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La Consejería de Administraciones Públicas lanza una encuesta ciudadana sobre la futura Ley de Gobierno Abierto

Encuesta de Participación Ciudadana

Paralelamente a este proceso participativo, la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana está realizando grupos participativos para recoger aportaciones para la nueva normativa

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha abierto este 21 de junio una encuesta ciudadana sobre la Futura ley de Gobierno Abierto, que en estos momentos está en el proceso de elaboración y que derogará las actuales Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. La encuesta estará abierta hasta el próximo 30 de junio a través del acceso a la web para la Participación Ciudadana.

Como explica la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Marta Saavedra, la futura iniciativa legislativa nace con la ambición de crear un marco normativo de gobierno abierto como filosofía de las actuaciones y gobierno que sirva para coordinar la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la apertura de datos.

Saavedra destaca que es voluntad del Ejecutivo autonómico que el contenido de esta nueva iniciativa legislativa sea resultado de un amplio proceso de participación, por lo que paralelamente a esta encuesta ciudadana su centro directivo está realizando también grupos participativos con agentes internos del Gobierno, así como agentes externos conformados por representantes de los cabildos insulares, ayuntamientos y ciudadanía.

Tanto la encuesta a la ciudadanía como los grupos participativos permitirán aportar los elementos que deberá contemplar la nueva normativa con la que Canarias quiere ser referente en materia de Gobierno Abierto, lo que permitirá, por un lado, el ejercicio efectivo de la transparencia, participación ciudadana, datos abiertos y rendición de cuentas y, por otro, seguir conformando instituciones públicas cada vez más comprometidas con esta forma de gestión.

Los trámites para la elaboración de la Ley de Gobierno Abierto de Canarias se iniciaron el pasado mes de diciembre con la fase de consulta pública previa. Tras el análisis de las opiniones recabadas, se abre ahora la siguiente fase del proceso participativo y, una vez cerrada la tramitación completa de la norma, volverá a ponerse en información pública la misma, teniendo la ciudadanía una tercera oportunidad para opinar y enriquecer el texto articulado.

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Función Pública completa sin incidencias el segundo ejercicio para 3.188 aspirantes a auxiliares y administrativos

Personas opositoras que acuden al segundo ejercicio de C1 y C2 en Santa Cruz de Tenerife

·       Las segundas pruebas de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso por el turno libre a los Cuerpos Administrativo y Auxiliar (Grupo C, Subgrupos C1 y C2) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se llevaron a cabo el sábado pasado tanto en dependencias del Gobierno de Canarias como desde casa, en aquellos casos en que las personas opositoras así lo prefirieron

·       El porcentaje de presentados fue del 80% para C1 y del 79% para C2

·       Las pruebas se celebraron simultáneamente en la Plataforma Avex de la UNED, a las 10.00 horas para el Cuerpo Administrativo, y a las 15.00 horas para el Cuerpo Auxiliar.

·       La realización de este examen se ha llevado a cabo gracias al trabajo durante muchos meses del personal público de la Dirección General de la Función Pública, y con el que ha colaborado activamente la Dirección General de Patrimonio y Contratación a través de los servicios de vigilancia y limpieza; la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, a través de la puesta a disposición de los medios tecnológicos y humanos desplegados, y con  la colaboración del Cuerpo General de la Policía Canaria

El sábado pasado se llevó a cabo el segundo ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso por el turno libre a los Cuerpos Administrativo y Auxiliar, (Grupo C, Subgrupos C1 y C2) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, tanto en las dependencias del Gobierno de Canarias que se detallan más abajo como desde casa, para aquellas personas opositoras que así lo prefirieron. En ambos casos, la celebración de estas pruebas se realizó de forma telemática. El número de aspirantes que podían presentarse a la prueba sumaban un total de 3.188 personas, y el porcentaje de presentados fue del 80% para C1 y del 79% para C2.

