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El BOC publica hoy el nombramiento de 136 personas que ingresan como personal funcionario de la Comunidad Autónoma

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Se les adjudica puesto de trabajo en siete cuerpos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy el nombramiento como personal funcionario de carrera de 136 personas en siete resoluciones que se corresponden con igual número de cuerpos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como anunció el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en una reciente comparecencia parlamentaria, cuando adelantó que la Dirección General de la Función Pública tenía previsto efectuar estos nombramientos en el transcurso de este mes.

En las resoluciones publicadas hoy se incluyen los nombramientos de los siguientes cuerpos:

  • Dos personas que ingresan por promoción interna en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Financieros y Tributarios (Grupo A, Subgrupo A1).
  • Ocho por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados (Grupo A, Subgrupo A1).
  • 12 por el sistema general de acceso libre en Cuerpo Facultativo, de Técnicos de Grado Medio, Escala de Técnicos Facultativos de Grado Medio (Grupo A, Subgrupo A2), Especialidad Técnicos de Prevención).
  • Tres por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Técnicos Facultativos Superiores (Grupo A, Subgrupo A1), Especialidad Técnicos de Prevención.
  • 47 por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General (Grupo A, Subgrupo A2).
  • Uno en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos (Grupo A, Subgrupo A1), Especialidad Arquitectos.
  • 63 en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1).

En todos los casos, la adjudicación del puesto de trabajo correspondiente es de carácter provisional y la toma de posesión deberá efectuarse en el plazo de un mes contado a partir del lunes de la próxima semana.

Por otra parte, quedan pendientes de efectuar el nombramiento en el turno libre del Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Grupo A, Subgrupo A2 (hay 34 personas aspirantes seleccionadas); en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad de Ingenieros Técnicos Industriales, Grupo A, Subgrupo A2 (ocho personas aspirantes seleccionadas), y en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad de Ingenieros Industriales, Grupo A, Subgrupo A1, (en ejecución provisional de sentencia, con 14 aspirantes). En promoción interna están pendientes el Cuerpo Administrativo Grupo C, Subgrupo C1 (74 personas seleccionadas) y el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad de Ingenieros Industriales, Grupo A, Subgrupo A1 (dos personas seleccionadas). En todos estos casos, la Dirección General de la Función Pública continúa con la revisión de la documentación presentada con la intención de resolver lo antes posible.

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Cerca de 200 empleados y empleadas públicas asisten a la primera sesión de los “ICAP´s Talk”

Primera sesión ICAP's Talk

El experto en modernización Fernando Álvarez remarca que la Administración pública debe ser un agente facilitador del cambio en la sociedad

“ICAP´s Talk” es el nombre del ciclo de charlas organizadas por el Instituto Canario de Administración Pública, en coordinación con la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, destinadas al personal público para aprovechar su conocimiento en la mejora de la gestión. A esta primera sesión asistieron cerca de 200 empleados y empleadas públicas, además de altos cargos de Presidencia del Gobierno.

El invitado en esta ocasión ha sido el especialista en modernización pública, Fernando Álvarez, que ha insistido en la importancia de que las administraciones empleen los datos de los que disponen en sus procesos de mejora. Para el experto, la Administración tiene que ser el motor y un agente facilitador del cambio en la sociedad, de forma que al mismo tiempo que mejoren los servicios que presta, se generen oportunidades de emprendimiento se facilite un cambio del modelo productivo.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, inauguró el acto. Tras apuntar que es imposible cambiar la Administración sin el concurso de su personal, recordó los cuatro pilares en los que apoya su gestión: estabilidad de la Administración (para evitar que esté expuesta a sobresaltos periódicos en un entorno de cambios que son cada vez más rápidos); digitalización (para incentivar esta forma de relación entre la Administración y la ciudadanía); transparencia (la exigencia de la rendición de cuentas no debería suponer un aspectos aislado o adicional a la rutina de trabajo del personal público), y la evaluación de resultados (de forma constante a través de datos objetivos).

