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Los pensionistas emigrantes canarios-venezolanos cuentan hasta el 15 de diciembre para solicitar la ayuda

A estas ayudas pueden acceder los pensionistas emigrantes canarios-venezolanos retornados, residentes en Canarias, afectados por el impago de las pensiones de la República Bolivariana de Venezuela

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, finalizará el próximo 15 de diciembre, el plazo para la solicitud de la ayuda económica transitoria para pensionistas emigrantes canarios-venezolanos retornados al Archipiélago.

A estas ayudas, cuyo plazo se abrió en enero de 2020, pueden acceder los pensionistas emigrantes canarios-venezolanos, mayores de 65 años y residentes en Canarias, afectados por el impago de las pensiones de la Seguridad Social de la República Bolivariana de Venezuela.

El plazo para solicitar la ayuda estará abierto hasta el 15 de diciembre de 2020 y las personas interesadas podrán solicitar la ayuda preferiblemente a través de la sede electrónica pero también por escrito dirigido a esta Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración, Servicio de Gestión de Pensiones y Ayudas de Integración, por las vías establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 16 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, utilizando los modelos descargables desde la sede electrónica.

Las personas que hayan percibido la ayuda económica transitoria para pensionistas emigrantes canario-venezolanos retornados a Canarias en 2018 o 2019 y que deseen acogerse a la ayuda económica transitoria de la actual convocatoria, deberán acompañar, junto al escrito de solicitud, exclusivamente, una declaración responsable en la que declaren que no han variado las circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento anterior.

 

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El anteproyecto de Ley de la Renta de Ciudadanía inicia su trámite normativo tras el visto bueno del Gobierno

El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un periodo de 12 meses, renovable mientras se mantengan las causas de concesión

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al anteproyecto de Ley de la Renta de Ciudadanía de Canarias, que regulará la futura Renta de Ciudadanía en el Archipiélago. Con este trámite, el anteproyecto inicia el proceso normativo establecido hasta su llegada al Parlamento para su debate y aprobación posterior, que se prevé sea para junio de 2021.

El anteproyecto de Ley contempla la condición de la Renta de Ciudadanía como una ayuda de carácter personal, nominativa e intransferible que tiene carácter subsidiario y complementario de las pensiones y de otras prestaciones económicas que pudieran corresponder a los miembros integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social o de cualquier otro régimen público de protección social. La cuantía mensual vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía base y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las persona beneficiarias.

Además, se reconoce este derecho mientras subsista la situación de pobreza y exclusión social, y se garantizará en condiciones de igualdad a las personas que cumplan con los requisitos previstos en la nueva norma.

Para poder acceder a esta ayuda, la persona solicitante tendrá que ser integrante de una unidad de convivencia en los términos establecidos en la ley; estar empadronada durante un mínimo de doce meses, de manera continuada o que tenga residencia efectiva de cinco años (de manera continuada o interrumpida); acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital; estar inscrita como demandantes de empleo en el Servicio Canario de Empleo; no residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia; ser mayor de 23 y menor de 65 años, y carecer de recursos económicos suficientes.

El anteproyecto prevé algunas excepciones con respecto a requisitos generales de acceso, como en el caso del empadronamiento y la edad, cuando se trate de colectivos especialmente vulnerables: mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual o trata, víctimas de violencia en el ámbito familiar, personas sin hogar, personas emigrantes canarias retornadas, personas refugiadas, familias con menores a cargo.

Además el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo. También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributiva,  que se desarrollarán a través de un reglamento específico).

Simplificación en la tramitación y plazo para dictar resolución

La norma contempla que, con el fin de agilizar el procedimiento de la solicitud de la Renta, la persona interesada podrá presentar su solicitud de manera telemática, pudiendo ser asistidos por los servicios sociales del ayuntamiento de su municipio en el supuesto de que no disponga de los medios electrónicos necesarios para realizar la presentación telemática. Además, las solicitudes también se podrán presentar por cualquiera de las formas y vías establecidas en el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

El plazo para dictar y notificar la resolución de concesión o denegación por parte de la Consejería será de tres meses desde la entrada del expediente completo. El derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un período de 12 meses, renovable por igual plazo mientras se mantengan dichas causas y se sigan cumpliendo las condiciones para el acceso a la prestación, sin perjuicio de su suspensión o extinción por las causas contempladas, o de la renovación, en su caso. Con respecto al derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o laboral, podrán acceder a este derecho todas las personas con residencia en Canarias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o exclusión social, perciban o no una renta de ciudadanía.