El número de plazas ofertadas son 57 para el Cuerpo Administrativo (C1) y 48 para el Cuerpo Auxiliar (C2). La Dirección General de la Función Pública realizó una encuesta, de carácter vinculante, entre las y los aspirantes a fin de conocer si disponían de medios técnicos para la realización del mismo y, en caso contrario, proveerles de dichos medios mediante la realización del examen en las dependencias del Gobierno de Canarias.  En total, fueron 1.335 aspirantes para el Cuerpo Administrativo, y 1.853 para el Cuerpo Auxiliar.

Los lugares de celebración para los aspirantes que manifestaron no tener medios técnicos fueron los siguientes:

Provincia de Santa Cruz de Tenerife:

• EDIFICIO SERVICIOS MÚLTIPLES 2 – Calle de José Manuel Guimerá, 10 – 38003 Santa Cruz de Tenerife.

• EDIFICIO TRES DE MAYO – Avenida Buenos Aires, 3-5 – 38071 Santa Cruz de Tenerife.

Provincia de Las Palmas:

• EDIFICIO SERVICIOS MÚLTIPLES 1 – C/ Profesor Agustín Millares Carló, 22 – 35071 Las Palmas de Gran Canaria.

• EDIFICIO SERVICIOS MÚLTIPLES 2 – C/. Profesor Agustín Millares Carló 18 – 35071 Las Palmas de Gran Canaria.

Los llamamientos fueron efectuados por tramos horarios (tres en concreto), de tal forma que se cumpliera con el Protocolo COVID establecido específicamente para dicha prueba.

Las pruebas se celebraron simultáneamente, en la Plataforma Avex de la UNED, a las 10.00 horas para el Cuerpo Administrativo, y a las 15.00 horas para el Cuerpo Auxiliar. Con antelación los aspirantes tuvieron la oportunidad de registrarse en la citada plataforma y realizar pruebas a fin de conocer el entorno en el que se realizaría finalmente el examen.

La realización de este examen se ha llevado a cabo gracias al trabajo durante muchos meses del personal público de la Dirección General de la Función Pública y con el que ha colaborado activamente la Dirección General de Patrimonio y Contratación, a través de los servicios de vigilancia y limpieza; la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, a través de la puesta a disposición de los medios tecnológicos y humanos desplegados, y con  la colaboración del Cuerpo General de la Policía Canaria.

En palabras de la directora general de la Función Pública, Laura Martín, se trata de un primer paso que permitirá, en un futuro muy cercano, que cualquier ciudadano de nuestro Archipiélago pueda aspirar a formar parte del conjunto del personal público del Gobierno de Canarias, con independencia del lugar de la geografía canaria en la que resida, evitándole el sobrecoste de la insularidad que quiebra el principio de igualdad en el acceso a la Función Pública. Para ello, explicó, se han iniciado estrategias colaborativas con cabildos y municipios de forma que las corporaciones locales faciliten también los medios físicos (edificios públicos y ordenadores) necesarios para hacer realidad esta aspiración.

Transformación digital

La celebración de estas pruebas siguió lo señalado, y aprobado por el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias que en su punto 6.10, dentro de la Prioridad Estratégica denominada “Agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativa”, recoge como eje de actuación del Gobierno de Canarias, literalmente lo siguiente:

“6.10. Impulso a la transformación digital de las administraciones a través de la celebración de los procesos selectivos a través de medios digitales, de forma que, además, se permita el mayor despliegue territorial que amplíe las posibilidades de selección a todo el territorio del documento”.

A tal fin, el 4 de enero de 2021 se procedió a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del Convenio de Cooperación entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Comunidad Autónoma de Canarias para la realización de los procesos selectivos para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en los Cuerpos Administrativo y Auxiliar (Grupos C, Subgrupos C1 y C2), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El objeto de dicho Convenio fue la celebración de dichas pruebas a través de la plataforma AVEX de la UNED. A partir de esta experiencia el Gobierno de desarrollará su propia plataforma tecnológica que permita el cumplimiento del eje de actuación 6.10 recogido en el denominado Plan Reactiva, señalado anteriormente.

