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El Gobierno presentará alegaciones al auto del TSJC que suspende la exigencia de certificado COVID en interiores

El Gobierno de Canarias presentará alegaciones al auto del TSJC que suspende de forma cautelar la exigencia de certificado COVID en interiores

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció esta tarde, tras el Consejo de Gobierno celebrado en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, que el Ejecutivo regional, con sus servicios jurídicos y el personal técnico del área de Salud, analizarán a fondo y presentarán alegaciones al auto de hoy del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que, de forma cautelar, anula la decisión gubernamental de la semana pasada de que los bares, restaurantes, gimnasios y otros negocios exijan el certificado COVID a sus clientes para acceder a los interiores de sus establecimientos.

El Gobierno autonómico tiene tres días hábiles de plazo para presentar estas alegaciones. Según recalcó Pérez, esa medida se adoptó no solo siguiendo los criterios de los servicios jurídicos de la Comunidad y de los técnicos de la Consejería de Sanidad, sino en consenso y a propuesta de diversas asociaciones empresariales de la restauración y hostelería, que plantearon que todos los clientes en los interiores portasen dicho certificado a cambio de subir los aforos en islas en niveles 3 y 4.

El también consejero de Justicia, Administración Pública y Seguridad indicó que el Gobierno no había recibido la resolución del TSJC de forma oficial y que, no obstante, tiene carácter “cautelarísimo”, por lo que ahora se abre el plazo para atender a las alegaciones del Ejecutivo.

Pérez aseguró que los últimos autos que rechazan medidas del Gobierno de Canarias merecen una lectura detenida porque, entre otras decisiones, “nos ha costado entender qué se nos dice sobre el cierre entre las 00:00 horas y las 6:00 en nivel 4 y en el resto. Se deduce que eso se debe a la decisión del Tribunal Supremo sobre el toque de queda, pero esto hay que estudiarlo bien porque el toque de queda se refiere a la movilidad de las personas y el cierre comercial es sobre actividades a esas horas, que están cerradas salvo servicios esenciales, como las gasolineras”.

El portavoz también se refirió a los aforos y a la afirmación de que exigir el certificado COVID puede atentar contra la intimidad de las personas al tener que informar sobre su estado de salud y convierte a los dueños en vigilantes sanitarios. A su juicio, esto choca también porque, “desde hace un año, se exige certificado o test negativo para entrar en alojamientos de las Islas, aparte de que hay controles en puertos y aeropuertos y en muchos centros públicos y privados se piden datos o se hacen mediciones de temperatura”.

Pérez subrayó que, pese a los últimos autos, la mayoría de decisiones del Gobierno de Canarias sobre la pandemia con el fin de conjugar la salud con la actividad económica y la legalidad han sido ratificadas por los tribunales. “Haremos estas alegaciones para saber hasta dónde llega el mandato del tribunal, pero insisto en que todas las medidas las decidimos en función de las recomendaciones y propuestas de los servicios técnicos sanitarios y jurídicos, que cuentan con un equipo de 25 letrados y letradas”. Según remarcó, “el Gobierno ha intentado conjugar la defensa de la salud para que el impacto de la pandemia sea el menor posible, se compatibilice eso con desarrollar la mayor actividad económica factible y con el respeto a las leyes y, en particular, a los derechos fundamentales”.

“Entendemos que nuestras decisiones sobre el certificado están fundadas en derecho”

El portavoz subrayó, asimismo, que si bien el recurso ha sido presentado por dos asociaciones empresariales de Tenerife, el uso del certificado COVID fue acordado con otras entidades de este sector de las Islas y a propuesta de ellas. “En las alegaciones, vamos a defender que la decisión de la semana pasada, a nuestro criterio, está justificada y fundada en derecho. Nos parece que el derecho a la intimidad no puede entenderse lesionado en este caso, aparte de que acudir a un bar, restaurante o gimnasio es una actividad voluntaria. Que se exija este certificado para usar un gimnasio o entrar en un restaurante no se le ha ocurrido solo a Canarias. Se está extendiendo por todo el mundo y el propio presidente de EEUU, Joe Biden, anunciará mañana (viernes, 30 de julio) que los funcionarios públicos deberán proveerse de un certificado COVID”.

