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El Parlamento convalida el decreto ley de medidas urgentes en el empleo público

La consejera Nieves Lady Barreto defendió que la norma incluye las medidas urgentes y necesarias para reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la agilización de los procesos selectivos

En el sector del juego de azar y apuestas, evita la concentración de locales de juego, regula la distancia de los salones de los centros educativos y amplía la edad de protección desde los 6 años

Se tramitará como proyecto de ley para incorporar las aportaciones de partidos políticos, organizaciones sindicales, ayuntamientos y cabildos

El Parlamento de Canarias ha convalidado hoy el decreto ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad en el empleo público de Canarias, así como para la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar y apuestas, aprobado por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto. En el mismo Pleno se acordó su tramitación por proyecto de ley, con el objetivo de poder incorporar las aportaciones de los grupos parlamentarios, los sindicatos, los ayuntamientos y los Cabildos, a través de la FECAM y la FECAI, así como para poder recoger aspectos que señala el informe del Consejo Consultivo de Canarias y dar a la norma la mayor seguridad jurídica.

Nieves Lady Barreto defendió la necesidad de contar con un decreto ley para poder adoptar medidas que son urgentes y necesarias para dar solución a los problemas actuales y agilizar las mejoras en la Función Pública “porque es necesario iniciar el proceso de transformación de la Administración Pública y abordar los cambios necesarios para adaptarla a la realidad y a las necesidades de la población”. La consejera destacó que para actualizar la Administración pública se requiere de toma de decisiones y, por lo tanto, es necesario poner en marcha procesos y este decreto ley es el inicio, además de recoger el compromiso de iniciar la tramitación de una nueva Ley de Empleo Público en un periodo de seis meses, “porque forma parte de nuestra hoja de ruta y de nuestra agenda política”, apuntó.

El decreto ley recoge aspectos que tienen que ver con la ejecución de los procesos selectivos, con la promoción interna y con las formas en las que se constituyen las listas de empleo. Según Barreto, en cuanto a la selección de personal, nos encontramos con una ausencia total de medidas que fomentan la promoción interna. “Este decreto ley no solo reserva plazas hasta un 40% en determinados sus puestos a la promoción interna, sino que determina que algunos cuerpos y escalas puedan reservarse solamente a promoción interna y no exige la superación de nuevas pruebas o contenidos ya superados en procesos anteriores”, dijo.

En cuanto a la dificultad de acceso al empleo público de distintos colectivos, la consejera recordó que ya se ha blindado que el 10% de las plazas se reserven a las personas con discapacidad y pretendemos acabar con la media de seis años que se tarda en resolver los procesos selectivos, una media de seis años, ampliando la convocatoria, además, a un 20% adicional, de respecto de las plazas ofertadas inicialmente.

En su defensa del decreto ley, la consejera apuntó que soluciona también las especializaciones profesionales, en este caso de la Escala de Administradores Generales, Especialidad Jurídica, la de Igualdad de Género, la de Antropología para afrontar las tareas de reto demográfico, junto con otros. Además, Barreto manifestó que se regulan las listas de empleo, que eran obsoletas, y por lo tanto, permite sistemas y métodos más ágiles en el nombramiento del personal, además de abordar la renuncias a las ofertas, que conllevaba un fracaso constante de los llamamientos y por tanto en la cobertura de las plazas. En este sentido, la consejera añadió que se establece la imposibilidad de renunciar con una pena de suspensión forzosa de seis meses, entre otras medidas.

Protección de la infancia en el ámbito de juegos de azar y apuestas

El decreto ley también adopta un conjunto de medidas urgentes e inaplazables para garantizar la protección de la infancia en el ámbito de la actividad de los juegos de azar y las apuestas en Canarias a través del Decreto ley 7/2024, de 31 de julio, aprobado por el Consejo de Gobierno y publicado hoy en BOC.

El decreto ley permite para ganar en celeridad y corregir la situación generada por una sentencia judicial que permite instalar salones de juego a menos de 300 metros de centros educativos de educación Infantil y Primaria, una vez finalizada la moratoria en el sector del juego a 31 de diciembre de 2023.

La disposición final séptima de este Decreto ley modifica la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas para determinar reglamentariamente la zona de influencia en la que no podrán ubicarse establecimientos para la práctica del juego por la previa existencia de un centro de enseñanza o un centro permanente de atención a los menores. La prohibición será extensiva a los bares, cafeterías o establecimientos similares, situados en la indicada zona de influencia que no tengan por actividad principal la práctica del juego.