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El Gobierno canario reforzará los controles en los locales de apuestas durante la Eurocopa y los Juegos Olímpicos

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria inspeccionarán estos centros para evitar la presencia de menores, personas incapacitadas y las que tienen prohibido el acceso o han solicitado su exclusión

La Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha ordenado reforzar la vigilancia y los controles en los locales de apuestas y en los espacios de apuestas autorizados del Archipiélago durante la celebración de la Eurocopa de fútbol, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 12 de julio, y los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebran entre el 23 de julio y el 8 de agosto.

Para ello, la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia ha solicitado la colaboración del Cuerpo General de la Policía Canaria, quienes se encargarán de velar por el cumplimiento de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, que regula la prohibición del acceso de los menores de edad y personas incapacitadas en los establecimientos, así como aquellas que están inscritas en el Registro General de Interdicciones de acceso al juego, también llamadas “autoprohibidas”, o las que tengan restringida esta actividad por sentencia judicial.

Manuel Martínez, viceconsejero del área, señala que estas operaciones extraordinarias se realizarán durante este verano dado que estos dos acontecimientos deportivos tienen enorme influencia en el mundo de las apuestas y por ello hay que controlar “de forma exhaustiva” la presencia de aquellas personas que no pueden acceder a estos locales.

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Incendio de Arico: casi 60.000 comunicaciones por radio y casi 2,5 millones de litros de agua

El consejero Julio Pérez, durante su respuesta parlamentaria

Julio Pérez propone que se reflexione sobre el impacto de la despoblación y la inexistencia de actividad humana en las cumbres de las Islas

Los equipos de extinción del incendio de Arico, declarado el pasado 20 de mayo en la localidad tinerfeña, realizaron 57.275 comunicaciones radioeléctricas hasta la estabilización del mismo, que tuvo lugar el pasado 23 de mayo. Así lo explicó el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, en respuesta oral en el Parlamento ayer martes.

En las tareas intervinieron casi unas 500 personas que permitieron tener sobre el terreno durante el día unas 250 y entre 90 y 100 por la noche. También se activaron cuatro de los seis helicópteros del Gobierno de Canarias, dejando dos para misiones de rescate y salvamento, uno en cada provincia. Se activó también el helicóptero del Cabildo de Tenerife que tenía prevista su incorporación el día 24 de mayo, y el avión anfibio del Ministerio de Defensa del que se tenía conocimiento que se encontraba haciendo las prácticas anuales en Canarias, aparte de incorporarse otros dos provenientes de la Península. El helicóptero de la Guardia Civil, CUCO, se activó para la misión de coordinación de medios aéreos. El total de descargas de agua fue de 1.374 descargas y cerca de 2,5 millones de litros de agua.

Una de las reflexiones que el incendio suscita, dijo el consejero, es el hecho de que en las más de 3.000 hectáreas afectadas se ha ido produciendo en los últimos años, como en otras zonas de las islas, un decrecimiento o retracción de la presencia humana y de la actividad social y productiva, lo que entraña desuso y por ello descuido de las vías de comunicación, caminos y senderos, y aumento de los materiales combustibles de matorral, monte bajo, pincha y otros materiales.

Pérez recalcó que la valoración general que se extrae de los trabajos en esta emergencia es “positiva” ya que el conjunto de las administraciones públicas que trabajaron en las labores de extinción y control lo hicieron “correctamente” tanto “por la cantidad y la calidad de los medios disponibles, como por la rapidez de actuación a las pocas horas de iniciarse el incendio, como por la capacidad en admitir los sistemas de coordinación y mando y control”.

El incendio, que en estos momentos está en fase de extinción, se declaró el pasado 20 de mayo y en ese mismo día pasó a Emergencia Nivel 2, por lo que en ese momento el Gobierno de Canarias asumió la dirección de la emergencia hasta el día 24, cuando se dio por controlado. Ha sido principalmente de suelo, aunque hay alguna afectación a pinar, sobre todo del primer día.