Según indicó, ese documento tiene la doble ventaja de que permite ampliar los aforos interiores y proporciona más seguridad a los usuarios de esos negocios. Asimismo, recordó que en las Islas, un millón de residentes ya se ha descargado este certificado del sitio web de la Consejería de Sanidad, “con lo que no parece que sea un requisito que cueste mucho obtener”. El certificado no solo se logra con la pauta completa de la vacunación, sino si se ha pasado la COVID-19 o se porta un test negativo en las últimas 72 horas.

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El Gobierno de Canarias acuerda mantener los niveles de alerta en los que se encuentra cada isla

El Gobierno de Canarias acuerda mantener los niveles de alerta en los que se encuentra cada isla

Todas las islas continúan en el nivel de alerta en el que estaban: Tenerife en nivel 4; La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura en nivel 3; Lanzarote y La Gomera en nivel 2 y El Hierro en nivel 1

Ante la tendencia ascendente de transmisión del SARS CoV-2 existente, la Dirección General de Salud Pública se mantiene expectante ante la evolución de los indicadores epidemiológicos de los próximos días

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado en su reunión de este jueves, 29 de julio, mantener los niveles de alerta establecidos el pasado jueves para cada una de la islas. Por tanto, tras analizar la evolución de los datos epidemiológicos, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, explicó que se ha determinado que las islas continúen en el nivel de alerta en el que se encontraban: Tenerife se mantiene en nivel 4, La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura en nivel 3, La Gomera y Lanzarote (donde epidemiológicamente se incluye La Graciosa) en nivel 2 y El Hierro en nivel 1.

Blas Trujillo dijo que a pesar de la situación epidemiológica preocupante, Canarias es hoy la CCAA con los datos más favorable de España, “no obstante, lejos de congratularnos debemos ser conscientes de que somos las octava en presión asistencial aunque es la que menor letalidad presenta junto con la comunidad balear”, agregó. Señaló que la tendencia ascendente de transmisión del SARS CoV-2 existente actualmente y la presencia en más de un 77 por ciento de la variante Delta mantienen a la Dirección General de Salud Pública expectante ante posibles variaciones de los indicadores.

Trujillo explicó que el acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy se sustenta en el informe emitido por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) con fecha de 27 de julio. Ese informe, en el caso de Tenerife, recoge que la situación de transmisión del SARS-CoV-2 sigue siendo muy elevada y sostenida. Entre el 21 y el 27 de julio se notificaron 2.894 casos de COVID-19 con un promedio diario de 296 nuevos casos declarados y se registraron 5 defunciones por COVID-19 la última semana. La tasa de Incidencia Acumulada (IA) a 7 días sigue incrementándose, con valores que superan los 300 casos por cada 100.000 habitantes, situándose en valores de riesgo muy alto, también en este indicador para el grupo de personas de 65 y más años. También se sitúa en riesgo alto la ocupación hospitalaria, con un incremento del 40 por ciento con respecto a la semana anterior, mientras que la ocupación de las UCI se ha elevado a nivel de riesgo muy alto, con una ocupación del 25 por ciento. Por ello, se propone mantener el nivel de alerta 4.

En el caso de Gran Canaria, se recoge que el riesgo de transmisión es elevado, con un ritmo de crecimiento rápido, y proporcionalmente la tasa de Incidencia Acumulada en población de 65 y más años se ha incrementado a mayor velocidad que la del conjunto de edades, situándose ambas en riesgo muy alto. También se han registrado cinco defunciones esta semana y se observa que existe mayor dispersión territorial de los casos notificados respecto a otros momentos de la pandemia. Dado que aún la presión hospitalaria está en riesgo bajo y la ocupación de las UCI no llega al 10 por ciento, se propone que la isla continúe en nivel de alerta 3.

