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Ángel Víctor Torres y Juan Luis Lorenzo Bragado mantienen un encuentro oficial previo al inicio del año judicial

Ángel Víctor Torres y Juan Luis Lorenzo Bragado mantienen un encuentro oficial previo al inicio del año judicial

El presidente de Canarias traslada al presidente del Tribunal Superior de Justicia que a finales de septiembre se iniciará el proceso que permitirá construir el nuevo edificio judicial de Santa Cruz de Tenerife

Han puesto en valor la actuación de los poderes del Estado en una situación inédita como la vivida con la COVID-19

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha recibido este jueves de forma oficial al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha compartido con el presidente del TSJC información sobre cuestiones como la próxima puesta en marcha del Juzgado de lo Social nº9 en Santa Cruz de Tenerife con el que, junto al Juzgado de lo Social nº11 y Juzgado de lo Mercantil n33 de Las Palmas, se culminará la creación extraordinaria de unidades judiciales como consecuencia de la crisis sanitaria.

También, el presidente ha trasladado que la semana del 20 de septiembre “se iniciará previsiblemente el procedimiento que permita la construcción del edificio Judicial de Santa Cruz de Tenerife en la zona de Cabo Llanos”, puesto que se habrán iniciado los trámites de adaptación de la ordenación urbanística vigente en esa zona de la capital tinerfeña para adecuarla a los nuevos requerimientos funcionales y de superficie necesarios para desarrollar el Palacio de Justicia.

El presidente también informó al presidente del TSJC de los proyectos compartidos para la transformación digital o la cooperación institucional en una reunión que ha calificado como “muy fructífera”, coincidiendo en esa valoración con Lorenzo Bragado, que ha agradecido “la predisposición del presidente del Gobierno su colaboración y la comunicación fluida”.

En cuanto al ámbito sanitario y a las medidas para la contención de la pandemia por COVID-19, Ángel Víctor Torres destacó que, si bien, en los últimos meses ha habido medidas que no han sido ratificadas por los tribunales, “otras si lo fueron, como por ejemplo el número máximo de personas por grupo”. El presidente considera que se puede estar en mayor o menor acuerdo, pero que su voluntad “siempre será acatar las decisiones judiciales, porque en eso consiste la separación de poderes”, remarcó.

Torres destacó también que el decreto-ley que entró en vigor el 6 de septiembre y que irá al Parlamento para convertirse en ley, mantiene la ratificación de medidas por parte de la Justicia.

En la misma línea se manifestó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que puso en valor que “en esta situación realmente inédita ha funcionado el ordenamiento jurídico y los tribunales se han limitado a realizar la labor que constitucionalmente tienen asignada. Debemos felicitarnos por vivir en un Estado de derecho y que cada administración actúe con arreglo a los principios legales y constitucionales”.

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El Gobierno extenderá hasta el 31 de agosto la limitación del aforo en reuniones tras la ratificación del TSJC

El Gobierno de Canarias extenderá hasta el 31 de agosto la limitación del número de personas en las reuniones según los niveles tras la ratificación del TSJC

El Consejo de Gobierno de Canarias, convocado de forma extraordinaria en la tarde de este viernes, ha solicitado al TSJC la aclaración de distintos aspectos de los autos que dejan sin efecto algunas medidas establecidas por el Ejecutivo para frenar los contagios

Mientras se produce el pronunciamiento del TSJC, la Consejería de Sanidad entiende que es de aplicación la normativa específica de la hostelería que fija a las 24.00 horas el cierre de los establecimientos en islas en nivel 4

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha presidido en la tarde de este viernes día 30 de julio y de forma telemática desde Salamanca, donde ha participado en la Conferencia de Presidentes, una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno en la que se ha abordado el auto emitido hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ratifica la medida adoptada por acuerdo del Consejo de Gobierno para limitar el número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público cerrados o al aire libre en los distintos niveles. Se trata de una decisión que el Gobierno destaca como muy positiva porque, según los informes de Salud Pública, es una de las medidas más efectivas para el control de la transmisión de la pandemia.

Por otro lado, el Consejo ha analizado el alcance de los autos emitidos ayer por el TSJC que dejan sin efecto algunas de las limitaciones establecidas para islas en nivel 4, en el que se encuentra Tenerife en este momento, encaminadas a frenar el aumento de contagios.

Una vez analizado el auto por los servicios jurídicos del Ejecutivo regional, el Gobierno ha solicitado al TSJC la aclaración relacionada con distintos aspectos establecidos en el mismo, de cara a su ejecución práctica, por cuanto existen dificultades de compatibilización en los distintos niveles de alerta.

Mientras tanto, la Consejería de Sanidad entiende que la regulación de la hostelería debe remitirse a la normativa específica que regula el sector (acuerdo del Consejo de Gobierno del 23 de julio del 2021) y que establece para los niveles 3 y 4 el cierre de los establecimientos a las 24.00 horas.