El consejero recordó que se trató de una emergencia “especialmente” complicada debido a la orografía y la meteorología del día ya que en 48 horas la superficie afectada pasó de las 300 hectáreas iniciales a casi 3.000 “sin posibilidad de ataque”. Así mismo, el mal estado del tiempo fue desfavorable para las operaciones aéreas por las fuertes rachas de viento, y también desfavorable para la carga de agua en mar de los aviones anfibios, por fuerte oleaje, motivo por el cual el repostaje de agua se hizo en el aeropuerto de Tenerife Sur. “Pese a todo ello las labores de extinción fructificaron sin daños personales y sin un gran impacto porque de esas 3.000 hectáreas afectadas dentro de los 45 kilómetros, casi un 30% no tuvo daños y el 70% restante los daños son muy limitados”, resaltó Pérez.

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El consejero Julio Pérez recibe al presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado

Julio Pérez recibe a Juan Luis Lorenzo Bragado

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, recibió hoy al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, con quien mantuvo un encuentro institucional en el que ambos hicieron un repaso general a los asuntos comunes. Además, la reunión sirvió también para darle un impulso a la necesaria colaboración entre ambas instituciones.

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El Portal de Transparencia publica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración Pública canaria

La información, también disponible en el Portal de Datos Abiertos de Canarias, está en formatos PDF y reutilizables

La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha hecho pública, en los portales de Transparencia y Datos Abiertos de Canarias, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración Pública de las Islas. Además, la información divulgada en el Portal de Datos Abiertos de Canarias se federa automáticamente con datos.gob.es, por lo que está, a su vez, publicado en el portal de datos abiertos nacional.

Se trata de la primera vez que el Ejecutivo autonómico publica las RPT en formato editable, además de PDF. En concreto, la Dirección General de la Función Pública aporta la información de los 11 departamentos del Ejecutivo autonómico, así como de sus organismos autónomos. También está disponible información de las entidades públicas y las entidades públicas empresariales del Gobierno de Canarias.

La directora general de la Función Pública, Laura Martín, explica que esta publicación está en la línea de dotar de la mayor transparencia toda la actividad que está realizando su centro directivo, poniendo el eje de atención en los trabajadores y trabajadoras públicos y la ciudadanía en general.

Entre la información hecha pública, se muestra las funciones del puesto, a qué departamento, organismo autónomo y centro directivo pertenece, la unidad orgánica, el código de reglamento o la escala del mismo.

No obstante, en las RPT no figura la identidad del personal que ocupa los puestos al estar pendiente la definición y cumplimentación de las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los datos personales, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Se puede acceder a estas listas de las RPT en los siguientes enlaces:

https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/empleadospublicos/rpt/

https://datos.canarias.es/catalogos/general/dataset/relaciones-de-puestos-de-trabajo-de-la-comunidad-autonoma-de-canarias

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El fax desaparece en la Administración Pública Canaria, que usará el correo electrónico

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad hará innecesarios más de 1.500 terminales de fax y sus líneas telefónicas, que cuestan 12 euros al mes cada uno

Los nuevos faxes se podrán enviar desde el correo electrónico, sin papel ni impresoras

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (DGTNT), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha iniciado recientemente la puesta en marcha de un servicio corporativo que permitirá el envío y recepción de faxes a través del correo electrónico, lo que se conoce como FAXoIP —de las siglas en inglés Fax over IP—, lo que permitirá avanzar en la modernización en el envío y recepción de documentos, además de suponer un ahorro económico para las arcas autonómicas, por lo que se suprime así el fax en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El consejero Julio Pérez señala que con esta medida “no solo ahorramos dinero de los contribuyentes, sino que además ganamos comodidad de los empleados públicos y eficacia y calidad de las comunicaciones entre sí y con los ciudadanos”.

