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Bienestar Social impulsa el Proyecto Emancípate para facilitar la autonomía de 679 jóvenes

En colaboración con la Asociación Mensajeros de la Paz-Canarias, dota a los jóvenes extutelados de habilidades sociales y laborales necesarias para alcanzar su autonomía sin abandonar los estudios

La Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias y en colaboración con la Asociación Mensajeros de la Paz-Canarias, ha implementado desde 2018 el Proyecto Emancípate, cuyo objetivo es facilitar la inserción social y laboral de jóvenes extutelados.

A través de este programa, 679 jóvenes han logrado avanzar hacia su emancipación mediante un proceso de acompañamiento y formación que aborda las múltiples dimensiones de la vida independiente, con una atención personalizada y ajustada a las necesidades de cada beneficiario.

Así lo explicó hoy la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, que destacó que el programa ofrece una orientación integral a cada joven en aspectos laborales, sociales, personales, económicos y familiares, ayudándoles a desarrollar competencias para la autonomía. “Este programa busca que los jóvenes no solo consigan estabilidad económica, sino que puedan participar plenamente en la sociedad, con herramientas para desenvolverse en todas las áreas necesarias para su independencia”, señaló la titular del área.

Una de las prioridades del Proyecto Emancípate es que, durante este proceso de adquisición de habilidades, los beneficiarios no abandonen los estudios, siempre que tengan la capacidad para continuarlos. Así, los participantes en el programa reciben formación y orientación laboral que les permite realizar una búsqueda activa de empleo y desarrollar capacidades que les facilitarán su integración en el mercado laboral, promoviendo así su independencia económica.

El programa se caracteriza por la creación de itinerarios personalizados, a través de los cuales cada joven desarrolla un Plan de Preparación para la vida independiente, donde se abordan áreas fundamentales como la inserción laboral, la educación, la vivienda y la mejora de habilidades sociales.

El programa también fomenta la participación y el sentido de comunidad entre los beneficiarios, promoviendo la cohesión grupal y la participación activa en las decisiones y actividades, lo que les permite desarrollar competencias relacionales. Además, se implementan medidas de apoyo psicológico para ayudar a los jóvenes a lograr el equilibrio emocional necesario para enfrentar los desafíos de la vida independiente.

El programa prioriza la igualdad de género y la integración de los jóvenes en recursos ordinarios del entorno para una inclusión efectiva en la comunidad, sin estigmatización. Los principios de voluntariedad y personalización en los que se basa este proyecto garantizan que cada joven reciba el apoyo adecuado para que, al alcanzar la mayoría de edad, estén preparados para asumir responsabilidades y contribuir activamente en la sociedad.

La realidad migratoria ha hecho, explicó la consejera, que su departamento establezca otras medidas para contribuir a promover la emancipación con garantías de los menores migrantes no acompañados una ver que cumplen la mayoría de edad.

 

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Bienestar Social acuerda con los cabildos la creación de 781 plazas sociosanitarias residenciales nuevas

La consejera, Candelaria Delgado, ultima las sextas adendas a los convenios de cooperación con los cabildos para mejorar el catálogo de recursos dirigidos a atender a la población con necesidades de apoyo

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha consensuado con los cabildos insulares la creación de 781 nuevas plazas residenciales en el archipiélago que estarán incluidas en las sextas adendas al convenio de cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los cabildos insulares para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad. Para ello, el Gobierno de Canarias aportará una financiación de 193, 2 millones de euros y las corporaciones insulares un total de 76,8 millones.

En total, Gobierno y cabildos destinarán 270 millones de euros a sufragar los nuevos recursos. Esta cuantía supone siete millones más que el montante destinado a la quinta adenda del convenio, aún en vigor. “Las administraciones canarias estamos trabajando de forma coordinada y de la mano, haciendo un esfuerzo presupuestario muy importante, para atender uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la sociedad canaria, que es consolidar y crear nuevos recursos para personas con distintas necesidades sociosanitarias”, explicó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.

Además de las plazas residenciales, la ampliación del convenio contempla 315 plazas diurnas extras y 490 plazas de teleasistencia. Asimismo, el acuerdo también incluye más de 30.000 horas de promoción de la autonomía personal y 85.040 horas de servicio de ayuda a domicilio.

