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El Gobierno desarrolla un plan funcional para adaptar los espacios judiciales a las necesidades de las víctimas

El proyecto comenzará con la Casa de la Infancia, que se construirá en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, dando cumplimiento a la recientemente aprobada Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, está desarrollando un plan funcional sobre el espacio, mobiliario y dependencias de uso de las víctimas dentro de los órganos judiciales con el fin de adaptar estos espacios judiciales a nuevos modelos organizativos que respondan a las necesidades específicas de las personas que los usan y trabajan en ellos. El primero de estos espacios adaptados será el de la Casa de la Infancia, que comenzará en breve su construcción en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el resto de edificios judiciales irá adaptándose entre 2022 y 2023.

Con el planteamiento de estas nuevas salas de espera, atención y declaración específicas para las víctimas se busca evitar situaciones en las que estas puedan verse expuestas públicamente, lo que provoca su doble victimización, así como dotar el proceso de declaración y toma de pruebas de una mayor seguridad, lo que permitirá prevenir el aumento del estrés de estas personas.

Esta mejora en la atención está impulsada desde la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, que ha encargado el análisis de las instalaciones judiciales en las Islas y el diseño del proyecto.

Casa de la Infancia

La Casa de la Infancia adaptará los espacios judiciales en los que se trata con víctimas menores de edad a nuevos modelos organizativos que promoverán evitar el contacto entre ellas y el procesado en cualquier fase del procedimiento y que tratarán de evitar, siempre que sea posible, que las y los menores de edad deban prestar declaración en el plenario.

Según señala la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, el espacio dará cumplimiento a la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que fue aprobada el pasado mes de junio. En ella se remarca la importancia de los espacios como entornos adaptados a las víctimas menores de edad.

En concreto, en esta normativa, en el artículo 10, se apunta sobre el derecho de las víctimas a ser escuchadas y, para ello, se hace hincapié en que para ello se asegurará la adecuada preparación y especialización de profesionales, metodologías y espacios con el fin de que el testimonio de la víctima se obtenga con rigor, tacto y respeto. Además, el artículo 11 recoge que las administraciones públicas procurarán que la atención a las personas menores víctimas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado.

En la actualidad se cuenta con varias salas de espera adaptadas para menores que serán renovadas con este nuevo diseño. En concreto, el proyecto unirá estas en una gran sala de espera en las que las víctimas podrán deambular, aparte de dos salas de espera privadas para casos especiales. Estas serán espacios cálidos que contarán con vegetación interior y mobiliario en tonos cálidos y ergonómicos para mejorar la confianza de las personas.

También se reordenará el espacio dedicado a las salas Gessel, pasando a contar con cuatro salas de este tipo y dos polivalentes para la toma de declaración de menores por videoconferencia, entrevistas a menores o para pruebas constituidas. Así mismo, todos estos espacios contarán con luz y ventilación natural.

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Canarias organiza dos jornadas sobre el Gobierno Abierto en los ODS y la digitalización de la Justicia

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad participa en la Semana de la Administración Abierta 2021 que impulsa el Ministerio de Política Territorial y Función Pública

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, participará en la Semana de la Administración Abierta, los días 20 y 21 de mayo, con dos jornadas en las que presentarán la Estrategia de Gobierno Abierto para la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y la Estrategia de transformación digital de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma Canaria. Ambos actos podrán seguirse en directo a través del Canal de YouTube Canarias Gobierno Abierto, donde los comentarios estarán abiertos a la ciudadanía para que participen en las mismas.

El jueves 20, a partir de las 11.00 horas, la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, que dirige Marta Saavedra, presentará la Estrategia de Gobierno Abierto para la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 a cargo de la redactora del borrador del mismo, Nuria Portillo, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia. Coincidiendo con este acto, el citado borrador se abrirá a información pública el mismo día. El documento nace de las conclusiones de la jornada celebrada bajo el título El Gobierno Abierto como eje de actuación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que tenía como fin aunar un proceso participativo que permitió analizar la importancia de los pilares del Gobierno Abierto en la ejecución de las políticas para el Desarrollo Sostenible.

