La Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa inspeccionó 13 establecimientos de distintos municipios, dando como resultado 20 propuestas de sanción
La Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha finalizado un plan específico de inspección y control sobre máquinas recreativas de juego de tipo B en distintos municipios de la isla de Tenerife. Como resultado, la campaña se ha saldado con 20 propuestas de sanción.
Las principales infracciones detectadas están relacionadas con el mal emplazamiento de las máquinas dentro de los locales, la falta de realización de los trámites administrativos preceptivos ante el organismo competente —como la comunicación previa— y la carencia de libro de reclamaciones en materia de juego. Además, durante las inspecciones se procedió al precinto de una máquina recreativa tras detectarse indicios de manipulación de sus elementos identificativos.
Juego responsable y seguro
El objetivo de esta actuación ha sido verificar el cumplimiento de la normativa autonómica en materia de juego, comprobando la correcta instalación de la cartelería obligatoria, la adecuada expedición de autorizaciones y permisos por parte de los operadores, así como la correcta ubicación de las máquinas en los lugares autorizados. Asimismo, se ha supervisado la posible existencia de actividades ilícitas, como la manipulación de mecanismos internos que pudieran afectar a su legítimo funcionamiento y al control de premios.
De esta forma, el Cuerpo General de la Policía Canaria refuerza el control sobre el uso de las máquinas recreativas tipo B, garantizando el cumplimiento de la normativa y promoviendo un entorno de juego responsable y seguro, tanto para las personas usuarias como para las empresas del sector. Estas medidas cobran especial relevancia en la protección de los menores de edad, al tratarse de una población especialmente vulnerable ante la exposición continuada a este tipo de dispositivos y a los posibles efectos negativos asociados a su uso.
La acción conjunta desarrollada en el municipio tinerfeño permitió la tramitación de cinco actas administrativas
El Cuerpo General de la Policía Canaria y la Policía Local de Adeje desarrollaron un dispositivo conjunto de control del transporte de viajeros en Adeje, Tenerife, que permitió detectar cinco infracciones en materia de transporte y tráfico y la tramitación de las correspondientes actas administrativas.
Los controles se llevaron a cabo en zonas estratégicas del municipio con el objetivo de detectar y prevenir el transporte público irregular de viajeros, una práctica que supone una intrusión en el sector legalmente establecido, además de generar situaciones de competencia desleal y riesgos para la seguridad de los usuarios.
La actuación se desarrolló de manera coordinada entre ambos cuerpos policiales, reforzando la supervisión del cumplimiento de la normativa vigente en materia de transporte de viajeros.
De forma complementaria, y en el marco del vigente Plan Específico de Trabajo en materia de inspección del taxi, el Cuerpo General de la Policía Canaria también llevó a cabo la verificación de numerosos vehículos de esta categoría en distintos municipios de la isla de Tenerife, reforzando el control y la supervisión del sector.
Estas actuaciones se enmarcan en el compromiso de las fuerzas policiales de garantizar la legalidad, la seguridad vial y la protección del transporte público reglado, especialmente en zonas de alta afluencia turística.
La actuación conjunta permitió detectar infracciones relacionadas con autorizaciones, ITV y seguridad de la carga
Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), en coordinación con la Policía Local de Granadilla de Abona, han desarrollado un operativo conjunto de inspección de vehículos de transporte en los accesos al Aeropuerto Tenerife Sur (Reina Sofía), dentro de las actuaciones de vigilancia e inspección administrativa del transporte por carretera.
El operativo, planificado por la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa, de la que depende el Grupo de Transporte del Cuerpo General de la Policía Canaria, se desarrolló en Granadilla de Abona, uno de los puntos considerados de mayor afluencia de tránsito y la actividad vinculada al transporte de viajeros.
Durante el dispositivo se inspeccionaron un total de 23 vehículos, con el objetivo principal de detectar posibles situaciones de intrusismo profesional y transportes irregulares o carentes de la correspondiente autorización administrativa, prácticas que perjudican directamente a los transportistas que cumplen con la normativa vigente.