Articulado del anteproyecto

El anteproyecto de ley se estructura en un título preliminar, cuatro títulos y diversas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. El título preliminar contiene las previsiones generales de la norma, como su objeto, los principios básicos, el modelo de atención, las personas titulares y beneficiarias, la unidad de convivencia, las personas titulares y beneficiarias, vivienda o alojamiento, así como la definición de las situaciones de exclusión social protegidas, junto con el reconocimiento del derecho a la inclusión social, que se configura como el derecho a recibir los apoyos y el acompañamiento personalizado orientado a la inclusión plena y efectiva en la sociedad.

El capítulo I establece el concepto, la naturaleza y las características de la renta de ciudadanía y el capítulo II está dedicado a los complementos de vivienda, educación y pensiones no contributivas.

El título II está dedicado al proceso de inclusión social y el título III, al régimen sancionador determinando las infracciones y su graduación, las sanciones que llevan consigo y el procedimiento a seguir en este régimen.

Por último, el título IV recoge el régimen competencial y la financiación de la renta de ciudadanía, que se hará íntegramente con cargo al presupuesto de la comunidad autónoma.

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El Gobierno aprueba una ayuda extraordinaria para beneficiarios de pensiones no contributivas y de la PCI

Serán beneficiarios de esta ayuda única de 250 euros los actuales perceptores de la PNC y la PCI, algo más de 50.700 personas

La ayuda se dará de oficio, sin tener que presentar solicitud, y se hará efectivo el pago antes del 15 de enero de 2021

 

El Gobierno de Canarias, reunido en Consejo, ha aprobado el decreto ley impulsado por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud que aprueba la concesión de una prestación social finalista, única y de carácter extraordinario de 250 euros a favor de las personas beneficiarias de pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas (PNC) y de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), ante la situación de crisis social motivado por la COVID-19. El pago se realizará antes del 15 de enero de 2021.

Según se especifica en el decreto ley, uno de los colectivos más afectados por la actual situación de pandemia son las personas beneficiarias de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social (PNC), tanto de invalidez como de jubilación, las del Fondo de Asistencia Social (FAS) y las del subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), así como las de la Prestación Canaria de Inserción, ya que se encuentran en una situación generalizada de precariedad económica para hacer frente a gastos derivados de la situación de la pandemia.

Con el fin de apoyar a los perceptores de estas ayudas, el decreto ley crea una prestación social, finalista, personal e intransferible destinada a compensar gastos que se realicen por las personas beneficiarias derivados de la pandemia de la COVID-19.

Se trata de una prestación única de carácter extraordinario con una cuantía individual de estas ayudas que se fija en 250 euros. El pago se efectuará de oficio mediante transferencia bancaria en la cuenta en la que las personas beneficiarias tienen domiciliado el percibo ordinario de su pensión o prestación. La resolución de reconocimiento y pago será publicada en el Boletín Oficial de Canarias a los efectos de notificación de todas las personas beneficiarias.

Dichas prestaciones se excluirán y no se tendrán en cuenta para el cómputo de rentas por premios o recompensas otorgadas a personas con discapacidad en los centros ocupacionales o sociosanitarios, subvenciones, ayudas o becas destinadas a compensar un gasto realizado, así como por cualesquiera de las prestaciones o ayudas económicas y en especie otorgadas por las administraciones públicas canarias.

Para hacer frente a ese pago único, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, destinará una partida presupuestaria que asciende a 13.767.750 euros, a través del cual se pretende llegar a dar cobertura a un total de 50.747 personas beneficiarias.

Perfil del beneficiario

Serán beneficiarias de esta ayuda única las personas que reciben una pensión no contributiva en Canarias (a fecha de noviembre, un total de 42.977 personas, de las cuales 26.991 reciben una pensión de invalidez y 15.986 una pensión de jubilación), así como las 7.770 personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (dato de octubre de 2020), que se encuentren en situación de alta en nómina a 10 de diciembre de 2020 y sean residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, hay que tener en cuenta que en Canarias el 65,5% de las perceptoras de pensiones no contributivas son mujeres. De hecho, del total de pensiones no contributivas 28.140 son mujeres, 16.913 de ellas reciben una pensión por invalidez y 11.227 una pensión de jubilación, siendo la media de pensión de invalidez de 395 euros y la media de jubilación de 370 euros.

