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Canarias recibirá 102 millones de euros de fondos europeos para impulsar un nuevo modelo de cuidados

Noemí Santana: “Estos fondos nos permitirá desarrollar el modelo de cuidados que Canarias merece. Desde la comunidad autónoma haremos un esfuerzo, que sumada a esta inversión procedente de Europa, nos permitirá transformar el actual modelo de atención a personas mayores y dependientes, así como la mejor y refuerzo de políticas de igualdad e inclusión”

Canarias recibirá unos 102 millones de euros durante el periodo 2021-2023 procedentes del eje de ‘Economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e Inclusión’ del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En 2021, los fondos ascenderán a 34.033.407,93 euros, lo que supone un 4,66% del total de este fondo procedente de la Unión Europea y que asciende en su totalidad para este año a 910 millones de euros, de los que 730,8 millones de euros serán gestionados por las comunidades autónomas.

“Estos fondos nos permitirá desarrollar el modelo de cuidados que Canarias merece. Desde la comunidad autónoma haremos un esfuerzo, que sumada a esta inversión procedente de Europa, nos permitirá transformar el actual modelo de atención a personas mayores y dependientes, así como la mejor y refuerzo de políticas de igualdad e inclusión”, manifestó la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, tras el encuentro.

El reparto de los fondos europeos fue una de las cuestiones abordadas hoy en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y para la Autonomía y Atención a la Dependencia, donde está presente el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas. Esta partida irá destinada a planes de apoyo y cuidados de larga duración, planes de modernización de servicios sociales y accesibilidad.

Además de este acuerdo, también se abordó la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia para el que se contempla una inyección de más de 600 millones de euros por parte del Estado. De esa cuantía, 283 millones de euros se distribuyen entre las comunidades autónomas y Canarias recibirá 8.956.506,03 euros, lo que representa un 3,16% de la totalidad.

“Por fin el Estado vuelve a destinar fondos a la mejora del sistema de Dependencia incrementando su aportación que realiza en este ámbito. Nos parece esencial este Plan de Choque, especialmente para Canarias donde la aplicación de la Ley de Dependencia sufre un retraso histórico”, aseguró Noemí Santana.

El acuerdo establece como objetivos prioritarios la reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación; la mejora de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), así como la introducción de mejoras en los servicios y prestaciones. Además, se contempla que en 2021 se regule la figura profesional del Asistente Personal, y que al final de 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que vivan en su domicilio tendrán acceso al servicio de teleasistencia como un “derecho subjetivo”.

Reparto de fondos para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados

Durante el Consejo Territorial de Servicios Sociales y para la Autonomía y Atención a la Dependencia también se abordó el reparto de los 27,7 millones de euros destinados a la atención de menores inmigrantes no acompañados incluidos en los Presupuestos Generales del Estado.

Canarias, en principio, recibirá 2 millones de euros de este fondo al situarse en la ratio de 33 menores inmigrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes. Además, el Ministerio de Derechos Sociales ha reservado un 35% de estos fondos (9,5 millones de euros) para apoyar la oferta de plazas solidarias que las Comunidades Autónomas ponen a disposición de los territorios donde se produzcan incrementos sustanciales, como es el caso de Canarias en la actualidad.

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Canarias, la tercera comunidad con mayor aumento en la cifra de personas beneficiarias con derecho en dependencia

Según datos del Informe sobre el Impacto del Covid-19, elaborado por el Imserso, Canarias mantiene la tendencia creciente y mejora en todos los parámetros en relación a la atención a la dependencia

Canarias ha sido una de las comunidades autónomas en las que más ha aumentado las personas beneficiarias con derecho con un incremento del 2,2% interanual, con 722 personas beneficiarias con derecho reconocidas más que en diciembre de 2019, detrás de la comunidad Valenciana, con un 12,0%, con 12.378 personas más, y Baleares, con un 2,1% interanual, con 537 personas más, según el informe sobre el Impacto del Covid-19 en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), elaborado por el Imserso, con fecha diciembre de 2020.