Igualmente, el Gobierno, a través de la Consejería de Sanidad, ha recordado que, de acuerdo con la normativa en vigor, el ocio nocturno en el Archipiélago deberá continuar cerrado, salvo en las islas en nivel de alerta 1, ya que los dos últimos autos del TSJC no hacen referencia a la regulación de este sector. De esta manera, la actividad del ocio nocturno sigue regulada en Canarias por el acuerdo de las Medidas Preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria del 18 de marzo de 2021 y sus sucesivas actualizaciones.

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El Gobierno presentará alegaciones al auto del TSJC que suspende la exigencia de certificado COVID en interiores

El Gobierno de Canarias presentará alegaciones al auto del TSJC que suspende de forma cautelar la exigencia de certificado COVID en interiores

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció esta tarde, tras el Consejo de Gobierno celebrado en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, que el Ejecutivo regional, con sus servicios jurídicos y el personal técnico del área de Salud, analizarán a fondo y presentarán alegaciones al auto de hoy del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que, de forma cautelar, anula la decisión gubernamental de la semana pasada de que los bares, restaurantes, gimnasios y otros negocios exijan el certificado COVID a sus clientes para acceder a los interiores de sus establecimientos.

El Gobierno autonómico tiene tres días hábiles de plazo para presentar estas alegaciones. Según recalcó Pérez, esa medida se adoptó no solo siguiendo los criterios de los servicios jurídicos de la Comunidad y de los técnicos de la Consejería de Sanidad, sino en consenso y a propuesta de diversas asociaciones empresariales de la restauración y hostelería, que plantearon que todos los clientes en los interiores portasen dicho certificado a cambio de subir los aforos en islas en niveles 3 y 4.

El también consejero de Justicia, Administración Pública y Seguridad indicó que el Gobierno no había recibido la resolución del TSJC de forma oficial y que, no obstante, tiene carácter “cautelarísimo”, por lo que ahora se abre el plazo para atender a las alegaciones del Ejecutivo.

Pérez aseguró que los últimos autos que rechazan medidas del Gobierno de Canarias merecen una lectura detenida porque, entre otras decisiones, “nos ha costado entender qué se nos dice sobre el cierre entre las 00:00 horas y las 6:00 en nivel 4 y en el resto. Se deduce que eso se debe a la decisión del Tribunal Supremo sobre el toque de queda, pero esto hay que estudiarlo bien porque el toque de queda se refiere a la movilidad de las personas y el cierre comercial es sobre actividades a esas horas, que están cerradas salvo servicios esenciales, como las gasolineras”.

El portavoz también se refirió a los aforos y a la afirmación de que exigir el certificado COVID puede atentar contra la intimidad de las personas al tener que informar sobre su estado de salud y convierte a los dueños en vigilantes sanitarios. A su juicio, esto choca también porque, “desde hace un año, se exige certificado o test negativo para entrar en alojamientos de las Islas, aparte de que hay controles en puertos y aeropuertos y en muchos centros públicos y privados se piden datos o se hacen mediciones de temperatura”.

Pérez subrayó que, pese a los últimos autos, la mayoría de decisiones del Gobierno de Canarias sobre la pandemia con el fin de conjugar la salud con la actividad económica y la legalidad han sido ratificadas por los tribunales. “Haremos estas alegaciones para saber hasta dónde llega el mandato del tribunal, pero insisto en que todas las medidas las decidimos en función de las recomendaciones y propuestas de los servicios técnicos sanitarios y jurídicos, que cuentan con un equipo de 25 letrados y letradas”. Según remarcó, “el Gobierno ha intentado conjugar la defensa de la salud para que el impacto de la pandemia sea el menor posible, se compatibilice eso con desarrollar la mayor actividad económica factible y con el respeto a las leyes y, en particular, a los derechos fundamentales”.

“Entendemos que nuestras decisiones sobre el certificado están fundadas en derecho”

El portavoz subrayó, asimismo, que si bien el recurso ha sido presentado por dos asociaciones empresariales de Tenerife, el uso del certificado COVID fue acordado con otras entidades de este sector de las Islas y a propuesta de ellas. “En las alegaciones, vamos a defender que la decisión de la semana pasada, a nuestro criterio, está justificada y fundada en derecho. Nos parece que el derecho a la intimidad no puede entenderse lesionado en este caso, aparte de que acudir a un bar, restaurante o gimnasio es una actividad voluntaria. Que se exija este certificado para usar un gimnasio o entrar en un restaurante no se le ha ocurrido solo a Canarias. Se está extendiendo por todo el mundo y el propio presidente de EEUU, Joe Biden, anunciará mañana (viernes, 30 de julio) que los funcionarios públicos deberán proveerse de un certificado COVID”.

