma progresiva para su aprobación en próximas reuniones de la Comisión Autonómica de Protección Civil.

De hecho, la DGSE ya ha trabajado en algunos de estos consejos relacionados con los incendios forestales, que tanto desde el CECOES 112 como desde la propia Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ya se divulgaron el pasado verano.

Al respecto, Román explicó que se abordaron, en primer lugar, los de carácter preventivo tanto con mejoras en la redacción como con la incorporación de nuevos elementos de autoprotección. Aunque estos ya hayan sido difundidos en la campaña de 2020, explicó, también serán objeto de revisión y análisis para futuras aportaciones que puedan contribuir a su mejora.

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La Consejería de Seguridad reconoce la labor del gerente de handling de Binter Canarias frente a la Covid-19

Víctor Siverio en el reconocimiento a su cooperación con el CGPC

Víctor Siverio recibe del consejero Julio Pérez una gorra del Cuerpo General de la Policía Canaria en reconocimiento a la colaboración e implicación mostrada para facilitar la realización de actuaciones de ese Cuerpo entre las Islas en el marco de la pandemia de la Covid-19

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, entregó hoy al gerente de handling de Binter Canarias, Víctor Siverio, una gorra del Cuerpo General de la Policía Canaria en reconocimiento por su colaboración e implicación, a iniciativa del propio Cuerpo, para facilitar la realización de actuaciones entre las Islas de la Policía Canaria en el marco de la pandemia de la Covid-19.

En el acto también estuvieron presentes el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas, el comisario jefe de la Policía Canaria, Luis Santos, el segundo comisario de ese Cuerpo, José Luis De Los Reyes, y el presidente de Binter Canarias, Rodolfo Núñez.

Pérez remarcó la importancia que tienen los sistemas de transporte existentes, como las líneas aéreas, para la realización de determinadas labores llevadas a cabo por la Dirección General de Seguridad y Emergencias. Siverio remarcó, por su parte, la disposición a seguir prestando su colaboración para actuaciones futuras al tiempo que agradeció el reconocimiento.

Tanto Santos como Reyes destacaron la disponibilidad mostrada por Siverio a la hora de coordinar las actuaciones de la Policía Canaria con la aerolínea. Ente otros casos de la colaboración prestada, pusieron el ejemplo del envío urgente de mascarillas a una residencia de personas de la tercera edad de El Hierro, o los traslados de menores entre Islas, lo que ha facilitado la labor del Cuerpo en esta materia.

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Las inversiones en Telecomunicaciones y Seguridad y Emergencias crecen en torno al 20% para 2021

Presupuestos CAPJS 2021

Los 308.284.352 euros con que contará la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para 2021 suponen una subida del 6,86% (8,15% si se compara sin las partidas relativas a las elecciones de 2019)

Julio Pérez señala que se trata de unas cuentas “no continuistas” que contribuirán a modernizar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, explicó la semana pasada en sede parlamentaria que las cuentas de su Departamento para 2021 (308.284.352 euros) crecen el 6,86% que, en realidad, supone un 8,15% si se excluyen las partidas relacionadas con las elecciones de 2019. Dos de las áreas que más crecen en términos porcentuales en relación a 2020 son la dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías -DGTNT- (23,59%), que el próximo año alcanzará los 72.220.363 euros, y la Dirección General de Seguridad y Emergencias -DGSE- (19,68%), hasta los 37.483.668 euros. Pérez califica estas cuentas de no continuistas y afirma que contribuirán a modernizar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CCAA).

El consejero indicó que se trata de unos presupuestos que servirán para reducir el impacto de la pandemia de la Covid-19 y para preparar las administraciones públicas canarias para el nuevo escenario en el que deberán actuar, que les permitirán abordar las exigencias de esa nueva situación, como el teletrabajo o la atención no presencial a las que deberán habituarse las administraciones públicas en general.

Remarcó que tanto el incremento del 23,59% de la DG de Telecomunicaciones como la subida del 8,19% de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios para 2021 reflejan la intención de su Departamento de extender las comunicaciones no presenciales y la telematización en la Administración de la CCAA.

En este sentido, insistió en que las cuentas del próximo año contienen elementos para ser optimistas en cuanto a la modernización de la Administración Pública, y recordó que este mismo año ya se ha gestionado la Prestación Canaria de Inserción (PCI) de forma íntegra por vía telefónica. Se ha teletrabajado y se sigue haciendo, enfatizó.

En el caso de la DGTNT, los esfuerzos de esta área estarán orientados a avanzar en la consolidación del nuevo modelo de Administración Pública a través del impulso de la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la actividad administrativa y en la relación del Gobierno de Canarias con la ciudadanía, indicó el consejero.