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Derechos Sociales logra el compromiso del Estado para la transferencia de fondos para menores inmigrantes

La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 se compromete con Canarias en destinar un fondo extraordinario de 10 millones de euros para financiar gastos derivados de la atención y acogida de menores inmigrantes no acompañados a las Islas

Hasta la fecha, Canarias tutela a 2.006 menores inmigrantes no acompañados y ha abierto este año 21 dispositivos de emergencia

Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

“Canarias no puede dar respuesta en solitario al problema migratorio. Es por ello, que hemos reclamado al Estado y a la Unión Europea una colaboración de mayor intensidad que contemplase también a los menores inmigrantes no acompañados. Nos alegramos de que la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 haya tenido la sensibilidad suficiente para entender que no podemos seguir solos”, afirmó la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, tras una reunión con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

El compromiso alcanzado entre ambas administraciones es que la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros un Real Decreto Ley para aprobar una subvención directa para Canarias de 10 millones de euros para la atención y acogida de menores no acompañados. Los fondos llegarían antes del 31 de diciembre de 2020.

Según manifestó el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, Canarias ha hecho “un esfuerzo extraordinario para ofrecerles una acogida digna, enfrentándose ya a graves dificultades para abordar esta situación en solitario, por lo que hemos acordado actuar de forma urgente”. De esta forma, el secretario de Estado explicó que se van a “facilitar recursos por parte de la Administración General del Estado para ayudar a sufragar los costes que debe afrontar Canarias en esta crisis”.

Hasta ahora, Canarias ha hecho frente en solitario a la gestión de los menores inmigrantes no acompañados ya que se trata de una competencia autonómica. Aún así, y ante el importante repunte en la llegada de menores, la comunidad autónoma ha solicitado en varias ocasiones, tanto al Estado como a la Unión Europea, el destino de fondos específicos para esta materia, tal y como se había hecho en ocasiones anteriores.

En la actualidad, la comunidad autónoma tutela a 2.006 niñas y niños (en enero de 2020 eran 540) y ha abierto 21 dispositivos de emergencia para dar acogida a los mismos.

El otro compromiso adquirido por parte del Gobierno estatal es dar traslado a las comunidades autónomas, a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales, que se active la solidaridad interterritorial para la acogida de menores inmigrantes no acompañados.

En el encuentro también participó el director general de Infancia del Gobierno español, Gabriel González-Bueno, y la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez.

Declaraciones de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana:

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Canarias promueve el respeto a la diversidad sexual entre los jóvenes que cumplen medidas judiciales

“Queremos desarrollar un trabajo profundo y continuado de sensibilización hacia la diversidad sexual entre los chicos y chicas que cumplen una medida dictada por un juez”, afirmó la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano

La consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de las Direcciones Generales de Protección a la Infancia y la Familia; de Diversidad y de Juventud, ha puesto en marcha dos programas de sensibilización, prevención y erradicación de las conductas violentas contras las personas por razón de su pertenencia al sexo femenino o por razón de su identidad, orientación o manifestación sexual específicamente dirigidos a menores y jóvenes que cumplen medidas judiciales en Canarias.

“Queremos desarrollar un trabajo profundo y continuado de sensibilización hacia la diversidad sexual entre el colectivo de chicos y chicas que cumplen una medida judicial en los recursos educativos de medidas judiciales, para lo cual hemos contado con la colaboración y la profesionalidad de entidades de larga experiencia en las Islas como son la Asociación LGBTI* Diversas y el Colectivo Gamá”, indicó la directora general del área de Infancia, Iratxe Serrano, quien señaló que ambas entidades han sido las encargadas de diseñar unas guías de recursos, financiadas por la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia y el Ministerio de Igualdad a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para abordar la problemática de la violencia contra las personas por razón de su orientación sexual o identidad de género.