Como explica el director general de la DGTNT, Víctor Melián, en la actualidad la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene inventariados 1.516 terminales y números de faxes, con un coste medio mensual asociado a cada línea de unos 12 euros aproximadamente. Con el FAXoIP, la plantilla de la Administración autonómica tendrá optimizados los flujos de trabajo ya que podrán tener acceso al envío y recepción de faxes en cualquier momento y en cualquier lugar, al no ser necesario estar físicamente frente al terminal.

También se gana inmediatez al acceso y reducción de la necesidad de disponer de equipos en diferentes ubicaciones físicas, y se eliminan errores comúnmente asociados con los procesos manuales, aparte de que la persona que realiza el envío tendrá una recepción de notificación que le indica si el fax ha sido enviado correctamente.

Además, se establece el seguimiento y auditoría centralizada de todos los faxes emitidos y recibidos, así como evitar tener que escanear o imprimir el archivo enviado ya que los documentos se adjuntan en formato PDF.

Así mismo, el fax virtual supone un ahorro energético al no necesitar tener un terminal permanentemente conectado a la red eléctrica, pero también económico al no necesitar papel, consumibles ni mantenimiento de los aparatos.

En estos momentos, tras comenzar con una prueba piloto con los terminales de la propia Dirección General, se han migrado ya 287 números a FAXoIP, lo que corresponde al 19% del total, y se han dado de baja 80 números que no se estaban utilizando o que ya no son necesarios porque se ha simplificado el número de faxes por órganos administrativos. Melián resalta que se han priorizado los faxes de la Administración de Justicia, que disponía de 351, de los que 253 ya están usándose asociados a correos electrónicos y tres se han dado de baja.

Se estima que en dos meses se haya migrado la práctica totalidad de los terminales de los departamentos de la Administración, a excepción de los correspondientes al Servicio Canario de Salud, donde todavía no se ha comenzado esta implantación debido al exceso de trabajo que sufren los centros adscritos por la COVID-19.

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Julio Pérez destaca la unanimidad y concordia habidas en la Conferencia Sectorial de Memoria Histórica

Julio Pérez destaca la unanimidad y concordia habidas en la Conferencia Sectorial de Memoria Histórica

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, participó hoy telemáticamente en la constitución de la I Conferencia Sectorial de Memoria Democrática

Señala que la unanimidad y armonía que se manifestaron en la Conferencia son especialmente valiosas, por la dificultad y la delicadeza de la materia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, participó hoy vía telemática en la constitución de la I Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, integrada por el Gobierno de España y las Comunidades y Ciudades Autónomas,  valoró la unanimidad lograda en la sesión de constitución y posterior reunión y dijo que la concordia y la armonía que se manifestaron son especialmente valiosas, por la dificultad y la delicadeza de la materia.

La Conferencia Sectorial de Memoria Democrática se ha constituido y ha tenido su primera reunión presidida por la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, para que esta informara sobre las actuaciones del Gobierno de España en la materia y para aprobar la distribución de fondos para financiar los distintos proyectos de investigación y de actuación que las comunidades autónomas han puesto en marcha o tienen en fase de confección y preparación.

“La ciudadanía y la opinión pública -dijo el consejero- apreciarán especialmente que una materia como esta, que calificó de ‘delicada’ y ‘difícil’, se produzcan acuerdos unánimes”, como el que se adoptó para el reparto de fondos estatales en función de los proyectos de cada Comunidad Autónoma.

Al mismo tiempo, el consejero expresó la importancia de que, tal como fue anunciado por la vicepresidenta Calvo, se continúe el proceso de elaboración de normas estatales, pues muchas de las normas autonómicas canarias se refieren o remiten, en materias especialmente complejas, a la coordinación con la legislación estatal.

En el mismo sentido de impulsar la legislación estatal se manifestaron otros intervinientes, refiriéndose, por ejemplo, al impulso de bancos de ADN y a actuaciones de investigación sobre los llamados ‘niños robados’, cuya regulación estatal influye obligadamente en la actuación de Canarias.

