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El Gobierno de Canarias aprueba el Plan de Inspección 2020

Plan Inspección Modernización 2020

Los planes de inspección analizan el funcionamiento de las unidades y servicios de la administración autonómica y proponer cambios de gestión que mejoren la calidad de los servicios a la ciudadanía

Se inspeccionarán los servicios tecnológicos del Gobierno, la gestión de las empresas y fundaciones públicas y los servicios de dependencia

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha aprobado el Plan Anual de Inspección 2020 de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, que contempla la evaluación de los servicios Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de la Agencia Tributaria Canaria; el diagnóstico del nivel de la implantación de la Dirección por Objetivos en las empresas y fundaciones públicas y la evaluación de la organización, funcionamiento y medios de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia de la Administración canaria.

Tipo de actuaciones

El plan, elaborado con las propuestas presentadas por distintos departamentos del Ejecutivo canario, se recoge en la orden del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, del 26 de mayo de 2020, publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias.

A iniciativa de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, se considera necesario abordar la función de TIC del Gobierno. Al respecto, una vez concluida la Estrategia Marco Canaria de Gobierno Abierto a través de la Transparencia 2017-2019, se pretende ahondar en la elaboración y aprobación de una nueva planificación, ya en marcha, para la presente legislatura, en la que se incluirán todas las actuaciones necesarias para adecuar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a las exigencias de calidad de servicio público requeridas por la ciudadanía en el marco de un gobierno inteligente, abierto y digital.

Se estima preciso abordar el análisis y evaluación de los servicios de información y comunicación existentes con el objetivo de obtener la máxima eficiencia en los mismos, en aras de mejorar la prestación de los servicios públicos.

La evaluación de los servicios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Administración canaria se centrará en la demanda de la ciudadanía sobre las nuevas tecnologías en sus relaciones con la administración y en cumplimiento efectivo de las leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público, particularmente en lo que se refiere a derechos como la no presentación de documentos que obren en poder de la administración, la interoperabilidad o el funcionamiento correcto de los sistemas y sedes para garantizar el derecho al acceso digital a la administración.

El objetivo de esta actuación es la obtención de un diagnóstico del estado actual de los servicios TIC para identificar las posibles disfunciones existentes, aportando medidas de mejora y buenas prácticas que permitan trazar una estrategia con la que se mejoren los servicios tanto en calidad, seguridad, innovación, transparencia y coste de estos.

Además, a sugerencia de la Diputación del Común, y por la relevancia social del sistema de prestaciones de dependencia, se considera necesario hacer una auditoría de dicho sistema de prestaciones. En ese sentido, es la primera vez que se evalúa en profundidad ese servicio con una relevancia fundamental para los derechos de la ciudadanía.

El plan contempla así la evaluación de la organización, funcionamiento y medios de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia de la Administración canaria, con la finalidad de obtener un análisis de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia en relación con la situación de medios materiales, informáticos y humanos para identificar las posibles disfunciones existentes, recursos necesarios y dimensionamiento del servicio, así como para proponer mejoras organizativas que permitan prestar un mejor servicio a la ciudadanía. El objetivo es que antes del final de legislatura las prestaciones se puedan satisfacer dentro de los plazos legales.

Por otra parte, a iniciativa de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios en coordinación con la Dirección General de Patrimonio y Contratación, se ha advertido la necesidad de armonizar los criterios de gestión y evaluación de las empresas y fundaciones públicas, para lo que se realizará una auditoría de los modelos de gestión existentes.

Se trata de conocer la existencia, o no, de planes estratégicos, acuerdos de gestión u otras herramientas de seguimiento y control, metodologías, grado de formación del personal directivo y predirectivo, y, en su caso, su compatibilidad y posibilidad de adaptación a un modelo de referencia común en la Administración canaria y su sector público.

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El CGPC y las policías locales inspeccionan a diario más de 300 centros de mayores, menores y discapacitados

El CGPC y las policías locales inspeccionan a diario más de 300 centros de mayores, menores y personas con discapacidad

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, intervino la semana pasada de forma telemática junto al jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria, Luis Santos, en una reunión con el rey Felipe VI y representantes de País Vasco, Cataluña y Navarra -las comunidades que cuentan con cuerpos policiales de ámbito autonómico- para repasar sus capacidades e informar de las actuaciones desarrolladas desde el inicio del estado de alarma

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, informó la semana pasada el rey Felipe VI, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, así como al resto de participantes de un encuentro con los consejeros responsables de las policías autonómicas de País Vasco, Cataluña y Navarra, que el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) viene inspeccionando desde el inicio del estado de alarma más de 300 centros de mayores, menores y de personas con discapacidad en las Islas. En la reunión también participó el jefe de la Policía Autonómica, Luis Santos.

Pérez indicó que estas actuaciones proporcionan a las autoridades competentes una información directa, complementaria de las que se reciben de las propias inspecciones, y con una enorme rapidez de transmisión.