Delgado destacó la importancia de prevenir el deterioro de las personas dependientes y la conveniencia de hacer hincapié en promover la autonomía personal. “Debemos prevenir la agravación de situaciones de dependencia y fomentar que las personas puedan mantenerse activas dentro de sus capacidades. De esta forma se trabaja la inclusión social y, en la medida de lo posible, la recuperación de ciertas habilidades funcionales perdidas”. En este apartado se incluyen actividades como la terapia ocupacional, la rehabilitación, el entrenamiento en habilidades, la estimulación cognitiva y la atención temprana”, precisó.

De forma paralela a la aprobación de esta sexta adenda, el Gobierno de Canarias trabaja ya con los cabildos insulares en el diseño de un nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias que atienda las necesidades de la población canaria a medio plazo.

“Es importante que seamos capaces de dimensionar adecuadamente las necesidades que va a tener nuestra población y que lo hagamos de manera detallada, teniendo en cuenta las distintas realidades de nuestras islas y municipios, además del desarrollo futuro de la pirámide poblacional. Por eso es tan importante trabajar de la mano de las corporaciones insulares y locales, escuchando sus demandas y poniendo por delante las demandas de nuestra ciudadanía”, señala Delgado.

“Tenemos que ser capaces de combinar los recursos residenciales con otros de otro tipo, que permitan a nuestros mayores o dependientes permanecer en sus hogares, siempre que sea posible, o que garanticen el respiro familiar”, añade Delgado.

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Delgado: “En materia de migración, somos muy conscientes de que nos encontramos ante un fenómeno que no va a ceder»

La consejera de Bienestar Social apuesta por una gestión corresponsable del fenómeno migratorio por parte de Europa y España que deje fuera del debate partidista a los menores

“Hoy se contabiliza un incremento del 83% en la llegada de migrantes con respecto al año pasado, que ya fue récord. Somos muy conscientes de que nos encontramos ante un fenómeno que no va a ceder en los próximos meses, ni siquiera en los próximos años”, aseguró la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en comparecencia parlamentaria en la que abordó la evolución de la migración en Canarias.

En su intervención, Delgado avanzó que “el Gobierno de Canarias ha hecho un llamamiento a la Unión Europea para que refuerce sus proyectos sobre el terreno en África y para que lo haga con el archipiélago como puerta de entrada, aprovechando sus históricas relaciones de vecindad con muchos países del área occidental del continente africano”. En esta línea, indicó, se enmarca la visita del presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, a Marruecos para celebrar sendas reuniones con el ministro de Exteriores de este país y con el presidente del Parlamento de Marruecos, que “servirán para transmitir la crítica situación en la que se encuentran las islas, al tiempo que plantea alternativas para evitar la masiva salida de estos niños, niñas y jóvenes hacia la mortífera ruta atlántica”.

En relación a la atención y acogida de personas menores migrantes no acompañados, la responsable regional de Bienestar Social afirmó que “Canarias sufre un grave colapso en la red de recursos de acogida, a lo que se añade que también estamos trabajando para superar las dificultades que tenemos para integrar a estos niños, niñas y jóvenes”.

En este sentido, aclaró que Canarias ha puesto en marcha más de cincuenta centros nuevos y ha asumido en solitario el coste económico que supone la acogida de estos menores.

En este contexto, Delgado reiteró la necesidad de que se alcance un pacto de Estado que deje fuera de la lucha partidista a los menores y que permita gestionar un fenómeno que explica la propia historia de la humanidad.

“A día de hoy, no se ha recibido financiación del Estado para afrontar los problemas que está generando la migración, aunque hay más de seis millones ya aprobados y otros cincuenta prometidos que no han empezado a gestionar”, afirmó la consejera, quien recordó que el Gobierno de Canarias aprobó en Consejo de Gobierno celebrado el lunes, 7 de octubre, un requerimiento dirigido al Gobierno de España y a la Administración General del Estado para que cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales de garantía de la solidaridad territorial en materia migratoria relacionadas con el exceso de menores migrantes no acompañados que están acogidos por los servicios de acogida y protección de menores de Canarias, por el que demanda al Estado el abono de más de 157 millones de euros.

