Esta línea de ayudas permite financiar cursos, jornadas y otras acciones formativas dirigidas a reforzar la cualificación de este personal

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) ha convocado las subvenciones destinadas a financiar los planes de formación del personal al servicio de los cabildos, ayuntamientos y demás entidades locales de Canarias correspondientes al ejercicio 2026. La resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), cuenta con una dotación de 410.413,73 euros, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP) y de acuerdo con el Plan Estratégico de Subvenciones 2026-2028 y las bases reguladoras de estas ayudas.

El anuncio ha sido presentado este martes a representantes de los cabildos y ayuntamientos canarios durante una sesión telemática presidida por el director del ICAP, Gustavo Pérez. Durante el encuentro se explicaron las principales novedades y se resolvieron las dudas de las entidades locales sobre el procedimiento de solicitud y ejecución de estas ayudas del organismo autónomo, adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Gustavo Pérez explica que esta línea de subvenciones forma parte de los 770.730 euros que el ICAP gestionará durante este ejercicio para impulsar la formación de los empleados públicos de las entidades locales canarias, “con el objetivo de reforzar la cualificación de los profesionales y contribuir a una Administración pública más eficaz, moderna y preparada para responder a las necesidades de la ciudadanía”.

El objeto de la convocatoria es financiar planes de formación para el empleo promovidos por las propias entidades locales, así como por sus federaciones o asociaciones, favoreciendo la actualización permanente de conocimientos, el desarrollo profesional de los empleados públicos y la mejora de la calidad de los servicios públicos que se prestan.

Las entidades interesadas podrán presentar planes de formación de tres modalidades previstas en las bases reguladoras: planes unitarios, promovidos por una única entidad local; planes agrupados, desarrollados conjuntamente por varias entidades; y planes interadministrativos, en los que participan distintas administraciones públicas.

Las acciones financiadas podrán incluir cursos, jornadas, seminarios y otras actividades formativas. El importe máximo financiable por participante y hora se determinará en función de la modalidad y del nivel de la formación, conforme a los límites establecidos en las bases reguladoras.

Entre los gastos subvencionables figuran los directamente vinculados a la actividad formativa, como la contratación del personal docente, plataformas tecnológicas, equipos y materiales didácticos, alquiler de espacios, seguros o acciones de difusión.

Para ser subvencionables, los gastos deberán ajustarse al valor de mercado, realizarse durante el ejercicio 2026, haber sido efectivamente abonados antes del 31 de diciembre del año de concesión y estar debidamente justificados mediante facturas o documentos contables. Asimismo, deberán respetarse las obligaciones de concurrencia entre proveedores previstas en la normativa vigente. No serán objeto de financiación, entre otros conceptos, los impuestos indirectos susceptibles de recuperación, las sanciones administrativas o penales, los gastos judiciales o los cargos bancarios.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica del ICAP, conforme al procedimiento previsto en la resolución de convocatoria y en las bases reguladoras. El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.

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La formación ha permitido a los participantes obtener conocimientos para una correcta gestión de los equipos de trabajo y la resolución de conflictos

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, a través de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, realizó un seminario web con el objetivo de formar a los empleados públicos sobre los puntos claves del liderazgo efectivo.

Un total de 459 personas, tanto personal de la comunidad autónoma como de ayuntamientos y cabildos, se han inscrito a este curso impartido por el coach ejecutivo César Piqueras. De ellos, 207 asistieron de forma online y el resto la realizará por medio de autoformación.

La directora general de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, Juana María Reyes, explicó que este tipo de iniciativas ha permitido a los participantes obtener conocimientos que pueden aplicar en su día a día para una correcta gestión de equipos de trabajo y la posible resolución de conflictos, que redunden en una mejora en la calidad de los servicios públicos a la ciudadanía.

El objetivo de esta formación ha sido conocer las principales claves sobre la dirección de equipos, desde un enfoque claro y aplicable en el día a día, como por ejemplo saber orientar al equipo de trabajo hacia los objetivos o abordar situaciones complicadas que impliquen conversaciones difíciles desde una postura asertiva, entre otros aspectos.

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Servirá de orientación a los tribunales calificadores para mejorar la calidad de los procesos selectivos y permitir una real y efectiva participación de las personas aspirantes

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, ha aprobado a través de la Dirección General de la Función Pública un código de buenas prácticas para la confección, por parte de los tribunales calificadores, de los cuestionarios tipo test que, como prueba selectiva, forman parte de los procesos de selección de personal funcionario y laboral fijo de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Así, se establecen orientaciones en relación con la formulación de las preguntas, en aspectos tales como la necesaria relación entre el programa exigible y el contenido de las mismas, la relación entre el nivel de dificultad y el nivel académico exigido, la formulación de enunciados simples, basados en la certeza jurídica o de la disciplina objeto de evaluación, o la prohibición de preguntas basadas en la doble negación.