Álvarez puso en valor los cuatro puntos que explicó Pérez, con los que coincidió, para añadir que la modernización en el ámbito público es, principalmente, un proceso de transformación digital en el que están implicadas la sociedad, así como los sectores productivos y económicos, además de la propia Administración. Ello que implica la incorporación de tecnología en la prestación de servicios con el doble objetivo de optimizar la gestión pública y aportar valor a la sociedad, por un lado, además de generar un ecosistema de innovación y emprendimiento para que las generaciones futuras puedan desarrollar actividades profesionales en torno al mismo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con los pilares estratégicos de crecimiento inteligente y sostenible.

Por su parte, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Participación, Alejandro Rodríguez, remarcó que la Administración se enfrenta a un momento crítico porque debe afrontar dos retos de manera simultánea: la transformación de lo digital en su ámbito y el relevo generacional. Enfatizó que ahora se vive no una época de cambio, sino un cambio época, y explicó que el mayor problema que se encuentra la Administración para seguir adelante en este contexto no está relacionado con el desafío tecnológico, sino con el empoderamiento de sus recursos humanos.

La directora del ICAP, Eva De Anta, relacionó el proceso de modernización de la Administración pública que el Gobierno quiere impulsar en esta legislatura con la hoja de ruta de los ODS de la Agenda 2030 a los que se refiere Álvarez. Señaló que estas charlas servirán como un punto de encuentro para originar un debate en torno a cómo afrontar este reto, a través del conocimiento de gestores expertos que puedan transmitir al personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias su experiencia en este campo.

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Canarias será el escenario de un simulacro de erupción volcánica y terremoto

Julio Pérez y Luis Manuel Martínez presentan el Ejercicio Conjunto Combinado “Canarias 2020”

En el Ejercicio Conjunto Combinado “Canarias 2020” participarán en marzo, entre otros, Protección Civil de Canarias, la Policía Canaria y la Unidad Militar de Emergencias (UME) en un escenario de crisis de máximo nivel que tendrá lugar en el Archipiélago

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Luis Manuel Martínez, anunciaron hoy la realización del Ejercicio Conjunto Combinado “Canarias 2020”, que consiste en un simulacro de una situación de emergencia de nivel 3 (el máximo) que tendrá lugar entre el 21 y 26 de marzo del próximo año.

También acudieron a la presentación el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas, el subcomisario del Cuerpo General de la Policía Canaria, Jesús González, el director del CECOES 1-1-2, José Domingo Linares, y el técnico del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias, Jorge Parra. Por parte de la UME asistieron el coronel del Departamento de Relaciones y Evaluación, coronel Marí y Marín, que a su vez dirigirá el Ejercicio, el jefe del II Batallón de la UME, del que depende la UIEM Canarias, teniente coronel Garcés Menduiña, y el jefe de la UIEM Canarias, comandante Álvarez Viana.

Se trata de un ejercicio que lleva a cabo la UME cada año y que le permite estar en las condiciones idónea para dar una respuesta inmediata en la dirección de una emergencia de interés nacional. La UME planifica, programa y dirige este ejercicio combinado, que será el décimo de este tipo. Servirá de adiestramiento en la transición de la dirección de la crisis desde el nivel 2 (Comunidad Autónoma) a nivel 3 (Estado), además de gestión de la propia crisis, coordinación con otros organismos y traspaso de responsabilidad en la fase de normalización de la emergencia.

Este simulacro de emergencia de interés nacional estará originado por un riesgo principal de erupciones volcánicas, tras el cual emergerán riesgos secundarios como seísmos, incendios forestales o accidentes aéreos. También serán incluidos Riesgos Tecnológicos. En concreto, la situación de emergencia se producirá como consecuencia de un terremoto tectónico de magnitud 5.2 a 10 kilómetros de profundidad, con epicentro a pocos kilómetros al norte de Santa María de Guía (Gran Canaria). El Instituto Geográfico Nacional (IGN) le asigna una intensidad máxima VII-VIII.

La sacudida es muy potente y se registran numerosos heridos y algunos fallecidos. Además, se producen daños muy graves en edificaciones y numerosos deslizamientos de ladera. Ante esta situación, el Plan Especial de Riesgo Sísmico se coloca en nivel 2 de emergencia, y el Plan Territorial de Protección Civil se coloca al mismo nivel. El IGN no emite alerta de maremoto para todo el Archipiélago.