 

 

 

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El Gobierno destina 302,8 millones de euros a subvenciones para el sostenimiento de los servicios sociales

La consejera Candelaria Delgado explicó en el Parlamento que son casi 14 millones euros más que los previstos en el presupuesto inicial de la Consejería de Bienestar Social

“Solo la Consejería de Bienestar Social destina 302,8 millones de euros a subvenciones para el sostenimiento de los servicios sociales de Canarias y la mayoría revierte en la sostenibilidad del tercer sector”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, en respuesta a las medidas impulsadas para garantizar la sostenibilidad del tercer sector y los servicios que presta.

“Solo en materia de subvenciones, son casi 14 millones de euros más que los previstos en el presupuesto inicial, ya que, como he explicado en diversas ocasiones, los presupuestos son dinámicos y se producen modificaciones de crédito que mejoran las previsiones”, enfatizó la responsable del área social del Ejecutivo canario, quien indicó que el trabajo que realiza su departamento está dirigido a consolidar las líneas de ayudas tanto las que tienen como objeto la realización de proyectos de interés general para atender fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades que están abonadas, como las que son convocadas por cada uno de los departamentos.

A este respecto, la consejera aclaró que los créditos previstos en la subvención de IRPF de la convocatoria de 2022 ya se han abonado mientras que la convocatoria 2023, “se encuentra en curso y pendiente de la publicación de la Orden Provisional de concesión, que calculamos pueda ser en pocas semanas”.

“En cuanto al resto de subvenciones, ya sean directas, nominadas o de concurrencia competitiva y que están destinadas al tercer sector -matizó-, estamos mejorando los tiempos de ejecución. De hecho, la convocatoria para el año 2024 para la ejecución de proyectos que fomenten los derechos de las personas con discapacidad y las personas en situación de dependencia están muy avanzadas y tiene fecha prevista de publicación en el Boletín Oficial de Canarias de forma inminente”.

A estas líneas de ayudas hay que sumar las que ya se han convocado desde los diferentes departamentos de la Consejería regional, como desde la Dirección General de Diversidad, la Viceconsejería de Bienestar social, la Dirección General de Infancia y Familias, la Viceconsejería de Igualdad, el Instituto Canario de Igualdad y la Dirección General de Juventud.

La consejera indicó que en el presupuesto anterior a la entrada del actual gobierno, solo se realizó una subvención directa a la entidad Cruz Roja, por importe de 200.000 euros. En cuanto a las procedentes de los fondos estatales del programa de lucha contra la pobreza y apoyo a las prestaciones básicas de servicios sociales, encontramos un total de 16 proyectos por un importe de 1.269.996,24 euros.

Sobre la relación de subvenciones directas de este departamento, destacó que dicha dirección general ha aumentado el número de las subvenciones destinadas a financiar proyectos de entidades del tercer sector con los fondos estatales del programa de lucha contra la pobreza y apoyo a las prestaciones básicas, ascendiendo la cantidad a más del doble de la del año anterior, alcanzando más de tres millones de euros y financiando, concretamente, un total de 35 proyectos.

Estos proyectos abarcaban cuestiones como comedores para personas vulnerables o sin hogar, recursos alojativos para personas extuteladas o en situación de sinhogarismo. Además, de programas para personas con discapacidad o, incluso, apoyo a los bancos de alimentos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Delgado reitera que la acogida y atención de menores migrantes no acompañados “es y será insostenible”

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, intervino en comparecencia parlamentaria para informar sobre la crisis migratoria que vive el archipiélago

“Canarias está en una situación límite respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados. No quedan más edificaciones a las que acudir para poder alojar niños y niñas. Los centros disponibles o están en condiciones penosas o están dedicados a otros o no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad”. Con esta claridad se manifestó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en sede parlamentaria, donde compareció para informar sobre la crisis migratoria vive el archipiélago.