Entre otros incrementos relevantes de este centro para 2021 caben destacar la subida del 223% de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias -RESCAN- (hasta alcanzar los 1.032.000 euros); la subida del 210,21% de las Redes de nueva generación y red corporativa para soporte (2.560.000 euros); el 64,86% de crecimiento para las infraestructuras TIC (8.910.290 euros); el 36,95% en que sube la partida para Soporte de la Administración Electrónica (3.864.531 euros), o el 20,12% de incremento de la de Infraestructura y servicios de seguridad (2.832.302 euros).

En cuanto a la DG de Modernización, destacó la importancia de dos programas que muestran importantes incrementos: la Mejora de las Oficias de Información, que sube un 325,61%, hasta los 273.500 euros, y el Fomento de los Espacios Colaborativos, que aumenta un 123,39%, hasta los 189.880 euros, de los que 100.000 euros estarán destinados para la Dirección por Objetivos.

Seguridad y Emergencias

El consejero destacó también el incremento del 19,68% del área de Seguridad y Emergencia, en la que se consolida la aportación a los consorcios insulares de bomberos con una subida del 12% (hasta los 3.696105 euros), y se más que duplica la aportación a Cruz Roja, en 185,71% (hasta los 200.000 euros).

Enfatizó el refuerzo de las actuaciones destinados a Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. (GSC); el apoyo a los consorcios de bomberos, salvamento marítimo, rescates y protección civil en general, y el desarrollo de las medidas de autoprotección y planificación ante las emergencias, entre las cuales se contempla la adaptación de muchas de estas medidas a la situación de emergencia sanitaria que ha provocado la Covid-19.

Asimismo, Pérez remarcó la subida del 11,66%, hasta los 9.304.179 euros, para Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), empresa pública del Gobierno de Canarias adscrita a esta Consejería, y a la de Sanidad, que incluye el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2. Entre sus funciones se incluyen las urgencias y el transporte sanitario, la coordinación de las emergencias, la formación para la salud y la seguridad pública o la gestión económica y la recaudación sanitaria.

En este sentido, se han incluido dos proyectos nuevos: el de Prevención y gestión de riesgos específicos de contaminación y salvamento ligados al espacio de cooperación y la zona costera macrorregional Madeira Azores Canarias (Mawadipol), dotado con 298.588 euros, para la adquisición del material necesario para la asistencia y respuesta en caso de accidente de cruceros y la elaboración de un estudio de riesgos, así como el proyecto de la Unidad Modular de atención a Emergencias en la Macaronesia  (Umemac), que contará con 381.480 euros destinados a la creación de una unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) en la Macaronesia, adquirir el material necesario y llevar a cabo la formación a sus integrantes.

En relación al Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), la formación y las Policías Locales contarán con 714.302 euros en 2021; la adecuación instalaciones dispondrá de 323.162 euros; el equipamiento del CGPC, 289.200 euros, y la Galería de tiro en la sede de Las Palmas de Gran Canaria, 282.642 euros.

Otras áreas

De los 308,3 millones de euros con que contará la Consejería para 2021, el 55,10% corresponden a Justicia (169.868.259 euros), por delante del área de Administraciones Públicas y Transparencia, con el 30,25% (93.252061 euros). El resto se reparte entre Seguridad y Emergencias (12,16%, 37.483.668 euros); Servicios centrales (1,67%, 5.136.119 euros); Servicios Jurídicos (0,72%, 2.231.866), y Relaciones con el Parlamento (0,10%, 312.379 euros).

Dentro del área de Justicia destaca el incremento del 45% de los fondos destinados a los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), que suben de 600.000 a 870.000 euros, mientras que el programa de Tribunales de Justicia, el de mayor peso, contará con 158.271.439 euros, lo que supone un incremento del 1,57%.

En cuanto a Transparencia y Participación Ciudadana, el proyecto de instrumentalización, simplificación y fomento de la participación ciudadana en las políticas de Gobierno de la Comunidad Autónoma (ECOCIV) contará con 65.000 euros, mientras que Participación y Ciudadana y Datos Abiertos tendrán 180.000 euros en 2021.

Las OPE de Consolidación y Estabilización pretenden que puedan ser superadas por interinos

El consejero también se refirió al empleo público para 2021. Al respecto, señaló que a lo largo del próximo año se realizará, previsiblemente, la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017 (225 plazas), a lo que hay que sumar las de la OPE de 2019 (216).

