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Canarias reclama al Ministerio de Derechos Sociales el fin de las deducciones en las ayudas por dependencia

Candelaria Delgado ha enviado una carta al ministro Pablo Bustinduy en la que solicita la modificación de la ley para que las personas más vulnerables no sufran recortes en sus prestaciones cuando reciben otros apoyos

El Gobierno de Canarias ha solicitado formalmente al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 una modificación clave en la Ley de Dependencia. A través de una carta oficial enviada al ministro Pablo Bustinduy, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha reclamado la eliminación definitiva de las deducciones automáticas que sufren los beneficiarios de las prestaciones económicas del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD).

El artículo 31 de la normativa actual establece que percibir una ayuda de dependencia obliga a restar el importe de cualquier otra prestación de similar naturaleza que el ciudadano reciba de otros regímenes públicos. Este mecanismo de absorción económica afecta a complementos esenciales como la gran incapacidad, la asignación por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad igual o superior al 75%, el complemento por necesidad de tercera persona en pensiones no contributivas y el subsidio de ayuda a tercera persona.

 

El impacto real en las personas

Delgado detalla en la misiva el impacto negativo que este sistema tiene en el día a día de los ciudadanos afectados. «Cuando la cuantía reconocida por el Sistema se reduce por la percepción previa de alguna de las prestaciones contempladas en el artículo 31, el reconocimiento de un nuevo derecho en el ámbito de la dependencia no se traduce íntegramente en un incremento de los recursos disponibles para atender las necesidades reales de cuidados y apoyo de la persona beneficiaria».

En la práctica, estas deducciones provocan una neutralización del derecho y cronifican la insuficiencia de recursos en los hogares, especialmente porque las familias acumulan diferentes situaciones complejas de discapacidad y dependencia.

“Las personas en situación de dependencia afrontan necesidades que exceden con frecuencia lo que cubre una sola prestación, y necesitan atención personal, supervisión, cuidados continuados, productos de apoyo, adaptación del entorno, acompañamiento, movilidad, permanencia en el domicilio y otros gastos directamente vinculados a su autonomía y calidad de vida», asegura la consejera.

 

Exigencia de una financiación estatal justa

El debate normativo sobre lo descrito en el escrito se encuentra actualmente en el Senado; no obstante, el texto que se tramita solo contempla eliminar estas deducciones automáticas para las situaciones de dependencia extrema (el nuevo Grado III+). “Canarias valora este paso, pero considera injusto limitar la mejora y exige extender la compatibilidad total a las personas reconocidas con los Grados I y II, quienes también soportan costes muy elevados”, explica.

Asimismo, el Ejecutivo canario advierte en la carta de que esta ampliación de derechos debe contar con el respaldo económico del Gobierno de España para no ahogar a las arcas regionales: «Consideramos igualmente necesario que su incorporación vaya acompañada de la correspondiente evaluación económica y de una previsión suficiente de financiación, de forma que la ampliación de derechos pueda hacerse efectiva sin trasladar de manera exclusiva a las comunidades autónomas el coste derivado de la modificación».

Con esta propuesta, Canarias busca liderar un avance hacia un modelo basado en los derechos humanos y la dignidad, simplificando la gestión administrativa y garantizando que las ayudas cumplan su verdadera función de apoyo real a las familias.

 

Modificación de la Ley de Servicios Sociales de Canarias

Por otra parte, el BOC publica hoy el decreto de modificación de la Ley canaria de Servicios Sociales, para adaptar su regulación al que pretende ser el nuevo modelo de funcionamiento, acreditación y calidad de los centros y servicios de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

La reforma permitirá iniciar el cambio para simplificar los procedimientos administrativos y facilitar la puesta en funcionamiento de centros y servicios, mediante la presentación de una declaración responsable.

De esta manera, se conseguirá reforzar la capacidad del sistema para disponer de los recursos necesarios para atender las prestaciones reconocidas, de manera que la Administración autonómica pueda actuar cuando existan insuficiencias de plazas o servicios, demoras en el acceso efectivo a las prestaciones, situaciones de urgencia social, necesidades de continuidad asistencial, cohesión social o desequilibrios territoriales.

