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Canarias blinda el concierto social para garantizar la atención a los colectivos más vulnerables

Candelaria Delgado en comisión parlamentaria

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, señala que existen dos expedientes administrativos en marcha que superan trámites clave para dotar al tercer sector y a los usuarios de la máxima seguridad jurídica y estabilidad económica

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, reafirmó hoy (viernes 23) su previsión de culminar el desarrollo del concierto social y de la acción concertada como una fórmula estable para prestar servicios sociales de responsabilidad pública, descartando de forma tajante cualquier afirmación de inactividad o paralización en el proceso.

Delgado subrayó en el Parlamento de Canarias que ya se está llevando a cabo “una tramitación real, rigurosa y jurídicamente compleja para garantizar que este instrumento de gestión indirecta funcione con total seguridad, estabilidad y calidad desde su entrada en vigor”.

El concierto social se articula como un instrumento de gestión indirecta de naturaleza no contractual —diferenciado de un contrato convencional o una subvención anual— en el que la planificación, la financiación, el acceso, la evaluación y el control continúan siendo estrictamente públicos. “Su finalidad es complementar y preservar el sistema público de servicios sociales, no sustituirlo ni privatizarlo”, señaló la consejera de Bienestar Social.

«No buscamos aprobar deprisa una norma únicamente para anunciarla: buscamos aprobar una regulación aplicable, financieramente sostenible y jurídicamente segura que convierta el concierto social en una herramienta efectiva al servicio de las personas», destacó durante su intervención.

Entre las claves del marco regulador en desarrollo destacan dos expedientes en tramitación. El primero de ellos es un expediente general para modificar el Decreto 144/2021, mientras que el otro es un expediente específico de la Dirección General de Servicios Sociales, que ya se encuentra en su fase final tras haber superado los trámites administrativos clave, incluido el informe de la Oficina Jurídica del Gobierno.

El concierto social tendrá suficiencia económica y cobertura de costes, de tal modo que se prevén estudios previos de costes para cubrir los gastos salariales, de Seguridad Social y de funcionamiento sin incorporar beneficio industrial, contando con mecanismos de revisión ante cambios en convenios colectivos. Además, las convocatorias priorizarán el arraigo de la persona en su entorno para evitar desplazamientos a otros municipios o islas, acercando la prestación al entorno familiar y comunitario.

A través del nuevo documento, la Administración continuará gestionando el acceso y las listas de espera. Así, se establece explícitamente que las personas usuarias no sufrirán interrupciones en la atención ante la finalización o extinción de un concierto.   Asimismo, se promoverá una relación plurianual y evaluable sujeta a requisitos de solvencia, acreditación, transparencia, auditorías y seguimiento técnico, incorporando la evaluación directa de las personas usuarias y sus familias.

 

 

 

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Canarias y la Plataforma del Tercer Sector refuerzan su alianza para mejorar la respuesta social a la ciudadanía

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, afirmó hoy que el acuerdo es necesario para “consolidar los mecanismos de participación de las entidades en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas sociales que estamos implementando en Canarias”

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias y la Asociación Plataforma del Tercer Sector en Canarias han suscrito un acuerdo de colaboración destinado a fortalecer la cooperación entre la Administración pública y las entidades sociales que trabajan en las islas.

Como enfatizó la consejera de Bienestar Social, igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, “lo que queremos con este acuerdo es consolidar los mecanismos de participación del Tercer Sector en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas sociales que estamos implementando en Canarias”

“La respuesta a los grandes retos sociales no puede construirse desde una única institución, solo desde el Gobierno de Canarias, sino que tenemos que contar con cabildos, ayuntamientos, y sobre todo el tercer sector, para que sumemos su saber, sus buenas prácticas y lo ampliemos a todo el territorio” añadió.

