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El Ejecutivo y el sector inmobiliario elaboran un Código para promover prácticas más transparentes y responsables

El Ejecutivo y el sector inmobiliario elaboran un Código para promover prácticas más transparentes y responsables

Esta iniciativa impulsa un marco común de principios, deberes y estándares de actuación

La adhesión al Código es voluntaria, pero su cumplimiento será obligatorio para los agentes adheridos

CIVICAN refuerza la protección de los consumidores y la seguridad jurídica en las operaciones inmobiliarias

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el director gerente de VISOCAN, Javier Terán, han presentado esta mañana el Código de Buenas Prácticas con el Sector Inmobiliario de Canarias (CIVICAN), un instrumento pionero destinado a establecer un marco común de principios, deberes y estándares de actuación que orienten la actividad inmobiliaria en las Islas hacia prácticas responsables, transparentes y legalmente seguras.

El documento, impulsado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, en colaboración con las asociaciones profesionales del sector, ha nacido con el objetivo de reforzar la confianza entre la ciudadanía y los agentes inmobiliarios, ofreciendo mayor credibilidad y garantías a quienes intervienen en procesos de compraventa o alquiler de vivienda.

Al acto de presentación ha asistido la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, como primer agente adherido, con la representación de su presidente, Rafael Tarajano. El consejero Pablo Rodríguez ha destacado que “el Código de Buenas Prácticas del Sector Inmobiliario nace con la voluntad de generar confianza y ofrecer garantías a la ciudadanía en uno de los ámbitos más sensibles de su vida, el acceso a una vivienda”.

En esta línea, Rodríguez ha destacado que esta iniciativa “marcará un antes y un después en la profesionalización del sector reforzando la transparencia, la ética y la seguridad jurídica en todas las operaciones”. Asimismo, ha añadido que “comprar o alquilar una vivienda no puede entenderse como una transacción económica, sino como un paso esencial en la construcción de un proyecto de vida”. En este sentido, ha explicado que el Código “es un sello de calidad que distingue a los profesionales que actúan con rigor, honestidad y compromiso, ofreciendo a los ciudadanos la certeza de que están en manos de agentes acreditados y comprometidos con la legalidad y las buenas prácticas”.

El presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, Rafael Tarajano, ha apuntado que “la compraventa o el alquiler de una vivienda es una de las decisiones más importantes que toma una familia a lo largo de su vida, y por eso resulta esencial contar con profesionales formados, éticos y comprometidos que acompañen todo el proceso con rigor y transparencia”. Asimismo, ha destacado que el Código “servirá para dignificar la profesión, reconocer a los agentes que hacen las cosas bien y ofrecer a los consumidores una referencia clara de confianza y calidad”.

Tarajano ha añadido que “con este acuerdo damos un paso decisivo hacia la profesionalización real del sector inmobiliario en Canarias”. Recordando, además que “el Registro de Agentes Inmobiliarios, unido ahora al Código de Buenas Prácticas, permitirá identificar a quienes actúan con responsabilidad y alejar del mercado a quienes no cumplen con los estándares mínimos que la sociedad merece”.

Por su parte, el director gerente de VISOCAN, Javier Terán, ha destacado “la importancia de avanzar en la colaboración público-privada para fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario”. Además, ha indicado que el nuevo Código “supone un paso firme hacia un modelo más transparente y seguro, en el que tanto propietarios como inquilinos puedan tener la tranquilidad de que sus operaciones se desarrollan con todas las garantías éticas y jurídicas”.

Terán ha subrayado además que “iniciativas como esta pueden contribuir a que afloren más viviendas al mercado, tanto en régimen de alquiler como de compraventa, al ofrecer mayor seguridad y fiabilidad a la ciudadanía”. En ese sentido, ha asegurado que desde VISOCAN “se impulsará la difusión y el seguimiento del Código, con el objetivo de que cada vez sean más las agencias y profesionales que se adhieran y promuevan una cultura de buenas prácticas que beneficie a todo el sistema”.

El Código define principios rectores como la transparencia, la protección de los derechos de los consumidores, la igualdad, la no discriminación y la legalidad en todas las operaciones inmobiliarias. Además, establece mecanismos de supervisión, arbitraje y resolución de conflictos, e incorpora un distintivo oficial que identificará a los agentes adheridos.

Asimismo, ha fomentado la difusión de las políticas públicas de vivienda, el acceso a ayudas y subvenciones, y el uso de herramientas de garantía en los contratos de arrendamiento, con el fin de reforzar la seguridad jurídica y económica de propietarios e inquilinos.

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La Consejería de Presidencia aprueba un código de buenas prácticas para los procesos de selección de empleados

Servirá de orientación a los tribunales calificadores para mejorar la calidad de los procesos selectivos y permitir una real y efectiva participación de las personas aspirantes

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, ha aprobado a través de la Dirección General de la Función Pública un código de buenas prácticas para la confección, por parte de los tribunales calificadores, de los cuestionarios tipo test que, como prueba selectiva, forman parte de los procesos de selección de personal funcionario y laboral fijo de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Así, se establecen orientaciones en relación con la formulación de las preguntas, en aspectos tales como la necesaria relación entre el programa exigible y el contenido de las mismas, la relación entre el nivel de dificultad y el nivel académico exigido, la formulación de enunciados simples, basados en la certeza jurídica o de la disciplina objeto de evaluación, o la prohibición de preguntas basadas en la doble negación.

Este código de buenas prácticas aborda también el procedimiento de elaboración, impresión, depósito, entrega y custodia de los cuestionarios, en aspectos tales como la forma en que se distribuye entre los miembros del tribunal calificador, cómo se alojan en lugar seguro, se imprimen, se depositan y se entregan.

Esta resolución forma parte del conjunto de medidas que viene adoptando la Consejería de Presidencia para mejorar la calidad de los procesos selectivos y permitir una real y efectiva participación de las personas aspirantes. Para ello establece una serie de orientaciones que han de tomar en consideración los tribunales calificadores a la hora de confeccionar un cuestionario tipo test, sin perjuicio de la discrecionalidad técnica de la que gozan y de la autonomía en el ejercicio de sus funciones.

El establecimiento de buenas prácticas en los procesos selectivos obedece, en primer lugar, a que la selección de personal forma parte de la política de planificación de recursos humanos, no tratándose únicamente de reclutar efectivos sino de orientar la selección hacia determinados perfiles profesionales.

Además, en la medida en que todos los tribunales calificadores aborden la elaboración de los cuestionarios tipo test sobre la base de unos mismos criterios, la actuación de la Administración será más objetiva y homogénea y se evitarán agravios comparativos entre procesos selectivos.

Por otro lado, si bien la realización de un cuestionario tipo test por parte de las personas aspirantes está sometida, en cuanto a concurrencia competitiva, a un tiempo máximo, estos deben ser formulados de una manera que permita su fácil comprensión en cuanto a los planteamientos formulados y un fácil manejo del documento.

Se plantean buenas prácticas también en la formulación de las respuestas, de forma que se limite el número de éstas y que sean excluyentes entre sí -es decir, que ninguna pueda considerarse más verdadera que la otra-, que se evite el uso abusivo de respuestas que se basen en la veracidad o falsedad de las demás o que la literalidad de las respuestas sea tan igual entre sí que dificulte su diferenciación.

De otra parte, se establecen buenas prácticas en cuanto a la confección del documento en sí mismo, en aspectos tales como su extensión, de forma que exista una correlación razonable entre el tiempo de realización y el que resulte necesario para su lectura, contestación y revisión, que garantice una lectura fácil y cómoda con una adecuada estructura de texto.

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