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Canarias blinda el concierto social para garantizar la atención a los colectivos más vulnerables

Candelaria Delgado en comisión parlamentaria

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, señala que existen dos expedientes administrativos en marcha que superan trámites clave para dotar al tercer sector y a los usuarios de la máxima seguridad jurídica y estabilidad económica

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, reafirmó hoy (viernes 23) su previsión de culminar el desarrollo del concierto social y de la acción concertada como una fórmula estable para prestar servicios sociales de responsabilidad pública, descartando de forma tajante cualquier afirmación de inactividad o paralización en el proceso.

Delgado subrayó en el Parlamento de Canarias que ya se está llevando a cabo “una tramitación real, rigurosa y jurídicamente compleja para garantizar que este instrumento de gestión indirecta funcione con total seguridad, estabilidad y calidad desde su entrada en vigor”.

El concierto social se articula como un instrumento de gestión indirecta de naturaleza no contractual —diferenciado de un contrato convencional o una subvención anual— en el que la planificación, la financiación, el acceso, la evaluación y el control continúan siendo estrictamente públicos. “Su finalidad es complementar y preservar el sistema público de servicios sociales, no sustituirlo ni privatizarlo”, señaló la consejera de Bienestar Social.

«No buscamos aprobar deprisa una norma únicamente para anunciarla: buscamos aprobar una regulación aplicable, financieramente sostenible y jurídicamente segura que convierta el concierto social en una herramienta efectiva al servicio de las personas», destacó durante su intervención.

Entre las claves del marco regulador en desarrollo destacan dos expedientes en tramitación. El primero de ellos es un expediente general para modificar el Decreto 144/2021, mientras que el otro es un expediente específico de la Dirección General de Servicios Sociales, que ya se encuentra en su fase final tras haber superado los trámites administrativos clave, incluido el informe de la Oficina Jurídica del Gobierno.

El concierto social tendrá suficiencia económica y cobertura de costes, de tal modo que se prevén estudios previos de costes para cubrir los gastos salariales, de Seguridad Social y de funcionamiento sin incorporar beneficio industrial, contando con mecanismos de revisión ante cambios en convenios colectivos. Además, las convocatorias priorizarán el arraigo de la persona en su entorno para evitar desplazamientos a otros municipios o islas, acercando la prestación al entorno familiar y comunitario.

A través del nuevo documento, la Administración continuará gestionando el acceso y las listas de espera. Así, se establece explícitamente que las personas usuarias no sufrirán interrupciones en la atención ante la finalización o extinción de un concierto.   Asimismo, se promoverá una relación plurianual y evaluable sujeta a requisitos de solvencia, acreditación, transparencia, auditorías y seguimiento técnico, incorporando la evaluación directa de las personas usuarias y sus familias.

 

 

 

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Entra en vigor el reglamento que regula el Concierto Social de los Servicios Sociales en el Archipiélago

El Boletín Oficial de Canarias publica hoy la nueva normativa por la que se fija el régimen jurídico de los conciertos sociales para la prestación de servicios sociales destinados a la atención social de la ciudadanía

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy jueves, 13 de enero, el Reglamento del Concierto Social en el ámbito de los Servicios Sociales de Canarias, que establece el régimen jurídico de los conciertos sociales con personas físicas o jurídicas privadas de iniciativa social, como modalidad de gestión indirecta de la prestación de servicios sociales destinados a la atención directa a las personas en las Islas.

Con la aprobación de este Reglamento, se crea el marco jurídico que determina el alcance y significado de los conciertos sociales, entendidos como los instrumentos organizativos de gestión indirecta, de naturaleza no contractual, suscritos con personas físicas o entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, a través de los cuales se podrá encomendar la prestación de servicios sociales.

Además, mediante este reglamento se describen las modalidades de servicios y prestaciones, que precisen los requisitos de participación; se detalla el procedimiento de selección de las personas o entidades proveedoras de los servicios y se determinan los derechos y obligaciones de quienes presten el servicio, con especial referencia al sistema de remuneración de los costes.

De esta forma, en el citado reglamento, se definen los distintos servicios, las prestaciones que contemplan cada uno, los equipos profesionales, las horas de dedicación por prestación y la ficha económica.

Pueden ser objeto de concierto la reserva y ocupación de plazas en centros y en servicios de carácter sociosanitario para su uso exclusivo por las personas usuarias del sistema público de servicios sociales; la gestión integral de los servicios, prestaciones o centros previstos en el Catálogo de Servicios y Prestaciones que se establezcan con la posibilidad de ser gestionados de manera indirecta y, cuando resulte más conveniente o eficiente, la gestión parcial de los servicios y de las prestaciones contenidos en el citado Catálogo de Servicios y Prestaciones.

Los servicios que opten a un modelo de concierto social deben disponer de autorización y/o acreditación administrativa y estar inscritos en el Registro Único de entidades, centros y servicios así como habrán de cumplir un conjunto de obligaciones de gestión y de control fijadas legalmente y desarrolladas en este reglamento.

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