En la misma línea se expresó la presidenta de la plataforma del Tercer Sector en Canarias, María Eugenia de León, que lo valoró como “un acuerdo muy importante, fundamental para establecer una alianza estratégica que posiciona a las entidades como interlocutores”. “Sirve para fortalecer el trabajo que ya hemos realizado en estos últimos años, y da un paso más para sentar las bases, para tener un espacio consultivo que nos permita garantizar que las políticas sociales van a atender todos los derechos y necesidades de las personas más vulnerables”

A través de este documento, ratificado este miércoles en rueda de prensa por parte de la consejera Candelaria Delgado y la presidenta de la plataforma, María Eugenia de León, ambas partes reconocen el papel fundamental del Tercer Sector como un agente clave en la cohesión social, por su cercanía a las personas y colectivos que requieren mayor apoyo, así como por su capacidad para detectar necesidades, proponer soluciones y contribuir al desarrollo de nuevas estrategias sociales.

Entre los objetivos del acuerdo se encuentra consolidar los mecanismos de participación del movimiento asociativo en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas sociales, facilitando una interlocución permanente con las organizaciones representativas del sector. Asimismo, contempla el impulso de actuaciones conjuntas orientadas a mejorar la coordinación, la difusión de información y el aprovechamiento de los recursos disponibles.

El texto permitirá también reforzar la colaboración con las entidades sociales en ámbitos como la atención a personas en situación de vulnerabilidad, la defensa de derechos sociales y la promoción de una sociedad más inclusiva, favoreciendo que las decisiones públicas incorporen la experiencia y el conocimiento acumulado por las organizaciones del Tercer Sector.

La firma de este acuerdo supone un paso más en el compromiso del Gobierno de Canarias con un modelo de políticas sociales basado en la cooperación institucional y la participación de la sociedad civil organizada, sumando esfuerzos para construir un sistema de protección más cercano y eficaz.

 

 

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La Plataforma del Tercer Sector de Canarias presenta las propuestas para la futura ley que regulará competencias

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, subrayó el trabajo conjunto con las entidades sociales en la mejora de la atención a la población canaria

La Plataforma del Tercer Sector de Canarias ha presentado hoy [jueves 29] el informe Tejiendo redes para el futuro del Tercer Sector de Acción Social de Canarias. Informe de resultados del proceso participativo, un documento clave, financiado por el Gobierno de Canarias, que recoge las aportaciones del sector para la elaboración de una futura Ley del Tercer Sector de Acción Social en el archipiélago.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, afirmó que «desde el minuto uno, hemos creado sinergias con las entidades del Tercer Sector para mejorar la financiación y la coordinación entre Administración y las entidades sociales». De hecho, afirmó, gracias a esta coordinación conjunta «hemos trabajo en cuestiones que había mejorar y que ya hemos mejorado como han sido el incremento del precio/plaza en materia de dependencia y discapacidad; la elaboración del marco normativo del Concierto Social, cuyo borrador está ya terminado y se encuentra en proceso para aprobación, o la mejora de las bases de la convocatoria del IRPF. Es decir: hemos ido mejorando aquellos ámbitos que el Tercer Sector se nos ha ido indicando y que, de hecho, ya contemplábamos en nuestras líneas de trabajo».

A este respecto, Delgado aclaró que una de las propuestas era hacer una ley que regulara los derechos, obligaciones y organización del Tercer Sector de Acción Social y su relación con la Administración canaria, «ya que tenemos una ley de ámbito estatal que hay que aterrizar a nuestro territorio».

Por su parte, la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector, María Eugenia de León, destacó la sostenibilidad financiera como elemento clave para el Tercer Sector. «Son muchísimas las asociaciones que no están dentro de la Plataforma y cuyo trabajo es fundamental para la atención a las personas de ahí la importante de garantizar su sostenibilidad económica». «Las entidades sociales son pieza clave y estructural en las islas» afirmó la presidenta de la Plataforma, quien destacó «la participación en este informe de agentes que no estaban incluidos en el anterior anteproyecto, como los agentes del sector empresarial y las universidades, y cuyas aportaciones también son importantes para el trabajo en red que realizamos en Canarias».

El informe es el resultado de un amplio proceso participativo desarrollado entre el 24 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, que contó con la participación de 116 personas en representación de 89 entidades del Tercer Sector y otros agentes sociales, a través de nueve mesas insulares —presenciales y online— celebradas en todas las islas. El proceso ha permitido incorporar una mirada diversa, territorial e insular, reflejando la pluralidad y complejidad del sector en Canarias.

