El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, visitó junto a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y el presidente del Cabildo insular, Sergio Lloret, el centro de Día de Corralejo y la Residencia para personas mayores de Puerto del Rosario

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, acompañado por la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, y por el presidente del Cabildo insular de Fuerteventura, Sergio Lloret, visitaron el Centro Sociosanitario de Estancia Diurna para personas dependientes Josefina Plá y la Residencia y Centro de día para personas mayores dependientes de Puerto de Rosario, recursos incluidos en el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias que suponen una dotación de 157 nuevas plazas para la atención de personas en situación de dependencia.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, agradeció el esfuerzo de todas las personas que han hecho posible este centro día y resaltó la necesidad de seguir apostando por las políticas de los cuidados porque, “lamentablemente hay muchas personas que están solas y desde lo público se tiene que dar respuestas. En estos centros se hace una labor loable que debe ser reconocida por toda la sociedad y potenciada desde las administraciones”.

“Con la puesta en marcha de este recurso, que comenzó a recibir a sus primeros usuarios en noviembre de 2022, Fuerteventura contará con 20 nuevas plazas de centros de estancia diurna para personas mayores, lo que significa cumplir con nuestro compromiso de seguir avanzando en la atención a las personas dependientes, mayores y con discapacidad de esta isla y, además, lo hacemos con un centro adaptado a la nueva normativa y que cumple con el nuevo modelo de cuidados que impulsamos para Canarias”, subrayó la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, durante la visita cursada al Centro Sociosanitario de Estancia Diurna para personas dependientes Josefina Plá, ubicado en la zona de Corralejo.

En su intervención, Santana recordó que para la ejecución de las obras de reforma y dotación de equipamiento, incluido en II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias, se ha contando con una inversión de 100.000 euros, de los cuales el Gobierno de Canarias financia aproximadamente unos 37.000 euros. Además, el coste del mantenimiento de las plazas de este centro se encuentran recogidas en la Adenda 4ª del Convenio de dependencia, por tanto, están siendo financiadas entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias y cuyo coste para cada parte asciende a 88.312,80 euros. Es decir, con un coste total de 176.625,60 euros.

Tras la visita, las autoridades se trasladaron a Puerto del Rosario para visitar la Residencia y Centro de día para personas mayores dependientes, una instalación que consta de 107 plazas residenciales y 30 plazas de estancia diurna.

Durante la visita, Torres insistió en que las administraciones tienen la obligación de cumplir con la ley de dependencia y “es motivo de alegría ver un edificio tan completo que da vida y dignidad a las personas”. El presidente destacó que el de los cuidados es uno de los sectores que más han crecido, también en la generación de empleo, por lo tanto, “la apertura de centros como este no solo son un acto de justicia social sino que además genera economía. Seguiremos trabajando para tener nuevas infraestructuras”.

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales afirmó que “la isla de Fuerteventura ha sido históricamente deficitaria en cuanto al número de plazas para la atención de personas dependientes y con discapacidad; con la puesta en marcha de estos recursos, la Residencia de Puerto del Rosario y el Centro de Día de Corralejo, hemos ido cumpliendo el objetivo de dotarlo de los recursos necesarios. Ahora, nuestro reto es poner el foco en la zona sur de la isla para dotarlo también de las infraestructuras y plazas necesarias”.

Las obras de nueva construcción y de equipamiento de la Residencia están incluidas dentro del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, con un coste total de inversión final que asciende a 10.018.410,18 euros, de los cuales 7.215.697,79 euros corresponden a gastos de construcción (obras) y 2.802.712,39 euros a gastos de equipamientos.

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La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, visitó hoy el edificio que albergará la nueva sede de la Asociación Síndrome de Down en Las Palmas de Gran Canaria, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down

El edificio ha contado con una aportación por parte del departamento regional de Derechos Sociales de 400.000 euros

“Es fundamental reconocer y apoyar la labor de entidades como la Asociación Síndrome de Down Las Palmas que apuestan por garantizar el pleno desarrollo personal, social, familiar, educativo y laboral de las personas con síndrome de Down”, afirmó hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, durante la presentación de la nueva sede de la entidad social en la capital grancanaria.