Por el contrario, las Comunidades autónomas donde más ha decrecido el número de personas beneficiarias con derecho han sido Aragón (-7,3% interanual, con 2.844 personas menos), Madrid (-5,8% interanual, con 9.986 personas beneficiarias con  derecho menos) y La Rioja (-5,2% interanual, con 592 personas menos).

“A pesar de la pandemia, logramos mejorar las cifras en dependencia. Tenemos aún mucho margen de mejora, pero estamos sentando las bases para que la ley de Dependencia sea, por fin, en Canarias una realidad que de respuesta a las necesidades de la ciudanía”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana.

Además, según los datos de este informe, Canarias fue la cuarta comunidad autónoma donde el número de personas beneficiarias con prestación aumentó con respecto a diciembre de 2019, en concreto,  un 7,2% interanual, con 1.680 personas más, detrás de la comunidad Valenciana, con un 15,7%, con 13.862 personas más; el Principado de Asturias, con un 14,8%, con 3.116 personas más; y Baleares, con un 11,6%  interanual, con 2.400 personas beneficiarias con prestación más.

Por su parte, las Comunidades autónomas donde más disminuyeron las personas beneficiarias con prestación han sido La Rioja (-7,8% interanual, con 644 personas menos), la Comunidad de Madrid (-7,1% interanual, con 10.180 personas beneficiarias con prestación menos) y Aragón (-4,3% interanual, con 1.419 personas menos).

“Estos datos ponen de manifestó el nivel de compromiso y esfuerzo del personal del centro directivo, que se verá reforzado con la próxima incorporación de 101 trabajadores técnicos más, lo que permitirá, a su vez, una continuada mejora de las cifras”, subrayó el director general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, Miguel Montero, quien explicó que “este informe del Imserso recoge los datos en materia de gestión en la atención a la dependencia de todo el año 2020, lo que demuestra que en las Islas vamos por el buen camino a pesar de la complicada situación generada por la pandemia”.

Mejora también en la cifra de solicitudes

En relación al número de solicitudes, según datos del citado Informe, en un total de 14 Comunidades Autónomas ha descendido el número de solicitudes respecto a diciembre de 2019, siendo las comunidades donde más han descendido las solicitudes Extremadura  (-6,9% interanual, con 3.906 solicitudes menos), Aragón (-6,4% interanual, con 3.299 solicitudes menos), Castilla- La Mancha (-5,4% interanual, con 4.869 solicitudes menos) y La  Rioja (-4,5% interanual, con 688 solicitudes menos), mientras que las únicas comunidades autónomas donde ha mejorado la cifra de solicitudes han sido la comunidad Valenciana (7,8% interanual, con 11.212 solicitudes más), Canarias (2,9% interanual, con 1.546 solicitudes más) y Baleares (1,1% interanual, con 357 solicitudes más).

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Canarias contará con 12 millones de euros para la atención de personas y familias en situación de necesidad

Según explicó la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, la partida será distribuida entre los ayuntamientos canarios para financiar programa de atención a familias y personas en situación de vulnerabilidad

La concesión de la subvención, otorgada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con carácter directo, ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado

Canarias contará con una partida de 12 millones de euros para financiar prestaciones básicas de servicios sociales para la atención de personas y familias en situación de necesidad, en riesgo o exclusión social. La subvención, concedida con carácter directo por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según explica la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, “con esta partida se pretende apoyar a los Ayuntamientos a reforzar los servicios que prestan y favorecer la creación de proyectos innovadores destinados a la mejora de la calidad de vida de los sectores de población más desfavorecidos”.

De esta forma, indica Santana, a través esta subvención, se pretende implementar las actividades enmarcadas dentro del Plan de Prestaciones básicas de servicios sociales, para lo cual se firmará protocolo de Actuación con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para la distribución de estos créditos, en forma de aportación dineraria, entre los 88 municipios de las Islas.

