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El Ejecutivo estudia medidas para favorecer la conciliación laboral y familiar en Canarias

Las consejeras de Derechos Sociales y Empleo, Noemí Santana y Elena Máñez, abordan posibles medidas dirigidas a facilitar la conciliación laboral y familiar en este periodo de alarma sanitaria por la Covid-19

“Sin conciliación no es posible la reconstrucción económica y social” subrayó Santana

“Somos conscientes de que para alcanzar la normalidad que anhelamos es necesario poner en marcha medidas para que las y los trabajadores acudan a su lugar de trabajo con garantía de que la  conciliación laboral y familiar sea una realidad. Si algo tenemos claro es que sin conciliación, no es posible la reconstrucción económica y social”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, tras la reunión celebrada con la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, en el marco del Comité de Emergencia Social para abordar posibles medidas dirigidas a facilitar la conciliación laboral y familiar en Canarias.

“La actual situación de alarma sanitaria ha dejado patente la necesidad, más que nunca, de contar con medidas que faciliten y promocionen la conciliación entre la atención a la familia y las responsabilidades laborales”, explicó Santana, quien indicó que la reunión celebrada supone “la primera referente a las medidas de conciliación que desde la administraciones públicas tenemos que poner en marcha para la reconstrucción social y económica de Canarias”. En este sentido, avanzó que en próximos encuentros se invitarán a otras áreas de vital importancia como Función Pública para ir acordando medidas que desde lo público den ejemplo en el sector privado.

Por su parte, la consejera del área de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, aseguró que “es importante que avancemos y tomemos medidas para conciliar vida laboral y familiar,  partiendo desde la misma Administración, especialmente en un ámbito que afecta sobre todo a las mujeres porque sabemos que somos precisamente las mujeres las que, cuando estamos en alguna situación de crisis, las que abandonamos el mercado laboral para asumir los cuidados familiares”. “No podemos dejar atrás a más de la mitad de la población que somos las mujeres”, concluyó.

Posibles medidas presentadas para garantizar la conciliación laboral y familiar

A este respecto, en el marco de la reunión del Comité de Gestión Social se plantearon un conjunto de medidas para el sector público dirigidas, por un lado, a favorecer la flexibilidad horaria y buscar nuevas fórmulas de control del trabajo, como la apertura de los centros más allá del habitual horario en centros públicos de 8 a 15 horas.

Como segunda medida, el Comité abordó la posibilidad de implantar días de permiso de cuidados, con el fin de permitir al personal atender las necesidades del cuidado a menores o dependientes mientras dure la necesidad de que se trate, con una duración máxima de cuatro días al mes o sus horas correspondientes. En ningún caso estos días podrán ser acumulados y deberá de justificarse su necesidad de forma anticipada.

Y, como tercera medida, se plantea contar en los edificios públicos laborales con algunas dependencias, atendidas por profesionales del cuidado para tal efecto, en las que poder permanecer las y los menores en las mejores condiciones por el tiempo que resulte indispensable; sin interferir en el trabajo de sus progenitores ni tener que estar en un ambiente de mayores. Esta medida, sin ánimo de sustituir guarderías o colegios, generaría empleo y calidad en el empleo y estaría en consonancia con medidas adoptadas en este sentido por países de nuestro entorno.

ERTE para conciliar y cuidados

En el Comité de Gestión Social se abordó la posibilidad de trasladar al Estado que de los fondos públicos destinados a cubrir los Expedientes de Regulación de Empleo Temporales se valore incorporar permisos de conciliación retribuidos.

Esta medida planteada desde la viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias propone, así, que el sector privado no soporte en solitario la necesidad de conciliación social que vivimos.

Asimismo, también se abordó la necesidad de ampliar los permisos de maternidad y paternidad a 12 meses, con posibilidad de prorrogarlo en el caso de que el le educación de 0 a 6 años no se normalice.

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El Gobierno se compromete con las entidades sociales para dar respuesta al incremento de la demanda de ayudas

La plataforma del Tercer Sector y los colegios de Trabajo Social de las dos provincias asisten, por primera vez, al Comité de Gestión Social creado por la crisis sanitaria del COVID-19

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha trasladado a las entidades sociales su total respaldo a la labor que desarrollan estas organizaciones para atender a las personas más vulnerables afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19 y que ha situado a muchas hogares de las Islas en grave riesgo de exclusión social.

Tal y como se comprometió la semana pasada con la plataforma del Tercer Sector representada por su directiva, Antonio Rico, de Cruz Roja; Miguel Déniz, de Once, y Caya Suárez, de Cáritas, y los colegios oficiales de Trabajo Social de las Islas – con quien mantuvo una reunión- hoy han participado en el Comité de Gestión Social, encabezado por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.

«Les necesitamos ahora más que nunca. Es muy importante también que les tengamos como asesores del Gobierno. Nadie mejor que las asociaciones y trabajadoras sociales conoce la realidad social. Por eso es muy importante que igual que ha habido expertos sanitarios en la gestión de la crisis sanitaria, en la gestión social contemos con los mejores expertos y expertas en cuestión social”, aseguró Noemí Santana.

Tanto el presidente del Gobierno de Canarias como la consejera de Derechos Sociales han agradecido a las entidades su inmensa labor durante esta crisis y se han comprometido con ellos a respaldar su acción. En ese sentido, Noemí Santana trasladó que en los próximos días saldrá en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria de subvenciones, mediante concurrencia competitiva, para el año 2020, destinadas a la ejecución de proyectos en las áreas de personas mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social, por un montante de 6.498.000 euros, lo que supone un incremento del 52% frente a lo destinado en el año 2019 y que ayudará a paliar las consecuencias sociales derivadas del COVID-19. Además, esta convocatoria, y a pesar del estado de alarma sanitaria, se adelanta dos meses con respecto al año anterior.

Según manifestó la consejera de Derechos Sociales, «el respaldo al Tercer Sector no se lo damos solo con palabras y con ánimo: se lo damos ampliando y adelantando ayudas y plazos. Las entidades del Tercer Sector son un brazo que ayuda al Gobierno y vamos a darle músculo ”.

Asimismo, la consejera de Derechos Sociales también trasladó que ya los Ayuntamientos están trabajando en los proyectos que se financiarán con los 12 millones de pobreza, lo que permite, entre otras cuestiones, la contratación del personal para la atención de las familias, dándose respuesta a una de las reivindicaciones de los Colegios de Trabajadores Sociales.

 

Subvenciones para cubrir necesidades de alimentación básicas

 

La consejera también puso sobre la mesa el compromiso del Gobierno de Canarias para que las entidades puedan dar respuesta a las necesidades de alimentación básica de muchas familias. En este sentido, anunció que se destinará un fondo extraordinario de 340.000 euros para esta cuestión que irá destinado a los Bancos de Alimentos de las dos provincias, la ONG Sonrisas Canarias y Cruz Roja Española en las dos provincias.

El Comité de Gestión Social, presidido por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, está conformado por la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana; la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, María José Guerra, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende. Además, hoy ha participado el director general de Derechos Sociales, Jonás González.

 

 

 

 

 

 

 

 

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