“Ni son viviendas ilegales ni el Gobierno puede decidir si lo son o no”, subrayó la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, quien hizo alusión al contenido de la carta dirigida por la ministra de Vivienda a las comunidades autónomas

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, afirmó hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias que “el Gobierno de España no tiene competencias para retirar viviendas del mercado turístico, puesto que en materia de ordenación del territorio, urbanismo y turismo las tenemos las comunidades autónomas”.

Jéssica de León respondió así a una pregunta parlamentaria relacionada con el anuncio del Ministerio de Vivienda acerca de la retirada de 53.000 pisos turísticos ilegales, de los cuales 8.698 estarían en Canarias.

A este respecto, fue tajante al afirmar que “el anuncio realizado por el Gobierno de España carece de fundamento”, y subrayó que “no se ha retirado ni una sola vivienda del mercado turístico”. “Lo que ha ocurrido es que, al no obtener el número de registro en la ventanilla única digital, esas viviendas no pueden publicitarse en determinadas plataformas como Airbnb o Booking”, y puntualizó, además, que “eso no implica que dejen de ejercer su actividad turística, ni que sean ilegales”.

La consejera explicó que “afirmar que estas viviendas se incorporan automáticamente al mercado residencial o que están fuera de la legalidad es, sencillamente, engañar a la ciudadanía” y relató que esas viviendas se podrán comercializar por otras vías como páginas web propias, redes sociales, portales inmobiliarios o incluso a través del boca a boca. “Es decir, la actividad turística puede continuar, aunque con restricciones en la visibilidad digital”, indicó.

De León fue crítica con el Gobierno de España, “que ha vuelto a actuar en solitario, sin consenso con las comunidades autónomas” y señaló que “desde esta Consejería, hemos solicitado formalmente la relación completa de los 8.698 pisos detectados en Canarias a partir de las revocaciones en el registro único estatal, para poder verificar si realmente son ilegales, si han sido dados de baja voluntariamente o si, simplemente, no han completado el proceso registral”, añadió.

Carta de la ministra de Vivienda

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias hizo publica una carta recibida por parte de la ministra de Vivienda en relación con este asunto donde leyó textualmente: “Desde el Gobierno de España ponemos a vuestra disposición todos los datos para que, en el marco de vuestras competencias, podáis inspeccionar y clausurar estas viviendas”.

Jéssica de León recalcó que “el Estado está reconociendo en esta comunicación que no ha clausurado ninguna vivienda y no ha incorporado ninguna al mercado residencial”.

La consejera se refirió a un documento Excel adjunto que incluye la relación de pisos turísticos ilegales y criticó el incumplimiento flagrante del Real Decreto por parte del Estado que especifica que “las altas, suspensiones y bajas de los números de registro se notificarán de forma telemática por la Ventanilla Única Digital a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que puedan ejercer las funciones de inspección y control establecidas en sus respectivas normativas”.

Además, la responsable de Turismo indicó que el pasado mes de julio el Gobierno de Canarias solicitó formalmente la adhesión a la Ventanilla Única Digital para la gestión telemática de altas, suspensiones y bajas del registro de viviendas turísticas, cumpliendo con lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto correspondiente. A pesar de esta petición, la respuesta recibida por parte del Ministerio este mes de septiembre ha sido insuficiente y se han detectado errores técnicos que han dificultado la integración efectiva.

De León dedicó a la bancada del partido socialista otro extracto de la carta donde el Gobierno de España pide “valentía para regular una actividad que colisiona con la función social de la vivienda. Os insto a que actuéis para afrontar este fenómeno”, reza el texto.

En este sentido recordó que el Partido Socialista en Canarias solicitó dos prórrogas para retrasar la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda, “¿dónde está entonces su compromiso con la regulación?”, sentenció.

Además, criticó la Ley de Vivienda estatal por ser “un verdadero efecto llamada para la proliferación de pisos turísticos”.

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Pablo Rodríguez ha visitado en Las Palmas de Gran Canaria a dos familias que se han acogido a este programa firmado a tres bandas, acompañado del director del ICAVI, del director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y de representantes de Provivienda

Los inmuebles tienen un precio máximo de 5 €/m² útiles, lo que reduce el coste hasta un 70% respecto al mercado libre

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha informado esta mañana de la compra de 76 inmuebles en el archipiélago, a través de la colaboración del Ejecutivo con la Asociación Provivienda y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. “Este proyecto no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino también contribuye al objetivo de incrementar el parque público de viviendas en Canarias, una prioridad para este Ejecutivo”.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones durante la visita a dos familias que se han acogido a este programa en Las Palmas de Gran Canaria, acompañado del director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega; el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Francisco Javier Martín, la codirectora general de Provivienda, Gemma Gallardo; el director territorial de Provivienda en Canarias, Fernando Rodríguez, entre otros representantes de la asociación en la isla.

Durante el encuentro, Pablo Rodríguez ha destacado que “estas 76 viviendas son fruto del acuerdo firmado a tres bandas, Consejería, Ministerio y Provivienda, para dar respuesta directa a aquellas familias que en el mercado libre sería imposible que tuvieran una vivienda digna en condiciones asequibles”.