“Por ello, hemos sumado voluntades desde las distintas administraciones públicas con el fin aunar esfuerzos y que esta nueva sede sea hoy una realidad”, enfatizó Santana, quien indicó que desde el departamento regional que dirige se ha aportado una partida financiera de 400.000 euros para la adquisición del inmueble.

“Se trata de una día festivo para nosotros ya que, por fin, después de 37 años, podemos contar con un establecimiento con todos los servicios y acorde a las necesidades de las personas con síndrome de down en un mismo espacio”, afirmó Francisco Días Casanova, presidente de la Asociación Síndrome de Down de la que forman parte unas 350 familias.

La presentación de la nueva sede se realiza coincidiendo con la celebración de hoy martes, 21 de marzo, del Día Mundial del Síndrome de Down.

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La reducción de la lista de espera y de los tiempos de espera en materia de dependencia así como el aumento de Pías en 2022, implica que Canarias recibirá este año el doble de fondos correspondientes al nivel acordado

La reducción de lista de espera, reducción de tiempos de espera y aumento de PÍAS en Canarias ha supuesto que la comunidad autónoma vea incrementado la financiación por parte del Estado en relación al nivel acordado, pasando de los 11,8 millones de euros recibidos en 2022 a los 21 que recibirá este año. Esta propuesta quedará rubricada las próximas semanas en el Consejo de Ministros.

Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, señala que “este crecimiento en la financiación es un indicador irrebatible de la mejora que está viviendo la Dependencia en Canarias. La Consejería ha hecho una apuesta importante para corregir el rumbo y dar una mayor calidad y atención a las personas dependientes de Canarias. Hemos apostado por más recursos y por más personal para acercarnos a la atención cercana y moderna que merece nuestra ciudadanía y esto queda plenamente corroborado a través del reconocimiento que supone el aumento de la financiación del nivel acordado”.

Esta financiación se enmarca en el acuerdo para el reparto de créditos del Estado para la financiación del nivel acordado, contemplado en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que se distribuyen siguiendo los criterios directamente ligados a la reducción de la lista de espera, mejora de la calidad de centros y servicios y mejoras que redunden en las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores del sistema.

Esto supone que en el año 2022 correspondió a Canarias la cantidad de 11,8 millones de euros de nivel acordado, asignación que se ha incrementado en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales celebrado hoy 15 de marzo, en respuesta a las mejoras producidas en el Sistema de la Dependencia en Canarias en el año 2022.

De esta forma, en 2023 en el nivel acordado asciende a 11,8 millones de euros de 2022 a 21 millones. A esta financiación habrá que añadir la parte que corresponderá a Canarias de los 200 millones que el Ministerio de Derechos Sociales aportará a las comunidades que hayan firmado el acuerdo de Acreditación y Calidad de Centros firmado el pasado mes de junio. A Canarias, en una primera aproximación, le corresponderían otros 19 millones de euros.

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La consejera del área, Noemí Santana, visitó hoy las instalaciones de Adepsi para conocer en persona los diversos proyectos dirigidos a la atención de personas con discapacidad que gestiona la entidad social

En los últimos cuatro años, la Consejería ha concedido más de 830.000 euros en diversas partidas a Adepsi para llevar adelante sus proyectos, “una financiación más que merecida para esta entidad que tanto hace por dignificar la vida de las personas con discapacidad y su entorno familiar”, afirmó hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, en el transcurso de la visita celebrada a la sede de Adepsi en Las Palmas de Gran Canaria.

“Esta financiación pone de manifiesto la firma apuesta del Ejecutivo canario, a través de Derechos Sociales, de garantizar los derechos de las personas con discapacidad”, manifestó Santana, quien añadió que resulta fundamental “promover la calidad de vida de las personas de este colectivo y acompañarles en sus proyectos personales, favoreciendo de esta manera su plena inclusión como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho”.

Durante la visita, Santana pudo conocer en persona los proyectos que gestiona la entidad sin ánimo de lucro, que incluyen el servicio ocupacional, apoyo a las viviendas para el fomento de la autonomía personal de las personas con discapacidad así como los proyectos dirigidos al apoyo y atención familiar y la formación en asistencia personal.