En Fuerteventura se observa que globalmente el riesgo de transmisión es elevado tanto para el conjunto de la población como para la población mayor de 65 años, ambas en riesgo muy alto. Sin embargo, la ocupación hospitalaria, tanto en camas convencionales como en UCI se encuentran en riesgo bajo. Por ello se propone que continúe en nivel 3.

En el caso de La Palma, el indicador de Incidencia Acumulada a siete días se sitúa en riesgo muy alto, tanto en el conjunto de la población como para el grupo de personas de 65 y más años. Asimismo, el número medio de camas hospitalarias ocupadas por enfermos de COVID-19 presenta valores elevados, aunque se encuentran ocupadas por casos sospechosos aún no confirmados, mientras que la ocupación de la UCI está en riesgo muy alto. La trazabilidad se sitúa en riesgo muy bajo, con un promedio del 80 por ciento de los casos en los que se puede identificar el vínculo epidemiológico. Por ello se propone que la isla se mantenga en nivel de alerta 3.

El resto de islas se mantienen en el nivel establecido la semana anterior, pero todas ellas bajo la vigilancia epidemiológica, si bien Lanzarote presenta niveles de Incidencia Acumulada a siete días en nivel de riesgo medio, mientras que la ocupación hospitalaria se sitúa en nivel muy bajo. Aunque en La Gomera y El Hierro los indicadores aparentan cifras elevadas, la población es pequeña y el número de casos reducido y el control de su vínculo epidemiológico, así como el hecho de que el impacto hospitalario es bajo o muy bajo, se recomienda que ambas islas permanezcan en nivel de alerta asignado en la evaluación anterior: La Gomera nivel 2 y El Hierro nivel 1, aunque se estima que habrá que vigilar y controlar el potencial incremento en el número de casos notificados.

 

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El Consejo aprueba un crédito de 50 millones de euros al Servicio Canario de la Salud para el pago de facturas

Se trata de reducir la deuda de este organismo y el periodo medio de pago a proveedores

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, la generación de un crédito de 50 millones de euros para el Servicio Canario de Salud al objeto de financiar deuda generada con anterioridad al 31 de diciembre de 2020 y minorar el periodo medio de pago a proveedores por parte de este organismo.

El acuerdo del Consejo entronca con el esfuerzo que viene realizando el Ejecutivo autónomo durante toda la legislatura por cumplir escrupulosamente el periodo medio de pago a proveedores, cosa que se ha hecho en cada uno de los meses del actual mandato.

Canarias, además, figura como una de las comunidades autónomas que más rápido paga a sus proveedores. De hecho, pudo cerrar el año 2020 con un promedio de 19 días, cuando la media autonómica se situó cerca de los 30 días.

Se da la circunstancia de que durante el primer semestre de este año el periodo medio de pago se ha situado en un promedio de 17,5 días, muy por debajo del plazo legal, que son 30 días.

El Gobierno autoriza una subvención de 20.000 euros con destino a la lucha contra el cáncer

El importe se distribuirá a partes iguales entre la junta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer de Las Palmas y la junta insular de Fuerteventura

El Consejo de Gobierno autorizó hoy, 29 de julio, a la Consejería de Sanidad a realizar una ampliación de crédito, por importe de 20.000 euros, con la finalidad de destinar una subvención a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que se será distribuida entre la junta provincial de Las Palmas y la junta insular de Fuerteventura. El importe de la ayuda se distribuirá a partes iguales entre ambas delegaciones para el desarrollo de un proyecto de fisioterapia oncológica por la AECC de Las Palmas, con la finalidad de disminuir el dolor y otros síntomas entre los pacientes con cáncer, facilitar su recuperación funcional y prevenir la aparición de secuelas. Además, se destinará también al asesoramiento nutricional por la junta insular de Fuerteventura, dirigido a los enfermos oncológicos de la isla a través de terapia nutricional individual.

La ampliación de crédito se realizará en las partidas presupuestarias de la Dirección del Servicio Canario de la Salud y se ha autorizado por razones de coyuntura económica, conforme establece la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021.

