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El Gobierno defiende un nuevo marco jurídico de juegos y apuestas que planifique y proteja a colectivos vulnerables

Nieves Lady Barreto: “Blindamos la protección de los menores a todas las edades incluyendo a los CEIP en las zonas de influencia y sustituyendo el servicio de admisión por al control de edad”

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha defendido hoy en Comisión parlamentaria un nuevo marco jurídico “restrictivo” para las apuestas y los juegos en Canarias “que ordene la dispersión existente a través de un instrumento de planificación único”.

Nieves Lady Barreto destacó que este proyecto de decreto cuenta con el visto bueno de la Comisión del Juego y Apuestas de Canarias, compuesta por la Administración y representantes de los sectores y de las asociaciones de lucha contra las adicciones.

Partiendo de los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, incorpora medidas orientadas a la modernización administrativa y a la protección social. “Porque si de algo nos sentimos especialmente satisfechos en este Gobierno, es del refuerzo en la protección a los colectivos vulnerables”, apuntó la consejera.

Por un lado, el Gobierno blinda las zonas de influencia con el decreto Ley 7/2024, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024, coincidiendo con el fin de la moratoria el 31 de diciembre de 2023. Esto impide la ubicación de casinos, bingos, salones de juego ni locales de apuestas a menos 300 metros de todos centros educativos y también de los centros de atención a menores registrados en la Comunidad Autónoma.

“Además de incluir a los Centros de Infantil y Primaria (CEIP) en la protección que antes solo tenían los de Secundaria Bachillerato o FP, —señaló la consejera— no hemos dejado ni un solo día de vacío legal para que no se pudieran abrir locales a menos de 300 metros de centros educativos”. Nieves Lady Barreto añadió que “se ha demostrado que la moratoria fue un acierto porque, aun así, dentro de ese tope legal, han abierto 31 locales y todos tienen un expediente administrativo que pueden concluir con su cierre”.

La consejera recordó que, además, se ha regulado que la distancia de 200 metros entre locales sea también obligatoria entre salones de juego y bingos, de forma que no se puedan intercalar entre ellos.

Otra medida del decreto es que los salones recreativos y de juegos deberán tener obligatoriamente un control de acceso que verifique la edad y no solo la admisión. Así, el servicio de bar o cafetería instalado en los salones recreativos y de juegos garantizará que se impida la entrada o el paso de menores de edad por las zonas dedicadas al juego.

Por otro lado, se ha modificado el funcionamiento del ‘Registro de prohibidos de acceso al juego’ estableciendo un plazo mínimo de 6 meses, de manera que una persona no pueda inscribirse y darse de baja al día siguiente, velando por su seguridad de forma sostenida en el tiempo.

En el plano de la modernización, se actualiza el ‘Reglamento de máquinas recreativas’ para permitir la implantación de nuevos medios de pago electrónicos, alternativas al dinero en efectivo que ofrecen mayor trazabilidad y seguridad para todas las partes.

En cuanto a la planificación, respecto a los casinos, se mantiene el número total de establecimientos a nivel autonómico en 12, mientras que para las salas de bingo, se establece un límite autonómico de 45. Ambos por concurso administrativo convocado por la Administración.

En el ámbito de las máquinas recreativas y salones de juego, se introduce como novedad la exclusión de la planificación las máquinas de tipo A, de acuerdo con la normativa europea, al no ofrecer contraprestación monetaria ni beneficio económico directo. Las de tipo B (ubicadas en establecimientos de hostelería) pasan de 14.812 a 7.200.

Los salones de juego tendrán también límites estrictos por isla y se limita el crecimiento de nuevos salones a cuatro al año durante la vigencia del plan. Se incrementa su número en 26 a nivel autonómico. Respecto a los locales de apuestas externas, se reducen las autorizaciones de las 95 actuales a 35.

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La Policía Autonómica intensifica el control sobre máquinas recreativas en Tenerife

La Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa inspeccionó 13 establecimientos de distintos municipios, dando como resultado 20 propuestas de sanción

La Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha finalizado un plan específico de inspección y control sobre máquinas recreativas de juego de tipo B en distintos municipios de la isla de Tenerife. Como resultado, la campaña se ha saldado con 20 propuestas de sanción.

Las principales infracciones detectadas están relacionadas con el mal emplazamiento de las máquinas dentro de los locales, la falta de realización de los trámites administrativos preceptivos ante el organismo competente —como la comunicación previa— y la carencia de libro de reclamaciones en materia de juego. Además, durante las inspecciones se procedió al precinto de una máquina recreativa tras detectarse indicios de manipulación de sus elementos identificativos.

Juego responsable y seguro

El objetivo de esta actuación ha sido verificar el cumplimiento de la normativa autonómica en materia de juego, comprobando la correcta instalación de la cartelería obligatoria, la adecuada expedición de autorizaciones y permisos por parte de los operadores, así como la correcta ubicación de las máquinas en los lugares autorizados. Asimismo, se ha supervisado la posible existencia de actividades ilícitas, como la manipulación de mecanismos internos que pudieran afectar a su legítimo funcionamiento y al control de premios.

De esta forma, el Cuerpo General de la Policía Canaria refuerza el control sobre el uso de las máquinas recreativas tipo B, garantizando el cumplimiento de la normativa y promoviendo un entorno de juego responsable y seguro, tanto para las personas usuarias como para las empresas del sector. Estas medidas cobran especial relevancia en la protección de los menores de edad, al tratarse de una población especialmente vulnerable ante la exposición continuada a este tipo de dispositivos y a los posibles efectos negativos asociados a su uso.

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