Para la consejera de Derechos Sociales, “esta ayuda del Estado resulta crucial para Canarias en estos momentos más teniendo en cuenta las consecuencias sociales y económicas sin precedentes que la población de las Islas está soportando ante la actual situación de crisis sanitaria generada por la pandemia, con la adopción de medidas que, sin duda, afectan a toda la ciudadanía pero cuyo impacto ha sido mucho mayor en las familias y personas que sufren una mayor situación de vulnerabilidad o/y de exclusión social”.

A través de esta ayuda financiera se podrán financiar, según se recoge en la publicación del BOE, los servicios de información y orientación que facilite el acceso equitativo a los recursos sociales, así como el asesoramiento especializado sobre problemas sociales y su canalización; los programas de ayuda a domicilio para la prestación de una serie de atenciones a los individuos o familias en su domicilio cuando se hallen en situaciones en las que no sea posible la realización de sus actividades habituales o se encuentren en situaciones de conflicto psicofamiliar, así como la gestión y administración de los alojamientos alternativos en situaciones de crisis personal o familiar y los programas de prevención e inserción social de individuos, familias o grupos que se encuentren en un proceso de marginación o exclusión social.

Además, se podrán financiar las actuaciones en materia de cooperación social y el fomento de la solidaridad a través de las actividades de colaboración con las asociaciones o grupos de iniciativa social y las prestaciones y ayudas económicas como complemento a las prestaciones básicas.

Las actuaciones financiadas con estas aportaciones dinerarias se desarrollarán hasta el 31 de octubre de 2021.

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Más de 51.000 personas reciben la ayuda extraordinaria de Derechos Social para cubrir gastos de la pandemia

La consejería de Derechos Sociales ha abonado esta semana la ayuda extraordinaria a los beneficiarios de pensiones no contributivas de jubilación y discapacidad, PCI y Fondo de Asistencia Social

Para hacer efectivo el abono de estas ayudas, el Ejecutivo canario ha destinado una partida que asciende a 12.763.250 euros

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Dirección general de Derechos Sociales, ha comenzado ya a abonar la ayuda extraordinaria de 250 euros a las 51.051 personas beneficiarias de las Pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilación, las del Fondo de asistencia social (FAS) y las del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), así como las de la Prestación Canaria de Inserción, según ha anunciado hoy en sesión parlamentaria la consejera del área, Noemí Santana, donde se ha aprobado por unaminidad el Decreto-Ley que lo regulaba.

“Con esta ayuda para cubrir gastos derivados de la pandemia que se han realizado este año (mascarillas, geles, productos de desinfección…), queremos dar una buena noticia a la gente que más lo necesita en un año difícil”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que también destacó que este ingreso “se realiza sin que las personas perceptoras tengan que hacer ningún trámite, ni mover un solo papel.”

En concreto, reciben esta prestación social, de carácter finalista única y extraordinaria de 250 euros, un total de 42.858 personas que reciben una Pensión No Contributiva, tanto de invalidez como de jubilación, así como 7.394 perceptores de la Prestación Canaria de Inserción y un total de 799 perceptores de Fondo de Asistencia Social (FAS) y del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM).

Para hacer efectivo el abono de estas ayudas, el Ejecutivo canario ha destinado una partida que asciende a 12.763.250 euros, de los cuales 10.714.750 euros corresponden a las Pensiones No Contributivas; 1.848,760 euros a los beneficiarios de la PCI y 199.750 euros a las personas que reciben una ayuda del Fondo de Asistencia Social (FAS) y del Subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM).

Esta ayuda se otorga en aplicación del proyecto de Decreto-Ley que crea una prestación social, finalista, personal e intransferible, destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia del COVID-19, como puedan ser mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes, productos desinfectantes, o para la realización de pruebas de diagnóstico para la detección de esta enfermedad, y aquellos otros relacionados con la cobertura de las necesidades básicas.