El operativo incluyó, además, la realización de pruebas de detección de consumo de alcohol y drogas durante la conducción, en el marco de las actuaciones preventivas para reforzar la seguridad vial.
Como resultado del control, los agentes de la Policía Autonómica tramitaron cuatro infracciones por carencia de autorización de transporte. Por su parte, la Policía Local de Granadilla de Abona detectó infracciones relacionadas con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y con deficiencias en la carga, al afectar a la seguridad de los ocupantes.
Esta actuación conjunta reafirma el compromiso de ambos cuerpos policiales con el control del transporte, la seguridad vial y la protección de los profesionales que ejercen su actividad de forma legal en Canarias.
Las unidades de inspección del Ejecutivo y las instituciones insulares abordan en este encuentro un diagnóstico de sus recursos y prioridades en el desempeño de sus funciones
La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural reunió en la isla de Lanzarote a las unidades de inspección de los siete cabildos insulares, en un encuentro cuyo propósito ha sido realizar un diagnóstico de los recursos, tanto humanos como técnico administrativos, en el desempeño de sus funciones, que responden actualmente a un criterio pro-activo de intervención encaminado a conocer el estado de los bienes culturales de Canarias y en función de su estado establecer las actuaciones que se estimen necesarias para su protección, tal y como establece la Ley.
Autonómico de Patrimonio Cultural de Canarias
Este encuentro contó con la asistencia de los consejeros y consejeras del área de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, Ascensión Toledo, Rayco León y Emilio Víctor Hernández, respectivamente; del director insular de Patrimonio Histórico de Gran Canaria, Sebastián López, y los inspectores insulares y jefes de servicio de Tenerife (Santiago Febles y José Carlos Cabrera), La Palma (Jorge Pais) Javier Velasco (Gran Canaria), Alejo Soler (Fuerteventura) y Ricardo Cabrera (Lanzarote).
Todos coincidieron con el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo y su equipo, en la necesaria cooperación del Gobierno con las instituciones insulares y locales, junto a los agentes sociales, como método imprescindible para desarrollar nuevas pautas de gestión, conservación y accesibilidad a los bienes culturales, dada su vinculación y proximidad. Así mismo, se acordó dar continuidad a estas citas, «como herramienta y mesa de seguimiento en el cumplimiento de objetivos acordados, con carácter bianual, bajo la denominación, Encuentro Autonómico de Patrimonio Cultural de Canarias», señala Miguel Ángel Clavijo.
Ascensión Toledo, consejera de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote, destacó en la apertura de la reunión, que “este encuentro se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos fortalecer nuestras acciones y colaborar de manera más efectiva con un objetivo primordial, como es el de proteger nuestra cultura y nuestro patrimonio, elementos fundamentales que nos definen como canarias y canarios”.
Encuentro Autonómico de Patrimonio Cultural de Canarias
Para una planificación de intervenciones e inspecciones, se atenderá a criterios como los procedimientos y la gestión, para mejorar el sistema de protección y seguridad; también a la actualización del inventario de bienes muebles e inmuebles y la accesibilidad a los mismos. Además, se traza como objetivo trabajar en la digitalización y registro del patrimonio cultural, a través de los catálogos municipales e insulares, instrumentos necesarios para desarrollar las actuaciones que marca la Ley del Patrimonio Cultural de Canarias a estas unidades de inspección, cuyas fichas actualizadas permitirán, también, la conservación preventiva.