Según explica Serrano, “se trata de los programas de actuación, diseñados en forma de Guía, que constituyen las primeras herramientas de estas características elaboradas en Canarias y de las pocas que se conoce en el Estado que aplica, de una forma transversal y directa, la perspectiva de género y diversidad en el proceso de reinserción social de los chicos y chicas que cumplen una medida impuesta por un juez”.

La Guía ‘Sex and Chill’, editada por la Asociación LGBTI* Diversas Canarias, tiene como objetivo la intervención con menores y jóvenes que cumplen medidas judiciales de carácter residencial en Grupos de Convivencia Educativa, con el fin de introducir la perspectiva de género y de respeto a la diversidad en su proceso de resocialización y reeducación social, mientras que la Guía para trabajar la diversidad sexual con perspectiva de género ‘Alianzas Arcoiris’ diseñada por el colectivo Gamá  se conforma como herramienta de trabajo dirigida a fomentar en los Centros de Interamiento Educativo para menores los valores de respeto a la diversidad sexual y de género y de nuevos modelos educativos que incorporen referentes positivos y una nueva imagen de la realidad LGTBI libre de prejuicios y estereotipos.

Para el desarrollo de estos programas, las Guías se conforman en diversos bloques en lo que se incluyen contenidos teóricos, propuesta de actividades así como recursos y enlaces a recursos en los que profundizar en sus contenidos, todo ello dirigido a los equipos de profesionales que forman parte de la estructura de ejecución de las medidas judiciales en los Grupos de Convivencia Educativa y recursos cerrados con el fin de integrar la aplicación social de la perspectiva de género y diversidad en los programas educativos de los centros de medidas judiciales.

Además, incorporan una amplia relación de herramientas de utilidad para el conocimiento de conceptos, la ejecución de las dinámicas de la unidad didáctica o de las medidas propuestas para la incorporación de la igualdad y diversidad en la convivencia, así como facilitar la identificación de factores de riesgo con incidencia en estas cuestiones, sensibilizar en la importancia de respetar todas las formas de diversidad sexual y de género y, de esta forma, prevenir la comisión futura de delitos relacionados con la violencia machista o la LGBTIfobia.

 

 

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Dependencia concede subvenciones a entidades sociales por 1,3 millones de euros para gastos derivados de la Covid

Según explicó el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, un total de 34 entidades sociales reciben ayudas para afrontar los gastos extraordinarios generados por la actual situación de pandemia

Se trata de subvenciones dirigidas a programas de atención en las áreas de dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Dependencia y Juventud, ha concedido un total de 1.298.194,55 euros en ayudas directas distribuidas entre un total de 34 entidades del Tercer Sector que desarrollan programas de atención a la dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental.

“Cuando el pasado mes de abril preveíamos que la actual situación de crisis se iba a prolongar en el tiempo, desde la Dirección general nos pusimos en marcha para buscar fondos propios con los que ofrecer apoyo financiero a las entidades de Tercer Sector que desarrollan programas en las áreas de atención a la dependencia, discapacidad, atención temprana y salud mental”, explicó el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero, quien señaló que las ayudas ya han sido distribuidas entre todas las entidades sociales que solicitaron las mismas.

“El objetivo era ayudar a estas entidades a hacer frente a los gastos extraordinarios generados por la actual situación generada por el Covid-19”, explicó Montero, quien matizó que “gracias a estas ayudas directas se ha permitido a las entidades sociales poder continuar prestando sus servicios y ampliar los mismos a los domicilios al tener los centros cerrados”.

De esta forma, a través de esta línea de ayudas se buscó reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantizar los cuidados, el apoyo, la vinculación al entorno, la seguridad y la alimentación, especialmente los dirigidos a personas con discapacidad o en situación de dependencia, compensando así el cierre de comedores, centros de día, centros ocupacionales y otros servicios similares, considerando el mayor riesgo que asumen estas personas en caso de contagio.

Además, se incrementó y reforzó el funcionamiento de los dispositivos de teleasistencia domiciliaria de manera que incrementen el ritmo de contactos de verificación y la vigilancia de la población beneficiaria de los servicios, así como trasladar al ámbito domiciliario, cuando sea considerado necesario, los servicios de rehabilitación, terapia ocupacional, servicios de higiene, y otros similares, considerando la suspensión de atención diurna en centros.