El Consejo de Gobierno ultima la tramitación de la primera Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias

El proyecto se eleva ahora al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen antes de su debate parlamentario

El Consejo de Gobierno acordó pronunciarse a favor del proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias y solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias antes del debate político para su aprobación definitiva en el Parlamento autonómico.

Elevado a consideración del Gobierno el documento tramitado desde el Servicio Canario de Empleo (SCE) asume la competencia exclusiva en materia de entidades cooperativas y economía social por mandato correspondiente al Estatuto de Autonomía tras su reforma en 2018 en el marco específico, además, de la necesaria recuperación del tejido productivo a través del Plan Reactiva frente a la pandemia de COVID-19.

Tras la aprobación del anteproyecto el pasado septiembre, la primera norma sobre sociedades cooperativas del Archipiélago incorpora ahora 35 observaciones realizadas por diversas entidades de los sectores afectados y los diferentes departamentos de la Administración autonómica mediante el periodo de consulta pública y los trámites de audiencia establecidos.

Actualmente, Canarias cuenta con 222 sociedades cooperativas de alta en la Seguridad Social (102 en Las Palmas y 120 en Santa Cruz de Tenerife), en su mayoría de los sectores de comercio y hostelería (37,2%), actividades profesionales y servicios auxiliares (14,2%) junto a agricultura, ganadería y pesca (12,78), con un total de 4.435 personas trabajadoras (1.570 en la provincia oriental y 3.065 en la occidental).

Principales novedades

Además de regular y fomentar las cooperativas con domicilio social en Canarias mediante una actualización de la legislación existente y la inclusión de las peculiaridades autonómicas, el nuevo texto pretende impulsar a estas entidades, sin perder sus perspectivas comunitarias características, como un instrumento fundamental para el desarrollo económico de las Islas, dentro de una situación de competitividad equiparable a otros modelos societarios.

Para ello, el proyecto de ley introduce algunas novedades con respecto a la normativa vigente. Entre ellas, la simplificación de trámites en los procesos de constitución, extinción y otras cuestiones de índole registral (modificaciones estructurales de escisión, fusión u otras transformaciones); la posibilidad de sustitución del consejo rector por un órgano unipersonal (administración única) como gestión social para aquellas entidades con menos de diez personas socias; o la reducción del número mínimo de personas socias con carácter indefinido de tres a dos en las cooperativas de trabajo asociado, además de la mejora conceptual de las distintas clases o la posible utilización de nuevas tecnologías (votación asamblearia mediante procedimientos telemáticos).

Estructurado en tres títulos, con once capítulos el primero y dos el segundo, el proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias se compone de 144 artículos, además de seis disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y dos finales.

Aprobadas las subvenciones al transporte escolar de los centros de Educación Especial San Juan de Dios y Acamán

Se autoriza la concesión de ayudas por valor de 371.482,20 y 239.998,22 euros respectivamente por razón de interés público

El Consejo de Gobierno, en su sesión de hoy jueves, 29 de julio, ha autorizado la concesión de subvenciones directas por razón de interés público a los centros privados concertados de Educación Especial San Juan de Dios y Acamán, por importes de 371.482,20 euros y 239.998,22 euros respectivamente.

Dichas cantidades están destinadas a sufragar los gastos de transporte escolar del periodo comprendido entre el primer día lectivo de enero y el último día lectivo de junio de 2021.

La Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha concedido en el presente ejercicio subvenciones a nueve centros con unidades de educación especial concertadas por un importe total superior al millón de euros.

 

El Consejo aprueba transferir 340.000 euros para proyectos con personas y familias vulnerables

Los proyectos se desarrollarán en Lanzarote y Fuerteventura y con la Asociación Oportunidades de Vida

El Consejo de Gobierno ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 340.000 euros desde la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos a la de Derechos sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para dotar de recursos económicos al desarrollo de proyectos y programas de ayuda a personas y familias vulnerables de Canarias.

Esta transferencia de crédito tendrá especial incidencia en acciones a desarrollar en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, dos de las más afectadas por los efectos producidos por el impacto de la pandemia en el Archipiélago.