Distribución de fondos

Tras la constitución de la primera conferencia sectorial de Memoria Democrática se aprobó, por unanimidad, el reparto y distribución de tres millones de euros, fondos que están relacionados exclusivamente con las actividades de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la guerra civil y la represión franquista. Así, Canarias recibirá 71.707,65 de euros para la intervención en un total de seis fosas.

La primera reunión estuvo presidida por la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, para aprobar la distribución de fondos para financiar los distintos proyectos de investigación y de actuación que los distritos territorios han puesto en marcha o tienen en fase de confección y preparación.

La Comisión Técnica de Memoria Histórica aprobó recientemente, como prioritarias, actuaciones en tres islas: en Gran Canaria, en la Sima de Jinámar, en el término municipal de Telde, y Pozo del Puente del Barranco de Arucas y Pozo de la Vuelta del Francés en el término municipal de Arucas, puntos en los que actualmente existen trabajos en ejecución.

En Tenerife se han fijado estudios de localización y, en su caso, de intervención en el Cementerio de San Juan y la Fuente de Cañizares, en el municipio de La Laguna. Por su parte, en La Palma se han establecido análisis con georradar y, en su caso, intervención sobre el resto de las fosas que se encuentran en el Pinar de Fuencaliente.

Fosas documentadas

En Canarias se hallan documentadas o referenciadas un total de 21 fosas distribuidas en las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera, en algunas de las cuales ya se han realizado intervenciones entre los años 2000-2020 y en otras están previstas actuaciones en los próximos cuatro años.

En el Archipiélago hay documentadas al menos 471 personas desaparecidas durante la guerra civil y la represión franquista, de las que 337 se corresponderían con vecinos y vecinas de Gran Canaria; 49 de Tenerife, 74 de La Palma y 17 de la isla de La Gomera. Además, hay otras 122 personas que fueron fusiladas y cuya identidad y lugar de entierro se encuentra documentado; 59 personas en Gran Canaria y 63 en Tenerife.

Los fondos estatales, por ahora, se dedicarán únicamente a los lugares en los que la intervención técnica es posible, por lo que no se incluyen los lugares relacionados que se encuentran como tal, principalmente fosas marinas.

 

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Cuatro nuevos pronunciamientos judiciales ratifican las medidas del Gobierno de Canarias contra la COVID-19

Interior de la sede de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias

Julio Pérez: “Que los tribunales revisen nuestros actos es una garantía de los ciudadanos y una oportunidad para corregir lo que sea preciso, si lo hubiera”

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechaza los argumentos esgrimidos por tres particulares contra el uso obligatorio de las mascarillas o el derecho de reunión, entre otros

Un auto estima el archivo de un recurso contencioso-administrativo de una asociación de consumidores de otra comunidad autónoma por no existir un vínculo entre la asociación y el objeto del proceso y porque los fines de la asociación no guardan relación con el procedimiento

Cuatro pronunciamientos judiciales vuelven a ratificar las medidas tomadas por el Gobierno de Canarias para controlar la pandemia de la COVID-19, que se suman a los autos y sentencias previas pronunciadas en este mismo sentido en los meses pasados. En esta ocasión, se trata de tres sentencias y un auto —este último ya firme— del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que derivan de la defensa llevada a cabo por los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico, dependientes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, sobre las decisiones adoptadas en las sesiones extraordinarias celebradas los días 13, 20 y 27 de agosto de 2020.

El consejero estima que “la revisión de nuestros actos por los tribunales es una garantía de los ciudadanos, y una oportunidad para rectificar lo que podamos haber hecho incorrectamente.”

“Es una satisfacción, sin duda, que hasta ahora hayan sido ratificadas todas las medidas adoptadas, teniendo en cuenta que es una materia jurídicamente delicada, tan delicada y compleja como relevante. Restringir movimientos o actuaciones de los ciudadanos, o limitar actividades sociales y económicas, son actos que deben adoptarse con especial cuidado y respeto a sus derechos, y así lo hemos tratado de hacer en todos los casos, durante un año largo de actuaciones administrativas, intentando proceder de la manera más escrupulosa que sea posible”, añadió Julio Pérez.