Toda esta información estará volcada en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural de Canarias (LAVA), que el Ejecutivo esta ultimando. Una plataforma- web en constante actualización, a disposición de la ciudadanía, personal investigador y administraciones públicas con toda la información, material gráfico y audiovisual sobre los bienes culturales, que hasta el momento resulta de difícil acceso debido a su dispersión y heterogeneidad. Principalmente, la plataforma incluye los catálogos insulares, cartas arqueológicas, etnográficas y paleontológicas municipales, expedientes de Bien de Interés Cultural (BIC), memorias sobre las investigaciones en los diversos campos del patrimonio, así como inventarios de diversa índole, sin olvidar a los museos y sus colecciones, y el patrimonio documental y bibliográfico, proyectos formativos y enlaces de interés, entre otros.
«La protección y conservación del patrimonio cultural empieza por un reconocimiento de todos y cada uno de los elementos que lo conforman. Al tenerlo inventariado y en constante actualización se podrán establecer continuos diagnósticos que permitan optimizar las intervenciones y realizar así acciones que reduzcan, minimicen e incluso anulen el efecto de los riesgos y afecciones a los que los bienes culturales son sometidos», afirma el director general del área. Toda esta documentación, añade, «aportará información a tener en cuenta para llevar a cabo prioridades en las intervenciones, elaborando programas de inspección regulares y de mantenimiento».
Por otra parte, se apuntó la necesidad de realizar acciones tendentes a la formación de los agentes forestales y resto de cuerpos y fuerzas de seguridad en la protección del patrimonio cultural, principalmente en las islas no capitalinas, que cuentan con pocos efectivos para actuar sobre el terreno.
Finalmente, se acordó que el próximo ‘Encuentro Autonómico de Patrimonio Cultural de Canarias’, se celebrará en la isla de Gran Canaria, en el mes de mayo de 2024.
Después de dos ejercicios sin poder hacerla, por las restricciones pandémicas, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias vuelve a sufragar, con 150.000 euros, una campaña de refuerzo para la Inspección de Trabajo, que traerá hasta las islas a 32 inspectores e inspectoras de otras comunidades autónomas.
El objetivo principal es combatir la economía sumergida, puesto que, solo en los nueve primeros meses del año y sin campaña de refuerzo, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social ha logrado aflorar casi 5.000 empleos irregulares.
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, recibieron esta mañana al primer contingente del total de 32 inspectores e inspectoras de las Inspecciones de Trabajo y la Seguridad Social (ITSS) de otras comunidades autónomas que participarán en una campaña de refuerzo durante un mes y medio, con la intención de aumentar la presión sobre las empresas y personas trabajadoras que incumplen la normativa laboral.
Máñez explicó durante el acto cómo la economía sumergida es una cuestión “que preocupa a los gobiernos de Canarias y de España y la lucha contra el fraude laboral es también un compromiso de las patronales y las organizaciones sindicales”. La aportación de 150.000 euros del Gobierno de Canarias sirve para afrontar los gastos de traslado y estancia de las 32 personas de la ITSS que se desplazarán hasta las islas, para intensificar la presión sobre las contrataciones irregulares “porque de lo que estamos hablando es de una competencia completamente desleal con las empresas que sí cumplen y que además deja a las personas trabajadoras fuera de cualquier ámbito de protección en materias laborales y les sustrae sus derechos.”
El director territorial de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en Canarias, Francisco Guindín, fue quien presentó a los inspectores e inspectoras recién llegados a las autoridades autonómicas y destacó que, desde enero, el trabajo de la ITSS ya ha aflorado casi 5.000 empleos irregulares en Canarias, “de los que el 26% correspondían a Hostelería, el 19% al sector Servicios y el 12% al de Comercio, por lo que serán los sectores donde más reforcemos el control.” Guindín continuó explicando que, además, “el refuerzo permitirá realizar un mayor número estos controles en horarios poco habituales, como el nocturno y los días festivos, en unas 1.300 empresas”. Para concluir, el director territorial de la ITSS destacó que el objeto de su servicio es siempre aflorar las conductas irregulares en el trabajo y no el hecho de sancionar, “por lo que si ahora, al saber de esta campaña, hay empresas que van directas a sus asesorías, para regularizar situaciones, tanto nosotros, como el Gobierno de Canarias estaremos encantados, porque ya habrán comenzado a conseguirse los objetivos del refuerzo.