De forma simultánea, y con el concurso de las policías locales –que cuentan con casi 3.500 efectivos en las Islas-, se han efectuado intervenciones de control de la movilidad. En este marco, el CGPC ha llevado a cabo más de 3.500 intervenciones y ha formulado unas 400 denuncias.

Otras actuaciones

Por otra parte, la Policía Autonómica también ha intervenido en un conjunto de incidencias muy variadas a ruego de las instituciones sanitarias.

Así, la actuación del CGPC ha servido para obtener de inmediato información de establecimientos donde se ha producido alguna incidencia; para recibir equipos y materiales, para distribuirlo con los medios aéreos de la Dirección General de Seguridad y Emergencia a fin de auxiliar a esos propios medios aéreos, y para cooperar con los sistemas de tomas de muestra para las pruebas de análisis que han sido necesarios. Además, ha mantenido una comunicación continua con el Ministerio Fiscal.

Capacidades del CGPC

Pérez puntualizó que, debido a que el CGPC está aún en fase de despliegue y crecimiento, es todo un desafío para la Comunidad Autónoma acercarse a los niveles de actuación alcanzados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las otras comunidades con policías autonómicas.

Explicó que se trata de un cuerpo especializado que cuenta en la actualidad con 106 efectivos, a los que pronto se sumaran 60 que ahora completan a distancia el curso selectivo de formación. Adelantó que la previsión es que, si la crisis originada por el Covid-19 lo permite, que a finales de este año cuente con cerca de 200 efectivos, para alcanzar los 300 al finalizar  la legislatura.

Está estructurado en cuatro unidades: la Unidad de Menores y Familia, que según apuntó Pérez, una es una competencia de la comunidad autónoma a la que se presta especial atención; la Unidad de Policía Administrativa y Régimen Interior, que realiza funciones en todos los departamentos de la Administración velando por el cumplimiento de los actos y disposiciones de la comunidad autónoma e inspeccionar que se cumplan de forma efectiva., y la Unidad Operativa Móvil, que tiene las funciones de colaboración en grandes manifestaciones, eventos.

Sin incidencias

Pérez remarcó que, hasta la fecha, no se han registrado incidencias entre los 100 efectivos del CGPC, que ninguno se ha detectado como positivo del coronavirus y que no se ha producido ninguna baja, por lo que el 100%, salvo incidencias circunstanciales, está prestando servicio.

Insistió en que, para Canarias, está siendo un desafío tratar de estar a la altura de los restantes cuerpos de seguridad y añadió que cree se está consiguiendo, sin perjuicio de que la Comunidad Autónoma de Canarias se propone mejorar en lo que reste de esta situación, y contribuir junto con todos los demás al esfuerzo enorme que está haciendo la ciudadanía de España, los gobiernos y las administraciones para combatir el coronavirus.

Mensaje del rey

Por su parte, el rey compartió su dolor y tristeza con las familias que han perdido miembros, amigos o compañeros porque no se han podido despedir como hubieran querido de quienes han fallecido.

Asimismo, lamentó que “estamos perdiendo a tantos que tanto dieron al país”, y que ahora sufren el ensañamiento del Covid-19, motivo por el cual trasladó palabras de felicitación, gratitud y ánimo a quienes garantizan la seguridad en el país.

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Trabajo pondrá en marcha 26.886 inspecciones en 2020 para velar por la calidad del empleo

Comisión Operativa Autonómica

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social aprueban el Programa Territorial de Objetivos para el próximo ejercicio

La consejera, Carolina Darias, afirma que se trata de un plan “integrado y coordinado” con el Estado cuyo objetivo principal es “velar por el respeto de los derechos básicos de las personas trabajadoras”

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de España pondrán en marcha durante 2020 un total de 26.886 inspecciones orientadas a mejorar la calidad del empleo, fruto del programa de acciones conjuntas que se aprobó este jueves en el marco de la reunión de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Canarias. Según el acuerdo, estas acciones, encaminadas a impulsar la vigilancia de las condiciones laborales para garantizar el acceso a un empleo digno y de calidad en el Archipiélago, se realizarán por 119 funcionarios en todas las islas, 13.435 inspecciones en la provincia de Las Palmas y 13.451 en la de Santa Cruz de Tenerife, de las que resultarán más de 60.000 actuaciones al terminar el próximo ejercicio.

Las acciones están orientadas al ámbito de la prevención de riesgos laborales; del empleo y las relaciones laborales; de la seguridad social; de la economía irregular y trabajo de extranjeros. Como explicó la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias, se ha puesto en marcha “un plan integrado y coordinado de actuación cuyo objetivo es velar por el respeto de los derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras de Canarias, no solo en materia de contratación, salarios y horarios, sino también en cuanto a las condiciones en que se realiza ese trabajo”.

“Compartimos la preocupación por crear un marco que permita a todas las personas disponer de un trabajo decente”, afirmó Darias, que subrayó la importancia de contar “con la complicidad de los agentes económicos y sociales”. “Todas y cada una de nuestras acciones están encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas”, añadió.