Al día siguiente, el viernes 21, a partir de las 09.00 horas, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Marta Bonnet, expondrá la Estrategia de transformación digital de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma Canaria. Bonnet explicará los avances que desde el Gobierno se han dado en el área que dirige con el fin de contribuir a la prestación de un servicio público de justicia moderno, transparente, accesible y abierto a la ciudadanía, que actúe con agilidad, eficacia y calidad en la protección y defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

La Semana de la Administración Abierta es una iniciativa impulsada en todo el planeta por la Alianza para el Gobierno Abierto y coordinada en España por la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y que en esta edición versan sobre la reconstrucción de Administraciones, Instituciones y sociedades, para que sean más transparentes, responsables, participativas e inclusivas.

Con estas jornadas, que tienen lugar entre el 17 y el 21 de mayo, se pretenda acercar las administraciones públicas a la ciudadanía, basándose en los principios del Gobierno Abierto, es decir, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.

Consulta el programa:

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/sensibilizacion-formacion/SemanaAA/SemanaAA_2021_CCAA.html

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La ULL señala que la legislación dictada por la Covid-19 tiene un impacto positivo de género

RP presentación estudio ULL impacto de género crisis Covid-19

La Consejería de Administraciones Públicas Justicia y Seguridad encargó un informe técnico-jurídico al Instituto de Estudio de las Mujeres (ULL) dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la pandemia afectan especialmente a las mujeres

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad, se analiza la legislación de la Covid-19 verificando su contenido y su impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género

La legislación española dictada a lo largo de 2020 para hacer frente a los efectos derivados de la pandemia de la Covid-19 tiene, en general, un impacto positivo de género al incluir medidas que inciden en el empleo, la salud, el bienestar y el acceso a ingresos y recursos por parte de las mujeres. Sin embargo, el lenguaje de las disposiciones normativas se caracteriza por ser sexista y androcéntrico, lo que invisibiliza en muchas ocasiones a las mujeres. Solo se realiza un uso del lenguaje más inclusivo cuando se trata de asuntos relacionados directamente con la violencia de género.

Así se desprende del informe técnico-jurídico ‘Impacto de género de la crisis de la Covid-19. Incidencia sobre las mujeres víctimas de violencia de género’ que ha elaborado un grupo de investigadoras del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, a través de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, por encargo de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dependiente la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Este trabajo, realizado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, fue presentado hoy por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la coordinadora del estudio y directora del Instituto de Estudios de las Mujeres, Margarita Isabel Ramos. En la elaboración del informe han participado las doctoras María Elena Sánchez, Sarai Rodríguez y Laura Aguilera y la profesora Juana Pilar Rodríguez.

Julio Pérez justificó el estudio dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la Covid-19 afectan especialmente a las mujeres porque los cuidados esenciales recaen mayoritariamente sobre ellas, así como por la incidencia de la crisis sanitaria desde el punto de vista del empleo femenino, mayoritario en el sector sociosanitario, pero igualmente más precario en otros sectores, donde es posible que las mujeres se vean abocadas con mayor facilidad a situaciones de desempleo y exclusión. Asimismo, dijo que hay que examinar las medidas adoptadas para hacer frente a la violencia de género ya que esta se ha incrementado durante la pandemia.

Pérez destacó que la historia pone de relieve que en las épocas de desventuras el peligro de retroceder y perder conquistas es real, así como de que el impacto de dichas adversidades se produzca con mayor intensidad en las personas más vulnerables.

Indicó que el impacto de la Covid-19 en el ordenamiento jurídico ha sido enorme y señaló que en este contexto de crisis es importante saber si el conjunto de las administraciones públicas está haciendo una buena labor. Al respecto, señaló que el estudio responde a dicha pregunta y permite orientar acciones futuras.

Violencia de género

Rosell afirmó que la crisis motivada por la Covid-19, como todas las crisis, afecta de manera desigual a mujeres y hombres y señaló la evidente sobrecarga de trabajo sanitario y de servicios esenciales de las mujeres, así como de las tareas de cuidados o la mayor precariedad y pobreza laboral. En cuanto a la violencia de género, explicó que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha enfocado la crisis para no dejar atrás más a las mujeres cuando la recomendación sanitaria era estar confinada con un agresor. Al respecto, informó de que durante la pandemia se incrementaron las consultas online al 016 un 457% y las propias llamadas al 016 un 57,9%.