Cifras contundentes
Tanto las autoridades canarias, como los representantes de la ITSS coincidieron en señalar lo preocupante que es la economía sumergida, tanto en materia de competencia desleal y vulneración de derechos, como en materia de prevención de riesgos laborales.
Para concienciar de la importancia de que toda la sociedad denuncie los casos que conozca y para demostrar que la Inspección está alcanzando una importante cota de efectividad en la detección de conductas infractoras, la ITSS aportó los resultados globales alcanzados en lo que va de año.
Entre enero y septiembre, se han aflorado 4.756 empleos irregulares en Canarias, por los siguientes motivos:
3.269 trabajadores y trabajadoras no estaban dados de alta en la S.S.
61 Personas estaban trabajando, mientras cobraban una prestación o subsidio de desempleo
114 personas extranjeras no comunitarias estaban trabajando sin permiso trabajo
1.312 personas realizaban jornadas laborales con incrementos superiores al 50% a lo pactado en contrato o se consideró que debían pasar de contratos parciales a tiempo completo.
Además se abrieron expedientes por 44 obstrucciones por no identificar a personas de las que se tenía indicios de que estaban realizando una actividad laboral, en condiciones irregulares.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se reúne con el secretario de Estado de Seguridad para avanzar en este sentido
Interior muestra su mayor predisposición para que la Comunidad Autónoma de Canarias ejerza estas facultades en su territorio y propone la creación de un grupo de trabajo que se reunirá el 19 de septiembre
Según la última memoria elaborada por este sector, en las islas existen actualmente 72 empresas dedicadas a esta materia
El Gobierno canario pretende asumir, antes de que acabe la presente legislatura, las competencias en Seguridad Privada, lo que incluye, según recoge en su artículo 150 el Estatuto de Autonomía de Canarias, la autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en el Archipiélago y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio; la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada; la inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en el Archipiélago; y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía autonómica y las policías locales.
Para ello, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha mantenido un encuentro este martes con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el director de general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez, quienes han mostrado su mayor predisposición para colaborar y coordinar el traspaso de estas competencias. De hecho, han propuesto la creación de un grupo de trabajo, que se reunirá el próximo día 19 de septiembre, con el objetivo de valorar las circunstancias y situación real para desarrollar esta labor de la forma más efectiva y eficaz posible.
Julio Pérez, que ha estado acompañado en la citada reunión por el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas; el comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria, Luis Santos; y el jefe del Servicio Jurídico de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, Carlos Miguel Martín, ha explicado que, según la última memoria elaborada por el sector de la seguridad privada, en Canarias existen 72 empresas dedicadas a esta materia, cuyas competencias ya tienen ahora mismo Cataluña y País Vasco.
Entre los trabajos que asumiría el Gobierno de Canarias, una vez traspasadas las competencias, están, por ejemplo, el control y seguimiento de aquellos establecimientos obligados a tener seguridad, así como la labor que desarrollan las empresas que realizan traslados de fondos o los detectives privados.
Los controles se llevarán a cabo en las estaciones de servicio de todas las islas hasta el mes de junio
David Mille señala que, gracias a esta iniciativa, se podrá comprobar la aplicación de la bonificación, lo que redundará en beneficio de todos los usuarios y evitará la competencia desleal
La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, iniciará este mes un plan de inspecciones para comprobar el cumplimiento de la bonificación a determinados productos energéticos, como la gasolina, el gasóleo o el biodiésel, en el Archipiélago durante los tres meses de vigencia de la aplicación del descuento.
El director general del área, David Mille, señala que esta iniciativa se ha acordado para comprobar el cumplimiento de la normativa del Ministerio de Consumo, relativa a la aplicación de un descuento de 20 céntimos por cada litro de combustible y que debe verse reflejado en el pago final del consumidor.
