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Canarias solicita al Estado adelantar antes de julio la anualidad de 2026 del Plan de Vivienda

El Gobierno canario solicita contar con la financiación antes de que acabe este primer semestre para garantizar la ejecución de las actuaciones previstas este año

El consejero Pablo Rodríguez reitera en la Conferencia Sectorial celebrada esta mañana que los actuales parámetros de reparto de fondos, de 1991, no reflejan la realidad económica, social y territorial actual de las islas

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha solicitado este jueves, en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada en Madrid, la transferencia de los 42 millones de euros de la anualidad de este año del Plan Estatal de Vivienda por parte del Estado para garantizar la ejecución de los proyectos y ayudas previstos durante el segundo semestre del año.

“Si nos transfieren los fondos antes del mes de julio, estaremos en disposición de poder ejecutar la planificación prevista para este año”, ha señalado Rodríguez durante la celebración de este encuentro, al que también ha asistido la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pino de León.

Cabe recordar que Canarias recibe una financiación estatal de 222,6 millones de euros a cinco años, lo que representa el 5,30% del reparto estatal previsto dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. A esta cantidad se suma una aportación realizada por el Gobierno de Canarias de 148,4 millones de euros.

En la anualidad de este 2026, Canarias debe recibir 42 millones de euros del Estado, que repartirá, según establece el propio plan, en un 40% para construcción de vivienda; en un 30% para rehabilitación, y en otro 30% para políticas de vivienda.

Por otro lado, durante el encuentro, los dos representantes de vivienda han vuelto a reiterar al Estado una revisión de los criterios de reparto de los fondos estatales destinados al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para las islas, al considerar que los parámetros actuales no responden a la realidad económica, social y demográfica de Canarias.

Canarias ya ha trasladado esta reivindicación en anteriores conferencias sectoriales y en las alegaciones remitidas al Plan Estatal de Vivienda, destacando la necesidad de actualizar los criterios empleados para la distribución de los créditos entre las comunidades autónomas, ya que continúan utilizando indicadores de renta per cápita correspondientes a 1991.

“Esto provoca que no se refleje de forma precisa la realidad económica, social y demográfica de Canarias, lo que limita la efectividad de los recursos asignados”, ha señalado Rodríguez, a la vez que ha insistido en que la realidad, después de 35 años, ha cambiado mucho para el archipiélago.

“La evolución social, demográfica y económica de Canarias obliga a revisar unos criterios de reparto que han quedado desfasados. Es necesario incorporar indicadores que reflejen la realidad actual de las islas y las particularidades de cada comunidad autónoma”, ha apuntado el consejero.

Por ello, el Ejecutivo ha pedido al Ministerio que permita modular esos límites en función de las particularidades de cada territorio y del perfil real de las personas que necesitan apoyo público para acceder a una vivienda.

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Canarias exige al Ministerio que contemple las singularidades de las islas en el nuevo Plan de Vivienda 

Pablo Rodríguez lamenta que, una vez más, el Estado no atienda las especificidades de un territorio como el canario y subraya la necesidad de un plan flexible y consensuado con las comunidades autónomas

El consejero y el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, han participado en la sexta Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada esta mañana en el Ministerio

El Ejecutivo insiste en la propuesta ya planteada al Estado para que permita el uso de remanentes y superávits de las administraciones públicas, que en el caso de Canarias asciende hasta los 2.000 millones de euros, para dar respuesta a la emergencia habitacional

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha exigido al Ministerio que contemple las singularidades de las islas en el próximo Plan Estatal de Vivienda (2026-2030), a la vez que ha incidido en la necesidad de que este sea flexible y atienda a las propuestas y mejoras planteadas por las comunidades autónomas.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones durante la sexta Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, celebrada esta mañana en el Ministerio, en la que ha estado acompañado por el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega.

Durante la sesión, el consejero Rodríguez ha subrayado la necesidad de diálogo y consenso: “El plan comienza sin el consenso necesario. Desde Canarias estamos a disposición del Ministerio para trabajar de manera conjunta y que sea un plan compartido por todos y útil para dar respuesta a la emergencia habitacional”, ha indicado.

Asimismo, el consejero ha destacado que Canarias ha aprovechado esta cita para adelantar las alegaciones y propuestas que planteará el Ejecutivo “con el objetivo de elaborar un plan que pueda aprobarse antes de final de año y que no sea impuesto, sino que integre las realidades y particularidades de todas las comunidades autónomas”.

En esta línea, Canarias busca garantizar que el Plan del Gobierno de España se adapte a la realidad del archipiélago y sea efectivo en la respuesta a la emergencia habitacional. Entre estas propuestas, destaca la utilización de los remanentes y superávits de las administraciones públicas, una iniciativa que ya el Gobierno canario presentó en la Conferencia de Presidentes y que permitiría destinar de manera temporal recursos extraordinarios a políticas de vivienda. “Aunque por el momento el Ministerio de Vivienda no ha dado respuesta definitiva, derivando en gran parte la cuestión al Ministerio de Hacienda, el Gobierno canario considera  que esta medida  es viable y necesaria para aportar un plus a la financiación autonómica en la materia”, ha explicado Rodríguez.

Asimismo, el consejero responsable del área ha detallado que “la mayor parte de nuestras mejoras se centran en la búsqueda de flexibilización del Plan Estatal para que se convierta en un marco de coordinación entre las políticas del Estado y las ya implementadas por Canarias, sin imponer medidas que puedan perjudicar los avances locales. Es importante contemplar la singularidad de las islas no capitalinas, donde las dificultades para la construcción y promoción de vivienda son mayores debido a la escasez de mano de obra, la falta de materiales y el encarecimiento de los costes”, ha insistido.

En este sentido, el consejero ha subrayado también que Canarias destina actualmente más recursos a vivienda de los que exige el Plan Estatal, movilizando herramientas, instrumentos y fondos públicos “sin precedentes en la historia de Canarias, con cerca de 200 millones de euros destinados a las políticas públicas de vivienda”.

Rodríguez también se ha referido a la exigencia del Ejecutivo estatal sobre compartir datos, y ha destacado que las islas ya cuentan con un Observatorio Canario de Vivienda, que proporciona datos públicos y rigurosos para evaluar la eficacia de las políticas y permitir una planificación más precisa. Además, ha recordado que Canarias fue la primera comunidad autónoma en garantizar la permanencia de la vivienda pública, mediante el decreto-ley 1/2024.

“Las propuestas canarias combinan flexibilidad, innovación y adaptación a la singularidad territorial, buscando un Plan Estatal que sea realmente un plus a todo lo que ya estamos impulsando desde Canarias” ha insistido, a la vez que ha señalado que en estos dos años, “hemos impulsado una estrategia 360º, que contempla diferentes impulsos normativos para reducir las trabajos y acelerar procesos con dos decretos leyes, que han permitido reactivar la construcción de vivienda pública con cifras inéditas en los últimos años y movilizar promociones paralizadas desde hace una década. Este esfuerzo también ha buscado generar un cambio estructural que permita avanzar de manera sostenida en el ámbito de la vivienda, dejando atrás el inmovilismo normativo que había limitado el desarrollo en los últimos años”.

Rodríguez ha recordado que la prioridad debe ser “garantizar políticas eficaces y eficientes que respondan a esta situación”. Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de asegurar la financiación de las políticas de vivienda más allá de 2026, cuando finalizan los fondos europeos del Plan de Recuperación.

 

 

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