Este código de buenas prácticas aborda también el procedimiento de elaboración, impresión, depósito, entrega y custodia de los cuestionarios, en aspectos tales como la forma en que se distribuye entre los miembros del tribunal calificador, cómo se alojan en lugar seguro, se imprimen, se depositan y se entregan.

Esta resolución forma parte del conjunto de medidas que viene adoptando la Consejería de Presidencia para mejorar la calidad de los procesos selectivos y permitir una real y efectiva participación de las personas aspirantes. Para ello establece una serie de orientaciones que han de tomar en consideración los tribunales calificadores a la hora de confeccionar un cuestionario tipo test, sin perjuicio de la discrecionalidad técnica de la que gozan y de la autonomía en el ejercicio de sus funciones.

El establecimiento de buenas prácticas en los procesos selectivos obedece, en primer lugar, a que la selección de personal forma parte de la política de planificación de recursos humanos, no tratándose únicamente de reclutar efectivos sino de orientar la selección hacia determinados perfiles profesionales.

Además, en la medida en que todos los tribunales calificadores aborden la elaboración de los cuestionarios tipo test sobre la base de unos mismos criterios, la actuación de la Administración será más objetiva y homogénea y se evitarán agravios comparativos entre procesos selectivos.

Por otro lado, si bien la realización de un cuestionario tipo test por parte de las personas aspirantes está sometida, en cuanto a concurrencia competitiva, a un tiempo máximo, estos deben ser formulados de una manera que permita su fácil comprensión en cuanto a los planteamientos formulados y un fácil manejo del documento.

Se plantean buenas prácticas también en la formulación de las respuestas, de forma que se limite el número de éstas y que sean excluyentes entre sí -es decir, que ninguna pueda considerarse más verdadera que la otra-, que se evite el uso abusivo de respuestas que se basen en la veracidad o falsedad de las demás o que la literalidad de las respuestas sea tan igual entre sí que dificulte su diferenciación.

De otra parte, se establecen buenas prácticas en cuanto a la confección del documento en sí mismo, en aspectos tales como su extensión, de forma que exista una correlación razonable entre el tiempo de realización y el que resulte necesario para su lectura, contestación y revisión, que garantice una lectura fácil y cómoda con una adecuada estructura de texto.

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La programación de este año, que tiene un presupuesto de 858.808,09 euros, oferta 14.005 plazas y contempla 293 ediciones de cursos con 6.543 horas lectivas

Está dirigido al personal empleado público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos autónomos, así como de las entidades locales de las islas, de la Administración General del Estado en el archipiélago y, por convenio, de otras entidades

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, subraya la importancia de la formación continua, una herramienta imprescindible para la actualización de conocimientos y mejorar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía

El Consejo de Administración del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha aprobado el Plan de Formación de 2023, que incluye, dentro de su extenso programa, actividades dirigidas a aumentar la formación del personal público en el funcionamiento del sector público por medios electrónicos y la gestión de fondos europeos.

Además, su programación aborda la implementación de la Dirección por Objetivos y la evaluación de políticas públicas, y persigue ampliar los conocimientos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, e incrementar la capacitación del personal en competencias digitales y en el conocimiento de herramientas digitales para la transformación digital de la Administración Pública y para la organización y el desarrollo del teletrabajo.

También pretende impulsar la difusión y formación sobre los instrumentos de participación ciudadana en el marco del Gobierno Abierto, fomentar la incorporación transversal del enfoque de género y las políticas de igualdad en todos los ámbitos de la gestión pública y promover la formación en habilidades directivas, a través de actividades formativas específicas, un curso de especialización de larga duración y el Programa Mentor. La oferta comprende, igualmente, materias que estimulan el trabajo colaborativo, la gestión del conocimiento y la innovación como valor a compartir en el ámbito público.

El propósito de este plan es ofrecer una formación que dé respuesta a las necesidades reales, colectivas e individuales del personal al servicio de la Administración Pública, dando cumplimiento al derecho a la formación continua del personal empleado público y colaborando en su desarrollo profesional, proporcionándole los instrumentos necesarios para afrontar los nuevos retos derivados de un contexto de transformación sin precedentes.