Pero al poco de producirse el terremoto, se detecta una elevación repentina de dióxido sulfúrico y dióxido de carbono en Tenerife. Los datos de la red GPS e imágenes de satélite indican deformaciones muy notables del terreno, por lo que el semáforo volcánico de información a la población se sitúa en naranja, de “erupción inminente”, y el Plan Especial de Riesgo Volcánico de Canarias pasa a situación de alerta máxima.

Una vez producida la erupción en Tenerife, comienza una fase explosiva y una columna eruptiva de dos a tres kilómetros de altura. Aparecen columnas de lava, flujos piroclásticos, expulsión de fragmentos volcánicos y bombas hasta 200 metros fuera del cono. Además, son muchos son efectos asociados: deslizamientos de ladera, desprendimientos rocosos, incendios forestales, emanaciones tóxicas no mortales, pero que contaminan acuíferos. El semáforo volcánico se sitúa en rojo, y el Plan Especial de Riesgo Volcánico de Canarias pasa a situación operativa 2.

Valorada la situación en ambas Islas, y tras evaluar el nivel de daños, el Gobierno de Canarias propone al Ministerio del Interior que declare la situación de Emergencia de Interés Nacional de los Planes Especiales de Riesgo Sísmico y Volcánico. Para la gestión y resolución de esta emergencia serán necesarios diversos medios, unidades, organismos y entidades de todos los niveles (local, autonómico, nacional e internacional).

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La Policía Canaria contará en 2020 con más recursos para aumentar los 4.600 servicios que lleva en lo que va de año

Julio Pérez explica en el Parlamento los recursos de la Policía Canaria para 2020

El Cuerpo General de la Policía Canaria se prepara para desplegarse en las Islas no capitalinas y asumir nuevas competencias, para lo que necesita más efectivos, explica Julio Pérez en sede parlamentaria

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó ayer en sede parlamentaria que los presupuestos para 2020 de su departamento contemplan un aumento de recursos destinado a reforzar el personal del Cuerpo General de la Policía Canaria de manera que se puedan aumentar sus actuaciones. En lo que va de año, detalló, ya van más de 4.600 servicios.

Pérez defendió que “hace falta” el incremento presupuestario para el próximo ejercicio a fin de que el Cuerpo General de la Policía Canaria cumpla los cometidos que tiene atribuidos por ley. El número actual de efectivos, 96, que serán 153 tras la incorporación de otros 57 para enero de 2020, resulta “insuficiente”, aseveró el consejero.

El próximo año, se ejecutará la OPE de 2019, que supondrá la incorporación de otros 69 efectivos, y recordó que el objetivo para el final de legislatura, “y si es posible”, es llegar al menos a 300.

El consejero llevó a cabo un repaso de las actuaciones realizadas de enero a octubre de este año. Explicó que, durante ese periodo de tiempo, la Policía Canaria realizó 142 servicios a solicitud de los ayuntamientos; 2.944 de orden público; 1.295 de la Unidad de Menores y Familia; 221 de Unidad; nueve de vivienda, 13 de sanidad, y 14 con la Inspección de Trabajo, entre otras.

Además, anunció, la intención del Gobierno autonómico es que la Policía Canaria se despliegue en las Islas no capitalinas ante la demanda de los cabildos para que esté presente en las mismas, así como ejercer nuevas competencias y reforzar las actuales. “Y para todo esto, hacen falta más policías”, remató.

La Policía Canaria cuenta en 2019 con un presupuesto de 6.012.966 de euros, y para 2020 serán, previsiblemente, 6.817.371 euros, a fin de poder llevar a cabo el crecimiento previsto.

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Julio Pérez escuchó las principales reivindicaciones de los sindicatos de la Administración

Primera reunión Julio Pérez con los representantes sindicales

Representantes sindicales y miembros del equipo de la Consejería de Administraciones Públicas acuerdan mantener reuniones de forma periódica para abordar diversos temas tras esta toma de contacto y ahondar en el diálogo

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, la directora general de la Función Pública, Laura Martín, el director general de Modernización y Calidad de los Servicios, Pablo A. Hernández, y la directora del ICAP, Eva de Anta, tuvieron ayer lunes un primer encuentro con representantes sindicales de la Administración General que sirvió de toma de contacto entre ambas partes.