El documento, de carácter técnico y propositivo, tiene como finalidad servir de base estructurada y fundamentada para la redacción del anteproyecto de ley. En él se traducen los consensos, aportaciones y matices surgidos del proceso participativo en propuestas de contenidos normativos concretos, orientadas a dotar al Tercer Sector de Acción Social de un marco jurídico propio, estable y adaptado a la realidad canaria.

Canarias carece actualmente de una ley autonómica específica que regule de manera integral el Tercer Sector de Acción Social, a pesar de su papel esencial en la cohesión social, la defensa de los derechos y la atención a situaciones de vulnerabilidad. En un contexto marcado por elevadas tasas de riesgo de pobreza y exclusión social, el Tercer Sector se consolida como un actor estratégico, no solo como prestador de servicios, sino como agente de transformación social, participación ciudadana y construcción democrática.

Entre los principales contenidos del informe, se destaca la propuesta de una futura ley estructurada en cuatro capítulos: disposiciones generales; entidades del Tercer Sector de Acción Social; participación social y diálogo civil; y medidas de fomento del sector. El documento plantea una definición amplia y funcional del Tercer Sector, basada en su finalidad social y en la defensa de derechos, y propone criterios claros para el reconocimiento de las entidades, respetando su diversidad organizativa y territorial.

Asimismo, el informe subraya la importancia de reforzar los mecanismos de participación y gobernanza democrática, proponiendo instrumentos estables de diálogo civil con las administraciones públicas, entre ellos la creación de una Mesa del Tercer Sector de Acción Social de Canarias como espacio central de interlocución. En materia de fomento, se recogen propuestas orientadas a garantizar una financiación estable, suficiente y sostenible, así como a impulsar la planificación estratégica, la formación, la innovación social y la equidad territorial.

El documento incorpora, además, aportaciones específicas para su desarrollo reglamentario y aplicación práctica, destacando la necesidad de aplicar la ley con criterios de proporcionalidad, atender a las singularidades de la insularidad y avanzar hacia herramientas de conocimiento y seguimiento como un Observatorio del Tercer Sector de Acción Social.

Con esta presentación, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con un proceso normativo participado, legítimo y alineado con la realidad del sector, y la Plataforma pone a disposición de las instituciones públicas una base sólida para avanzar hacia una ley que reconozca, fortalezca y articule el papel del Tercer Sector de Acción Social en Canarias.

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Bienestar Social financia 90 programas en materia de inmigración e inclusión social

El BOC publica la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones dirigidas a administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de carácter social en Canarias

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias financia 90 programas destinados a la atención de la ciudadanía en materia de inmigración e inclusión social. El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones para el año 2025 con una partida económica que ronda los siete millones de euros. En concreto, la convocatoria de ayudas de la Dirección General de Servicios Sociales establece dos líneas de subvenciones dirigidas a financiar proyectos vinculados a la inmigración y que tengan como materia la inclusión social.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explica que estas ayudas financian “programas relacionados con la formación e inclusión de personas migrantes, solicitantes de asilo y protección internacional residentes en Canarias, así como programas que tienen como objetivo la atención a personas en situación de exclusión o en peligro de estarlo ante situaciones de vulnerabilidad social”.

Por su parte, la directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, asegura que “nuestro objetivo es ayudar a ejecutar proyectos novedosos en el área social que impliquen la puesta en marcha de programas dirigidos a lograr la mejora de la calidad de vida de las personas residentes en Canarias, así como el acceso a unos servicios mínimos y de calidad”.

De esta forma, se concede de forma provisional financiación a 20 proyectos en materia de inmigración y 70 en materia de Inclusión Social (un total de 49 proyectos dirigidos a garantizar la intervención para la inclusión social y la atención a personas en situación de exclusión social; 4 programas de intervención en la comunidad y otros 17 programas que tienen como objetivo la atención integral a personas sin hogar).

Las entidades beneficiarias deberán comunicar la aceptación expresa de las ayudas en un plazo de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, ajustada al modelo normalizado que estará disponible en el procedimiento electrónico diseñado al efecto en la sede electrónica del Gobierno de Canarias: SEDE ELECTRÓNICA . En caso de desestimación, las entidades interesadas podrán presentar escrito de alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a contar a partir del día de la publicación en el BOC, mediante el mismo procedimiento electrónico.