“Y si hubiera algo que corregir, procederíamos del mismo modo”, apostilló.

Las tres sentencias, que todavía no son firmes, son todas de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC y condenan a las partes demandantes al pago de las costas, mientras que el auto no se pronuncia al respecto.

En la primera de las sentencias, del pasado mes de enero, el litigante recurría las medidas adoptadas el 27 de agosto de 2020 y defendía que el uso obligatorio de mascarillas en el ámbito laboral y educativo para todo el territorio y toda la población de Canarias suponía un “grave atentado” a los derechos fundamentales. El fallo desestima el recurso resaltando entre sus argumentos que el interés general de protección de la salud pública debe prevalecer frente a las objeciones que se plantean por su uso.

En febrero, el TSJC respaldó las medidas tomadas el 13 de agosto de 2020 para hacer frente a la crisis sanitaria. En esta ocasión, una ciudadana argumentaba en contra del uso de la mascarilla porque su obligatoriedad guarda “semejanza con algunos conflictos provocados por los intentos de regular (…) cuestiones como el uso del burka o del pañuelo islámico en el espacio público o la práctica del topless en playas o piscinas públicas”. Para la Sala, este argumento “no se sostiene” porque no guarda relación alguna la salvaguarda del derecho a la protección de la propia imagen, que es un derecho individual, con el derecho a la protección de la salud.

Así mismo, esta persona defendía que los acuerdos también vulneraban el artículo 9.3 de la Constitución Española, por el que se garantiza el principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Esto es descartado por el tribunal por el mero hecho de que con la demanda se estaba defendiendo frente a las medidas tomadas por el Gobierno.

También sostenía la contendiente que la imposición de la mascarilla tendría que venir acompañada de explicaciones por las que se obliga al uso de la misma y acompañaba su pretensión con un informe pericial de un doctor en Medicina crítico con tal medida. El TSJC reseña, entre otros argumentos, que la salud de la ciudadanía es un elemento esencial del interés general que deben atender los poderes públicos y que estas medidas adoptadas tienden a la supervivencia de la comunidad dado que los cubrebocas no presentan riesgos particulares para las personas que los llevan, pero su uso es eficaz para reducir el riesgo de contaminación por el virus.

De hecho, apunta que la intervención en la libertad individual en el ámbito de la integridad personal física y moral mediante el uso de la mascarilla resulta proporcionada a los fines buscados: la protección de la salud de los ciudadanos considerados en su globalidad, así como una protección terapéutica no especialmente invasiva. Por último, el TSJC concluye que no ha existido vulneración del derecho al honor y a la propia imagen dado que esta persona sostenía que era “estigmatizada” por rechazar el uso de las mascarillas. “Ser receptor de crítica por rechazar el uso de mascarillas entra en el ámbito de la polémica sobre una cuestión de suma actualidad sin que pueda calificarse, de entrada, como deshonroso”, apunta la sentencia.

En la tercera sentencia, también del mes de febrero, una denunciante recurría los acuerdos adoptados por el Gobierno de Canarias el 20 de agosto de 2020. En esta ocasión, la Sala recalcó que las medidas implantadas por el Ejecutivo, entre las que estaban la reducción de aforo y distancia de seguridad, la prohibición de salida de los residentes de los centros sociosanitarios o la obligación del uso de la mascarilla, se revelaban necesarias y proporcionadas para evitar o minimizar los contagios tanto en espacios públicos como privados.

Archivado el recurso de una asociación de consumidores

A estas tres sentencias hay que añadir un auto de finales de 2020, ya firme y también resuelto por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, en el que se estimó la alegación de la Comunidad Autónoma de Canarias de archivar un recurso contencioso-administrativo presentado por una asociación de consumidores contra los acuerdos del 13 de agosto de 2020 por no tener un vínculo entre la asociación y el objeto del proceso y porque los fines de la asociación expuestos en sus Estatutos no guardan relación con el procedimiento, ni consta un conjunto relevante de asociados en Canarias. De hecho, su ámbito territorial se circunscribe a otra comunidad autónoma.