Según indicó, ese documento tiene la doble ventaja de que permite ampliar los aforos interiores y proporciona más seguridad a los usuarios de esos negocios. Asimismo, recordó que en las Islas, un millón de residentes ya se ha descargado este certificado del sitio web de la Consejería de Sanidad, “con lo que no parece que sea un requisito que cueste mucho obtener”. El certificado no solo se logra con la pauta completa de la vacunación, sino si se ha pasado la COVID-19 o se porta un test negativo en las últimas 72 horas.

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El Gobierno decide prorrogar la limitación de grupos de personas y pedirá la renovación del aval del TSJC

El Gobierno decide prorrogar la limitación de grupos de personas en espacios públicos y privados hasta el 31 de agosto y pedirá la renovación del aval del TSJC

El Tribunal Superior ya respaldó esta medida el pasado 9 de mayo, por lo que el Ejecutivo canario se muestra confiado en que vuelva a apoyar una restricción relevante para el control de la pandemia de la COVID-19

A los informes habituales de contagios y ocupación hospitalaria, el Gobierno regional acompañará en su solicitud un informe policial sobre cómo se ha aplicado hasta ahora el control de esta medida

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció este miércoles, tras el Consejo extraordinario celebrado en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife, que el Ejecutivo ha decidido prorrogar la limitación de grupos de personas en espacios públicos y privados según los niveles de la pandemia COVID-19 en las distintas islas hasta el próximo 31 de agosto y atendiendo a si se trata de convivientes o no. Esta medida se adoptó en las Islas el pasado mes de mayo, fue avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un auto unánime del día 9 de ese mes y, ahora, el Gobierno regional volverá a solicitar, en el menor plazo de tiempo posible, el respaldo de la sala bajo el argumento de que la incidencia acumulada del virus y la presión hospitalaria no ha dejado de crecer en el Archipiélago desde entonces.   

En una rueda de prensa posterior al Consejo, Pérez recordó que esa limitación sigue vigente hasta el 31 de este mes de julio. Tras tener conocimiento de los informes de los expertos del área de salud, y dada la relevancia que le están dando los últimos pronunciamientos judiciales a que las restricciones adoptadas se acoten en el tiempo, el Gobierno autonómico ha decidido prorrogarla durante todo agosto, si bien queda a expensas de esa nueva autorización del TSJC.

La medida se adoptó tras el levantamiento del último estado de alarma y se aplica tanto de noche como de día y en espacios públicos o privados, así como en exteriores e interiores. Pérez se refirió a la complejidad del seguimiento en los lugares públicos y, por eso, el Ejecutivo acompañará un informe policial sobre cómo se está controlando su cumplimiento, texto que completará los de carácter epidemiológico y de ocupación de camas UCI y de planta hospitalaria.

En islas en nivel 1 se permite un máximo de 10 personas no convivientes (aquellas que no viven en el mismo hogar), mientras que, en las que se sitúan en el 2, el tope se fija en seis. En los casos en los que el semáforo epidemiológico sube a 3 o 4, la limitación se determina en cuatro personas.

El pasado 9 de mayo, el TSJC ratificó esta decisión sin votos contrarios al entenderla proporcionada a la situación de los contagios y en los hospitales y por no suponer una limitación de derechos fundamentales que no estuviera justificada. El Gobierno confía en que, como los datos de la pandemia han empeorado mucho desde entonces, el Tribunal vuelva a apoyar la medida.

El portavoz recalcó que los expertos consideran esta limitación como una de las más eficaces, “aunque de compleja aplicación”, si bien insistió en que el control de los contagios y los cambios de tendencia de la COVID-19 se producen siempre gracias a la combinación de diversas medidas. Esa complejidad explica que, en los ámbitos privados, la limitación se convierta en la práctica en una recomendación a la ciudadanía, según detalló.

 “Siempre hemos intentado adelantarnos a la evolución de la pandemia”

Pérez subrayó que el Gobierno “siempre ha intentado adelantarse a los acontecimientos y a la evolución de la pandemia” con el fin de minimizar los efectos sanitarios y económicos. De ahí que, dado que los expertos sostienen que el toque de queda es una de las restricciones que mejores efectos surten en la población más joven, la más afectada ahora por los contagios, decidieran volver a aplicarlo en las Islas de 00:30 a 6.00 horas.

No obstante, y tras el rechazo del TSJC y la ratificación del Tribunal Supremo en un auto de ayer (miércoles 27 de julio), el Gobierno ha estudiado hoy a fondo ese último pronunciamiento y, sobre todo, la afirmación del Supremo de que no se puede comparar la situación en regiones como Cataluña, Cantabria o Comunidad Valencia, donde se superan los mil casos a siete días, con Canarias, en la que se solicitaba restringir la movilidad nocturna en islas que superasen los 100 casos. “La lógica del Gobierno siempre ha sido la de no caernos por el precipicio y anticiparnos. Sostenemos que el criterio de hacer limitaciones por islas, y no por comarcas, es el mejor para controlar la pandemia, aunque, aun así, planteamos también que se hiciera por municipios con más de 100 casos, pero tampoco lo han avalado y tomamos nota”.

