Nieves Lady Barreto trasladó las funcionalidades de este espacio para los profesionales y destacó los avances que supone para el ciudadano poder acceder a toda la información de la Administración de Justicia de forma sencilla y segura

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha presentado a los Colegios de la Abogacía y Procuraduría las funcionalidades de la Carpeta Justicia, una plataforma digital donde los profesionales podrán consultar señalamientos y recibir las notificaciones.

Nieves Lady Barreto destacó el trabajo de su departamento para acercar la Justicia a las personas, ofreciendo un espacio virtual donde acceder a la información judicial de forma sencilla y segura. “Carpeta Justicia permitirá ahorrar desplazamientos y ganar tiempo a los profesionales y también al público en general, lo que redunda en la calidad y en la transparencia de este servicio público”, dijo.

La consejera estuvo acompañada por el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Leonor Ferrer.

Por parte de los profesionales asistieron Mila Pacheco y Nieves Cruz, decanas de los Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, junto a Francisco Kavir Yaswani, vocal del Consejo Canario de Colegios de Abogados. La procuraduría estuvo representada por Gloria Oramas y Paloma Guijarro, decanas de los Colegios de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, respectivamente.

Esta herramienta online está integrada en el Sistema de Gestión Procesal Atlante y permite a la ciudadanía, a las empresas y a los profesionales de la Justicia consultar información judicial y acceder a servicios digitales desde cualquier lugar y en cualquier momento, de una forma intuitiva y sin necesidad de desplazarte a los Tribunales de Canarias.

Una vez que la persona se ha identificado electrónicamente, desde la Carpeta puede consultar expedientes, solicitar citas y consultar señalamientos. Además, los profesionales de la abogacía, procuraduría y graduados sociales podrán recibir los avisos sobre notificaciones judiciales integrados con LexNET, la plataforma informática del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

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La limitación técnica para proteger los ficheros deriva exclusivamente de la falta de adaptación tecnológica de la plataforma estatal LexNET

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, solicitará de forma urgente al Ministerio de Justicia que garantice la remisión encriptada de los atestados telemáticos realizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los órganos judiciales, dando respuesta  y adhiriéndose a la petición formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la que solicita que “adopte con carácter prioritario y urgente las medidas necesarias para implantar sistemas de transmisión telemática mediante cifrado de extremo a extremo”.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias se suma a la preocupación por la limitación técnica para proteger los ficheros, pero explica que la misma deriva exclusivamente de la falta de adaptación tecnológica de la plataforma estatal LexNET dependiente del Ministerio de Justicia y única vía habilitada legalmente para la presentación telemática de atestados y diligencias ampliatorias en Canarias. En este sentido, aclara que Canarias cuenta con los medios tecnológicos necesarios para recibir documentación cifrada, una vez LexNET esté preparado y habilitado por el Ministerio de Justicia, al ser éste el competente en el desarrollo de la plataforma.

El sistema de gestión procesal Atlante Web, utilizado en la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone de capacidad técnica para recibir documentación cifrada y garantizar su adecuada incorporación al procedimiento judicial, con pleno respeto a la seguridad e integridad de la información. Sin embargo, mientras la plataforma LexNET del Ministerio de Justicia no permita el envío cifrado en origen por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esta funcionalidad no puede activarse operativamente en Canarias ni en ninguna otra comunidad autónoma.

La documentación remitida actualmente a través de LexNET viaja bajo los mecanismos que garantizan la seguridad e integridad de la documentación remitida a través de la propia plataforma estatal, pero a fecha de hoy no admite la transmisión de archivos cifrados por el remitente que requieran clave de acceso en destino. Esta posibilidad solo será viable cuando el Ministerio de Justicia modifique e implemente las capacidades técnicas necesarias en LexNET para admitir documentos cifrados de extremo a extremo.

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La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia participó en la jornada ‘Transformación digital de la Justicia: continuidad a los proyectos de modernización’

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Marta Bonnet, participó este miércoles en la jornada Transformación digital de la Justicia: continuidad a los proyectos de modernización donde mostró los avances que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, está implantando en el ámbito judicial en relación con el Plan de Justicia 2030 que permitirá acercar la justicia a la ciudadanía, ofrecer un servicio público de calidad sin dilaciones y garantizar la cohesión y coordinación territorial.

Entre otros aspectos, destacó que este año se ha implantado el envío telemático de atestados desde las comisarías de policía a los juzgados a través de LEXNET y que también se está trabajando en la implantación de un sistema informático que permitirá las comparecencias apud acta mediante el uso de credenciales biométricas. Además, señaló como ejemplos de medidas implantadas en Canarias para lograr la eficiencia operativa del servicio público la potenciación de la integración de la última versión del sistema Atlante Web, la creación del expediente judicial electrónico y la implantación de la oficina judicial.

Bonnet apuntó que este año, debido a la situación provocada por el coronavirus, se han acelerado los procesos de transformación digital, lo que se ha visto reflejado en la puesta en marcha de una regulación del teletrabajo con la que antes del mes de marzo no se contaba. No obstante, la directora general insistió en que la COVID-19 no ha impedido perder el punto de vista en el objetivo esencial en la modernización de la Justicia, que pasa por el abandono del papel para entrar en un entorno digital de manera que se garantice la eficiencia y eficacia en la administración de justicia.

En las Islas, la directora mostró que uno de los trabajos de la Consejería pasa por garantizar el acceso a la justicia a la ciudadanía a través de la promoción de métodos alternativos como, por ejemplo, el proyecto de mediación familiar por derivación judicial que permite que estos procesos contenciosos tengan la oportunidad de llegar a una solución consensuada por las dos partes de un conflicto.

Por último, en materia de interoperabilidad de sistemas informáticos, Bonnet resaltó que es esencial el proyecto Datificación Territorial Analítica Predictiva y Cumplimiento Normativo Ciudadano: Transparencia Judicial Territorial basada en Datos Judiciales Georreferenciados que utilizará datos geoposicionados en el territorio obteniendo DataSets territoriales y mapas de información mediante su georreferenciación, identificando características poblacionales vinculadas a información territorial y usos del suelo. Esto hará posible, por ejemplo, crear un mapa de la violencia machista en las Islas que permitirá Objetivar la Demanda en todos aquellos recursos al servicio de las mujeres y menores víctimas de la violencia de género, a través de los bienes y servicios disponibles y su adscripción territorial mediante georreferenciación y geoposicionamiento del inventario disponible.

La jornada estuvo organizada por la revista Sociedad de la Información Digital y contó con la presencia del director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, Aitor Cubo, además de representantes de la Generalitat de Catalunya, del Gobierno de Aragón, del Consejo General de la Abogación Español o del Consejo General de Procuradores de España.

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