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Canarias reduce por primera vez el tiempo medio de resolución de la dependencia por debajo de los 300 días

El sistema atiende a 86.500 personas con Programa Individual de Atención y supera las 98.200 prestaciones, mientras el plazo medio de tramitación cae hasta los 283 días

El sistema de atención a la dependencia en Canarias ha logrado por primera vez, desde la entrada en vigor de la Ley en 2006, situar el tiempo medio de resolución de los expedientes por debajo de los 300 días. Según los datos correspondientes al mes de julio, el plazo medio desde la solicitud hasta la resolución de la prestación se ha reducido hasta los 283 días, frente a los 782 días registrados en julio de 2023, lo que supone una disminución de 499 días, equivalente a una reducción del 64% en esta legislatura.

La directora general de Dependencia de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Concepción Ramírez, explica, no obstante, que “el IMSERSO extrae este promedio que aún arrastra expedientes antiguos, pero la realidad es que cualquier persona que solicite en Canarias la ayuda a la dependencia hoy en día la tiene resuelta en un plazo de unos 89 días, un periodo muy inferior al exigido por ley, que es de 180. Estos datos pronto se verán reflejados también en las estadísticas oficiales del IMSERSO, fruto del trabajo intenso que se está realizando por parte de todos los trabajadores de la Dirección General, y de los cambios normativos que hemos ido aplicando desde el inicio de esta legislatura”.

Este hito “muestra la consolidación de la transformación del sistema de dependencia en Canarias, que durante la presente legislatura ha incrementado de forma sostenida su capacidad de gestión y atención a la ciudadanía”.

La reducción del plazo se produce al mismo tiempo que el sistema alcanza sus mayores cifras de actividad y atención a la ciudadanía. En la actualidad, Canarias contabiliza 86.500 personas con Programa Individual de Atención (PIA), 98.252 prestaciones y 75.800 personas con derecho reconocido que ya reciben una prestación efectiva, los registros más elevados alcanzados hasta la fecha.

La evolución del sistema desde el inicio de la legislatura refleja el cambio de dimensión experimentado por la dependencia en Canarias. Desde julio de 2023, el número de personas con un PIA ha pasado de 55.189 a 86.500, lo que supone 31.311 personas más que pueden optar a una prestación. Asimismo, las prestaciones han aumentado desde 48.844 hasta 98.252, prácticamente el doble, mientras que las personas que ya reciben una prestación efectiva han pasado de 48.667 a 75.800, es decir, 27.133 personas más plenamente atendidas.

La intensidad del trabajo también se aprecia en las medias mensuales. Durante la actual legislatura se han tramitado una media de 807 solicitudes, 1.001 resoluciones, 932 Programas Individuales de Atención, 1.599 prestaciones y 914 nuevas personas con derecho a prestación cada mes, multiplicando ampliamente el ritmo de gestión del periodo comprendido entre 2019 y 2023.

Otro de los indicadores que refleja la transformación del sistema es la expansión de la teleasistencia, que alcanza ya las 14.079 personas usuarias, frente a las 4.528 registradas al inicio de este año, lo que supone haber triplicado la cobertura del servicio en apenas siete meses.

La reducción histórica de los tiempos de espera, unida al incremento sostenido de las resoluciones, las prestaciones y las personas atendidas, consolida el proceso de transformación del sistema público de atención a la dependencia en Canarias, que continúa mejorando simultáneamente la capacidad de respuesta de la Administración y la atención efectiva a la ciudadanía.

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Canarias sigue reclamando al Estado la financiación de la dependencia acorde al esfuerzo realizado por la comunidad

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca que el Archipiélago ha hecho la tarea en la mejora de la gestión, aunque advierte de que el modelo aún no compensa suficientemente los costes de la insularidad y la ultraperiferia

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Estado una financiación estable, suficiente y proporcional para el Sistema de Atención a la Dependencia, que permita avanzar hacia el modelo de financiación que establece la Ley de Dependencia.

Durante su participación en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, celebrado en el Ministerio de Servicios Sociales hoy (29 de junio), la consejera señaló que Canarias acude a esta reunión para conocer cómo se concretará la ampliación de financiación anunciada por el Gobierno de España y cuándo será efectiva para las comunidades autónomas.