“En esta Consejería y este Gobierno tenemos claro que las entidades del tercer sector son las manos y el corazón que llegan donde las administraciones no llegamos”, afirmó la responsable regional de Derechos Sociales que recalcó que “durante la actual legislatura, hemos triplicado los fondos destinados a las entidades del Tercer sector”.

Adepsi,  asociación sin ánimo de lucro para la inclusión social y labora de personas con discapacidad, especialmente en edad adulta, ofrece diferentes servicios para este colectivo como centro ocupacional, servicio de atención diurna, centro de formación y empleo y apoyo familiar.

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La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, afirma que la nueva Renta Canaria de Ciudadanía entra en vigor este mes de marzo pero será efectiva para las familias perceptoras en la nómina del mes de abril

La nómina relativa al mes de marzo de 2023 de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), la última de esta prestación ya que desaparece al ser efectiva la entrada de la nueva Renta Canaria de Ciudadanía en la nómina de abril, cierra el ciclo de esta prestación y lo hace, registrando el mayor número de familias protegidas en sus 16 años de historia, un total de 12.538.

Según indica la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, “la PCI se despide con el mayor número de perceptores de su historia, lo que es una gran noticia ya que demuestra que hemos trabajado para alcanzar al mayor número de familias protegidas y, además, para que de esta forma la primera fase de la Renta Canaria de Ciudadanía llegue a una mayor parte de esa ciudadanía que más lo necesita”.

“Pero nuestro objetivo es no detenernos aquí, queremos seguir avanzando para conseguir una Canarias en la que haya menos desigualdad”, aclara la responsable autonómica del área de Derechos Sociales quien enfatiza la importancia del esfuerzo e implicación de los equipos técnicos y profesionales que han venido trabajando en la gestión de la PCI en Canarias durante todos estos años.

La entrada en vigor de la Renta Canaria de Ciudadanía supone una avance con respecto a la PCI ya que permitirá ofrecer cobertura social a una mayor cantidad de grupos de población al ampliar la cuantía de la renta y los perfiles de las personas que se pueden beneficiar de esta renta así como al contemplar un conjunto de complementos en la nómina como los de rentas de trabajo, vivienda o pensiones no contributivas, ofreciendo una mayor protección a las familias canarias en situación de vulnerabilidad social.

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En la primera fase de implantación de la herramienta se alcanzará a medio millar de unidades familiares en Fuerteventura, anunció la consejera de Derechos Sociales en un encuentro con los ayuntamientos de la isla

“A partir de marzo, las familias comenzarán a cobrar las primeras nóminas de la Renta Canaria de Ciudadanía, alcanzando el medio millar de unidades familiares en la primera fase de implantación de la herramienta”, anunció hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Ejecutivo canario, Noemí Santana, en el transcurso de una jornada informativa sobre la Renta celebrada en Puerto del Rosario con concejalas y técnicas de servicios sociales de los municipios de Fuerteventura.

“La Renta de ciudadanía supone un auténtico avance con respecto a la Prestación Canaria de Inserción”, enfatizó, “no solo porque se llegará a más población al ampliar los perfiles de las personas que se pueden beneficiar de esta renta sino porque, además, la cuantía de la renta es mayor que la PCI y contempla una seria de complementos, como los de vivienda, rentas de trabajo, a las pensiones no contributivas y a los estudios, que ofrece una mayor garantía de protección para las familias en situación de vulnerabilidad”.

En su intervención, Santana recordó que “a partir de ahora los ayuntamientos no tendrán la carga administrativa para la gestión de esta renta que la asume la comunidad autónoma lo que permitirá a los equipos sociales municipales de trabajar en los itinerarios de inclusión de los perceptores de esta renta”.

Además, la responsable regional hizo hincapié en el incremento de la financiación en el año 2023 a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria y el programa de prestaciones básicas de servicios sociales, que este año contará con más de 42 millones de euros, más del doble la financiación en 2019, cuando los fondos para este programa era de 18,3 millones de euros. En el caso de Fuerteventura, está isla recibe en los últimos años más de 1,5 millones dentro de este plan.