El pago se ha efectuado transferencia bancaria en la cuenta en la que las personas beneficiarias tienen domiciliado el percibo ordinario de su pensión o prestación, y la resolución de reconocimiento y pago será publicada en el Boletín Oficial de Canarias a los efectos de notificación de todas las personas beneficiarias.

Dichas prestaciones se excluirán y no se tendrán en cuenta para el cómputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado, así como por cualesquiera de las prestaciones o ayudas económicas y en especie otorgadas por las Administraciones públicas canarias.

 

 

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Noemí Santana pide la unidad de toda la sociedad ante la emergencia migratoria

La consejería de Derechos Sociales, Noemí Santana, presidió hoy la reunión de la comisión permanente del Foro Canario de la Inmigración que contó con la presencia de los diferentes grupos parlamentarios

Santana anunció la próxima celebración de una reunión con las comunidades autónomas en la que se abordará el traslado y reubicación de menores extranjeros no acompañados

“Solo estando unidos, partidos políticos y sociedad, se puede gestionar una emergencia migratoria como la que vive Canarias”, manifestó hoy la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, durante la celebración comisión permanente del Foro Canario de la Inmigración que tuvo lugar hoy de forma telemática y en la que estuvieron presentes representantes de los grupos parlamentarios.

La consejera Noemí Santana puso de relieve algunos datos para dimensionar el fenómeno: “Entre el 1 de enero y el 15 de noviembre llegaron a nuestras costas 16.760 migrantes y 553 embarcaciones irregulares, esto supone un aumento de más del 1.000 por ciento respecto a las cifras del año anterior, superando incluso el número de personas que han llegado de forma irregular hasta la fecha al resto de España”.

Durante el encuentro se abordó la cuestión concreta de la atención de menores extranjeros no acompañados, competencia autonómica, y la consejera adelantó que en próximos días se celebrará una reunión interterritorial en la que se pedirá al resto de comunidades autónomas que actúen de forma solidaria, estableciendo un acuerdo estable de traslado y reubicación en la Península de algunos de estos menores. Hay que recordar que en el actualidad, el Ejecutivo canario tutela a un total de 2.380 niños y niñas migrantes no acompañados, pasando de los poco más 500 de comienzo de la legislatura a los casi 2.400 actuales.

Noemí Santana puso en valor la utilidad del Foro Canario de la Inmigración que “constituye una herramienta enormemente útil, como los hechos han demostrado. De hecho, el pasado mes de septiembre sirvió para alertar a las instituciones estatal y europea y que empezaran a tomar conciencia de la gravedad de la situación. Desde entonces, aunque lentas, se han visto soluciones e implicación, que es lo que todos demandábamos”, matizó la consejera de Derechos Sociales.

Creación de grupos de trabajo para la elaboración del futuro Plan canario de Inmigración

“Lo que llevamos hoy a la comisión permanente son las bases para comenzar a trabajar en un futuro Plan Canario de Inmigración que nos permitirá contar con un instrumento de carácter consensuado y participativo que recoja las medidas, líneas de intervención y actuaciones a desarrollar por el Gobierno de Canarias, por el Estado y las Administraciones Locales, en el marco de la cooperación interadministrativa, con la participación de las entidades sociales y organizaciones que trabajan con el colectivo de personas migrantes”, indicó Santana.

El objetivo de este Plan es fijar las líneas de intervención con la población migrante y con la sociedad canaria, durante los años próximos, facilitando los procesos de integración e inclusión social en la sociedad de acogida, “siempre partiendo de un modelo de convivencia intercultural, que potencie un clima de respeto y enriquecimiento mutuos”, aclara el documento.

Tras la aprobación por la comisión permanente del Foro Canario de la Inmigración de la relación de indicadores necesarios para la determinación del diagnóstico de la situación de la población extranjera, se procederá al trabajo de recopilación, análisis y diagnóstico de su situación por parte de las Universidades Públicas canarias, y la creación de un grupo de trabajo con representación de los distintos departamentos del Ejecutivo canario, Universidades y representación del Foro Canario de la Inmigración.