A esta línea de convocatoria de subvenciones pueden acogerse las Corporaciones Locales, Mancomunidades, y Agrupaciones de Municipios, Cabildos y sus organismos autónomos, Fundaciones y Universidades Públicas, así como entidades sin ánimo de lucro registradas y legalmente constituidas que cuyos fines y objetivos estatutarios estén dirigidos al ámbito social y/o colectivo susceptible de esta convocatoria.

Todas las entidades beneficiarias deberán desarrollar sus actividades de forma efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo el destino de la subvención contribuir a sufragar los costes de las actividades relacionadas con la prestación de servicios y/o actuaciones en las distintas áreas descritas en las bases de la convocatoria.

 

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Bienestar Social destina este año 6,8 millones a ayudas para servicios sociales a través del tercer sector

Las subvenciones están destinadas a proyectos para la atención a colectivos en situación de vulnerabilidad, migrantes, o la mejora de la convivencia en barrios y las personas sin hogar. La convocatoria se gestionará mediante un nuevo aplicativo electrónico diseñado por el Instituto Tecnológico de Canarias para agilizar su tramitación

El Boletín Oficial de Canarias ha publicado hoy la nueva convocatoria de subvenciones para entidades del tercer sector que lanza la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, con un presupuesto de 6,8 millones de euros para este año 2025. Estas ayudas están destinadas a apoyar iniciativas sociales orientadas a la atención a personas migrantes, la inclusión de colectivos en situación de vulnerabilidad, la mejora de la convivencia en barrios y comunidades, así como la atención integral a personas sin hogar. Además, esta convocatoria contempla una nueva línea de financiación estable para unidades familiares beneficiarias de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC), con el objetivo de garantizar la continuidad de los apoyos y fomentar la autonomía económica de estos hogares. Las entidades tienen de plazo hasta el 5 de septiembre para presentar sus propuestas a través de la Sede electrónica.

La directora general de Servicios Sociales e Inmigración, Elisabet Santana, ha destacado que, pese a la reducción general del presupuesto destinado a subvenciones, se ha realizado un “gran esfuerzo” para mantener la financiación del tercer sector en el ámbito de los servicios sociales. “Nuestro compromiso es consolidar, al menos, este nivel de recursos en los próximos ejercicios”, subraya Santana, quien remarca la importancia del tejido social como aliado fundamental en la atención a los colectivos más vulnerables del Archipiélago.

En este sentido, señala que este tipo de convocatorias contribuyen a reforzar el trabajo coordinado entre la administración pública y las entidades sociales, lo que redunda en una mejor respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía. “La colaboración con las organizaciones sociales nos permite llegar más lejos, con mayor agilidad y cercanía”, afirma.

La responsable del área destaca, además, la vocación de mejora continua en los procesos de gestión de ayudas. En este sentido, se ha implementado un nuevo sistema de tramitación digital, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que facilitará a las entidades interesadas la presentación de solicitudes, reduciendo tiempos y simplificando procedimientos administrativos. Y ya a final del pasado mes, la Dirección General explicó a estos colectivos las novedades de la convocatoria y el funcionamiento de esa tramitación digital.

La convocatoria, que permanecerá abierta 15 días hábiles a partir de la publicación en el BOC, este jueves, 13 de agosto, establece criterios de evaluación que priorizan el impacto social, la innovación en la intervención comunitaria, la perspectiva de género y la sostenibilidad de los proyectos.

Con este paquete de ayudas, el área no solo busca atender situaciones de emergencia social, sino también promover procesos de inclusión duraderos y transformadores en los entornos locales.

Las subvenciones permitirán atender a hogares que viven por debajo del umbral de la pobreza; con privación material y social severa; falta relativa de bienes, recursos o servicios. Asimismo permitirá desarrollar programas de intervención para la inclusión social y la atención a personas en situación de exclusión social y, por ejemplo, impulsar programas que garanticen un acceso no discriminatorio para la práctica de actividades físico-deportivas, ocio y participación activa comunitaria, que sirvan para lograr un proceso de inclusión social e integral o la puesta en marcha de programas de alfabetización digital para la mejora de las competencias digitales y favorecer el desarrollo personal. Se atenderá también el refuerzo en los municipios y zonas rurales, especialmente las que cuentan con una alta dispersión de población, programas y servicios que faciliten el acceso a recursos, la proximidad, el apoyo y acompañamiento social de las personas o grupos en situación de mayor desventaja social que, por sus circunstancias personales y socioeconómicas y ambientales, puedan derivar en situación de exclusión social o riesgo de pobreza.

