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Canarias seguirá derivando menores, a pesar de la no celebración de la Conferencia Sectorial

Candelaria Delgado, no obstante, pide al Estado que apruebe lo antes posible en Consejo de Ministros el nuevo Real Decreto que venía a informarse hoy en este órgano de cooperación administrativa

La Conferencia Sectorial de Infancia convocada para hoy, 8 de abril, no ha tenido lugar por la falta de cuórum, al no presentarse a la convocatoria las comunidades presididas por el Partido Popular. En vista de esta situación, Canarias ha solicitado al Estado que agilice la aprobación en Consejo de Ministros del Real Decreto que establece las nuevas capacidades ordinarias y, por tanto, los límites establecidos para las contingencias de cada Comunidad Autónoma, un documento que se iba a presentar hoy para información en este órgano de cooperación.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha explicado que mientras tanto, se sigue trabajando en la derivación de los menores “en base a la misma normativa con la que veníamos trabajando hasta ahora”, que ya contemplaba la prórroga del procedimiento durante un año más. “Ahora mismo, estamos trabajando muy bien con las subdelegaciones en las dos provincias, se ha engrasado una maquinaria que inicialmente era lenta, pero que en este momento está funcionando correctamente, y vamos realizando las derivaciones previstas”, afirmó la consejera.

Canarias ha derivado a otras comunidades 719 menores por la vía de la modificación del Art. 35, más aquellos que han sido trasladados a través del sistema de protección internacional. Actualmente, tutela 3.337 menores, y para salir de la contingencia, con el real decreto actual, no debería tener más de 2.211 menores. La comunidad autónoma siempre ha señalado la importancia de que todo el estado sea solidario con los derechos y el bien superior de estos menores, que no deben ser obligación única de Canarias, puerta de entrada para la migración.

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El Parlamento convalida por unanimidad el decreto que completa el sistema de prestaciones de dependencia

El texto regula por primera vez la prestación económica de asistente personal, las prestaciones para el Grado III+, y autoriza la compatibilidad entre algunas ayudas como el SAD y la promoción de la autonomía personal

El Parlamento ha convalidado hoy, por unanimidad, el Decreto-ley 2/2026, de 9 de marzo, una norma clave que culmina la transformación del sistema de atención a la dependencia en las Islas, introduciendo mejoras sustanciales en la agilidad, la personalización de los apoyos y la compatibilidad de prestaciones. La nueva regulación modifica el marco vigente para adaptarlo a las necesidades reales de las personas dependientes y sus familias, incorporando medidas que permiten combinar distintos recursos asistenciales y reforzar la atención en el entorno domiciliario.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien defendió la pertinencia del decreto, destacó durante su comparecencia que esta reforma “no responde a un planteamiento teórico, sino que tiene un impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias canarias. El objetivo es avanzar hacia un sistema más flexible, ágil y centrado en las personas”.

“Esta norma consolida un sistema de dependencia más coherente, con mayor seguridad jurídica y orientado a garantizar derechos. La combinación de prestaciones, el refuerzo de la atención domiciliaria y la regulación de la asistencia personal suponen un avance hacia un modelo más humano y eficaz. La convalidación del Decreto-ley permitirá aplicar de forma inmediata estas mejoras, asegurando que ninguna persona quede desatendida ante los nuevos escenarios de mayor complejidad”, aseguró Delgado.

La consejera de Bienestar Social indicó que la reforma “responde a una necesidad urgente: ofrecer respuestas ágiles y adaptadas a situaciones de alta dependencia, apoyar a las familias cuidadoras y facilitar que las personas puedan permanecer en su entorno con los apoyos necesarios. La norma representa un paso decisivo para consolidar un sistema de cuidados más flexible, garantista y alineado con la realidad social de Canarias”.

La norma da continuidad a la reforma iniciada en 2025, que ya ha permitido reducir significativamente los tiempos de tramitación. Actualmente, el plazo medio de resolución ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 391 días, situándose en torno a 152 días en expedientes nuevos, por debajo de los límites establecidos por la ley.

Atención a la dependencia extrema y adaptación normativa

Uno de los principales avances del Decreto-ley es la incorporación del nuevo Grado III+ de dependencia extrema, derivado de cambios en la normativa estatal. Esta adaptación permite garantizar de forma inmediata la atención intensiva en el domicilio, evitando vacíos legales y asegurando la cobertura desde el primer momento.