Este grupo de trabajo será el encargado de elaborar un borrador del futuro Plan Canario de Inmigración que será sometido a un proceso de debate participativo antes de su aprobación en el marco del Foro y posteriormente remisión a Consejo de Gobierno para su aprobación y desarrollo posterior.

El Foro Canario de Inmigración es un órgano de carácter consultivo, creado en el año 2000, con el objeto de actuar de espacio de participación, asesoramiento y consulta respecto a la situación y necesidades de la población inmigrante y refugiada, solicitantes de asilo y personas inmigrantes residentes en Canarias. El Foro está conformado por representantes del Ejecutivo canario, de la FECAI, de la FECAM, del Gobierno del Estado, así como de asociaciones de atención a personas inmigrantes o refugiadas, organizaciones no gubernamentales, entidades sindicales y empresariales y organizaciones vecinales.

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Canarias contará con un fondo extraordinario de 10 millones de euros para la atención de menores no acompañados

El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, anunció que el Real Decreto que regula la concesión de esta ayuda, “urgente y extraordinaria”, ha sido aprobada hoy por el Consejo de Ministros

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, valoró positivamente que desde el Estado se “haya entendido que Canarias no podía hacer frente en solitario” al reto de la llegada continua de menores no acompañados

Canarias contará antes de fin de año con los fondos comprometidos de 10 millones de euros para la atención para la atención y acogida de menores extranjeros no acompañados. Este fue el principal acuerdo presentado en el marco de la reunión de trabajo celebrada hoy entre el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, y la consejera  de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana.

Según explicó el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en la rueda posterior al   encuentro, “hemos presentamos hoy un acuerdo centrado en hacer frente a la situación migratoria que afecta a los niños y niñas y adolescentes que emigran solos”. “La llegada continuada de menores que llegan a las Islas hace necesario que desde el Gobierno de España se atienda a las necesidades extraordinarias de financiación que en esos momentos tiene el Gobierno canario y por eso, hemos cerrado un acuerdo, que ha pasado hoy por el Consejo de Ministros, por el que se concede de forma extraordinaria y urgente una transferencia de 10 millones de euros en las próximas semanas a Canarias para poder hacer efectivo el derecho de una acogida digna los menores que emigran solos”.

Momento de la reunión de trabajo entre Nacho Álvarez y Noemí Santana

Por su parte, la consejera del área, Noemí Santana, agradeció la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  y valoró positivamente que desde el Estado “se haya entendido que Canarias no podía hacer frente en solitario de este reto tan importante, por lo que hemos llegado a unos acuerdos de acompañamiento que permitirá dotar a la Consejería de un conjunto de recursos económicos”.

“Pero, continuó Santana, los acuerdos con el Estado van más allá, ya que se ha entendido que el pueblo español es un pueblo solidario sin tener en cuenta a la Comunidad Autónoma a las que han llegado estos menores, y para buscar respuestas, se va a convocar una mesa de debate con otras comunidades para trabajar en esta línea”.

Hay que recordar que Canarias ha hecho frente en solitario a la acogida y atención de los chicos y chicas que llegan sin apoyo familiar hasta las costas canarias a través de barcazas y pateras, poniendo en marcha, hasta la fecha, un total de 21 dispositivos de emergencia para la acogida de estos menores, un total de 2.212 (a fecha 30 de noviembre).

Tal y como se recoge en el Real Decreto, se concede, con carácter excepcional y por razones de interés público, social y humanitario, una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para la atención y acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañado, en el año 2020, ante el “fuerte incremento en el número de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que llegan a las costas de la comunidad autónoma de Canarias, que es frontera exterior de la Unión Europea” lo que “ha llevado a tener que aumentar las previsiones y recursos disponibles de los servicios de protección para otorgarles la protección y la atención necesaria que dé respuesta a sus derechos y a sus necesidades específicas, y que no pueden ser satisfechas por los medios regulares de los que dispone esta comunidad autónoma”. El citado Real decreto establece las normas reguladoras para la concesión directa de la citada subvención.

