El nuevo marco entrará en vigor con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025 y consolida un modelo común para los siete cabildos
Canarias es, de nuevo, la Comunidad Autónoma en la que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación y las personas con derecho
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, asegura la estabilidad, reglas comunes y financiación cierta para la red de atención a la dependencia en todas las islas a través del nuevo convenio de dependencia 2025–2028.
Así lo expuso hoy (martes 25) la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, durante una comparecencia en el pleno del Parlamento donde señaló que el acuerdo tiene carácter retroactivo al 1 de enero de 2025 y que ordena competencias. “Los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por la Comunidad para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa”, explicó la consejera.
“Los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente. Además, se incorpora un protocolo sociosanitario que regula las altas hospitalarias y urgencias sociales, evitando pérdidas de financiación estatal y mejorando la coordinación con el sistema sanitario”, detalló Delgado.
La consejera de Bienestar Social aseguró que el nuevo convenio de dependencia “refuerza la igualdad territorial con criterios comunes de acceso a las listas de reserva y la acreditación obligatoria del tercer sector, garantizando la misma calidad de atención en todas las islas”.
Negociación e incremento del presupuesto para 2026
Candelaria Delgado recordó que durante la negociación del convenio no se interrumpió ningún servicio y que en diciembre de 2024 el Ejecutivo aportó 14,83 millones de euros más para cubrir los costes derivados del IPC, el SMI y el convenio estatal de la discapacidad en sus costes laborales. Además, la Dirección General de Dependencia invertirá este año 35,32 millones de euros más para dar cumplimiento a este compromiso. “Todo el procedimiento ha sido documentado y participativo, con la implicación de los cabildos y agentes del sector. Es más, el Cabildo de El Hierro, que era el que faltaba para sacar adelante el convenio, ha reconocido recientemente que tenía bloqueado el mismo a falta de resolver por su parte asuntos con otras instituciones públicas”, afirmó.
Candelaria Delgado destacó el papel de los cabildos insulares y reiteró el compromiso del Gobierno de Canarias “con la igualdad territorial, consolidando un sistema sociosanitario más justo, estable y sostenible”. Además, la consejera señaló que el presupuesto de Bienestar Social para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2%), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos. En ese sentido, el Capítulo IV, destinado a sostener la red insular y los convenios, alcanza 635,9 millones (75,9%).
De esta forma, la dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4%), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios. Además, se prevé una modificación presupuestaria superior a 35 millones de euros para cubrir la retroactividad de los convenios.
Nuevo decreto
Candelaria Delgado también defendió hoy “el compromiso del Ejecutivo autonómico con una mayor agilidad, eficacia, calidad real en la atención y, sobre todo, más respeto a las personas en situación de dependencia y a sus familias”. Una apuesta que, señaló, queda patente con la aplicación del nuevo Decreto 46/2025, que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia en la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyos efectos quedan reflejados en los últimos datos del Imserso.
En respuesta a una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, afirmó que el nuevo decreto, según recoge las estadísticas del SISAAD, ha hecho posible que, desde su entrada en vigor el pasado mes de junio hasta octubre, se hayan resuelto 14.330 programas individuales de atención (PIA), frente a los 16.343 alcanzadas por el gobierno del Pacto de las Flores en cuatro años.
Respecto a la concesión de prestaciones, recordó que en los últimos cinco meses se han materializado 15.079, frente a las 20.073 contabilizadas desde agosto de 2019 a julio de 2023. Y añadió que estas mejoras se han hecho extensivas al tiempo del trámite de la dependencia, que ha pasado de 800 días en julio de 2023 a los 456 actuales.
Candelaria Delgado incidió que esta mejora es debida a un modelo que, a través de un único procedimiento y, sobre todo, de una única visita al domicilio, recaba la información, aplica el baremo, propone el PIA y deja encaminado el expediente, lo que permite que el derecho se materialice antes.
Una tramitación que, apuntó, a diferencia del anterior, “elimina las duplicidades que alargaban de forma injustificada los plazos y generaban una lista de espera inaceptable y que en la práctica llegaba tarde a demasiadas personas”.
La consejera señaló que el nuevo modelo se apoya, además, en una modernización tecnológica que ya se está implantando. En esta línea, puntualizó que la aplicación del baremo y la propuesta de PIA se realiza directamente en el ordenador del profesional durante la visita, lo que permite obtener el grado de dependencia en ese mismo momento y reduce notablemente la carga burocrática interna del procedimiento.
Reiteró que, pese a estas mejoras, “se está llevando a cabo un seguimiento riguroso de las medidas del decreto, con una evaluación interna y la escucha permanente a los profesionales y a las entidades del sector con el fin de poder corregir las deficiencias que se detecten”.
Candelaria Delgado salió al paso de las críticas de la oposición a quien acusó de “meter miedo” y adoptar un comportamiento “irresponsable por alarmar a la población más vulnerable”. En este sentido, aclaró que el nuevo decreto “no supone ningún recorte encubierto de derechos, sino que supone un cambio en el procedimiento, organizándolo de forma más eficiente, dando a los profesionales herramientas, formación y soporte técnico para que puedan hacer mejor su trabajo”. Asimismo, sentenció que “no se van a conservar inercias que no funcionaban, sino que se va a garantizar que el derecho a la dependencia se ejerce de verdad y a tiempo”.
Recordó también que, si bien queda mucho aún por avanzar, los datos que arroja el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales reflejan que Canarias es la Comunidad en la que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación (+22,1%) y en la que más se incrementan las personas con derecho a una ayuda (+25,2%).
El mismo informe recoge, asimismo, una reducción de 105 en el número de días en los que se tarda en tramitar la dependencia, lo que, aunque la sitúa por encima de la media nacional de 350 días, con 456 días de tramitación, la convierte también la Comunidad en que más mejora en ese ámbito. Por su parte, aunque la lista de espera aumentó en más de un 1,8% en toda España, Canarias es una de las tres que más la reducen, con un -21,9%, lo que supone bajarla en 6.564 personas.