El Consejo, además, analizó la posibilidad de que los trabajadores públicos de ciertos servicios de atención al ciudadano deban vacunarse, “dado que, si bien el proceso de inmunización avanza, también lo hacen la incidencia y la presión hospitalaria, lo que obliga al Gobierno a mantener un elevado nivel de preocupación”, indicó el portavoz del Ejecutivo.

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Canarias decide elevar un recurso de casación al Supremo por el rechazo del TSJC al toque de queda

Canarias decide elevar un recurso de casación al Supremo por el rechazo del TSJC al toque de queda frente a la nueva ola de la COVID

En línea con un informe de los servicios jurídicos de la Comunidad, el Consejo de Gobierno cree que existen argumentos “contundentes” para recurrir el auto del TSJC en su totalidad con el fin de restringir la movilidad de 0:30 a 6:00 en islas en nivel 3 y 4

El Ejecutivo estudiará la opción de vincular la movilidad en el interior de espacios públicos, como restaurantes o bares, a la presentación del certificado de vacunación, descargado ya por medio millón de residentes, un test rápido o una PCR negativa

El Consejo de Gobierno de Canarias, reunido esta tarde en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria, ha decidido elevar un recurso de casación ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que rechazó (este miércoles 14 de julio) la petición del Ejecutivo regional de que se permitiera un toque de queda de las 00:30 a las 6:00 horas en islas en niveles 3 y 4 por la pandemia de la COVID-19.

Tras la reunión del Consejo, el portavoz del Gobierno, Julio Pérez explicó que el recurso se presentará en el plazo de 3 días que estipula la ley y que los servicios jurídicos de la Comunidad han elaborado un informe que concluye que existen argumentos “contundentes” para ese recurso respecto al auto del TSJC en su conjunto.

Pérez subrayó que, entre otras razones, los servicios jurídicos consideran que, frente a la tesis del TSJC, sí existe proporcionalidad entre la situación sanitaria de Canarias y esa limitación de la movilidad nocturna que propone el Ejecutivo. “A diferencia de lo que señala el Tribunal Superior, creemos que sí hay un peligro grave e inminente para la población de las Islas. El TSJC cree que eso no se ha acreditado atendiendo a la presión asistencial y hospitalaria, pero el Gobierno considera que eso se puede discutir y que el toque de queda puede ser defendido ante el Supremo”, indicó el portavoz.

El recurso también se fundamentará en que, si bien es cierto que medidas de legislación ordinaria sobre actividades clasificadas y de intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad ofrecen resultados para disolver concentraciones como la de los botellones, uno de los principales focos de los contagios ahora, el Ejecutivo cree que es mucho más efectivo evitar que esas situaciones se den si no se permite transitar entre las 0:30 y las 6:00 horas. Una franja horaria en la que, además, tampoco hay excesiva actividad social porque la restauración y los bares deben cerrar antes y porque, en islas en nivel 3 y 4, no se permite el acceso a sitios como las playas o parques públicos. “Es mucho más fácil evitarlo si no se puede salir de casa –indicó Pérez- que si se espera a que actúen las fuerzas de seguridad, levanten acta y se tramiten los procedimientos”.

El recurso también cuestionará la tesis del TSJC de que habría que tener confianza en que la mayor parte de la población cumple las normas y, por eso, no se debe restringir la movilidad. “Eso puede compartirse, pero los epidemiólogos nos dicen que comportamientos que pueden ser excepcionales, como los botellones, sí tienen incidencia sobre el conjunto de la población”, explicó Pérez.

Tanto el portavoz como el consejero de Sanidad advirtieron del aumento en las incidencias acumuladas de la COVID en la última semana en islas como Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura o La Palma. Por esta mala evolución, el Gobierno considera que está justificado el toque de queda en islas en niveles 3 y 4 o, en su defecto, en los municipios con mayor afección. Como el TSJC no respaldó ninguna de esas dos opciones, el Ejecutivo recurrirá su auto en su integridad.

Vincular la entrada en espacios públicos al certificado COVID, los PCR o los test rápidos

El Consejo de Gobierno también decidió hoy estudiar, la próxima semana y junto a la mesa sectorial de restauración, la posibilidad de que se vincule el acceso al interior de establecimientos en los que haya relación social, como los restaurantes y bares, a que se porte el certificado de vacunación de la COVID, una PCR negativa o un test rápido que demuestre estar libre del virus. Pérez recalcó que esto ya se ha hecho durante gran parte de la pandemia, con gran éxito, en los establecimientos alojativos de las Islas y considera que puede servir para frenar el aumento de contagios. El consejero de Sanidad, además, indicó que esto se reforzará con la decisión del Consejo de Ministros del próximo martes de que se puedan adquirir test rápidos en las farmacias a un precio de entre 10 y 12 euros.