La reunión entre ambos representante continuará durante el resto de la jornada en la que se celebrarán sendos encuentros con diferentes asociaciones y entidades del Tercer Sector.

 

 

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El anteproyecto de Ley de la Renta de Ciudadanía inicia su trámite normativo tras el visto bueno del Gobierno

El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un periodo de 12 meses, renovable mientras se mantengan las causas de concesión

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al anteproyecto de Ley de la Renta de Ciudadanía de Canarias, que regulará la futura Renta de Ciudadanía en el Archipiélago. Con este trámite, el anteproyecto inicia el proceso normativo establecido hasta su llegada al Parlamento para su debate y aprobación posterior, que se prevé sea para junio de 2021.

El anteproyecto de Ley contempla la condición de la Renta de Ciudadanía como una ayuda de carácter personal, nominativa e intransferible que tiene carácter subsidiario y complementario de las pensiones y de otras prestaciones económicas que pudieran corresponder a los miembros integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social o de cualquier otro régimen público de protección social. La cuantía mensual vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía base y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las persona beneficiarias.

Además, se reconoce este derecho mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social, y se garantizará en condiciones de igualdad a las personas que cumplan con los requisitos previstos en la nueva norma.

Para poder acceder a esta ayuda, la persona solicitante tendrá que ser integrante de una unidad de convivencia en los términos establecidos en la ley; estar empadronada durante un mínimo de doce meses, de manera continuada o que tenga residencia efectiva de cinco años (de manera continuada o interrumpida); acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital; estar inscrita como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo; no residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia; ser mayor de 23 y menor de 65 años, y carecer de recursos económicos suficientes.

El anteproyecto prevé algunas excepciones con respecto a requisitos generales de acceso, como en el caso del empadronamiento y la edad, cuando se trate de colectivos especialmente vulnerables: mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual o trata, víctimas de violencia en el ámbito familiar, personas sin hogar, personas emigrantes canarias retornadas, personas refugiadas, familias con menores a cargo.

Además el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo. También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributiva,  que se desarrollarán a través de un reglamento específico).

Simplificación en la tramitación y plazo para dictar resolución

La norma contempla que, con el fin de agilizar el procedimiento de la solicitud de la Renta, la persona interesada podrá presentar su solicitud de manera telemática, pudiendo ser asistidos por los servicios sociales del ayuntamiento de su municipio en el supuesto de que no disponga de los medios electrónicos necesarios para realizar la presentación telemática. Además, las solicitudes también se podrán presentar por cualquiera de las formas y vías establecidas en el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

El plazo para dictar y notificar la resolución de concesión o denegación por parte de la Consejería será de tres meses desde la entrada del expediente completo. El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un período de 12 meses, renovable por igual plazo mientras se mantengan dichas causas y se sigan cumpliendo las condiciones para el acceso a la prestación, sin perjuicio de su suspensión o extinción por las causas contempladas, o de la renovación, en su caso. Con respecto al derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o laboral, podrán acceder a este derecho todas las personas con residencia en Canarias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o exclusión social, perciban o no una renta de ciudadanía.

Articulado del anteproyecto

El anteproyecto de ley se estructura en un título preliminar, cuatro títulos y diversas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. El título preliminar contiene las previsiones generales de la norma, como su objeto, los principios básicos, el modelo de atención, las personas titulares y beneficiarias, la unidad de convivencia, las personas titulares y beneficiarias, vivienda o alojamiento, así como la definición de las situaciones de exclusión social protegidas, junto con el reconocimiento del derecho a la inclusión social, que se configura como el derecho a recibir los apoyos y el acompañamiento personalizado orientado a la inclusión plena y efectiva en la sociedad.