En total, 441 plazas. Además, explicó que la OPE Extraordinaria de Estabilización ofertará 1.522 plazas de personal laboral y 39 de personal funcionario, además de la OPE Extraordinaria de Consolidación, que ofertará 1.303 plazas de personal laboral y 57 de personal funcionario, señaló que, en la actualidad, se está terminando de ejecutar las OPE 2015 y 2016 (suspendidas por la COVID). A su término, supondrá la incorporación de 195 funcionarios de carrera.

Al respecto, calificó de “importantísimo problema y uno de los más serios que debe afrontar el Gobierno de Canarias” la estabilización y consolidación del personal que está en situación precaria. Explicó que entre las OPE de Estabilización y la de Consolidación está previsto alcanzar cerca de unas 3.000 plazas que serán ofertadas en este régimen especial que pretende favorecer, “lo digo con claridad”, la permanencia en esas plazas de las personas que están en esa situación, dentro del marco legal, aseveró.

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Las personas aspirantes de los procesos selectivos de la CCAA de las categorías C1 y C2 se examinarán por internet

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Las 3.184 personas aspirantes que aprobaron el primer ejercicio para ingresar al Cuerpo Administrativo (C1) y al Cuerpo Auxiliar Administrativo (C2) de la Comunidad Autónoma de Canarias deben cumplimentar un formulario disponible en los enlaces https://sede.gobcan.es/apjs/tramites/6683 (para C1) y https://sede.gobcan.es/apjs/tramites/6682 (para C2) a través de la sede electrónica

Quienes no dispongan del sistema de identificación requerido para acceder a la sede electrónica, podrán descargar el formulario y enviarlo a la cuenta de correo electrónico selecperfun@gobiernodecanarias.org , con el asunto Comunicación disposición de medios electrónicos segundo ejercicio online. Proceso selectivo C1 y C2.

En ambos casos, el plazo comienza hoy, jueves 12 de noviembre, y acaba el lunes 16 a las 23:59 horas. De no presentarlo, se entenderá que participa con sus propios medios

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, anuncia la continuidad de los procesos selectivos iniciados por medio de las resoluciones de 10 y 11 de abril de 2018 de la Dirección General de la Función Pública publicadas en el Boletín Oficial de Canarias número 75 de 18 de abril de 2018, por las que se procedieron a convocar los procesos selectivos para el ingreso por el sistema general de acceso por turno libre en los Cuerpos Administrativo y Auxiliar (Grupos C, Subgrupos C1 y C2, respectivamente), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Culminado el primer ejercicio, a continuación se celebrará el segundo, que tendrá lugar a través de la plataforma AVEX de la UNED cuando determine el Tribunal Calificador.

Los primeros ejercicios tuvieron lugar antes de la declaración del Estado de Alarma, y las personas que aprobaron fueron un total de 3.184, distribuidas de la siguiente forma:

  • C1 Cuerpo Administrativo: 1.330 personas.
  • C2 Cuerpo Auxiliar Administrativo: 1.854 personas.

La directora general de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, señala que la continuidad de estos procesos selectivos con las debidas garantías de objetividad, mérito y capacidad, constituye una prioridad para esta Administración.

Martín explica que, en cumplimiento de los protocolos y de las medidas de seguridad y prevención aprobados por las autoridades sanitarias en consideración a la actual situación de pandemia global, la organización de los segundos ejercicios de la fase de oposición de los procesos selectivos de participación masiva exige la articulación de vías telemáticas para su realización online evitando la aglomeración de personas en un mismo espacio físico.

De conformidad con las Bases Generales, artículo 4.c), así como las respectivas Base Específica 10.2, aprobadas en cada resolución de convocatoria, el segundo ejercicio de la fase de oposición consistirá en una “prueba [que] se desarrollará en soporte informático para lo cual se pondrán a disposición de las personas aspirantes los medios técnicos necesarios para su realización.”

Para su realización, en cumplimiento de los protocolos sanitarios, se pone a disposición de todos los aspirantes con derecho a realizar el segundo ejercicio de la fase de oposición la plataforma AVEX de la UNED (puede consultarse toda la información en torno a la plataforma a través del siguiente enlace: https://blogs.uned.es/avex/ ).

Esta aplicación está diseñada para la realización de forma online de exámenes tanto de tipo test como de desarrollo o mixtos, sin necesidad de instalación de software, compatible con todos los sistemas operativos, accesible desde cualquier navegador web actualizado y ejecutable desde todo tipo de dispositivos electrónicos conectados a la red. El único requisito técnico que habrá de disponer la persona aspirante es el de una webcam operativa durante la celebración del ejercicio.