Esa posible vinculación se adoptaría en el próximo Consejo de Gobierno y, previamente, se abordaría con los integrantes de la mesa sectorial de la restauración y el comercio. Según señaló Pérez, otros territorios ya han adoptado esta medida y el certificado de vacunación ha sido descargado por medio millón de residentes en las Islas con pauta completa, lo que demuestra la facilidad de su obtención en el sitio web de la consejería de Sanidad. Además, recordó que se han extendido prácticas de seguridad como la toma de temperatura en ciertos lugares, por lo que considera que puede ser muy bien aceptada por la población y los sectores afectados.

Pérez anunció también que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, volverá a dirigirse mañana (viernes 16 de julio) al delegado del Gobierno en las Islas, Anselmo Pestana, y a los alcaldes de los 88 municipios isleños para intensificar aún más los controles policiales, sobre todo teniendo en cuenta que llega un fin de semana que, además, incluye un viernes festivo en ciudades como Santa Cruz de Tenerife.

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Canarias prevé recurrir ante el Supremo el rechazo del TSJC al toque de queda por la pandemia de la COVID

Torres pide un esfuerzo a todas las Administraciones para incrementar la vigilancia y frenar los contagios

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, deja claro que el Ejecutivo acata el auto, pero que no lo comparte; tras analizarlo en el Consejo de Gobierno de mañana, se prevé presentar un recurso de casación dentro de los tres días hábiles de plazo

Torres recuerda que la restricción de la movilidad nocturna ha sido una de las herramientas más efectivas para doblegar la curva de contagios y lamenta que este miércoles se haya producido la mayor cifra de positivos de la pandemia en las Islas

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, anunció hoy, tras conocerse el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que rechaza el toque de queda desde las 00.30 a las 6.00 horas solicitado por el Gobierno regional para islas en nivel 3 y 4, que su Ejecutivo analizará jurídicamente esa decisión en el Consejo de Gobierno de mañana (jueves 15 de julio) y que la previsión y lo que él mismo pedirá es que se presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, para lo que hay un plazo de tres días hábiles. 

En declaraciones ante los medios mientras aún se desarrollaba el pleno del Parlamento de Canarias, Torres insistió en que el Gobierno respeta todas las decisiones judiciales, aunque, en este caso, “no la compartimos”.

El presidente recuerda que la medida planteada por su Ejecutivo fue avalada ayer (martes 13 de julio) por la Fiscalía del TSJC, “que representa los intereses de los ciudadanos, con un informe muy contundente a favor” de esa restricción de la movilidad nocturna. Según recalcó, este toque de queda “es una herramienta eficaz” para la lucha contra la quinta ola de la pandemia, que está dejándose notar con fuerza en islas como Tenerife y afectando cada vez más al resto. En este sentido, recordó que se trata de una medida adoptada en otras olas y que ha dado los resultados buscados para revertir la situación en los contagios.

El titular del Gobierno canario considera imprescindible que la Administración regional siga disponiendo de herramientas eficaces para contener el número de contagios y aludió al resto de iniciativas adoptadas en las últimas semanas para lograr ese mismo fin, como el cierre nocturno de playas y otros recintos públicos donde se pudieran celebrar botellones y aglomeraciones, o bien la reducción de los aforos.

Torres adelantó el número de contagios en las últimas 24 horas (notificado al Gobierno de Canarias por Salud Pública durante esta mañana del miércoles 14 de julio) y advirtió de que, con un total de 634, se trata de la cifra más elevada de toda la pandemia en las Islas para una jornada. “El día con más contagios, el TSJC se manifiesta en contra de una medida que hemos tomado en otras ocasiones en islas con nivel de alerta 3 y que han dado buenos resultados”, lamentó el presidente.

A su juicio, la postura del Gobierno regional “es compartida por la mayoría de la ciudadanía canaria, los organismos y los grupos parlamentarios. Lo que pretendemos es que no haya movilidad en esas horas y evitar las aglomeraciones de muchísima población que está disfrutando de vacaciones, especialmente los jóvenes, al ser los que están siendo más afectados por esta ola y al tratarse del último sector previsto para vacunarse”.

El presidente recordó también que el Tribunal Superior de la Comunidad valenciana sí ha avalado este toque de queda para diversos municipios a propuesta de la Generalitat valenciana. “La petición que hemos hecho a la Fiscalía y al TSJC se refería a islas en niveles 3 o 4 o, en su defecto, a los municipios con la mayor afección, pero el Tribunal Superior no ha avalado ninguna de esas dos opciones. Nos consta que, aparte de Valencia, Cantabria también va a pedir este aval a su Tribunal Superior y que Cataluña lo sopesa, por lo que, en el Consejo de Gobierno de mañana, manifestaré mi voluntad de recurrir al Constitucional”, explicó.