El capítulo I establece el concepto, la naturaleza y las características de la renta de ciudadanía y el capítulo II está dedicado a los complementos de vivienda, educación y pensiones no contributivas.

El título II está dedicado al proceso de inclusión social y el título III, al régimen sancionador determinando las infracciones y su graduación, las sanciones que llevan consigo y el procedimiento a seguir en este régimen.

Por último, el título IV recoge el régimen competencial y la financiación de la renta de ciudadanía, que se hará íntegramente con cargo al presupuesto de la comunidad autónoma.

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El Gobierno aprueba una ayuda extraordinaria para beneficiarios de pensiones no contributivas y de la PCI

Serán beneficiarios de esta ayuda única de 250 euros los actuales perceptores de la PNC y la PCI, algo más de 50.700 personas

La ayuda se dará de oficio, sin tener que presentar solicitud, y se hará efectivo el pago antes del 15 de enero de 2021

 

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha aprobado el decreto ley impulsado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud que aprueba la concesión de una prestación social finalista, única y de carácter extraordinario de 250 euros a favor de las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC) y de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), ante la situación de crisis social motivado por la COVID-19. El pago se realizará antes del 15 de enero de 2021.

Según se especifica en el decreto ley, uno de los colectivos más afectados por la actual situación de pandemia son las personas beneficiarias de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilación, las del Fondo de Asistencia Social (FAS) y las del subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), así como las de la Prestación Canaria de Inserción, ya que se encuentran en una situación generalizada de precariedad económica para hacer frente a gastos derivados de la situación de la pandemia.

Con el fin de apoyar a los perceptores de estas ayudas, el decreto ley crea una prestación social, finalista, personal e intransferible destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia de la COVID-19.

Se trata de una prestación única de carácter extraordinario con una cuantía individual de estas ayudas que se fija en 250 euros. El pago se efectuará de oficio mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que las personas beneficiarias tienen domiciliado el percibo ordinario de su pensión o prestación. La resolución de reconocimiento y pago será publicada en el Boletín Oficial de Canarias a los efectos de notificación de todas las personas beneficiarias.

Dichas prestaciones se excluirán y no se tendrán en cuenta para el cómputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado, así como por cualesquiera de las prestaciones o ayudas económicas y en especie otorgadas por las administraciones públicas canarias.

Para hacer frente a ese pago único, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, destinará una partida presupuestaria que asciende a 13.767.750 euros, a través del cual se pretende llegar a dar cobertura a un total de 50.747 personas beneficiarias.

Perfil del beneficiario

Serán beneficiarias de esta ayuda única las personas que reciben una pensión no contributiva en Canarias (a fecha de noviembre, un total de 42.977 personas, de las cuales 26.991 reciben una pensión de invalidez y 15.986 una pensión de jubilación), así como las 7.770 personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (dato de octubre de 2020), que se encuentren en situación de alta en nómina a 10 de diciembre de 2020 y sean residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, hay que tener en cuenta que en Canarias el 65,5% de las perceptoras de pensiones no contributivas son mujeres. De hecho, del total de pensiones no contributivas 28.140 son mujeres, 16.913 de ellas reciben una pensión por invalidez y 11.227 una pensión de jubilación, siendo la media de pensión de invalidez de 395 euros y la media de jubilación de 370 euros.

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Derechos Sociales logra el compromiso del Estado para la transferencia de fondos para menores inmigrantes

La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 se compromete con Canarias en destinar un fondo extraordinario de 10 millones de euros para financiar gastos derivados de la atención y acogida de menores inmigrantes no acompañados a las Islas

Hasta la fecha, Canarias tutela a 2.006 menores inmigrantes no acompañados y ha abierto este año 21 dispositivos de emergencia

Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

“Canarias no puede dar respuesta en solitario al problema migratorio. Es por ello, que hemos reclamado al Estado y a la Unión Europea una colaboración de mayor intensidad que contemplase también a los menores inmigrantes no acompañados. Nos alegramos de que la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 haya tenido la sensibilidad suficiente para entender que no podemos seguir solos”, afirmó la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, tras una reunión con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

El compromiso alcanzado entre ambas administraciones es que la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros un Real Decreto Ley para aprobar una subvención directa para Canarias de 10 millones de euros para la atención y acogida de menores no acompañados. Los fondos llegarían antes del 31 de diciembre de 2020.