En ese sentido, la dependencia de estas Islas de los ingresos producidos por el sector turístico ha generado una situación compleja en ambas, por los que ha sido necesario reforzar las políticas de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad a través de las entidades locales.

Por su parte, otro de los destinos de esta transferencia de crédito será la Asociación Social Oportunidades de Vida, una asociación que desarrolla un proyecto dirigido a las personas en situación de extrema vulnerabilidad para cubrir las necesidades más elementales y que cuenta con un amplio historial de colaboración con las administraciones, entre ellas, el propio Gobierno de Canarias.

La transferencia dotará de 125.000 euros a los Programas de Ayudas a las Familias Vulnerables que se desarrollen en Lanzarote y otros tantos en Fuerteventura, mientras que la Asociación Oportunidades de Vida recibirá una dotación de 90.000 euros.

El Consejo acuerda prorrogar los contratos de vigilancia en los centros Valle Tabares y La Montañeta

Se aprueba la renovación de la seguridad de los centros de internamiento educativos para menores por unas cuantías de 2.153.711, 41 euros y 2.430.009, 91 euros, respectivamente

El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto correspondiente a la prórroga de los contratos de servicio de vigilancia, seguridad y protección en los centros de internamiento educativo para menores de Canarias de Valle Tabares, en Tenerife, y de La Montañeta, en Gran Canaria, por importe, respectivamente, de 2.153.711,41 euros y de 2.430.009,91 euros.El próximo 13 de agosto vence el contrato suscrito en el mismo mes del pasado 2020 entre la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y la empresa adjudicataria del servicio, por lo que es necesario, una vez efectuado el preaviso de finalización por parte de la compañía, activar la prórroga con un año de vigencia, hasta el 13 de agosto de 2022.

La renovación del contrato es necesaria para garantizar la seguridad y protección de los menores internados, el auxilio al personal de los centros y para el mantenimiento o restablecimiento del orden interno en caso de que fuera necesario.

La memoria de la Dirección General de Protección de Infancia y la Familia del pasado 13 de julio acreditaba la necesidad de renovar el servicio en Valle Tabares y La Montañeta.

El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2020, adoptó el acuerdo por el que se autorizaba la realización de un gasto para la contratación administrativa del servicio de vigilancia, seguridad y protección de centros de internamiento educativo para menores de Canarias, mediante procedimiento negociado sin publicidad, tramitación ordinaria, con pluralidad de criterios en la adjudicación y regulación armonizada, por importe de 4.583.721,32. Contrato este que queda renovado por un año con esta prórroga.

El Gobierno recibe información sobre los gastos derivados del incendio forestal en Arico del pasado mayo

Los servicios y suministros contratados obedecen a circunstancias imprevisibles y de extrema urgencia al objeto de salvaguardar la integridad de la ciudadanía, así como de los bienes materiales

El Consejo de Gobierno recibió hoy jueves, 29 de julio, información sobre el abono de diversos gastos derivados del incendio forestal declarado en el municipio de Arico, en Tenerife, entre el 20 y el 24 de mayo de 2021, cuyo importe total asciende a 67.838,65 euros.

El gasto se destinó a afrontar el desplazamiento, alojamiento y manutención del personal interviniente, así como el traslado de dotaciones materiales y de diversos suministros y servicios necesarios para la extinción de incendios.

Los servicios y suministros contratados, mediante resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, obedecen a circunstancias imprevisibles y de extrema urgencia con el objeto de salvaguardar la integridad de la ciudadanía, así como de los bienes materiales.

El Gobierno de Canarias asumió la dirección del Plan Canario de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca), que establece la organización y respuesta jerárquica de las labores de extinción y dirección en la lucha contra los incendios que tengan lugar en las Islas, y el coste de la extinción lo debe asumir la administración que en cada momento está llevando la dirección del plan.

En concreto, se contrataron con carácter de emergencia servicios y suministros de diversa índole, como gastos de viajes a agencias, desplazamientos contratados a navieras, manutención y alojamiento del personal interviniente, junto a los gastos derivados del traslado de materiales y determinados suministros y servicios.