Máxima responsabilidad ciudadana

El jefe del Ejecutivo también señaló que el cierre de los interiores de bares y restaurantes, que tampoco fue avalado por el TSJC, sí se ha aplicado y ha demostrado, también en otras regiones y países, “su efectividad. Estas medidas han funcionado en islas que han subido a los niveles 3 y 4, pero, en esta quinta olea y tras perder ese tipo de herramientas, estamos observando cada día un aumento de contagios. Es verdad que es superior en otras comunidades, pero no conseguimos parar esta curva y, por tanto, aún menos doblegarla. El TSJC nos deja con un instrumento menos para bajar los contagios y, a falta de ese recurso, nos queda apelar a la responsabilidad ciudadana individual y colectiva, tal y como hemos hecho en esta etapa de la pandemia”.

 

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El Gobierno pedirá al TSJC que le autorice la limitación de la movilidad nocturna en fase 3

El Gobierno pedirá al TSJC que le autorice la limitación de la movilidad nocturna en fase 3

Los datos epidemiológicos pasan a Gran Canaria a nivel 2 y mantienen a Tenerife en el nivel 3

El Consejo de Gobierno aprueba una serie de medidas adicionales para la islas en fase 3 y 4

El Consejo de Gobierno ha aprobado una serie de medidas de refuerzo a las islas en fase 3, situación en la que se encuentra en estos momentos solo la isla de Tenerife. Para ello, el Gobierno solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la autorización de la limitación de la movilidad en horarios nocturnos entre las 00:30 y las 06:00 horas en aquellas islas en fase 3 y 4.

El Consejo de Gobierno ha dado, además, hoy el visto bueno a la propuesta elevada por el consejero de Sanidad para pasar a la isla de Gran Canaria a nivel de alerta 2 debido a su situación de subida de contagios COVID-19 en los últimos días. Este cambio de nivel entra en vigor desde este noche de jueves después de la publicación del semáforo por parte de la Dirección General de Salud Pública. Las medidas para Gran Canaria en nivel 2 son aquellas ya establecidas en el semáforo y resumidas en esta tabla: https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/principal/coronavirus/docs/TABLA_MEDIDAS.pdf

El resto de islas se mantienen en el nivel establecido la semana anterior; es decir, Fuerteventura, en nivel 2, y Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro, en nivel 1. Todas ellas bajo la vigilancia epidemiológica debido a algunos incrementos importantes y a la aparición de brotes.

El Gobierno pedirá al TSJC que le autorice la limitación de la movilidad nocturna en fase 3
El Gobierno pedirá al TSJC que le autorice la limitación de la movilidad nocturna en fase 3

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, anunció una serie de medidas puramente sanitarias como son la realización de cribados en las zonas básicas de salud más afectadas. Con respecto a la vacunación, la Consejería de Sanidad anuncia la aceleración en los colectivos más afectados por los contagios que son los jóvenes de 20 a 29 años. Además, este domingo habrá una jornada de vacunación libre y masiva en las islas de Tenerife y Gran Canaria para personas de entre 40 y 59 años a las que se administrará la vacuna unidosis Jansen.

El Acuerdo de Gobierno incluye los siguientes cambios en las medidas para el nivel de alerta 3 (que en este momento afecta solo a Tenerife) que serán publicadas previsiblemente este sábado en el BOC, por lo que entrarían en vigor a partir de las 00:00 horas, es decir en la noche del sábado al domingo, que son:

  • Prohibición de venta de bebidas alcohólicas a partir de las 22.00 horas.
  • Cierre en horario nocturno de parques y playas y aquellos otros espacios públicos en los que sea previsible la celebración de botellones u otras aglomeraciones entre las 20.00 y las 06.00 horas.
  • Transporte público regular terrestre urbano, interurbano y metropolitano: reducción de aforo al 33% y refuerzo de las líneas de mayor afluencia.
  • Ámbito laboral: prestación de servicios telemáticos, siempre que sea posible por las características del trabajo. Evitar en la medida de lo posible el consumo de alimentos en espacios interiores, procurando, cuando esto no sea posible, la realización de turnos.
  • Centros y parques comerciales: aforo del 25% respecto al autorizado, tanto en el interior de los establecimientos como en las zonas comunes. Prohibición de permanencia en zonas comunes, excepto para el tránsito o la espera para acceder a los establecimientos. En el caso de establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, esta limitación debe cumplirse en todas ellas.
  • Prohibición, en espacios cerrados, de coros, bandas, orquestas u otras agrupaciones musicales en las que no pueda mantenerse el uso continuo de la mascarilla y la distancia de seguridad interpersonal de dos metros permanentemente. Podrán desarrollarse al aire libre, siempre y cuando se garantice esta distancia entre los componentes y entre éstos y el público.
  • Prohibición de eventos multitudinarios sujetos a autorización sanitaria, es decir aquellos que superan los 750 persones de público.
  • Se recomienda el aplazamiento de cualquier celebración o evento multitudinario no sujeto a autorización.

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El consejero Julio Pérez recibe al presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado

Julio Pérez recibe a Juan Luis Lorenzo Bragado

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, recibió hoy al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, con quien mantuvo un encuentro institucional en el que ambos hicieron un repaso general a los asuntos comunes. Además, la reunión sirvió también para darle un impulso a la necesaria colaboración entre ambas instituciones.