A los efectos previstos, se consideran centros de enseñanza y de atención a menores los que, de acuerdo con su legislación sectorial, los que figuren inscritos como tales en los registros oficiales de la Administración sectorial correspondiente y cuyos usuarios potenciales tengan una edad comprendida entre los 6 y los 17 años, ambas inclusive.

Se añade también un artículo sobre la zona de influencia entre salones recreativos y de juegos y bingos para evitar concentraciones. En concreto, el decreto ley señala que la zona de influencia en la que no podrán estar ubicados salones recreativos y de juegos, sea por nueva instalación o por traslado de los autorizados, por la previa existencia de otro salón recreativo y de juegos, será la comprendida en un radio de acción de 200 metros en línea recta, medida sobre plano, desde cada una de las puertas de acceso del que se pretende instalar. Dicha distancia no será aplicable cuando se trate de salones recreativos y de juegos sin acceso directo a la vía pública en centros comerciales, si bien, para los que se pretendan instalar en una misma planta de dichos centros comerciales, la distancia a aplicar será la de 75 metros. También se fija la medida de 200 metros con las mismas características como zona de influencia entre un salón recreativo y de juego y una sala de bingo.

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El Gobierno precinta 3 sedes de una organización de personas con discapacidad por vender lotería sin autorización

La Organización Nacional de Discapacitados Españoles y Europeos se enfrenta a sanciones que podrían alcanzar los 450.000 euros

El Servicio de Inspección del Juego del Gobierno de Canarias, acompañado por agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, precintó este 9 de febrero tres sedes de la Organización Nacional de Discapacitados Españoles y Europeos (O.N.D.E.E., antigua Organización Impulsora de Discapacitados, OID) por la venta de lotería para una serie de sorteos sin disponer de la autorización administrativa o título habilitante para el desarrollo de la actividad.

Las inspecciones se llevaron a cabo de forma simultánea en las oficinas de las delegaciones provinciales de la O.N.D.E.E. ubicadas en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz.

Según las comprobaciones e investigaciones, en las citadas oficinas se realizaban actividades de comercialización y venta de productos de lotería para una serie de sorteos sin disponer de la autorización administrativa o título habilitante para el desarrollo de la actividad, procediéndose finalmente a adoptar como medida cautelar al cierre y precinto de los diferentes locales, así como a la incautación de un número de boletos, billetes y cupones correspondientes a los distintos sorteos.

La fabricación, distribución y comercialización de diversos productos de lotería sin haber obtenido la preceptiva autorización o título habilitante que para ello deben otorgar o bien la Administración autonómica o bien la Administración General del Estado, suponen una infracción muy grave a la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas de Canarias, y/o a la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, lo que podría sancionarse con una multa de entre 10.001 y 450.000 euros.

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Economía analiza con organizaciones sectoriales ayudas directas para pymes y autónomos dentro del plan de rescate

Elena Máñez

Estas subvenciones se destinarán a compensar los gastos de funcionamiento de las empresas de aquellos sectores que se han visto abocados al cierre o a una reducción drástica de la actividad debido a las restricciones sanitarias para frenar la COVID-19

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, el director general de Promoción Económica, Laureano Pérez, y la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, mantuvieron este miércoles un encuentro con las organizaciones representativas de los sectores más afectados por las restricciones sanitarias aplicadas para plantar cara a la tercera ola de la pandemia de la COVID-19. En la reunión, las organizaciones les dieron traslado de su situación y la consejera informó a los representantes empresariales de la nueva línea de ayudas directas de la Consejería dirigida a autónomos y pymes de los sectores más afectados por las restricciones, en el marco del plan de rescate anunciado por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el pasado 30 de diciembre. Estas ayudas, que se suman a las medidas dadas a conocer esta semana por el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, se destinarán a compensar los gastos de funcionamiento (suministros corrientes, arrendamientos, créditos hipotecarios, primas de seguros, gastos de auditoría, etcétera) derivados del cierre o reducción drástica de la actividad por la pandemia.

Las ayudas están dirigidas a empresas de los sectores de hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías; actividades de juegos de azar y apuestas; instalaciones y centros deportivos y ocio nocturno, si bien se contempla la posibilidad de que se puedan incorporar otros sectores en función de la evolución de la situación económica, de las medidas sanitarias y de la disponibilidad presupuestaria.