También se podrán financiar programas de actuaciones encaminadas a la intervención en el sinhogarismo, favoreciendo una intervención integral, garantizando la atención y cobertura de necesidades básicas y medidas para la inclusión social a través de la vivienda, prestaciones sociales y/o empleo; así como la puesta en marcha o mantenimiento de recursos alojativos de corta estancia y de transición para personas perceptoras de la RCC, IMV, u otros ingresos de sistema público de protección social que, además, se hallen en una situación de urgencia o alta exclusión social.

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Francisco Candil: “El acceso al empleo es la vía más directa para la inserción de los colectivos vulnerables”

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, asistió hoy a la inauguración del Centro Territorial de CONVIVE de la Fundación Cepaim en Las Palmas de Gran Canaria

El nuevo centro social busca servir como espacio para promover una colaboración interinstitucional y promocionar la inclusión social e intercultural

Momento de la inauguración de la jornada «Los retos sociales y de empleo en Canarias”

“El acceso al empleo es la vía para directa para lograr la inserción social de las personas en situación de vulnerabilidad, de ahí la importancia de procurar y potenciar programas e iniciativas en las que se trabajen por dar herramientas e impulsar proyectos de inserción social y laboral de estos colectivos”, afirmó hoy el viceconsejero de Bienestar Social e Inmigración del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, en el transcurso de la jornada «Los retos sociales y de empleo en Canarias”, organizada por CONVIVE Fundación Cepaim.

La jornada ha sido organizada como motivo de la inauguración del centro territorial de la entidad social en Las Palmas de Gran Canaria, un espacio ubicado en la zona de La Isleta que busca actuar como punto de encuentro entre administración, entidades sociales y redes locales para promover una colaboración interinstitucional efectiva dirigida a promocionar la inclusión social e intercultural.

Con este fin, el nuevo centro desarrollará, entre otros, el programa La Operación Adelante Canarias. Abriendo Puertas para la Igualdad y la Inclusión, una iniciativa financiada por el Fondo Social Europeo Plus, con cofinanciación del Gobierno de Canarias y la Fundación ´la Caixa’.

“A través de este tipo de programas se busca fomentar la inclusión social y laboral de las personas desempleadas y en situación de vulnerabilidad social, mejorando su acceso al empleo, formación y bienestar y trabajando de forma directa en la sensibilización del tejido empresarial y asociativo”, afirmó el viceconsejero de Bienestar Social quien puso en valor la importancia de “trabajar en redes desde el ámbito y la coordinación con la comunidad”.

CONVIVE Fundación Cepaim trabaja desde 1994 para promover un modelo de sociedad inclusiva e intercultural que facilite el acceso pleno a los derechos de ciudadanía de las personas más vulnerables de nuestra sociedad y, de forma especial, de las personas migrantes y refugiadas. Actualmente cuenta con 39 centros territoriales distribuidos en diez comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Valenciana e Islas Canarias), la ciudad autónoma de Ceuta y con presencia propia en Senegal.

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Delgado: “La reintegración social de las personas en situación de vulnerabilidad pasa por su acceso al empleo”

La consejera de Bienestar Social visitó la entidad social Cesal para conocer de primera mano el proyecto ‘Empleo Vivo’ dirigido a formar a personas en situación de exclusión social en hostelería, restauración y limpieza

“La reintegración social de las personas en situación de vulnerabilidad pasa por su acceso al empleo y al mercado laboral, por eso iniciativas como la que desarrolla Cesal en Tenerife suponen un ejemplo para potenciar la integración social y laboral de los colectivos sociales que más lo necesitan”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, durante la visita que llevó a cabo a la entidad sin ánimo de lucro Cesal para conocer los proyectos dirigidos a potenciar la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad social.