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El ICAP formará al personal público en la gestión de los fondos ‘Next Generation’ y principios de Gobierno Abierto

La formación, que comienza en los próximos días, tiene un presupuesto de 664.105 euros, oferta 11.473 plazas y contempla 267 ediciones, con 5.388 horas lectivas

El Plan de Formación 2021 del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dirigida por Julio Pérez, incluye este año actividades dirigidas a difundir y formar al personal de las administraciones públicas del Archipiélago en el conocimientos de los principios de Gobierno Abierto, en la gestión de los Fondos Europeos Next Generation o en competencias digitales, entre otros.

El presente Plan, aprobado por el Consejo de Administración del ICAP —del que forman parte representantes de la Fecam, la Fecai y de los sindicatos de empleados públicos— y por la Comisión de Formación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene un presupuesto de 664.105,00 euros, consta de 267 ediciones y suman un total de 5.388 horas lectivas y 11.473 plazas. Debido a la situación sanitaria actual, la mayoría de las actividades formativas se impartirán en la modalidad on-line y semipresencial en línea, siendo presenciales aquellas que sean indispensables.

Como explica Julio Pérez, el objetivo principal del Plan es ofrecer la formación necesaria que permita mejorar las competencias profesionales del colectivo de empleadas y empleados públicos para hacer frente a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad hacia la administración pública, dando respuesta también a sus expectativas de mejora en su desarrollo profesional, habilidades, promoción y satisfacción laboral.

Por su parte, la directora del ICAP, Eva de Anta, resalta que el Plan intenta recoger una oferta formativa amplia y especializada para el personal empleado público de forma que los conocimientos adquiridos puedan transferirse de manera eficaz en el desempeño del puesto de trabajo.

Los cursos, que tienen lugar entre abril y diciembre de 2021, están dirigidos al personal de la Administración Pública del Gobierno de Canarias y sus organismos autónomos, así como al personal de las entidades locales y de la Administración General del Estado en el Archipiélago. Del total de las plazas, 10.893 corresponden a personal de la Comunidad Autónoma y las 580 restantes son para el resto de administraciones.

Para este año se ha optado como objetivos específicos la oferta de actividades que recojan novedades legislativas y materias de actualidad, en especial con la gestión de los Fondos Europeos Next Generation para lo que se ha coordinado el trabajo con la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

También se impulsa la difusión y formación en Gobierno Abierto y sus principios de participación ciudadana, transparencia, apertura de datos y rendición de cuentas, en esta ocasión con un trabajo coordinado con la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana; y se fomentan las políticas de igualdad como son la formación en técnicas adecuadas para un trato adecuado e inclusivos a ciudadanía con discapacidad, o la atención teniendo en cuenta la diversidad de identidades y orientaciones sexuales.

Además, se ha ampliado la oferta de actividades relacionadas con la prevención de riesgos laborales y el teletrabajo, y se sigue ofreciendo enseñanza en materia de protección de datos personales y contratación administrativa.

Al igual que en la edición de 2020, se continuará, en coordinación con Presidencia del Gobierno, con la formación de la Agenda 2030 y la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, con la incorporación transversal del enfoque de género y las políticas de igualdad en todos los ámbitos de la gestión pública, y con la formación en idiomas y competencias digitales —con la novedad de un curso de gestión de redes sociales en la administración pública—.

Así mismo, este año se ha recuperado el programa Mentor, que consiste en el aprovechamiento de la experiencia, formación y conocimiento de los y las grandes profesionales que están trabajando en al administración. Estos ponen sus conocimientos al servicio de otras personas para que la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria mejore y, de paso, potenciando la cultura colaborativa.

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