Tal y como ha subrayado Julio Pérez, la necesaria actualización de conocimientos es hoy una exigencia que tiene mayor intensidad que hace años. La formación continua es una herramienta imprescindible para conseguir objetivos de eficacia, modernización e innovación y debe repercutir en una gestión eficiente y de calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía, de ahí la importancia de que este plan recoja novedades legislativas y materias de actualidad.

Para ello, por ejemplo, el plan promueve el enfoque práctico de las actividades formativas, incluidas las del área jurídico-administrativa, especialmente en materia de contratación administrativa, procedimiento administrativo y subvenciones públicas, incrementa la oferta de idiomas (inglés, francés y alemán), introduce un nuevo nivel de aprendizaje de la lengua de signos española y fomenta el desarrollo de habilidades personales y sociales.

Con un presupuesto de 858.808,09 euros, el Plan de Formación del ICAP 2023, que se desarrollará entre abril y diciembre de este año, oferta 14.005 plazas y contempla 293 ediciones de cursos con 6.543 horas lectivas, a través de un programa amplio y especializado que facilita que los conocimientos adquiridos puedan transferirse de manera eficaz al desempeño del puesto de trabajo. Tanto en su diseño como en su ejecución se ha incrementado, en relación al año 2022, el desarrollo de actividades formativas a distancia y las de modalidad presencial, y se ha aumentado la oferta de contenidos ofrecidos a través del programa de autoformación.

Esta iniciativa está dirigida al personal empleado público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos autónomos, al personal de las entidades locales de las islas, de la Administración General del Estado en el archipiélago y, en ejecución de los convenios suscritos o que se puedan suscribir con otras entidades y administraciones, al personal a su servicio.

Modificación normativa

Durante el desarrollo del consejo de administración se han hecho diferentes aportaciones, tanto por parte de los representantes de las organizaciones sindicales como de la Administración Pública, para incrementar los porcentajes de ejecución de la programación del plan y resolver las dificultades que existen para atender todas las solicitudes, cuidar la valoración de los docentes, estableciendo mecanismos de respuesta por parte de los alumnos, y certificar los cursos de idiomas de acuerdo con el marco de referencia europea, cuestiones que el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y la directora del ICAP, Eva de Anta, han agradecido.

En su intervención, Eva de Anta ha destacado la modificación normativa que permite que el periodo de ejecución de los planes de formación sea el año natural, con independencia de la fecha en la que se haga efectiva la transferencia de fondos, lo que va a permitir que ayuntamientos y Fecam puedan iniciar las actividades formativas desde el 1 de enero y después imputarlas a los fondos que reciben una vez aprobado el plan de formación.

Con esta medida se pretende aumentar los porcentajes actuales de ejecución de la programación del plan, pues la oferta de los distintos cursos se llevará a cabo mucho antes, e incrementar el número de personas que reciben formación.

Junto con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, han participado en el Consejo de Administración del ICAP, por parte del Gobierno de Canarias, la viceconsejera de Administraciones Públicas y Transparencia, Alicia Álvarez, en calidad de vicepresidenta; la directora del ICAP, Eva de Anta, como secretaria; la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cubas; la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Amaya Conde; y el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián, todos ellos como vocales.

También han asistido como vocales, en representación de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), su gerente, Rosa Morales; de la Federación Canaria de Islas (Fecai), Santiago Martín; de Comisiones Obreras (CCOO), Flor Acosta; de Intersindical Canaria (IC) David Ortuño; del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Jesús Piñero; y de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Fernán Bravo.

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La nómina del próximo mes ya incluirá el aumento y los atrasos desde enero a octubre de este año por el mismo concepto

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy, a propuesta de las consejerías de Hacienda y de Administraciones Públicas, una ampliación de crédito de 70 millones de euros para actualizar las nóminas de los más de 70.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma con el incremento del 1,5% aprobado el pasado mes de octubre por el Gobierno de España en el marco del acuerdo con las organizaciones sindicales y sustanciado en el Real Decreto-ley 18/2022.

El incremento se aplicará a partir de la próxima nómina de noviembre y, dado que tiene efectos retroactivos a 1 de enero de 2022, la misma nómina también incluirá los atrasos de enero a octubre de este año. Recibirán la actualización el personal de Administración General, Educación, Sanidad, Universidades y concertada.

La normativa de retribuciones de los empleados del sector público corresponde exclusivamente al Estado y es de obligada aplicación para todas las administraciones.

Se da la circunstancia de que los Presupuestos canarios para 2023 también incorporan el incremento aprobado por el Gobierno en sus propias cuentas para los empleados del sector público, en un 2,5%, revisable en función del IPC, y el citado incremento adicional del 1,5%, con lo que la subida prevista en las cuentas canarias por este concepto alcanza el 4%.