En el transcurso de la visita, en la que estuvo acompañada por la directora de la delegación de Canarias de Cesal, Esther Cabello Loro; la responsable de empleo y formación, Aroa Ramos; la responsable de la relación con empresas, Amelia Escolar; y el responsable de proyectos, Pablo Rodríguez de Vega, Delgado pudo conocer de primera mano los distintos proyectos dirigidos a acompañar a personas mayores de 16 años que se encuentran en situación de desempleo, vulnerabilidad o exclusión social desarrollados por la entidad social, con el fin procurar su inclusión sociolaboral a través de itinerarios personalizados con formación, especialmente en los sectores gastronómico, hostelero y hotelero, en los que Cesal se ha especializado en los últimos años.

Entre los programas desarrollados por la entidad social, se encuentra Empleo Vivo que consta de itinerarios de inserción sociolaboral dirigidos a personas vulnerables o personas vulnerables y en riesgo de exclusión social en las Islas. El proyecto busca fomentar la inclusión activa mediante la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación con perspectiva de género, para la mejora de la empleabilidad de personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social residentes en Canarias, principalmente a través de la hostelería, restauración y limpieza. El proyecto, que se desarrolla desde noviembre de 2023 hasta septiembre de 2029, aspira llegar a más de 3.600 personas vulnerables y en riesgo de exclusión social que estén desempleadas y residan en Canarias. La previsión de inserción al mercado laboral de las personas formadas es del 20%.

CESAL es una organización no gubernamental Internacional que se puso en marcha en el año 1988 con el fin de dedicarse a la cooperación al Desarrollo y la Acción Social en España. Actualmente cuenta con delegaciones en trece comunidades autónomas y en siete países del mundo y se encuentra especializada en la inserción de población vulnerable, buscando nichos de empleo mediante el diálogo con diversas empresas del sector servicios (hostelería, atención al cliente, comercio, etc.), sociosanitario, logística, jardinería y energías renovables.

 

 

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El Gobierno concede ayudas por 1,2 millones de euros a organizaciones del Tercer Sector

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó hoy, a propuesta de la Vicepresidencia del Gobierno, una modificación de crédito para la concesión de ayudas a organizaciones del denominado Tercer Sector por importe de 1,2 millones de euros.

El acuerdo del Ejecutivo permitirá, entre otras, la distribución de ayudas a Cruz Roja y entidades asimilables por 500.000 euros y una línea de ayuda humanitaria al pueblo cubano, por 300.000 euros.

Del mismo modo, se subvencionará a la Asociación Majorera por la Salud Mental con 140.000 euros o la Asociación nacional de Discapacidad, Enfermedades Raras e Integración Social, con 40.000 euros.

Estas subvenciones se canalizan por la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Vicepresidencia del Gobierno.

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Un total de 183 proyectos del Tercer Sector reciben financiación a través del IRPF

Publicada la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para la financiación de proyectos de interés social con cargo al IRPF

El Boletín Oficial de Canarias publica el miércoles, 26 de octubre, la resolución definitiva de la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social, con cargo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el ámbito de Canarias, al amparo de la Orden de 22 de noviembre de 2021.

En total, 183 proyectos presentados por las entidades del Tercer Sector han resultado como beneficiarios de esta línea de subvenciones a cargo del IRPF, por un importe global de 11.192.449,03 euros, un 19,5% más con respecto a la convocatoria del año 2020, cuya partida ascendió a 9,3 millones de euros.

Estas subvenciones están dirigidas a cubrir la atención integral a las necesidades sociales básicas de personas en situación de pobreza o exclusión, cualquiera que sea su causa, así como en situaciones de especial vulnerabilidad derivadas de discriminaciones por razón de sexo, etnia, edad, discapacidad, identidad y orientación sexual.

Las entidades beneficiarias cuentan con un plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación en el BOC, para registrar la aceptación expresa de la subvención.

 

Proyectos subvencionados por áreas

Por áreas, la resolución definitiva contempla la concesión de ayudas a un total de 17 proyectos dirigidos a procurar la atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad, con un montante en ayudas que asciende a 2.013.608,25 euros y 23 para la atención a la infancia y familia, a los que destina un global de 1.408.524 euros.

Por su parte, la convocatoria resuelve financiar un total de 34 proyectos dirigidos a personas con discapacidad y en situación de dependencia, a cuya ejecución se destina un global de 2.326.461 euros.