Igualmente, se financió el reforzamiento de las plantillas de los servicios de atención a la dependencia y/o la discapacidad, en caso de que sea necesario realizar sustituciones o incrementos de plantilla por prevención, por contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla así como se apoyó la adquisición de medios de prevención (EPI).

Para la concesión de estas ayudas no procedía la concurrencia pública al entenderse la naturaleza específica para la que se solicita la subvención ante una situación especial provocada por la declaración del estado de alarma a partir del pasado 14 de marzo, que tiene unas consecuencias más allá de la duración del mismo, en el normal funcionamiento de los servicios de atención a las personas dependientes y/o con discapacidad así como la necesidad de ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las necesidades producidas.

 

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El Estado reconoce el impulso de la parentalidad positiva en las políticas de adopción del Gobierno canario

Según explicó la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, el diploma reconoce la labor realizada por el servicio canario de programas de Adopción de Menores

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Federación de Municipios y Provincias ha concedido al servicio canario de programas de Adopción de Menores la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, el Reconocimiento a la Promoción de la Parentalidad Positiva, es decir, de la puesta a disposición de las madres y padres de mecanismos de apoyo suficientes que les permitan cumplir con sus responsabilidades en la crianza y educación de sus hijas e hijos.

“Este diploma reconoce la labor realizada por el servicio de programas de Adopción de Menores de la Dirección general de Protección al Menor y la Familia realizada en aplicación de ‘La Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia 2019-2023’, en la que uno de los ejes fundamentales es la promoción del enfoque de la parentalidad positiva en el quehacer cotidiano de las personas, agentes e instituciones implicadas en la protección de la infancia, la adolescencia y la familia” aclaró la directora general del área, Iratxe Serrano, quien matizó que “la primera línea de actuación de la Estrategia es desarrollar políticas autonómicas, insulares y municipales que aseguren la efectividad de los derechos de la infancia promoviendo de modo prioritario la parentalidad positiva teniendo en cuenta la diversidad familiar”.

En aplicación de esta medida, durante 2019 y 2020, el departamento de Adopción ha desarrollado un proceso de autoevaluación de sus prácticas profesionales, tanto como equipos de trabajo como por profesionales individuales, cuyos resultados han sido utilizados para diseñar un plan de mejora que ha impulsado la promoción de relaciones positivas en familia, garantizando la calidad de los servicios que se prestan en el departamento dirigidos a procurar el bien superior de los menores.

La Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia 2019-2023, aprobada por la Comisión Interadministrativa de Menores el 18 de diciembre de 2018, tiene como finalidad promover e impulsar desde los poderes públicos el bienestar de la infancia y la adolescencia en Canarias con la colaboración de las familias, los agentes sociales y las instituciones implicadas en la educación, la salud, la protección de la infancia y la justicia juvenil, contando con la participación de los niños, las niñas, adolescentes y las familias.

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Canarias solicita al Estado y a Europa financiación para la atención de menores extranjeros no acompañados

La consejería de Derechos Sociales ha remitido al Estado y a la Comisión Europea una solicitud en firme instando a ambas administraciones partidas financieras de emergencia para la atención de menores que llegan en patera hasta las costas del Archipiélago

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, a través de la viceconsejería de Derechos Sociales que dirige Gemma Martínez, ha remitido una carta al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para que a su vez remita al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Comisión Europea, para la concesión de financiación de emergencia de la Comisión Europea para la atención de los menores extranjeros no acompañados.

Según explica Martínez en la misiva oficial, Canarias ha abierto este año un total de 18 recursos alojativos de emergencia para atender a los 1.500 menores extranjeros no acompañados atendidos hasta la fecha.

“Una atención que hemos abordado en solitario y para la que necesitamos con urgencia contar con recursos tanto por parte del Estado como de la Unión Europea que permitan sufragar los costes que debe afrontar Canarias para hacer frente a esta crisis, ya que actualmente no existen fondos ni programas a nivel europeo que ayuden a las regiones en el apoyo con estos menores”, indicó la viceconsejera.

En el documento, el Gobierno canario insta al Estado español que “eleve a la Comisión Europea la solicitud de fondos específicos para Canarias dentro de los remanentes de los fondos de emergencia de la Comisión Europea a fin de poderlos comprometer antes de finales de este año”, tal y como sugirió la Directora General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea, Monique Pariat, y a la Comisión Europea que destine “una partida creíble y urgente” que ayude a nuestra región a gestionar la tutela y atención a estos 1.500 menores.