“Estamos iniciando los trámites para rehabilitar dos infraestructuras propias del Gobierno de Canarias que el anterior Ejecutivo dejó de mantener, pero no estarán listas en menos de seis meses. Además, me he vuelto a dirigir a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que ponga a disposición del Gobierno de Canarias algunas instalaciones militares que están en desuso en Lanzarote, La Palma y El Hierro para poder acoger a los menores que lleguen en los próximos meses porque creo que es fundamental que el Gobierno de España asuma que estamos ante un problema de Estado ante el que todos debemos colaborar”, indicó la consejera.

En el apartado económico, indicó que Canarias acumula un déficit financiero de unos 86 millones de euros. “El Estado nos ha transferido 50 millones de euros y nosotros calculamos que el coste anual, para atender al actual número de menores que tutelamos, es de 150 millones”, matizó.

Al problema económico y de la escasez de instalaciones se une la falta de personal para atender a estos menores migrantes, “todo ello hace que la situación es y será insostenible si tenemos en cuenta las previsiones de los gobiernos de los países de origen y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aseguran que las llegadas de personas en los próximos meses van a ser el doble o el triple que las del año pasado, con una previsión de hasta 11.000 menores más.

Ante este panorama, Delgado aclaró que la solución pasa por la modificación de la Ley de Extranjería para “que se impulse la corresponsabilidad hacia los menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas españolas, además de que se dote a Canarias con los recursos económicos necesarios para poder atenderlos dignamente”.

“El fin de semana del 8 y 9 de junio el sistema de acogida de menores migrantes colapsó; Canarias no puede esperar más, la situación es absolutamente insostenible. El reparto de los menores migrantes no acompañados que están ahora bajo la tutela del Gobierno de Canarias entre todas las comunidades es una medida crucial para garantizar los derechos de estas y estos menores”, indicó la consejera quien apeló a la responsabilidad de los partidos políticos con presencia en las Cortes generales y para que no utilicen la atención a los menores inmigrantes no acompañados “como arma arrojadiza de la incesante batalla política”.

En su intervención, la consejera también recordó que Canarias es frontera de Europa y el traslado a la Comisión Europea de un protocolo con 18 medidas para proteger y atender a la infancia migrante, bajo el planteamiento de que hay que adoptar un marco común de atención y protección a la infancia no acompañada que vele por sus derechos en todo el territorio europeo. Junto a este Protocolo se incluyeron medidas concretas como la creación de un banco europeo de familias acogentes, el impulso de programas de atención a jóvenes extutelados, un plan de retornos con garantías y un plan de reagrupamientos familiares dentro de la UE, entre otras.

“El problema en materia migratoria es que ya en el año 2023 registramos la mayor presión migratoria en Canarias de la historia, con la llegada a las costas canarias de 39.910 migrantes a bordo de 610 embarcaciones, con más de 5.700 menores acogidos en los 80 dispositivos creados”, indicó Delgado quien recordó “estas personas han logrado llegar pero más de 5.000 han perdido la vida entre enero y mayo intentándolo, el 95% de ellas, unas 4.808 personas, en la ruta canaria, la más peligrosa del mundo”, según datos de la ONG Caminando Fronteras.

 

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Bienestar Social destina 213,5 millones de euros para combatir la pobreza

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, detalla en sede parlamentaria las diferentes líneas de actuación dirigidas a luchar contra la pobreza en las islas

Un total de 843.000 personas en situación de vulnerabilidad social se benefician de los programas de ayudas del Ejecutivo canario

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias destina un total de 213,5 millones de euros a diferentes acciones dirigidas a combatir la pobreza y atender a las personas y familias en situación de vulnerabilidad. Según explicó la consejera del área en sede parlamentaria, Candelaria Delgado, su departamento gestiona un amplio abanico de líneas de ayudas y subvenciones que ha permitido la atención de 843.000 personas en situación de riesgo de exclusión y vulnerabilidad social.

“El Gobierno de Canarias no olvida que las cifras en nuestra tierra en cuanto a pobreza, exclusión social o privación material básica son muy preocupantes. Por eso, entendemos que las actuaciones han de ser eficaces y cumplir con las normas, pero, a la vez exigimos al Estado que cumpla con sus compromisos en la materia”, afirmó la consejera regional, quien desgranó en su intervención los distintos programas para la atención de la población más vulnerable de las islas.