Así, aclara, “se evitarán posibles incumplimientos que deriven en una competencia desleal entre las compañías, redundando, además, en beneficio de todos los usuarios, que han visto como el precio de la gasolina se ha ido incrementando en los últimos meses”.
En concreto, las inspecciones se llevarán a cabo desde este mismo mes y hasta junio en las estaciones de servicio de las islas. Para ello, se activarán ocho agentes de inspección, cuatro en cada provincia, que realizarán entre 75 y 90 inspecciones durante estos meses, lo que afectará a entre un 10% y un 15% del total de gasolineras, cifradas en torno a 460.
Con esta medida, además, se da cumplimiento a la delegación realizada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a las comunidades autónomas para que se encarguen de verificar la aplicación de dicho descuento, que entró en vigor el pasado 1 de abril, así como cualquier variación injustificada de los precios tras la aplicación de la bonificación.
Las actas que levanten los inspectores sobre los posibles incumplimientos hallados en las visitas que realicen en las estaciones de servicio de Canarias se comunicarán a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Se inició el 18 de noviembre y finaliza el viernes 26 de noviembre fecha en la que se habrán levantado unas 200 actas
10 agentes de inspección se han centrado en grandes centros comerciales, ofertas de Internet, y grandes superficies
La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo ha realizado por primera vez en el Archipiélago una campaña de control de fraude de precios coincidiendo con las ofertas del Black Friday, destinada especialmente a las grandes superficies, centros comerciales e Internet.
Esta acción, que se inició el 18 de noviembre, persigue concienciar al sector de la importancia de la veracidad y seguridad de la información de los artículos de venta de cara al consumidor, “ya que se ha detectado el algunas ocasiones descuentos engañosos al haber inflado previamente el precio del producto o, se ha llegado a detectar, hasta tres precios diferentes en Internet para el mismo producto”, señala David Mille, director general de Comercio y Consumo.
Para ello, diez agentes de inspección habrán realizado hasta el próximo viernes unas 200 actas de las que resultarán desde simples apercibimientos, hasta sanciones que pueden ir desde 3.000 euros las leves hasta 15.000 euros las más graves.
Acción para dinamizar las compras en el comercio canario
Paralelamente, el Departamento que dirige Yaiza Castilla, ha lanzado una acción en redes sociales para dinamizar el consumo en el comercio canario durante el Black Friday.
Desde el pasado 22 de noviembre y bajo el lema ‘Realmente insustituibles también en Black Friday’, la Consejería de Turismo, Industria y Comercio ofrece en una pieza audiovisual, “las 7 claves para vivir el Black Friday en vivo y en la calle. Busca un calzado cómodo, sal a la calle, pasea, toca, compara, siente y sobre todo…disfruta concluyendo que el comercio canario es también insustituible en Black friday.
Los agentes levantaron las correspondientes actas de denuncia por las infracciones cometidas y se incautaron del total de los productos objeto de infracción
Agentes de Inspección Pesquera de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias incautaron, entre el 15 y el 18 de marzo de 2021, un total de 57 kilos de pulpos capturados ilegalmente en diferentes zonas de la isla de La Palma, así como 17 kilos de medregal procedente de la pesca furtiva que fueron comercializados ilegalmente.
Durante el transcurso de varias inspecciones realizadas, los agentes levantaron las correspondientes actas de denuncia por las infracciones cometidas y se incautaron del total de los productos objeto de infracción.
Desde el Servicio de Inspección Pesquera se recuerda que en el ejercicio de las diferentes modalidades de pesca recreativa y marisqueo deben respetarse los preceptos legales en cuanto a tallas mínimas reglamentarias, especies prohibidas, cantidades máximas permitidas, zonas habilitadas y periodos de veda.