“Valoramos cualquier incremento de financiación estatal porque supone una mejora para las personas beneficiarias, pero debemos analizarlo con rigor: la cuestión no es solo si Canarias recibe más fondos, sino si esa aportación cubre realmente la parte que corresponde al Estado y si permite compensar el coste real del sistema”, afirmó. En todo caso, la consejera explicó que es muy peligroso querer hacer creer a la ciudadanía que esta aportación extraordinaria va a suponer un incremento en las aportaciones que reciben las personas dependientes, primero “porque aún no está garantizada que la financiación vaya a llegar, ya que tiene que ser aprobado en el Congreso, donde el Gobierno no tiene mayoría, y segundo porque es jugar con la esperanza de la ciudadanía que lleva soportando la infrafinanciación estatal durante muchos años”, aseguró.

La consejera recordó que la Ley de Dependencia establece que la financiación debe realizarse de manera equilibrada entre Estado y comunidades autónomas. “Canarias lleva años haciendo un esfuerzo muy superior al que correspondería si se cumpliera ese principio. La Comunidad Autónoma, junto con los cabildos insulares, ha sostenido buena parte del coste del sistema”, señaló, “este cambio e incremento de financiación que puede darse a través de un real decreto ley, además, no es estructural”, un asunto que señalaron el resto de comunidades autónomas en la reunión que, junto a Canarias, temen que el incremento de la aportación, no garantizada para próximos ejercicios si llega a convalidarse, suponga que en los próximos años tenga que ser soportado por las comunidades autónomas.

En este sentido, explicó que el gasto autonómico certificado en dependencia alcanzó en 2025 los 403,9 millones de euros, mientras que la aportación estatal fue de aproximadamente 101,8 millones, lo que sitúa el esfuerzo estatal todavía lejos del equilibrio previsto en la normativa.

Además, recordó que la realidad del sistema canario debe analizarse teniendo en cuenta sus características territoriales. “Canarias tiene que desplegar servicios en siete islas, con mayores costes de transporte, menor capacidad de generar economías de escala y con la condición añadida de Región Ultraperiférica”, explicó.

Por otra parte, la reunión sirvió para certificar que Canarias recibirá en 2026 un total de 44,2 millones de euros del Nivel Acordado, frente a los 23 millones de euros del año anterior, lo que supone un incremento de 21,2 millones de euros y un crecimiento cercano al 92%. Esta mejora responde, entre otros factores, al avance registrado por Canarias en los indicadores de gestión del sistema, con más personas atendidas, más prestaciones reconocidas y una reducción progresiva de los tiempos de tramitación.

La consejera destacó que este incremento supone un reconocimiento al esfuerzo realizado por Canarias para reforzar la atención a la dependencia, aunque insistió en que la financiación estatal debe seguir avanzando hasta alcanzar el equilibrio previsto en la Ley de Dependencia. “El objetivo no es solo recibir más recursos, sino garantizar que la financiación acompañe el coste real del sistema y tenga en cuenta las singularidades de Canarias, un territorio fragmentado en islas y con mayores costes de prestación de servicios”, señaló.

Delgado insistió en que la mejora responde directamente al esfuerzo realizado por el Gobierno de Canarias para transformar la gestión de la dependencia. “La nómina de dependencia ha pasado de 7.919.285,33 euros mensuales al inicio de la legislatura a situarse actualmente en 18.278.259,21 mensuales. Ese incremento no es un aumento de gasto sin más: significa más resoluciones, más programas individuales de atención y más personas que reciben las prestaciones que les corresponden”, afirmó.

Los datos reflejan ese cambio: entre 2023 y la previsión de 2026 la nómina anual pasa de 95,52 millones a 189,43 millones de euros, un incremento cercano al 100%, fruto del aumento de derechos reconocidos.

Además, Canarias ha reducido de forma significativa los tiempos de tramitación. El número de personas con derecho a prestación y pendientes de resolución del programa individual de atención se ha reducido en un 91,9%, mientras que el tiempo medio de resolución ha bajado de 782 días en julio de 2023 a 335 días en mayo de 2026.

En relación con el tramo autonómico del 0,7% del IRPF, otro de los puntos tratados hoy en el Consejo Territorial, Canarias recibirá en 2026, 22,43 millones de euros, manteniendo prácticamente su peso relativo dentro del reparto estatal. La consejera señaló que este tipo de fondos se distribuyen mediante criterios sociales y territoriales, por lo que “la clave está en que esos criterios reflejen adecuadamente la realidad de territorios como Canarias”.