Al encuentro, mantenido en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria mediante videoconferencia, acudieron por parte de los sindicatos, acudieron al encuentro Manuel González y Francisca Martín por Sepca; José Ramón Barroso y Pedro Costeras, por CCOO; Javier Galván y Elías Martín por CSIF; Gregorio Acosta por UGT; y Abraham Catalina Méndez y Ana María García por Cobas y un representante por Intersindical Canaria.

Julio Pérez expuso a los representantes sindicales cuatro aspectos a los que pretende dar prioridad a en esta legislatura: reforzar la estabilidad de la estructura de la propia Administración autonómica; avanzar en la digitalización de los procedimientos; aumentar la transparencia en la gestión, y mejorar la medición y evaluación de las actuaciones.

Ambas partes hicieron constar la necesidad, y su intención, de dialogar para consolidar los avances ya alcanzados, mejorar los aspectos que lo necesiten y plantear nuevos objetivos en esta nueva etapa. Para ello, ambas partes se comprometieron a celebrar reuniones periódicas que les permita continuar debatiendo sobre los asuntos a abordar.

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El Gobierno quiere “ir más de prisa” en la construcción de un nuevo edificio judicial en Puerto del Rosario

Julio Pérez en el Parlamento de Canarias el 24 de septiembre de 2019

El 15 de julio de este año se contrató la redacción del proyecto de ejecución de las obras del nuevo edificio de juzgados de Puerto del Rosario, que deberá estregarse en mayo del próximo año

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció ayer en sede parlamentaria que prevé que las obras de la futura sede judicial de Puerto del Rosario estén concluidas entre finales de 2023 y principios de 2024. Pérez enfatizó que seguirá los trámites ya en marcha, pero más deprisa.

Pérez recordó que el concurso de ideas se resolvió en octubre de 2018 y que el pasado 15 de julio de 2019 se suscribió el contrato para la redacción del proyecto de ejecución de las obras de construcción de dicho edificio, proyecto que debe entregarse en mayo de 2020. Unos meses después deberá poder ser adjudicada la construcción del nuevo edificio.

A partir de esa fecha, la duración de la construcción se prolongará de tres a cuatro años, por lo que estaría completado entre finales de 2023 y principios de 2024.

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El Gobierno cree obligado ajustar las leyes antitransfuguismo canarias a la jurisprudencia constitucional

Julio Pérez en el pleno del 24 de septiembre de 2019

Julio Pérez estima que las normas actuales son contrarias a lo establecido por el Tribunal Constitucional

El Gobierno revisará las leyes antitransfuguismo de Canarias para que se ajusten a la jurisprudencia constitucional derivada de la sentencia más reciente del Tribunal Constitucional.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en respuesta a una pregunta de la diputada de CC Socorro Beato, afirmó que creía obligado revisar las leyes de municipios y cabildos que penalizan a los concejales y consejeros llamados “tránsfugas”, quienes según las leyes vigentes no pueden asumir ciertas funciones, ni percibir ciertas retribuciones.

Julio Pérez dijo que, tras una sentencia de diciembre de 2017 del Tribunal Constitucional (TC), hay que revisar si las limitaciones legales impuestas a los tránsfugas han de considerarse limitaciones al “mandado libre” que vincula al concejal o consejero con sus electores.

Una vez que el TC ha dictaminado que ese mandato libre no puede restringirse mediante límites jurídicos, es “obligado”, dijo Julio Pérez, estudiar si es procedente derogar las leyes canarias.

La diputada Beato sostuvo que las limitaciones económicas a los tránsfugas para cobrar retribuciones pueden mantenerse, y que el propósito del Gobierno obedece a “intereses partidistas”, lo que negó el consejero, diciendo que, por el contrario, había sido Beato quien se refirió a tales intereses.

Julio Pérez afirmó que se trata de un debate jurídico, no político, o no solo político.

Cuando lleguen al Parlamento los proyectos normativos que aborden el asunto habrá ocasión, dijo el consejero, de medir exactamente qué parte de las leyes debe corregirse o derogarse.

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