Hay que recordar que a través de estos fondos se da cobertura financiera a los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son, entre otros, la PCI, los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

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La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, visitó en La Laguna uno de los proyectos enmarcados dentro del programa Canarias Convive, impulsado por su departamento en colaboración con la Universidad de La Laguna

 “Durante el último año hemos venido trabajando en el desarrollo del Plan de Inmigración y la promoción de la convivencia intercultural en Canarias a partir de un proceso participativo que ha llevado este Plan a las ocho islas y ha contado con la participación de más de 1.000 personas; un plan que esperamos dar a conocer en las próximas fechas”, anunció hoy la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, durante la visita al proyecto de convivencia multicultural que se desarrolla dentro de la iniciativa Canarias Convive en La Laguna.

En esta visita al Centro Ciudadano San Luís Gonzaga de La Laguna, en el que se celebró una reunión de trabajo con el equipo técnico que gestiona este proyecto, Santana recordó que una quinta parte de la población de las Islas es migrante, “con un importante peso, además, de mujeres migrantes, por lo cual, es necesario contar con un plan que diseñe las medidas necesarias para propiciar una convivencia desde el respeto y la integración múltiples culturas y pueblos”, enfatizó.

Por su parte, el profesor de la Universidad de La Laguna y director del programa Canarias Convive, Vicente Zapata, puso el énfasis en la necesidad de diseñar un plan canario de inmigración y convivencia multicultural que establezca “las bases de una fructífera convivencia en nuestro territorio, considerando que somos una comunidad multicultural y que hay que invertir recursos al servicio de una sociedad que acoge a la población migrante para fomentar una convivencia desde el respeto y la integración”.

Canarias Convive es un proyecto promovido por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias en colaboración con la Universidad de La Laguna, centrada en la gestión estratégica de la (in)migración y la promoción de la convivencia intercultural en Canarias.

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La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, visitó las instalaciones del proyecto dirigido con el fin de conocer en persona este recurso social dirigido a la atención de personas en situación de exclusión social

“Los fondos de pobreza se materializan en proyectos y programas como los comedores sociales impulsados por entidades del Tercer sector que realizan una labor fundamental de atención a las personas en situación social muy vulnerable”, indicó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, durante la visita que realizó al comedor que gestiona la la Asociación Rescate Canarias, en la zona de Escaleritas de Las Palmas de Gran Canaria.

La consejera del Ejecutivo canario, quien estuvo acompañada por la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, recordó que “contar con fondos para la pobreza, que el pasado año ascendieron a 30 millones de euros, supone poder dotar de recursos financieros a las entidades y asociaciones que trabajan en la atención de personas en situación de vulnerabilidad social”.

En concreto, para este comedor puesto en marcha por Rescate Canarias, se destinó una partida de 50.000 euros que “no solo ha servido para mantener abierto el comedor social, sino también complementar con otros servicios como espacios para el aseo personal para las personas usuarias”.

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Como reflejan los datos del IMSERSO, diciembre es el mes con mayor número de personas con el derecho a la dependencia reconocido desde la implantación de la Ley en el año 2007 en las islas

Canarias consigue reconocer el Programa Individual de Atención (PIA) a 8.000 personas en el año 2022 con casi 10.000 prestaciones concedidas. Diciembre se ha convertido por tanto en el mes con mayor número de personas con el derecho a la dependencia reconocido en Canarias (1.233 personas) desde la implantación de la Ley en el año 2007, tal y como recogen los datos oficiales del IMSERSO.

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, señala la “excelente gestión” que se ha realizado en este último año y explica que, en la actualidad, Canarias atiende a 34.698 personas dependientes, con un total de 38.666 prestaciones, tanto económicas como de servicios.

“Las prestaciones económicas han supuesto un avance muy importante en la atención a las personas dependientes en 2022 -destaca- llegándose a abonar 12 millones de euros en atrasos a personas que llevaban mas de 10 años esperando por el reconocimiento de su derecho, además, se ha triplicado el número de prestaciones de servicios, tales como ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal y teleasistencias, han llegado a triplicarse en este año”.