Según manifestó el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, Canarias ha hecho “un esfuerzo extraordinario para ofrecerles una acogida digna, enfrentándose ya a graves dificultades para abordar esta situación en solitario, por lo que hemos acordado actuar de forma urgente”. De esta forma, el secretario de Estado explicó que se van a “facilitar recursos por parte de la Administración General del Estado para ayudar a sufragar los costes que debe afrontar Canarias en esta crisis”.

Hasta ahora, Canarias ha hecho frente en solitario a la gestión de los menores inmigrantes no acompañados ya que se trata de una competencia autonómica. Aún así, y ante el importante repunte en la llegada de menores, la comunidad autónoma ha solicitado en varias ocasiones, tanto al Estado como a la Unión Europea, el destino de fondos específicos para esta materia, tal y como se había hecho en ocasiones anteriores.

En la actualidad, la comunidad autónoma tutela a 2.006 niñas y niños (en enero de 2020 eran 540) y ha abierto 21 dispositivos de emergencia para dar acogida a los mismos.

El otro compromiso adquirido por parte del Gobierno estatal es dar traslado a las comunidades autónomas, a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que se active la solidaridad interterritorial para la acogida de menores inmigrantes no acompañados.

En el encuentro también participó el director general de Infancia del Gobierno español, Gabriel González-Bueno, y la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez.

Declaraciones de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana:

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Dependencia concede subvenciones a entidades sociales por 1,3 millones de euros para gastos derivados de la Covid

Según explicó el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, un total de 34 entidades sociales reciben ayudas para afrontar los gastos extraordinarios generados por la actual situación de pandemia

Se trata de subvenciones dirigidas a programas de atención en las áreas de dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Dependencia y Juventud, ha concedido un total de 1.298.194,55 euros en ayudas directas distribuidas entre un total de 34 entidades del Tercer Sector que desarrollan programas de atención a la dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental.

“Cuando el pasado mes de abril preveíamos que la actual situación de crisis se iba a prolongar en el tiempo, desde la Dirección general nos pusimos en marcha para buscar fondos propios con los que ofrecer apoyo financiero a las entidades de Tercer Sector que desarrollan programas en las áreas de atención a la dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental”, explicó el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, quien señaló que las ayudas ya han sido distribuidas entre todas las entidades sociales que solicitaron las mismas.

“El objetivo era ayudar a estas entidades a hacer frente a los gastos extraordinarios generados por la actual situación generada por el Covid-19”, explicó Montero, quien matizó que “gracias a estas ayudas directas se ha permitido a las entidades sociales poder continuar prestando sus servicios y ampliar los mismos a los domicilios al tener los centros cerrados”.

De esta forma, a través de esta línea de ayudas se buscó reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de contagio.

Además, se incrementó y reforzó el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de los servicios, así como trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando la suspensión de atención diurna en centros.

Igualmente, se financió el reforzamiento de las plantillas de los servicios de atención a la dependencia y/o la discapacidad, en caso de que sea necesario realizar sustituciones o incrementos de plantilla por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla así como se apoyó la adquisición de medios de prevención (EPI).

Para la concesión de estas ayudas no procedía la concurrencia pública al entenderse la naturaleza específica para la que se solicita la subvención ante una situación especial provocada por la declaración del estado de alarma a partir del pasado 14 de marzo, que tiene unas consecuencias más allá de la duración del mismo, en el normal funcionamiento de los servicios de atención a las personas dependientes y/o con discapacidad así como la necesidad de ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las necesidades producidas.

 

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