En estos casos, se contemplan prestaciones económicas que pueden alcanzar hasta 9.859 euros mensuales, destinadas a financiar apoyos de alta intensidad en el hogar.

Impulso a la asistencia personal

Por primera vez, Canarias regula de forma completa la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), estableciendo condiciones de acceso, cuantías y mecanismos de control. Esta prestación busca fomentar la autonomía personal, facilitar la permanencia en el entorno habitual y promover modelos de vida independiente.

Las cuantías máximas fijadas, por encima de lo estipulado en la norma estatal son: 900 euros mensuales para Grado III, 577,25 euros para Grado II y 436 euros para Grado I

Un sistema más flexible y adaptado a la realidad

La reforma introduce un cambio estructural al permitir la compatibilidad entre prestaciones que hasta ahora eran excluyentes. De este modo, las personas podrán combinar servicios como ayuda a domicilio, centros de día o asistencia personal en función de sus necesidades reales. Este enfoque permite diseñar planes de atención más completos y personalizados, evitando que los usuarios tengan que elegir entre apoyos esenciales.

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La Plataforma del Tercer Sector de Canarias presenta las propuestas para la futura ley que regulará competencias

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, subrayó el trabajo conjunto con las entidades sociales en la mejora de la atención a la población canaria

La Plataforma del Tercer Sector de Canarias ha presentado hoy [jueves 29] el informe Tejiendo redes para el futuro del Tercer Sector de Acción Social de Canarias. Informe de resultados del proceso participativo, un documento clave, financiado por el Gobierno de Canarias, que recoge las aportaciones del sector para la elaboración de una futura Ley del Tercer Sector de Acción Social en el archipiélago.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, afirmó que «desde el minuto uno, hemos creado sinergias con las entidades del Tercer Sector para mejorar la financiación y la coordinación entre Administración y las entidades sociales». De hecho, afirmó, gracias a esta coordinación conjunta «hemos trabajo en cuestiones que había mejorar y que ya hemos mejorado como han sido el incremento del precio/plaza en materia de dependencia y discapacidad; la elaboración del marco normativo del Concierto Social, cuyo borrador está ya terminado y se encuentra en proceso para aprobación, o la mejora de las bases de la convocatoria del IRPF. Es decir: hemos ido mejorando aquellos ámbitos que el Tercer Sector se nos ha ido indicando y que, de hecho, ya contemplábamos en nuestras líneas de trabajo».

A este respecto, Delgado aclaró que una de las propuestas era hacer una ley que regulara los derechos, obligaciones y organización del Tercer Sector de Acción Social y su relación con la Administración canaria, «ya que tenemos una ley de ámbito estatal que hay que aterrizar a nuestro territorio».

Por su parte, la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector, María Eugenia de León, destacó la sostenibilidad financiera como elemento clave para el Tercer Sector. «Son muchísimas las asociaciones que no están dentro de la Plataforma y cuyo trabajo es fundamental para la atención a las personas de ahí la importante de garantizar su sostenibilidad económica». «Las entidades sociales son pieza clave y estructural en las islas» afirmó la presidenta de la Plataforma, quien destacó «la participación en este informe de agentes que no estaban incluidos en el anterior anteproyecto, como los agentes del sector empresarial y las universidades, y cuyas aportaciones también son importantes para el trabajo en red que realizamos en Canarias».

El informe es el resultado de un amplio proceso participativo desarrollado entre el 24 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, que contó con la participación de 116 personas en representación de 89 entidades del Tercer Sector y otros agentes sociales, a través de nueve mesas insulares —presenciales y online— celebradas en todas las islas. El proceso ha permitido incorporar una mirada diversa, territorial e insular, reflejando la pluralidad y complejidad del sector en Canarias.

El documento, de carácter técnico y propositivo, tiene como finalidad servir de base estructurada y fundamentada para la redacción del anteproyecto de ley. En él se traducen los consensos, aportaciones y matices surgidos del proceso participativo en propuestas de contenidos normativos concretos, orientadas a dotar al Tercer Sector de Acción Social de un marco jurídico propio, estable y adaptado a la realidad canaria.

Canarias carece actualmente de una ley autonómica específica que regule de manera integral el Tercer Sector de Acción Social, a pesar de su papel esencial en la cohesión social, la defensa de los derechos y la atención a situaciones de vulnerabilidad. En un contexto marcado por elevadas tasas de riesgo de pobreza y exclusión social, el Tercer Sector se consolida como un actor estratégico, no solo como prestador de servicios, sino como agente de transformación social, participación ciudadana y construcción democrática.