“Esta actuación se suma al conjunto de medidas que hemos impulsado desde el inicio de la legislatura. Gracias a este esfuerzo, en 2024 hemos iniciado la construcción de mil viviendas públicas, y en lo que va de 2025 ya hemos tramitado otras 900 más. Hoy hemos podido comprobar de primera mano lo que significa trabajar juntos por un objetivo común. Cuando diferentes administraciones nos coordinamos y remamos en la misma dirección, conseguimos dar respuestas reales a personas que lo necesitan, como las familias que hemos conocido hoy”, ha manifestado el consejero, a la vez que ha recordado que, a través de Visocan, la Consejería ha comprado siete nuevos edificios inacabados en Canarias, que se van a destinar a familias con necesidades a través de alquileres asequibles.

Por su parte, la codirectora general de Provivienda, Gema Gallardo, ha apuntado que “estamos orgullosos de formar parte de un proyecto fruto del convenio entre la Consejería de Vivienda y el Ministerio de Vivienda. Gracias a esta fórmula, podemos ofrecer a las familias registradas como demandantes de vivienda protegida un acceso rápido y a precios regulados, sin tener que esperar los largos tiempos que implica construir nuevas viviendas desde cero”.

“Además, destinamos recursos para la rehabilitación y mejora de las viviendas, especialmente en materia de eficiencia energética, con el fin de reducir los costes de suministros para las familias y promover un uso sostenible”, ha concluido Gallardo.

Un hogar asequible

Durante la visita, las autoridades han podido conocer a dos familias residentes en este edificio de Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de Ciudad del Campo, donde Provivienda ha adquirido un total de 11 inmuebles. Las familias pagan una renta mensual de 298 euros al mes.

Las dos viviendas tienen una superficie útil de 59,60 metros cuadrados, con dos dormitorios, salón-comedor, cocina, baño y solana. Han sido rehabilitadas bajo criterios de eficiencia energética y adaptadas a las necesidades de las familias.

76 viviendas en toda Canarias

Este acuerdo, que se enmarca en el Programa 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, contempla la adquisición y rehabilitación de 76 viviendas en Canarias.

El objetivo de este programa es fomentar la creación de un parque público de inmuebles energéticamente eficientes destinados al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de nuevas construcciones o rehabilitación de edificios no destinados anteriormente a vivienda, en suelos de titularidad pública.

Las actuaciones se llevarán a cabo en los municipios de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, La Victoria de Acentejo, Arona y Granadilla de Abona en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria y Telde, en Gran Canaria.

Hasta la fecha, ya se han adquirido 48 viviendas (29 en Gran Canaria y 19 en Tenerife), con otras 19 en trámite de adquisición, y 9 pendientes. Los inmuebles tendrán un precio máximo de 5 €/m² útiles, lo que reduce el coste hasta un 70% respecto al mercado libre, donde el precio medio en Canarias es de 14,90 €/m²  construidos.

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El consejero Pablo Rodríguez ha mantenido una reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el marco de una Comisión Bilateral

Esta modificación permitiría la tramitación de las licencias urbanísticas e impulsaría la edificación de inmuebles protegidos para seguir dando respuesta a la emergencia habitacional existente en el archipiélago

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha trasladado hoy, en el marco de la Comisión Bilateral con el Ministerio de Vivienda, la necesidad de que el Estado acelere la modificación de la ley del suelo para facilitar la construcción de vivienda pública. 

Rodríguez ha recalcado que “es importante que el Gobierno de España impulse esta modificación para destacar el importante problema de la tramitación y las licencias urbanísticas y poder  facilitar la construcción de vivienda pública. Es por eso que le hemos pedido al Gobierno de España que acelere esa tramitación o modificación de la Ley del Suelo”.

En la reunión también han estado presentes el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero.

Asimismo, el consejero ha reconocido que “el acceso a la vivienda se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los principales problemas del Estado y uno de los principales problemas de Canarias. Por eso, este Ejecutivo está haciendo la mayor apuesta de su historia en políticas de vivienda”.

En esta línea, Rodríguez ha explicado que el Gobierno de Canarias ha impulsado una batería de medidas, por un lado, aprobando el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, del que ha podido dar cuenta hoy a la ministra, Isabel Rodríguez, y, por otro, el Anteproyecto de Ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, u otras políticas vinculadas al derecho de superficie o a la construcción de vivienda pública, entre otras.

Asimismo, Rodríguez ha anunciado la próxima puesta en marcha del Observatorio de la Vivienda en Canarias, una herramienta que permitirá recoger datos objetivos sobre el estado de la vivienda en el archipiélago y evaluar las medidas que se están desarrollando.

Bono Alquiler Joven

Durante el encuentro, el consejero ha trasladado la necesidad de que el Estado apruebe una nueva dotación de crédito para un nuevo período subvencionable del Bono Alquiler Joven.

Rodríguez ha explicado que “durante estos dos años, más de 3.400 personas resultaron beneficiarias del bono, que consistía en una ayuda de 250 euros mensuales durante dos años a partir del reconocimiento del derecho a percibirla. Sin embargo, debido a la falta de cobertura presupuestaria estatal en la actualidad, no hemos podido prever ni proceder a una nueva convocatoria”.

En este sentido, el Estado ha entendido la petición del Ejecutivo Canario y ha asegurado que próximamente destinará una partida a cubrir el compromiso financiero que ha adquirido con Canarias mediante una transferencia de fondos que haga posible abrir un nuevo periodo subvencionado.

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