“Canarias seguirá colaborando con el Estado para mejorar el sistema, pero sin renunciar a reclamar una financiación justa. Hemos demostrado que cuando se mejora la gestión, más personas acceden a sus derechos. Ahora necesitamos que la financiación acompañe ese esfuerzo y reconozca el coste real de atender la dependencia en las islas”, concluyó.

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El Parlamento convalida por unanimidad el decreto que completa el sistema de prestaciones de dependencia

El texto regula por primera vez la prestación económica de asistente personal, las prestaciones para el Grado III+, y autoriza la compatibilidad entre algunas ayudas como el SAD y la promoción de la autonomía personal

El Parlamento ha convalidado hoy, por unanimidad, el Decreto-ley 2/2026, de 9 de marzo, una norma clave que culmina la transformación del sistema de atención a la dependencia en las Islas, introduciendo mejoras sustanciales en la agilidad, la personalización de los apoyos y la compatibilidad de prestaciones. La nueva regulación modifica el marco vigente para adaptarlo a las necesidades reales de las personas dependientes y sus familias, incorporando medidas que permiten combinar distintos recursos asistenciales y reforzar la atención en el entorno domiciliario.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien defendió la pertinencia del decreto, destacó durante su comparecencia que esta reforma “no responde a un planteamiento teórico, sino que tiene un impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias canarias. El objetivo es avanzar hacia un sistema más flexible, ágil y centrado en las personas”.

“Esta norma consolida un sistema de dependencia más coherente, con mayor seguridad jurídica y orientado a garantizar derechos. La combinación de prestaciones, el refuerzo de la atención domiciliaria y la regulación de la asistencia personal suponen un avance hacia un modelo más humano y eficaz. La convalidación del Decreto-ley permitirá aplicar de forma inmediata estas mejoras, asegurando que ninguna persona quede desatendida ante los nuevos escenarios de mayor complejidad”, aseguró Delgado.

La consejera de Bienestar Social indicó que la reforma “responde a una necesidad urgente: ofrecer respuestas ágiles y adaptadas a situaciones de alta dependencia, apoyar a las familias cuidadoras y facilitar que las personas puedan permanecer en su entorno con los apoyos necesarios. La norma representa un paso decisivo para consolidar un sistema de cuidados más flexible, garantista y alineado con la realidad social de Canarias”.

La norma da continuidad a la reforma iniciada en 2025, que ya ha permitido reducir significativamente los tiempos de tramitación. Actualmente, el plazo medio de resolución ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 391 días, situándose en torno a 152 días en expedientes nuevos, por debajo de los límites establecidos por la ley.

Atención a la dependencia extrema y adaptación normativa

Uno de los principales avances del Decreto-ley es la incorporación del nuevo Grado III+ de dependencia extrema, derivado de cambios en la normativa estatal. Esta adaptación permite garantizar de forma inmediata la atención intensiva en el domicilio, evitando vacíos legales y asegurando la cobertura desde el primer momento.

En estos casos, se contemplan prestaciones económicas que pueden alcanzar hasta 9.859 euros mensuales, destinadas a financiar apoyos de alta intensidad en el hogar.

Impulso a la asistencia personal

Por primera vez, Canarias regula de forma completa la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), estableciendo condiciones de acceso, cuantías y mecanismos de control. Esta prestación busca fomentar la autonomía personal, facilitar la permanencia en el entorno habitual y promover modelos de vida independiente.

Las cuantías máximas fijadas, por encima de lo estipulado en la norma estatal son: 900 euros mensuales para Grado III, 577,25 euros para Grado II y 436 euros para Grado I

Un sistema más flexible y adaptado a la realidad

La reforma introduce un cambio estructural al permitir la compatibilidad entre prestaciones que hasta ahora eran excluyentes. De este modo, las personas podrán combinar servicios como ayuda a domicilio, centros de día o asistencia personal en función de sus necesidades reales. Este enfoque permite diseñar planes de atención más completos y personalizados, evitando que los usuarios tengan que elegir entre apoyos esenciales.

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