Delgado subrayó el trabajo conjunto realizado con los ayuntamientos, administración más cercana a la ciudadanía y puerta de entrada a los servicios sociales, en la gestión del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. Dicho plan otorga cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a las familias en situación de mayor vulnerabilidad social, entre ellos, los servicios de ayuda a domicilio, los centros de día, atención a las personas en situación de riesgo social y recursos para personas en situación de pobreza y de exclusión social.

En el año 2022, Canarias contó, dentro de este plan, con una inversión de más de 93 millones de euros para financiar los servicios sociales de atención primaria, lo que permitió llegar a un total de 480.015 personas atendidas, más del 55% de ellas, mujeres.

En relación a la Renta Canaria de Ciudadanía, la responsable del área de servicios sociales del Ejecutivo canario indicó que, según datos de la nómina correspondiente al mes de junio, esta ayuda económica mensual llegó a un total de 12.903 personas, con una inversión de 8,5 millones de euros, casi un millón de euros más en el marzo de 2023, cuando entró en vigor la misma en sustitución de la Prestación Canaria de Inserción (PCI).

En cuanto a las líneas de subvenciones, Delgado hizo referencia a las diferentes convocatorias de ayudas para la financiación de proyectos sociales gestionados por entidades del Tercer Sector o corporaciones locales, que permitieron la financiación de 200 proyectos en el año 2023, con un presupuesto de 12,27 millones de euros. A través de estos proyectos, se atendieron a más de 350.000 personas en situación de vulnerabilidad.

A esta línea de ayudas se suma las concedidas a entidades sociales con cargo al IRPF, cuya cantidad prevista para el 2024 es de 6,43 millones de euros. En el año 2023 se financiaron más de 80 proyectos con un total aproximado de más de 50.000 personas beneficiarias y una dotación económica de casi 5 millones de euros. “Por tanto, esperamos que el número de personas atendidas aumente considerablemente este ejercicio”, matizó la consejera.

La consejera hizo alusión a los fondos estatales provenientes del programa de lucha contra la pobreza y exclusión social, a través de los cuales se gestionaron 32 subvenciones por importe de 3,3 millones de euros, a los que hay que añadir las subvenciones nominadas que se gestionan desde la consejería por valor de 5 millones de euros.

En materia de pobreza infantil, Delgado aclaró que su departamento es “muy consciente de la gravedad del XIII Informe Sobre Estado de la pobreza en Canarias que sitúa la tasa AROPE de Niños, Niñas y Adolescentes en Canarias en el año 2022 en el 47,8%, una de las más altas del país, por eso, ya trabajamos en un conjunto de medidas dirigidas a luchar contra la pobreza infantil, con iniciativas como la inclusión del programa “Lucha contra la pobreza infantil: desinstitucionalización de la infancia y la adolescencia tutelada en el sistema de protección, desarrollo de sistemas alternativos de protección y cuidado infantil” en el Programa del Fondo Social Europeo 2021-2027, a fin de crear un marco de actuación integrado y facilitador que aborde la exclusión social de los niños y niñas así como el impulso acciones específicas para contribuir a la Lucha contra la pobreza infantil en el marco de la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia (2019-2023).

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El Gobierno de Canarias despliega un amplio catálogo de medidas para paliar la pobreza infantil

BabyArt, programa para la estimulación sensorial en la primera infancia

La consejera Candelaria Delgado expone en sede parlamentaria la batería de medidas impulsadas por su departamento para avanzar en la lucha contra el problema estructural de la pobreza en las islas

Reclama al Estado que aumente la partida del plan contra la pobreza, que actualmente está dotada con 30 millones de euros

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias de la Consejería de Bienestar Social, ha desarrollado un conjunto de líneas de actuación de cara a luchar contra la pobreza infantil en el archipiélago desde diferentes ámbitos. Según explicó en sede parlamentaria la consejera del área, Candelaria Delgado, donde abordó las acciones puestas en marcha para paliar el constante incremento de la pobreza infantil en los últimos cuatro años, estas líneas se desarrollan de forma coordinada con otros departamentos del Gobierno de Canarias, así como con las administraciones locales, también competentes en materia de infancia y familias.