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Canarias recurrirá ante el Supremo la prohibición de cierre perimetral en islas con niveles 3 y 4

Canarias recurrirá ante el Supremo la prohibición de cierre perimetral en islas con niveles 3 y 4

El Gobierno decide ampliar el horario de la restauración de las 23.00 a las 00.00 horas en islas con nivel 2, que ahora son Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro

El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, insta a la responsabilidad cívica para continuar con el descenso de contagios y advierte de que se intensificarán los controles policiales

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó esta tarde, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, que el Ejecutivo limitará su recurso de casación ante el Tribunal Supremo sobre las medidas de control de la COVID anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a la referida a la prohibición del cierre perimetral para la entrada y salida de islas en niveles 3 y 4, según el sistema de semáforos instaurado en el Archipiélago.

El Gobierno confirma así que no recurrirá el toque de queda porque, atendiendo a los informes de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma y de la Dirección General de Salud, se considera el cierre perimetral la medida que tiene más opciones de ser aceptada por el Supremo, debido a que, a diferencia del toque de queda, no tiene alternativas adecuadas que lo sustituyan o compensen lo suficiente.

Pérez recordó que, de los seis magistrados del TSJC que se pronunciaron el pasado domingo sobre el acuerdo de Gobierno aprobado el jueves 6 de mayo ante el levantamiento del estado de alarma y para continuar con el máximo control de la pandemia, dos emitieron un voto particular a favor de ese cierre perimetral. Además, el Ministerio Fiscal también lo respalda, postura que no adoptó respecto al toque de queda y que, según el Ejecutivo, refuerza las opciones de que prospere su recurso de casación.

El informe de Salud Pública recalca que el toque de queda puede ser paliado en gran parte por medidas como el control de horarios y actividades, o por el número máximo de personas que pueden concurrir en reuniones públicas o familiares. En cambio, esto no ocurre con el cierre perimetral, si bien las islas mantienen otras iniciativas para limitar los contagios, como la obligación de que los viajeros llegados de fuera del Archipiélago presenten una prueba PCR para alojarse en un establecimiento hotelero.

El portavoz gubernamental subrayó que el deseo del Gobierno es que esos cierres perimetrales no vuelvan a ser necesarios porque las islas, que ahora están todas en niveles 1 o 2, no pasen al 3 o 4. Lo mismo ocurre con el resto de limitaciones, aunque hasta que no se alcance la inmunidad de grupo (70% de la población canaria) seguirán siendo necesarias.

El Ejecutivo considera que ha llegado el momento de poner mayor acento en la responsabilidad ciudadana para seguir cumpliendo con las normas y descendiendo los contagios, que es la línea actual en las Islas. “A partir de ahora -indicó Pérez-, el control de la pandemia va a descansar mucho más en el comportamiento individual que en la imposición por parte de las administraciones”.

No obstante, advirtió de que, durante la Junta de Seguridad que tendrá lugar en la tarde de mañana (jueves 13 de mayo), en la que estará presente el presidente regional, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y representantes de la Fecai, la Fecam y las fuerzas del orden público, se tomarán medias para intensificar los controles y el cumplimiento de las normas “hasta la victoria sobre el virus”. Pérez hizo un llamamiento especial a los jóvenes por ser el sector poblacional que ha demostrado una mayor propensión al incumplimiento de las normas en otras regiones desde el levantamiento del estado de alarma el pasado día 9.

El Gobierno también ha decidido ampliar el horario de la restauración en las islas en nivel 2 (que ahora son Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro), al entender que, en recintos cerrados o controlados por empresas, es más fácil controlar la propagación del virus, ahora que no habrá toque de queda. Para perfilar esto, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, se reunirá con los representantes de ese subsector, mientras que el cambio se prevé publicar en el Boletín Oficial de Canarias este viernes.

Datos “esperanzadores” de incidencia acumulada y vacunación

Julio Pérez resaltó que “la pandemia retrocede y que la vacunación avanza”. Según los datos, la incidencia acumulada a 7 días ronda los 40 casos por 100.000 habitantes y entre 83 y 86 en las últimas jornadas a 14. Además, subrayó que ya hay 250.000 residentes en las islas con la pauta completa de vacunación y que más de 500.000 tienen, al menos, una dosis, “lo que ya produce un porcentaje alto de inmunización”.

Asimismo, recordó que los mayores de 60 años que aún no se hayan vacunado en Gran Canaria y Tenerife y no hayan sido avisados o detectados por el sistema podrán hacerlo este fin de semana en los centros de vacunación masiva sin cita previa.