Asimismo, durante la comercialización de pescado y marisco, todos los lotes de productos de la pesca y la acuicultura deberán ser trazables en cada una de las fases de las cadenas de producción, transformación y distribución, desde la captura o la cosecha hasta la venta al consumidor final, prohibiéndose de forma expresa la comercialización de cualquier tipo de producto procedente de la pesca furtiva. Además, se recuerda que las capturas de la pesca recreativa no se pueden comercializar.
Los planes de inspección analizan el funcionamiento de las unidades y servicios de la administración autonómica y proponer cambios de gestión que mejoren la calidad de los servicios a la ciudadanía
Se inspeccionarán los servicios tecnológicos del Gobierno, la gestión de las empresas y fundaciones públicas y los servicios de dependencia
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha aprobado el Plan Anual de Inspección 2020 de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, que contempla la evaluación de los servicios Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de la Agencia Tributaria Canaria; el diagnóstico del nivel de la implantación de la Dirección por Objetivos en las empresas y fundaciones públicas y la evaluación de la organización, funcionamiento y medios de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia de la Administración canaria.
Tipo de actuaciones
El plan, elaborado con las propuestas presentadas por distintos departamentos del Ejecutivo canario, se recoge en la orden del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, del 26 de mayo de 2020, publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias.
A iniciativa de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, se considera necesario abordar la función de TIC del Gobierno. Al respecto, una vez concluida la Estrategia Marco Canaria de Gobierno Abierto a través de la Transparencia 2017-2019, se pretende ahondar en la elaboración y aprobación de una nueva planificación, ya en marcha, para la presente legislatura, en la que se incluirán todas las actuaciones necesarias para adecuar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a las exigencias de calidad de servicio público requeridas por la ciudadanía en el marco de un gobierno inteligente, abierto y digital.
Se estima preciso abordar el análisis y evaluación de los servicios de información y comunicación existentes con el objetivo de obtener la máxima eficiencia en los mismos, en aras de mejorar la prestación de los servicios públicos.
La evaluación de los servicios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Administración canaria se centrará en la demanda de la ciudadanía sobre las nuevas tecnologías en sus relaciones con la administración y en cumplimiento efectivo de las leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público, particularmente en lo que se refiere a derechos como la no presentación de documentos que obren en poder de la administración, la interoperabilidad o el funcionamiento correcto de los sistemas y sedes para garantizar el derecho al acceso digital a la administración.
El objetivo de esta actuación es la obtención de un diagnóstico del estado actual de los servicios TIC para identificar las posibles disfunciones existentes, aportando medidas de mejora y buenas prácticas que permitan trazar una estrategia con la que se mejoren los servicios tanto en calidad, seguridad, innovación, transparencia y coste de estos.
Además, a sugerencia de la Diputación del Común, y por la relevancia social del sistema de prestaciones de dependencia, se considera necesario hacer una auditoría de dicho sistema de prestaciones. En ese sentido, es la primera vez que se evalúa en profundidad ese servicio con una relevancia fundamental para los derechos de la ciudadanía.
El plan contempla así la evaluación de la organización, funcionamiento y medios de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia de la Administración canaria, con la finalidad de obtener un análisis de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia en relación con la situación de medios materiales, informáticos y humanos para identificar las posibles disfunciones existentes, recursos necesarios y dimensionamiento del servicio, así como para proponer mejoras organizativas que permitan prestar un mejor servicio a la ciudadanía. El objetivo es que antes del final de legislatura las prestaciones se puedan satisfacer dentro de los plazos legales.
Por otra parte, a iniciativa de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios en coordinación con la Dirección General de Patrimonio y Contratación, se ha advertido la necesidad de armonizar los criterios de gestión y evaluación de las empresas y fundaciones públicas, para lo que se realizará una auditoría de los modelos de gestión existentes.
Se trata de conocer la existencia, o no, de planes estratégicos, acuerdos de gestión u otras herramientas de seguimiento y control, metodologías, grado de formación del personal directivo y predirectivo, y, en su caso, su compatibilidad y posibilidad de adaptación a un modelo de referencia común en la Administración canaria y su sector público.