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La publicación recoge las aportaciones del personal público y directivo de las administraciones canarias y explora el desarrollo en los próximos años del Estatuto de Autonomía desde una perspectiva innovadora y actual

Tanto el presidente del Gobierno como el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad destacaron en su presentación que esta obra pone en valor el talento de la sociedad canaria y de su Administración Pública

El libro ‘Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X Legislatura autonómica (2019-2023)’, editado por el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), con el propósito de profundizar en temas como las posibilidades y límites de la Reforma del Estatuto de Autonomía, así como su desarrollo legal; las nuevas competencias de la Comunidad Autónoma, la Administración de Justicia en el nuevo texto estatutario, la modernización e innovación administrativas, el desarrollo sostenible, las administraciones locales canarias ante el reto de la descentralización administrativa o el desarrollo del sistema electoral, entre otros, ya puede adquirirse, de forma gratuita y por vía telemática, en la tienda de Wolters Kluwer, empresa encargada de su publicación.

En su presentación en el Parlamento de Canarias, el pasado miércoles 16 de marzo, el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, coincidieron en destacar que esta obra pone en valor el talento de la sociedad y de la Administración Pública canaria.

Acompañado también por el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, y la directora del ICAP, Eva de Anta, el jefe del Ejecutivo canario agradeció el trabajo de todas las personas que han posibilitado este documento, que calificó como fundamental, porque recoge muchas cosas que se consiguieron cuando se pensaba que era casi imposible reformar el Estatuto de Autonomía, modificación que, según recordó, se materializó en 2018 como un texto de tercera generación, pero que se intentó muchos años antes.

Una norma, remarcó Torres, que hace que Canarias cuente con mayor autogobierno, que permite que el Parlamento pueda delegar en el Gobierno a través de decretos leyes, que contempla que el mar que circunda las islas sea de ámbito autonómico o que, por fin, la condición de Región Ultraperiférica esté anclada en el texto estatutario, entre otros avances.

Por su parte, Julio Pérez manifestó que las personas al servicio de la administración pública son siempre objeto del escrutinio de la ciudadanía y se tiene una imagen injusta que no se corresponde con la realidad, por lo que resaltó la importancia de que se sepa cuánto talento hay en la Administración. Y así se manifiesta, señaló, en el libro sobre el Estatuto, una obra colectiva de una treintena de empleadas y empleados públicos que reflejan sus puntos de vista técnicos, jurídicos, administrativos o económicos sobre el desafío que significa el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias.

El consejero afirmó que la plena expansión del texto estatutario, la aplicación para que la ciudadanía note la ampliación de competencias que recoge la nueva norma requiere, no solo de la voluntad política del Gobierno de impulsar la asunción de las mismas, sino que haya una Administración que tenga la capacidad para desempeñarlas y hacerlo con el talento, el conocimiento y la calidad de las personas a su servicio.

Gustavo Matos indicó que la obra tiene un significado especial en un año en el que la Autonomía de Canarias cumple 40 años, desde que en 1982 se aprobó el primer texto estatutario y en el que se reunió el primer Parlamento provisional que daría un año después lugar a las primeras elecciones a la Cámara Autonómica. “Son 40 años de autogobierno, de hombres y mujeres en el Parlamento de Canarias que durante diez legislaturas han dado lo mejor para traernos hasta aquí”, aseveró.

Desarrollo y retos del Estatuto

Eva de Anta resaltó la complejidad del nuevo texto estatutario, que prácticamente triplica a la anterior norma institucional básica canaria, y apuntó la necesidad de estudiar en profundidad este marco jurídico desde la particular perspectiva de las instituciones y las administraciones públicas canarias. Con dicho objetivo, se desarrollaron unas jornadas técnicas, celebradas en noviembre de 2020 con motivo del segundo aniversario de la reforma del Estatuto de Autonomía, que han dado lugar a una publicación que recoge el análisis sobre el desarrollo y los retos de futuro de la norma superior canaria.

El texto es fruto de las aportaciones del personal público y directivo de las administraciones canarias participante en las jornadas, que ha compartido sus conocimientos e inquietudes. “Mujeres y hombres profesionalmente comprometidos con lo público y que tienen la bondad de compartir su conocimiento”, subrayó De Anta, quien destacó que la generosidad y el talento de las personas al servicio de las administraciones públicas es, en la actualidad, “una de las mejores formas de poder avanzar hacia un futuro esperanzador y con las mejores expectativas”.

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