Entre los principales contenidos del informe, se destaca la propuesta de una futura ley estructurada en cuatro capítulos: disposiciones generales; entidades del Tercer Sector de Acción Social; participación social y diálogo civil; y medidas de fomento del sector. El documento plantea una definición amplia y funcional del Tercer Sector, basada en su finalidad social y en la defensa de derechos, y propone criterios claros para el reconocimiento de las entidades, respetando su diversidad organizativa y territorial.

Asimismo, el informe subraya la importancia de reforzar los mecanismos de participación y gobernanza democrática, proponiendo instrumentos estables de diálogo civil con las administraciones públicas, entre ellos la creación de una Mesa del Tercer Sector de Acción Social de Canarias como espacio central de interlocución. En materia de fomento, se recogen propuestas orientadas a garantizar una financiación estable, suficiente y sostenible, así como a impulsar la planificación estratégica, la formación, la innovación social y la equidad territorial.

El documento incorpora, además, aportaciones específicas para su desarrollo reglamentario y aplicación práctica, destacando la necesidad de aplicar la ley con criterios de proporcionalidad, atender a las singularidades de la insularidad y avanzar hacia herramientas de conocimiento y seguimiento como un Observatorio del Tercer Sector de Acción Social.

Con esta presentación, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con un proceso normativo participado, legítimo y alineado con la realidad del sector, y la Plataforma pone a disposición de las instituciones públicas una base sólida para avanzar hacia una ley que reconozca, fortalezca y articule el papel del Tercer Sector de Acción Social en Canarias.

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Canarias destaca la aportación social de Aprosu para mejorar la atención de las personas con discapacidad

De cada euro público invertido en 2024 en Aprosu, la sociedad recibió 5,69 euros, según datos de un estudio que fue dado a conocer en una jornada auspiciada por la Consejería de Bienestar Social en la que se presentó el estudio de Valor Social de la entidad

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, señaló que este tipo de estudios permite conocer «el impacto real de las ayudas que se destinan a las entidades sociales más allá del dato meramente económico»

«A través de estudios sobre el Valor Social se mide y traslada al lenguaje económico el impacto real social que genera el trabajo que llevan a cabo las entidades del Tercer Sector, es decir, conocemos su capital social más allá de lo que supone únicamente la inversión y el gasto económico», afirmó el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, en el transcurso de la presentación del estudio de Valor Social realizado por la Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual de Las Palmas (Aprosu), cuyos datos fueron dados a conocer hoy (martes, 2 de diciembre) en el marco de una jornada celebrada en Las Palmas de Gran Canaria.

«Desde las horas que se liberan a las familias por atención a sus seres queridos hasta el impacto en su entorno más cercano, desde la creación de empleo a la generación de economía a terceros, son algunos de los elementos que se miden en este estudio, a través del cual se muestran los valores positivos que se producen al invertir en las entidades sociales que trabajan en diferentes áreas de acción social desde la atención a personas con discapacidad a las que desarrollan una labor de inclusión social, atención a personas mayores, migrantes o personas en situación de exclusión social», enfatizó Candil quien subrayó que la realización de este tipo de estudios «permite a la Administración pública conocer el impacto real de las ayudas que se destinan a las entidades sociales más allá del dato meramente económico».

Entre los datos del estudio realizado por Aprosu, relativos al año 2024 y realizado en colaboración con la consejería de Bienestar Social y Plena Inclusión Canarias, se destaca que el valor social integrado supera los 20,1 millones de euros, lo que se traduce, según explicó Cathasay Sosa Morales, directora de Gestión y Finanzas de la entidad social, «en que por cada euro público invertido en la entidad, la sociedad recibe un total de 5,69 euros y la administración pública, 1,22 euros». «Lo que buscamos con este estudio es visibilizar el impacto que la asociación genera en la sociedad, es decir, ir más allá de la contabilidad tradicional y exponer el impacto social que genera la entidad, para que se perciba que las ayudas que se dan a las entidades sociales no constituyen un gasto sino una inversión social», indicó la representante de Aprosu.

Con este estudio, el segundo realizado por Aprosu, la asociación se sitúa como la primera entidad del sector en Canarias que aplica de forma sistemática de Contabilidad Social GEAccounting, que permite medir el impacto real del trabajo de la entidad.

 

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