Para la organización de sendos eventos de participación masiva de forma telemática se precisa, con carácter previo, que cada aspirante cumplimente a través de sede electrónica el formulario disponible al que puede acceder a través de los siguientes enlaces:

Para el cuerpo Administrativo, C1: https://sede.gobcan.es/apjs/tramites/6683

Para el cuerpo Auxiliar, C2: https://sede.gobcan.es/apjs/tramites/6682

En estos formularios se deberá:

  • Confirmar el correo electrónico a través del que podrá acceder a la plataforma AVEX.
  • Manifestar la disposición de un equipo con conexión a internet con el que conectarse a la plataforma, que cuente con una cámara web operativa al momento de celebrar el examen.

No se precisa de requisito técnico específico adicional.

Esta confirmación implicará que realizará el segundo ejercicio de la oposición de forma online a través de su propio equipo.

En caso de no disponer del sistema de identificación requerido para acceder a la sede electrónica, se podrá cumplimentar el formulario indicado al que podrá acceder y descargar en el portal web del proceso selectivo que corresponda, debiendo enviarlo a la siguiente cuenta de correo electrónico: selecperfun@gobiernodecanarias.org , con el asunto: Comunicación disposición de medios electrónicos segundo ejercicio online. Proceso selectivo C1 y C2.

Para su cumplimentación se dispone de un plazo de tres días hábiles, iniciándose hoy, jueves 12 de noviembre y, finalizando el 16 de noviembre de 2020 a las 23:59 horas.

En caso de no presentarlo en tiempo se entenderá que participa en el segundo ejercicio con sus propios medios.

La participación en estos segundos ejercicios de la fase de oposición implicará la prestación de conformidad expresa para el tratamiento de datos por la UNED, limitado este último a las labores estrictamente técnicas que permitan la celebración de los ejercicios. El diseño y contenido de los exámenes, así como su evaluación quedarán a exclusiva disposición del respectivo Tribunal Calificador.

Para cualquier consulta, se puede enviar un correo electrónico a la siguiente dirección de email: funcionpublica@gobiernodecanarias.org , poniendo en el asunto: Consulta relativa al segundo ejercicio online. Proceso selectivo C1 y C2.

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Las asociaciones de memoria histórica de Canarias se reúnen con el secretario de Estado de Memoria Democrática

En el encuentro, organizado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, estuvo presente la Asociación de Memoria Histórica de Arucas en representación de las asociaciones de las Islas

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, mantuvieron este pasado lunes, en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria, un encuentro con la Asociación de Memoria Histórica de Arucas como representante de las asociaciones de memoria histórica de las Islas.

En la reunión estuvieron presentes el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; además de, por parte de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas, su presidenta, Pino Sosa; su secretario, Gregorio Arencibia; y el vocal, Orlando Rodríguez; así como el director del Gabinete del secretario de Estado de Memoria Democrática, Alfonso Berlanga. También estaban convocadas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Palma y la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, que excusaron su ausencia.

El secretario de Estado ha explicado el contenido del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre, y que inicia ahora su trámite de audiencia pública. Según explicó, el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática tiene la ambición de poner a las víctimas y su dignificación en el centro de la actuación pública. Con la nueva normativa se pretende la declaración de ilegitimidad de los tribunales de excepción y la nulidad de las resoluciones que dictaron, así como potenciar y reconocer la labor del movimiento memorialista, creando un órgano permanente de consulta.

Así mismo, en el anteproyecto se refleja que las labores de búsqueda, localización y exhumación de restos de personas desaparecidas son una responsabilidad del estado, por lo que se establecerá un plan cuatrienial de actuación y se crearán un banco de ADN nacional de víctimas, así como una fiscalía especial de Memoria Histórica y Derechos Humanos que garantice el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos durante GC y dictadura.

Los representantes de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas saludaron positivamente el contenido de la ley e insistieron en la importancia de su cumplimiento efectivo y de que se cuente con la imprescindible aportación que realizan las asociaciones memorialistas. En particular, indicaron la urgencia de proceder a la investigación, localización y exhumación de las fosas que aún quedan por intervenir en Canarias.

En la actualidad en Canarias está en marcha la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, que tuvo su primera reunión constitutiva el pasado 25 de septiembre. Su constitución no es más que un mandato de la Ley 5/2018, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista, y con ella se busca alcanzar una política de recuperación y dignificación de la memoria democrática.

El dictamen de esta Comisión Técnica es necesario también para la elaboración de la estrategia de la Memoria Histórica que debe aprobar el Gobierno, así como, entre otras cuestiones, aprobar el catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, la actualización del mapa de fosas o la aprobación del protocolo de exhumaciones, siendo todas estas actividades en las que trabaja intensamente el Gobierno de Canarias.

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