“El primer paso ha sido incluir en el Programa del Fondo Social Europeo 2021-2027 el programa ‘Lucha contra la pobreza infantil: desinstitucionalización de la infancia y la adolescencia tutelada en el sistema de protección, desarrollo de sistemas alternativos de protección y cuidado infantil’, cuyo objetivo es crear un marco de actuación integrado y facilitador para abordar la exclusión social de los niños, las niñas y los adolescentes que esté centrado en romper los ciclos intergeneracionales de pobreza y garantizar una protección social para este colectivo”, explicó Delgado. Esta actuación se suma la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia, “que establece acciones específicas para contribuir a la lucha contra la pobreza infantil con la implicación de todos los ámbitos que atienden a la infancia”.

A estas medidas hay que sumar el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea 2022-2030 y el Objetivo Estratégico de la Consejería, alineado con la Misión y Valores del Gobierno de Canarias 2024-2027 y con las metas e Indicadores de la Agenda Canaria 2030, que incluye la lucha contra la pobreza infantil en el territorio canario.

Este programa cuenta con una dotación presupuestaria de 8 millones de euros para la atención de estos menores y sus familias, y se ha establecido la composición de 18 equipos multidisciplinares (cinco en Gran Canaria, cinco en Tenerife, dos en Lanzarote, dos en Fuerteventura, dos en La Palma, uno en la Gomera y uno en El Hierro) para su desarrollo y ejecución.

En relación a la inserción laboral, Delgado indicó que desde la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias viene desarrollando desde el año 2018 un programa específico para estos jóvenes en el que se incluye el apoyo tanto a la formación como a la inserción laboral. Hasta el momento se han beneficiado de estas medidas 964 jóvenes, 700 en 2023, año de repunte del fenómeno migratorio en Canarias.

Igualmente, desde la Dirección General de Servicios Sociales se han impulsado diversas medidas como el uso de tarjetas monedero, que permitirá a las familias acudir directamente a los supermercados para poder acceder, gracias a las ayudas públicas, a los productos básicos de alimentación e higiene, para lo cual Canarias cuenta con este año a 6,2 millones de euros, medida a la que hay que sumar otras como la multiplicación por dos de la financiación a los bancos de alimentos para atender a la población más vulnerable.

Desde el Gobierno de Canarias, se destinó en la nómina de mayo a la Renta Canaria de Ciudadanía una partida de más de 8,5 millones de euros a 12.899 familias, de las que 5.166, son unidades de convivencia con menores a cargo. “Y estamos trabajando para ampliar la cobertura de la Renta Canaria de Ciudadanía para lo que es fundamental mejorar el alcance del Ingreso Mínimo Vital en las islas”.

“Sin embargo, es urgente que Canarias disponga de más ayudas para combatir la desigualdad estructural que sufrimos; por ello, hemos solicitado, mediante petición formal al Ministerio, el incremento de los fondos de pobreza”, enfatizó la consejera regional de Bienestar Social, quien aclaró que de los 30 millones de euros de los fondos de pobreza, más de tres millones se destinaron a subvenciones directas a diferentes entidades relacionadas con actividades dirigidas a diferentes sectores de la población, incluida la infancia. A estas ayudas para combatir la pobreza infantil se suman las aportaciones dinerarias a las corporaciones locales por 17 millones de euros anuales.

“Se trata, pues, de un conjunto amplio de acciones destinadas a revertir la situación de pobreza estructural que sufren los niños y niñas de Canarias. Esperamos que muy pronto podamos recoger los frutos de todo este esfuerzo conjunto que pretende sacar a las Islas de la grave situación que padecemos desde hace varias décadas”, concluyó la consejera.