En el encuentro, convocado a petición de las organizaciones sectoriales, Máñez destacó “la situación límite” en que se encuentran muchas empresas, tras un año 2020 en que el producto interior bruto (PIB) registró una caída interanual del 19,8% en el tercer trimestre y que ha estado marcado “por una crisis sin precedentes en nuestra tierra”. Ahora, la tercera ola de la pandemia “ha venido a dificultar más su situación”, señaló. La consejera señaló que, según las estimaciones de la Dirección General de Promoción Económica, más de 17.000 empresas canarias pertenecientes a estos sectores podrían beneficiarse de las ayudas, al tiempo que explicó que se establecerá una horquilla amplia en su cuantía para poder llegar “al mayor número posible de pymes, autónomos y autónomas”. Según detalló, se trata de una convocatoria abierta, que además de poder extenderse a otros sectores, podrá ver ampliada su dotación en función también de la evolución económica y la disponibilidad de los fondos europeos de reconstrucción REACT-EU.

Apoyo a las pymes y autónomos en 2020

Como recordó Elena Máñez, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo ha puesto en marcha durante 2020 varias líneas de apoyo directo e indirecto dirigidas a pymes y autónomos, entre ellas la anunciada el pasado 24 de noviembre en un encuentro de las patronales con la consejera y el presidente de Canarias para el sector del ocio nocturno, dotada con 3 millones de euros. En total, la Consejería destinó durante el año pasado más de 87 millones de euros a medidas orientadas a pymes y autónomos, muchas de ellas creadas de manera concreta para hacer frente a la pandemia.

Desde el Gobierno de Canarias, indicó, “seguiremos impulsando las políticas necesarias para proteger a nuestras pymes, autónomos y autónomas”, algo que ha quedado reflejado en unos presupuestos para 2021 que recogen más de 65 millones de euros en ayudas directas e indirectas para estos colectivos.

La consejera aprovechó la reunión para volver a trasladar a las patronales el reconocimiento del Gobierno de Canarias “al enorme esfuerzo realizado y a la colaboración prestada por el tejido productivo de Canarias, que ha mantenido la actividad económica siempre que ha sido posible, haciendo frente a las grandes dificultades que plantea la pandemia”. Máñez subrayó “el alto grado de incertidumbre en el que nos movemos de manera permanente en esta crisis”, algo que complica mucho las cosas a unas empresas que, pese a todo, “siguen luchando por estar ahí, trabajando para mantener el empleo y la actividad económica”.

En el encuentro participaron representantes de CEOE Tenerife; la Confederación Canaria de Empresarios; la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas; la Federación Empresarial de Ocio y Servicios de Canarias; la Asociación de Ocio y Restauración de Tenerife; la Federación Canaria de Empresas Portuarias; la Asociación Vegueta de Ocio y Restauración; la Asociación de Ocio de Canarias; la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas; la Plataforma de Hostelería; de la Asociación de Empresarios del Norte de Gran Canaria; la Asociación de Jóvenes Agricultores de Canarias; la Asociación de Casinos; la Asociación Canaria de Empresarios de Juegos y Apuestas; la Asociación Profesional de Máquinas y Salones Recreativos; la Asociación Canaria de Empresarios de Salones Recreativos; la Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión del Deporte; del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias, además de representantes de empresas pertenecientes a los sectores económicos beneficiarios potenciales de esta línea de ayudas.

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El Parlamento convalida por unanimidad los decretos leyes del Gobierno canario sobre juegos y de medidas urgentes

El Parlamento convalida los decretos leyes del Gobierno sobre juegos y de medidas urgentes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, defendió ante la Diputación Permanente la conveniencia y necesidad de ambas normas, y la Cámara regional acordó, también de forma unánime, la tramitación de ambas como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia

La Diputación Permanente ha aprobado esta semana por unanimidad la convalidación de los decretos leyes de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas, así como el de medidas extraordinarias de carácter económico, financiero, fiscal y administrativo para afrontar la crisis provocada por el Covid-19.

En ambos casos acordó, también por unanimidad, iniciar su tramitación en la Cámara regional como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, cuestiones ambas que solicitó y defendió en sendas intervenciones el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez.

En relación al primero, sobre la suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas, Pérez explicó que el mismo modifica el ordenamiento jurídico canario con el rango de ley en materia de juegos y apuestas.

El texto convalidado sustituye, y al mismo tiempo deroga y complementa, otro anterior que el Parlamento no llegó a someter al trámite de convalidación. Pérez agradeció la atención tanto del Parlamento como del Consejo Consultivo de Canarias el hecho de la sustitución de un decreto por otro, situación que calificó de no habitual.