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Torres subraya que el TSJC avala la limitación de personas en grupos, la medida más efectiva para Salud Pública

Torres subraya que el TSJC ha avalado la limitación de personas en reuniones, la medida que Salud Pública considera más relevante para el control de la pandemia

El presidente de Canarias insiste en que la máxima prioridad de su Gobierno es reducir los contagios y conciliar salud y economía, en pro de una recuperación ágil y potente

Torres considera fundamental la actualización de la estrategia de las RUP, que ya se abordará el 17 de este mes en un Consejo Europeo de Asuntos Generales

El jefe del Ejecutivo autonómico remarca que en 2020, pese a la pandemia, se ejecutaron 104 millones en obra pública, lo que contrasta con los 63 millones de 2018

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, resaltó esta mañana, durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Parlamento regional, que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) avaló el pasado domingo y confirmó este lunes la medida regional de control de la pandemia por la COVID-19 más importante según los técnicos de Salud Pública; esta es, la limitación del número de personas en reuniones en función del nivel de alerta de cada isla.

Aunque el Ejecutivo canario haya acatado la eliminación del toque de queda, de la prohibición de entrar y salir en las islas en niveles 3 y 4 o las restricciones en eventos de culto en el exterior, Torres subrayó que el respaldo dado por el TSJC a la limitación del número máximo de personas no convivientes en reuniones (diez en el nivel 1, seis en el 2, cuatro en el 3 y dos en el 4) es un paso clave para seguir bajando las cifras de contagio y, junto a la creciente vacunación, poder conciliar salud y economía con la posibilidad de la máxima recuperación económica.

El jefe del Ejecutivo recordó que también están vigentes en las Islas otras restricciones fundamentales para la gestión óptima de la pandemia, como los controles en puertos y aeropuertos, el uso de mascarillas, los horarios de la restauración y comercios, o las limitaciones en ciertos espacios por los índices existentes, entre otras restricciones. No obstante, considera crucial ese aval del TSJC sobre las reuniones porque, “con o sin toque de queda, impide que pueda haber aglomeraciones. Además, Salud Pública dice que esa es la medida más importante”.

Según expuso el presidente Torres, Canarias siempre ha dado preponderancia máxima a las indicaciones de Salud Pública, “cuyos informes nos son prioritarios y vinculantes. Nosotros creemos que debemos cumplir con los consejos de los expertos sanitarios porque, por nuestra gran dependencia del exterior y del turismo, es la mejor forma para recuperar cuanto antes la economía y los visitantes desde los principales países de origen”.

El presidente también resaltó la relevancia de que, el próximo 17 de mayo, la UE ya afronte la actualización de la estrategia de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), entre otras cuestiones para tener en cuenta la pandemia de la COVID y los fondos europeos de recuperación. El último documento data de 2017 y en esta ocasión se quiere abordar la necesidad de un certificado digital que garantice viajes seguros en el continente, para así reimpulsar lo antes posible el principal sector económico de islas como las canarias. Según Torres, ese certificado debe aprobarse de forma urgente y ha de ser “unitario” y para toda la UE, con la inclusión además del Reino Unido.

Torres subraya que el TSJC ha avalado la limitación de personas en reuniones, la medida que Salud Pública considera más relevante para el control de la pandemia
Torres subraya que el TSJC ha avalado la limitación de personas en reuniones, la medida que Salud Pública considera más relevante para el control de la pandemia

Asimismo, según dijo el presidente, esa actualización tiene que reforzar los servicios sociales en las RUP por su lejanía; apostar por una transición ecológica “justa”; minimizar el impacto de las tasas aéreas en economías eminentemente turísticas y tan dependientes de la movilidad, y afrontar desde la solidaridad y con respuestas realistas, eficaces y cohesionadas el fenómeno de la migración irregular.

Torres también contrastó la gestión y adjudicación de obra pública en la presente legislatura frente a lo ocurrido con el Gobierno anterior. Así, remarcó que, en 2018, se ejecutaron 63 millones de euros, lo que supuso el 26% de la partida disponible, frente a los 104 millones en 2020, en plena pandemia. Esta última cifra representa el 60% y supone un claro salto.

El presidente subrayó que su Ejecutivo desbloqueó, adjudicó y está desarrollando los trabajos de la segunda fase de la carretera de La Aldea (en Gran Canaria: 13,4 millones de euros), aparte de dar un impulso presupuestario determinante a proyectos fundamentales, como el cierre del anillo insular de Tenerife (18 millones), la IV fase de la circunvalación de Las Palmas (10,5) o el enlace de Las Chafiras-Oroteanda (4,4), en el sur de Tenerife.

Además, se han reactivado otras iniciativas muy relevantes que no contaban con partida y que se han tenido presentes desde los presupuestos de 2020. Entre estos trabajos, destacan los 11,5 millones para la carretera Bajamar-Tajuya (Tenerife), los 6,1 para Puerto del Rosario-Caldereta (en Fuerteventura), los 5,3 para la vía LP-2, entre Los Llanos y Tazacorte (5,3 millones), o la de LP-1, entre Los Llanos y Tijarafe (3,6 millones).

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