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Canarias anuncia una batería de medidas ante el Estado para complementar las pensiones no contributivas

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explica en sede parlamentaria las iniciativas impulsadas por su departamento para mejorar las cuantías sin que ello implique un perjuicio para los beneficiarios

La puesta en marcha de estos complementos depende de la regulación estatal, por lo que se ha propuesto la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias trabaja para poner en marcha una batería de complementos para mejorar las cuantías de las pensiones no contributivas en Canarias. Para ello, el departamento que dirige Candelaria Delgado ha entablado negociaciones con el Estado para impulsar las reformas legislativas oportunas que permitan aumentar estas pensiones sin que ello implique un perjuicio para sus perceptores, situación que ocurre en la actualidad.

Delgado hizo estas consideraciones hoy en el pleno del Parlamento de Canarias, en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre cuándo se tiene previsto implementar el complemento a las pensiones no contributivas regulado en la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía. Durante su intervención, la consejera sintetizó las acciones emprendidas desde su departamento en este sentido y la necesidad de que se den los pasos oportunos a nivel estatal para que esta medida se pueda hacer efectiva.

“Estamos trabajando en un conjunto de medidas dirigidas a permitir la aplicación de un complemento a las pensiones no contributivas sin perjudicar a los beneficiarios, pero su puesta en marcha depende de lo que se decida en el ámbito del Estado”, explicó la consejera.

Según señaló Delgado, la ley que regula la Renta Canaria de Ciudadanía prevé el complemento a las pensiones no contributivas, “pero la aplicación de dicho complemento puede tener efectos negativos sobre algunas de las personas que reciben estas pensiones, porque con la normativa actual computaría como incremento de renta y podría poner en peligro hasta el cobro de la propia pensión”.

Entre las medidas impulsadas por el Ejecutivo canario se incluyen, avanzó la consejera, modificar el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para que se pueda contemplar el desarrollo del complemento a las PNC de Canarias en su condición de región ultraperiférica sin que compute como ingreso e incluir entre los importes exentos de cómputos los complementos que pudieran establecer las comunidades autónomas.

“El fin de este complemento es elevar el nivel de vida de las personas que perciben una pensión no contributiva de la Seguridad Social, y está dirigido a aquellas unidades de convivencia con mayor necesidad de protección social. Por eso hemos hecho valer ante el Estado que Canarias presenta singularidades por su lejanía, insularidad y condición de región ultraperiférica, reconocidas por los Tratados constitutivos de la Unión Europea, la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía”, puntualizó Delgado.

A ello se une -continuó la consejera- que “los efectos económicos y sociales derivados de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, sumados a la condición de territorio insular y ultraperiférico, suponen un factor diferenciador de Canarias frente a otras comunidades autónomas en lo que se refiere al encarecimiento de la cesta de la compra, la subida de precios de los combustibles o el mayor coste de importación de materias primas y productos para el consumo”.

En este contexto -a juicio de Delgado-, “urge que el Estado tenga en cuenta la realidad que viven miles de canarios y canarias y no dilate más este asunto”.

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Delgado insta al Estado a mejorar la financiación a las comunidades para atender a los migrantes

La consejera de Bienestar Social pide al Estado que mantenga este año las partidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para atención a personas migrantes y reclama recursos extras al Gobierno central para reforzar los servicios sociales del archipiélago y del resto de territorios de acogida

Además, pide apoyo a los representantes políticos para que la reforma de la Ley de Extranjería se lleve a cabo lo antes posible y permita un reparto corresponsable de los menores no acompañados

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha instado al Estado a mantener este año las partidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para atención a personas migrantes y ha reclamado, asimismo, un refuerzo de la financiación con el objetivo de fortalecer los servicios sociales de las comunidades autónomas en las que residen. La titular del área hizo estas consideraciones hoy, en el seno de la XI Conferencia Sectorial de Migración, celebrada en Madrid.

Momento previo a la celebración de la Conferencia Sectorial de Inmigración

“Es necesario que la situación política actual y la prórroga de los presupuestos no afecte a la financiación que veníamos recibiendo, asunto al que, en principio, se ha comprometido la ministra Elma Saiz. Pero, además de mantener las partidas previstas, es imprescindible reforzar los servicios sociales de los territorios de acogida para poder dar una atención integral a estas personas, que en su mayoría se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y a las que tenemos que dar respuesta las comunidades autónomas”.