El decreto convalidado resuelve la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2021, como máximo, del sistema por el que se venían obteniendo las autorizaciones para salones recreativos y locales de apuestas, a diferencia del anterior, que no contemplaba plazo alguno. Desde diciembre de 2018 y hasta ahora, señaló el consejero, ha bastado una simple comunicación previa del solicitante para conseguir las mismas. El decreto contempla, asimismo, que la suspensión también abarque los llamados ‘corners’ (espacios situados dentro de casinos y bingos para desarrollar actividades de juego).

Pérez también remarcó que el decreto ley convalidado, a diferencia del anterior, modifica la composición de la Comisión de Juegos y Apuestas de Canarias, en la que ahora se integrarán las asociaciones formadas, en muchos casos, por madres, padres y personas conscientes de la lucha contra la adicción al juego, además de permitir su funcionamiento en modo telemático.

Pérez indicó que el decreto ley se justifica por el mandato parlamentario que deriva de una PNL aprobada por unanimidad en diciembre del año pasado por la que se encomendaba al Gobierno de Canarias llevar a cabo una reordenación de la actividad social y empresarial del juego, y al mismo tiempo, solicitaba una restricción del número de licencias en esta materia.

El Gobierno de Canarias, enfatizó el consejero, asume el mandato parlamentario como tal y coincide, además, con una sensación generalizada de que se ha producido un exceso de la actividad de juego y que algunos aspectos de la regulación actual deben corregirse.

Explicó que, si bien en otro momento pudo haber una situación que justificara el sistema denominado de ‘autoautorización’, en la actualidad ya no resulta conveniente porque el Ejecutivo autonómico ha detectado durante 2019 un incremento considerable de las autorizaciones y porque, de no controlarse ahora el crecimiento de la oferta del juego, será muy difícil llevar a cabo una nueva contención del mismo más adelante.

Medidas extraordinarias para el empleo

En relación al otro decreto, Pérez apuntó que contiene un bloque de medidas destinadas a sostener el empleo y, de forma específica, para prestar ayuda a los autónomos, un tipo de emprendedor que constituye el 44,4% del tejido empresarial de las Islas y al que el Gobierno de Canarias considera que debe prestar especial atención.

El decreto ley establece una línea de ayuda complementaria a la establecida por el Estado del 70% de la base reguladora cuando los autónomos hayan cesado en su actividad. Así, el Gobierno de Canarias ayudará con un 30% complementario, para lo que cuenta con una dotación presupuestaria de 11 millones de euros, si bien es verdad que todas las partidas relativas a las actuaciones Covid-19 son ampliables.

El consejero recordó que el BOC del lunes de esta semana, 27 de abril, publicó las bases que rigen la convocatoria de estas subvenciones, que a continuación se divulgarán en el Sistema Nacional de Subvenciones, tras lo cual se publicará la resolución que abre el plazo de presentación de solicitudes, que debería comenzar entre el 4 y 5 de mayo. Al ser complementaria, quien la solicite deberá acreditar que ha obtenido la ayuda del Estado.

Medidas fiscales y presupuestarias

El decreto también incluye medidas de carácter fiscal y presupuestario, explicó Pérez, como la mejora de la cobertura de los gastos Covid-19 mediante un sistema de aplicación presupuestaria flexible y rápido, así como la agilización del procedimiento de contratación administrativa y el fomento de la liquidez de la Administración Pública y de sus contratistas.

Entre otras medidas, indicó Pérez, se tramitarán por vía de emergencia las modificaciones de contratos ya suscritos, se suspende todo trámite que no sea esencial en la contratación, se simplifica la concesión de subvenciones directas, se autorizan los entregas anticipadas para los pagos  extrapresupuestarios, se mejoran las líneas de subvención directamente aplicables a la crisis del Covid-19, se permite habilitar créditos para dar cobertura a los gastos del Covid-19, se consideran ampliables todos los créditos destinados a atender los gastos necesarios para la gestión de esta crisis y se autoriza el endeudamiento a corto plazo hasta un 20% de los créditos iniciales de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

Medidas para el personal

Estas medidas se complementan con otras en materia de personal, que tienen por objeto facilitar la ejecución de las actuaciones relativas al Covid-19. Durante la crisis, explicó el consejero, todas las consejerías han tendido que llevar actuaciones relacionadas con dicha crisis y, para simplificar su ejecución, la Administración autonómica se ha reorganizado.

Entre otras acciones adoptadas a tal fin, destacó Pérez, se simplifica la gestión del personal y se somete a la dirección de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad determinadas áreas como las telecomunicaciones y la gestión de Función Pública para que se aplique el principio de mando único. También se facilita la movilidad del personal, de forma voluntaria y, a veces forzoso, para llevar el que se necesite a las áreas donde es más necesario como Servicios Sociales o Empleo.

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