Además, se aprueba otorgar ayudas a un total de 24 actuaciones vinculadas al área de personas mayores y 11 al área de personas jóvenes con un montante que asciende a 2.019.398,65 euros.

Igualmente, se financia a través de esta convocatoria 5 proyectos dirigidos a la atención de personas con problemas de adicción y 9 para programas que trabajan en el área de Salud-VIH con una ayuda global de 463.974,26 euros.

Para los programas de atención a personas migrantes se concedieron ayudas a un total de diez proyectos con una partida de 637.264,63 euros; 3 para programas vinculados al pueblo gitano, a los que subvenciona con 99.265,26 euros y 11 para intervención del voluntariado, con una ayuda global de 442.938,47 euros.

Para proyectos del área de igualdad y diversidad se concedieron ayudas a un total de 13 proyectos con un montante global de 956.014,51 euros.

Por último, para el área de inversión para la ejecución de obras de mejor y accesibilidad, reformas, equipamiento, mobiliarios, etc.., se conceden ayudas a un total de 23 proyectos, con una dotación de 825.000 euros.

 

 

 

 

 

 

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Derechos Sociales saca a consulta pública el proyecto de la futura Ley del Tercer Sector

El objetivo es iniciar la tramitación para la aprobación de una ley que regule el Tercer sector de acción social y otorgar de estabilidad jurídica a las entidades y asociaciones del área

La consulta pública tiene como fin recabar las opiniones, sugerencias y aportaciones de las entidades y personas afectadas por la futura normativa

La Dirección general de Derechos Sociales, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias, ha sacado a consulta pública el Proyecto de Ley del Tercer Sector de Acción Social en Canarias, con el fin de desarrollar una ley que regule el Tercer Sector en su totalidad y garantizar un marco que otorgue estabilidad jurídica a las entidades del área y a la labor que realizan.

Según se especifica en el Informe de la Iniciativa, las entidades del Tercer Sector de acción social tienen un importante papel para la sociedad en momentos de crisis ya que constituyen organizaciones privadas de carácter voluntario y sin ánimo de lucro, que desarrollan actividades en áreas de interés social a través de programas o proyectos encaminados a impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, logrando la cohesión y la inclusión social de todas las personas afectadas.

“Estas entidades tienen capacidad para diversificar sus actividades y permiten canalizar las necesidades y la solidaridad de la ciudadanía sirviendo para dar respuesta a muchas de las problemáticas que se plantean en el ámbito económico y social, especialmente para aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza y exclusión social y/o inserción laboral”, señala el director general de Derechos Sociales, Javier Bermúdez, quien especifica que “ el Tercer Sector de acción social ha sido y es determinante en el mantenimiento del Estado de Bienestar ya que contribuye a la construcción y el fortalecimiento de un tejido social y una sociedad civil activa e implicada en la toma de decisiones políticas ayudando a reducir desigualdades sociales y a generar una mayor cohesión y justicia social.”

El proyecto pretende dotar con un texto normativo que establezca un marco jurídico estable y el apoyo a la labor que estas entidades realizan en Canarias, tal y como se recoge en la Ley de Servicios Sociales de Canarias, en la que se establece el nuevo marco normativo del sistema público de servicios sociales de Canarias.

Para ello, la futura norma deberá definir el marco jurídico de las entidades que integran el Tercer Sector de acción social de Canarias; regular los requisitos y características que han de reunir las entidades que integran el Tercer Sector de acción social de Canarias; determinar el régimen jurídico, los objetivos de interés social y los principios de actuación aplicables a las entidades que integran del Tercer Sector de acción social de Canarias; delimitar la participación de las entidades que integran el Tercer Sector de acción social de Canarias en las políticas públicas en los ámbitos social y asistencial del Archipiélago y establecer las medidas de fomento de las entidades que integran el Tercer Sector de acción social de Canarias.

Con este fin, se abre consulta pública previa para recabar la opinión de las personas y de las organizaciones interesadas con el objeto de recoger sugerencias, observaciones y propuestas para esta futura norma, de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las entidades y personas interesadas pueden consultar el informe de consulta previa en el siguiente ENLACE.

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