En la XI Conferencia Sectorial, además de representantes de todas las comunidades autónomas y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, participaron el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego; y los secretarios de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y de Migraciones, Pilar Cancela.

Aunque no estaba incluido en el orden del día, en el transcurso de este encuentro se abordó la situación de los menores extranjeros y la necesidad de modificar la normativa actual. En este sentido, Delgado solicitó apoyo a los representantes políticos para que la reforma legislativa de la Ley de Extranjería se lleve a cabo lo antes posible y permita un reparto corresponsable de los menores no acompañados por todo el territorio español, siempre con el apoyo económico del Gobierno central.

En estos momentos, Canarias tutela a 5.357 supuestos menores extranjeros no acompañados y cuenta con 74 dispositivos alojativos. “En lo que va de año han llegado más de 14.000 personas por vía marítima, lo que demuestra el incremento notable de las llegadas en comparación con el mismo periodo del año pasado”, precisó.

En este contexto, la mayoría de los representantes de las comunidades autónomas alertaron de que continúan recibiendo menores extranjeros no acompañados que llegan a sus territorios como si fueran mayores, pero que posteriormente declaran su minoría de edad, lo que obliga a las comunidades autónomas a asumir su cuidado. “Para que esta situación no siga repitiéndose y no nos arriesguemos a que convivan menores con mayores, es urgente que el Estado ponga en marcha un protocolo único de determinación de la edad en los centros temporales de atención a extranjeros (CATE)”, subrayó la consejera Candelaria Delgado.

En relación al grupo técnico creado con el fin de mejorar la comunicación entre el Estado y las comunidades autónomas tras la celebración de la última conferencia sectorial, el pasado 28 de diciembre, durante la Conferencia Sectorial se informó de que se facilitará información con carácter mensual.

Para finalizar, la consejera Candelaria Delgado explicó a las comunidades autónomas las acciones que ya está llevando a cabo el Gobierno de Canarias en los países emisores de emigrantes. En concreto, se refirió al proyecto ‘Tierra firma’, que permitirá formar a 500 jóvenes en Senegal en alguno de los sectores que demandan personal cualificado. “Esto no soluciona los problemas a los que se enfrentan los jóvenes en sus países, pero contribuirá a que los jóvenes tengan opciones de desarrollar sus proyectos de vida y a que no tengan que jugarse la vida en el mar”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Canarias establece la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los centros sociosanitarios y de personas mayores

El Boletín Oficial de Canarias publica la Orden que afectará al personal, familias y personas usuarias para centros de día para personas mayores así como recursos sociosanitarios para la atención de personas con discapacidad y en situación de dependencia

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que dirige Candelaria Delgado, ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del 22 de enero, la orden por la que se establece la obligatoriedad del uso de la mascarilla tanto a las personas usuarias como a la plantilla de profesionales y visitas (familiares y amistades) en los centros para personas mayores no dependientes cuya titularidad ostenta la Consejería, así como en aquellos centros que atiendan a personas mayores y/o con discapacidad o en situación de dependencia.

Además, la Orden recomienda el uso de la mascarilla en los espacios que presten servicios en el ámbito social a personas mayores o con discapacidad.

Esta Orden se publica tras el incremento en las Islas de las infecciones respiratorias agudas que pueden afectar a las personas usuarias de los citados centros con el fin de proteger la salud de este colectivo especialmente vulnerable.

Hay que recordar que el pasado 8 de enero, la Dirección general de Salud Pública estableció un conjunto de recomendaciones para reforzar las medidas de prevención y control frente al incremento de infecciones respiratorias agudas en centros sociosanitarios, mientras se mantengan los actuales niveles de transmisión, entre ellas, el uso de mascarilla en los centros sociosanitarios, tanto a residentes como personal y visitas (familiares y amigos), con el objetivo de reducir la transmisión de los virus que causan infecciones respiratorias agudas.

Asimismo, se recomienda la vacunación antigripal y frente al SARS-CoV-2 y reducir el número de interacciones sociales ante la presencia de síntomas compatibles con infección respiratoria aguda, además de potenciar las medidas higiénicas, higiene de manos con soluciones de base alcohólica y asegurar una adecuada ventilación de espacios interiores.

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