Aparte de aprobar la planificación para 2020, la comisión de coordinación entre las administraciones estatal y autonómica analizó los “estupendos resultados” del Plan Director por un Trabajo Digno en Canarias desde su inicio en agosto de 2018, valoró la directora general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, María Soledad Serrano. “Hasta octubre de 2019, más de 12.000 contratos de trabajo han sido convertidos en contratos indefinidos, se ha incrementado la jornada de 900 contratos, se ha conseguido aflorar empleo en casi 12.000 puestos y se han detectado 234 falsos autónomos que han pasado a régimen general”, detalló.

Además, “la Inspección de Trabajo contabiliza desde enero de este año las actuaciones en recuperación de salarios para los trabajadores, una cuestión que nunca se había hecho y que obliga a las empresas mediante requerimientos a que paguen todas sus deudas salariales”. Según explicó la directora del ITSS, en Canarias “se ha conseguido recuperar para los trabajadores más de 356.000 euros”. “La puesta en marcha del Plan Director por un Trabajo Digno ha dado en Canarias unos frutos maravillosos”, sentenció la directora del ITSS.

Inspecciones programadas

Por áreas de actuación, en prevención de riesgos laborales están programadas 5.766 inspecciones para 2020, orientadas de manera preferente al control de la temporalidad en la contratación; la vigilancia del tiempo de trabajo, especialmente los excesos de jornada y contratos a tiempo parcial, registro de jornada y la correcta aplicación de las ayudas a la contratación y a la formación profesional; así como a la vigilancia del principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres en el mercado laboral.

Además, se realizarán inspecciones para garantizar que las empresas reconocen las jornadas efectivamente trabajadas y abonan las cantidades correspondientes por todas las horas realizadas. Además de la vigilancia directa, se procederá de forma coordinada a nivel estatal al control del registro de la jornada de trabajo que entró en vigor en mayo de este año. Para ello, se decidirán los sectores y empresas que se van a priorizar en función de los indicadores sobre horas extraordinarias realizadas y en aquellos que exista más riesgo de superar los tiempos de trabajo sin reconocimiento.

Por otra parte, se han previsto 1.747 inspecciones que permitirán diversificar las acciones para controlar el abuso y fraude en la contratación temporal y a tiempo parcial, fomentando su conversión a contratos indefinidos y la declaración de las jornadas realmente trabajadas. Estos controles incluyen a las empresas con mayor tasa de temporalidad; los contratos temporales que se han excedido de su vigencia máxima o se han encadenado hasta superar los límites legales; los contratos a tiempo parcial con jornadas anormalmente reducidas y los contratos formativos, entre otros. También se verificará que las empresas de trabajo temporal contratan de manera exclusiva para puestos temporales y no para necesidades permanentes de las empresas.

Promoción de la igualdad

En el próximo año, la Inspección de Trabajo tiene previsto reforzar el control y seguimiento de los planes de igualdad, especialmente para verificar su actualización y ejecución real en aquellas empresas que cuentan con planes vigentes. Además, se va a fomentar la inclusión de los aspectos salariales en los planes de aquellas empresas que deben contar con ellos obligatoriamente, es decir, aquellas que tengan más de 150 trabajadores. Asimismo, se llevará a cabo un control específico de los supuestos de discriminación por razón de sexo, especialmente en materia salarial. Las inspecciones también velarán en Canarias por garantizar la igualdad de trato de los trabajadores con discapacidad. Para ello, se llevarán a cabo controles directos para comprobar el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% en las empresas y se fomentará que se siga cumpliendo con esta obligación o con medidas alternativas.

Seguridad y salud laboral

En materia de prevención de riesgos laborales, se prevé poner en marcha 5.766 inspecciones para comprobar el cumplimiento de las medidas preventivas, distribuidos en 29 campañas operativas que prestarán especial atención a los sectores con mayores tasas de accidentalidad y de mayor gravedad; a la prevención de riesgos laborales con enfoque de género; a los factores ergonómicos y a los riesgos nuevos y emergentes fruto del avance de la tecnología, los cambios económicos y sociales. Asimismo, se investigará el mayor número posible de accidentes en coordinación con el Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel).

En 2020 se incluirán también controles sobre la actuación preventiva y la protección de los trabajadores temporales, especialmente los de contratos de más corta duración. Además, se prevé la investigación de más de 500 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, seleccionando además de los mortales y graves los calificados como leves pero que puedan ocultar una gravedad superior en función de su tipología.

Seguridad Social, economía irregular y trabajo de extranjeros

La lucha contra el fraude a la seguridad social y el empleo no declarado, es otra de las prioridades de ambas administraciones, para lo cual se han aprobado 14.110 inspecciones, distribuidas en 34 campañas en base a los acuerdos alcanzados con la Tesorería General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina y la Agencia Tributaria, fundamentalmente; y mediante la realización de controles de economía irregular distribuidos entre los distintos sectores de actividad económica. Estas acciones tienen como finalidad detectar deficiencias de cotización de las empresas, encuadramientos indebidos, empresas ficticias, prestaciones indebidas y el afloramiento de los trabajadores a los que no se reconoce su alta en la Seguridad Social o solo se realiza parcialmente.

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