Canarias tiene un doble procedimiento, el reconocimiento del grado y del PÍA. Así en la primera fase del procedimiento, el relativo al grado, en 2022 se reconoció a 5.200 personas frente a las cifras negativas del año 2018 en donde Canarias decreció en 31 personas. En cuanto a los PÍA, Canarias ha pasado de las 2.283 personas atendidas en 2018 a 7.911 en 2022 y de las 2.390 prestaciones en 2018 a 9.919 en 2022, cuatro veces más que en 2018.

La consejera asegura que el propósito para 2023 es “mantener el ritmo de personas atendidas, que se reconozca el derecho que tan injustamente se les ha arrebatado a las personas dependientes durante tantos años”.

“Nos queda mucho camino aún -asevera- pero estamos consiguiendo, gracias al enorme esfuerzo del personal de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, unos resultados muy satisfactorios”.

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El Parlamento de Canarias aprueba por unanimidad la Ley de Renta de Ciudadanía, lo que supone “un avance firme y decidido hacia una sociedad más igualitaria”, en palabras de la consejera de Derechos Sociales

La nueva Ley sitúa a Canarias entre las comunidades autónomas que garantizan una protección social para la población más vulnerable

“Hoy es un día histórico para Canarias. Hoy el derecho a una vida digna empieza a ser una realidad. Hoy nuestra tierra es un lugar más justo”. Con esta contundencia se manifestó la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, tras la aprobación hoy en sede parlamentaria del proyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias.

La nueva ley, que consolida a Canarias como una de las pocas comunidades autónomas españolas que garantizan una renta mínima a la población más vulnerable socialmente, “supone un antes y un después en nuestra tierra en materia de derechos sociales”, aseguró la consejera quien recordó que “cuando asumimos la responsabilidad al frente del área de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, unas 5.500 personas eran beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción en Canarias; en la actualidad, son 11.924, una cifra que, sumada a las más de 20.000 personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital, implica que el paraguas de protección de la Renta ciudadana podría llegar a más de 50.000 unidades de convivencia.

La entrada en vigor de la Renta de Ciudadanía supone un cambio de modelo con respecto a la Prestación Canaria de Inserción (PCI), lo que equipara al Archipiélago al resto de comunidades autónomas en tener una renta garantizada, además de mejorar las cuantías que reciben las personas beneficiarias con respecto a la PCI, estableciendo la misma cuantía de base que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), más generosa que la actual PCI.

De esta forma, la Ley de Renta de Ciudadanía impulsada por el Ejecutivo canario regula el derecho a la renta de ciudadanía como prestación económica otorgada a la unidad de convivencia, nominativa e intransferible, lo que asegura la cobertura de las necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de recursos económicos suficientes para atender dichas necesidades. Además, establece el derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, con el fin de prevenir y atender a las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social.

Además, la renta de ciudadanía complementa al IMV, en caso de que este no ofrezca la cuantía completa, y en función de las otras fuentes de ingresos de las familias. De esta forma, se aumentan las cuantías lo que permitirá mejorar la acción protectora sobre la población que más lo necesita además de ampliar la cobertura incrementando la protección a las familias que pueden acogerse a ella.

Hay que recordar que la renta de ciudadanía se concibe como un derecho subjetivo que se instrumenta a través de una prestación económica que se percibirá de forma ininterrumpida mientras persistan las circunstancias que motiven su concesión, y en su caso, a través de un proceso de inclusión social, destinado a corregir situaciones de necesidad relacionadas con la falta de medios de subsistencia, para combatir la exclusión y la vulnerabilidad social.

Igualmente, la nueva Ley permitirá la simplificación de los trámites administrativos, eliminando procedimientos como las renovaciones, que serán sustituidas por revisiones periódicas, y por la comunicación de cambios de circunstancias por parte de las familias en los servicios sociales municipales, para evitar periodos sin cobrar de las familias.

Tres modalidades de renta

Según establece la futura Ley, serán titulares de este derecho todas las personas con residencia efectiva en Canarias que se encuentren en situación de exclusión social o vulnerabilidad social definidas en el artículo siguiente y que cumplan los requisitos recogidos en el proyecto de Ley.

Las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía serán tanto la persona titular como aquellas personas que compongan la unidad de convivencia.

Además el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia que se irán implantando de forma progresiva: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, que será la primera en implantarse; la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo.

También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributivas) que se desarrollarán a través de un reglamento específico.

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