Además, en el documento se plantea la necesidad de establecer una línea financiera específica destinada a los menores no acompañados dentro del próximo programa 2021-2027 en el marco del Nuevo Pacto de Migración y Asilo presentado por la Comisión Europea y que se prevea una ayuda específica dentro del Fondo Social Europeo destinado a los menores no acompañados y a su integración.

Hay que recordar que en un encuentro virtual celebrado el pasado 19 de octubre, entre la Directora General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea, Monique Pariat y la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, se abordó el aumento en las llegadas de migrantes con respecto a 2019, con un incremento del 285%, habiendo recibido Canarias hasta el día de hoy un total de 11.723 inmigrantes, así como de menores extranjeros no acompañados, ámbito que es competencia directa de la Consejería de Derechos Sociales.

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Derechos Sociales repartirá 100.000 mascarillas entre las familias sin recursos de Canarias

“Nuestro objetivo es que ninguna persona ni ninguna familia en situación de exclusión social o en riesgo no pueda protegerse correctamente frente al virus de la COVID-19 por carecer de recursos económicos para acceder a la compra de mascarillas”, aseguró hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, en el transcurso de una reunión con la Plataforma del Tercer Sector en la que se les informó de la medida y que contó con la presencia del representante de Cruz Roja, Antonio Rico y de la Once, Miguel Déniz.

En total, se distribuirán 100.000 mascarillas del modelo Fpp2 (50.000 mascarillas en cada provincia). El objetivo, insistió la consejera ante las entidades sociales, es “garantizar la protección de toda la ciudadanía, pero muy especialmente de todas aquellas personas que por su situación social y económica no se pueden permitir destinar parte de sus menguados ingresos a la compra de mascarillas que les protejan ante una situación tan complicada de pandemia como la que vivimos en la actualidad”.

Esta medida da respuesta a la Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular y aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias el pasado mes de junio en la que se instaba al Gobierno de Canarias a que evaluara la distribución gratuita de mascarillas entre colectivos vulnerables.

Tarjetas para combustibles

Durante la reunión también se ha puesto a disposición de las entidades tarjetas virtuales de combustibles Cepsa, repartidas en diversas cantidades (20, 50, 100 €). En total, 10.000 euros que la empresa Cepsa donará a las asociaciones a través de la Consejería de Derechos Sociales con el fin de contribuir a sufragar sus gastos de transporte relacionados con la situación que estamos atravesando causada por la pandemia.

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Noemí Santana solicita que las pruebas de ADN de menores migrantes se realicen en Canarias

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha solicitado en sede parlamentaria que la Fiscalía provincial de Las Palmas no separe a los menores de los adultos con los que vienen acompañados y que se deriven a recursos específicos para familias a la espera de los resultados de las pruebas de ADN

“Pedimos la agilización de las pruebas que determinan la filiación de los menores que llegan a las costas canarias a bordo de cayucos y pateras acompañados de adultos que aseguran ser sus madres o padres”, aseguró hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en sesión parlamentaria tras una pregunta de la diputada del grupo Sí Podemos Canarias, María del Río.

La consejera informó que ya se está trabajando en coordinación con la viceconsejería de Justicia y con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia con el fin de que las muestras de ADN se procesen en Canarias, ya sea en el Instituto de Medicina Legal o en el Instituto Toxicológico. “El objetivo es agilizar la obtención de los resultados y, además, minimizar los tiempos de separación de los menores de sus adultos de referencia o, en el caso de que la Fiscalía desista de esta práctica, resolver la cuestión lo antes posible”.

Es una de las actuaciones que pidió hoy la consejera tras la decisión de la Fiscalía provincial de Las Palmas de separar a los menores de los adultos con los que llegan a Canarias. “Nos oponemos frontalmente a esta actuación y pedimos que se deriven a las familias a recursos específicos para familias”, aseguró Noemí Santana.

Unos recursos que ya están disponibles y habilitados por la Secretaría de Estado de Migraciones, según informó la consejera. En concreto, ya están operativos dos recursos alojativos, con capacidad para 90 plazas, que permite albergar a familias completas y/o mixtas.

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