Destacó que el Gobierno de España a las 48 horas de declaración del estado de alarma, entre otras actuaciones, aprobó un plan de contingencia para víctimas de violencia de género y declaró esenciales los servicios de atención y protección a víctimas de violencia de género. En cuanto a la actuación del Gobierno de Canarias, Rosell dijo que el Ejecutivo canario ha sido un auténtico referente, recordó la campaña mascarilla-19 del Instituto Canario de Igualdad y toda la labor desarrollada durante la pandemia y sostuvo que el Gobierno canario es un ejemplo en hacer transversales los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de aplicar esos fondos en el ámbito judicial.

Análisis de la legislación

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se realiza un análisis exhaustivo de la legislación de la Covid-19 verificando cuáles han sido sus contenidos y cuáles de ellos tienen un especial impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género.

Ramos explicó las conclusiones del estudio y detalló que las medidas de protección social, como derecho a la vivienda, suministros básicos o prestaciones y subsidios por causa del desempleo contempladas en la normativa analizada tienen un impacto favorable para las mujeres, así como aquellas relacionadas con las ayudas a los sectores de comercio, hostelería y turismo, que tienen, dijo, un indudable efecto en las condiciones laborales y de vida de las mujeres.

Respecto a las medidas de protección social a la población trabajadora, Ramos expuso que a lo largo de 2020 múltiples medidas fueron adoptadas a fin de sostener la cohesión social con la puesta en marcha de iniciativas básicamente financiadas por el sistema de la Seguridad Social para atender necesidades derivadas de enfermedades, particularmente, de estar en riesgo o haber contraído el virus del COVID-19, haber caído en desempleo, medidas de apoyo a las empresas y personas que trabajan de forma autónoma, carencia general de ingresos de las personas o de las unidades familiares, con particular atención a familias monoparentales.

Entre ellas, destacó la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas más novedosas dictadas durante la pandemia por cuanto crea una nueva prestación no contributiva dentro del sistema de la Seguridad Social, y manifestó que su implementación tiene y tendrá consecuencias directas en la consecución de la igualdad de género.

Medidas de conciliación

En las conclusiones del estudio se indica que las medidas de intervención pública para la conciliación entre la vida personal y familiar y el tiempo de trabajo constituyen una iniciativa que es preciso aplaudir. Se ha podido comprobar que las dificultades de conciliación de las mujeres unido a un gran déficit de corresponsabilidad de los hombres constituyen una de las causas más relevantes de la discriminación de las mujeres en el ámbito de las relaciones de trabajo, en la brecha salarial, en la promoción profesional y en las dificultades de acceso a puestos de liderazgo y de poder. El informe destaca que aún no se puede afirmar que los derechos de conciliación y las medidas de corresponsabilidad sean suficientes y completamente eficaces.

Otras de las medidas objeto de análisis han sido las procesales y organizativas adoptadas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia con referencias a la actividad procesal, a los órganos judiciales y los cargos que los ocupan. El informe denuncia la generalizada utilización de un lenguaje claramente masculino en este marco legislativo, lo que supone la invisibilización casi absoluta de la alta tasa de participación que actualmente representan las mujeres en el ámbito de la Administración de Justicia.

Víctimas de violencia de género

En cuanto a la legislación dictada por la Covid-19 en relación con la violencia de género y aunque algunas normas no contemplan directamente a las víctimas, estas se ven beneficiadas de muchas medidas de ayuda y apoyo social que han sido establecidas al formar parte de un colectivo vulnerable desde el punto de vista social y económico. Asimismo, se han articulado medidas específicas adoptadas de forma rápida para garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios de protección y atención a las víctimas durante la pandemia.

En cuanto al uso que se hace del lenguaje en el conjunto de las disposiciones normativas analizadas se afirma que, por lo general tiende a caracterizarse por ser sexista, un lenguaje que se utiliza en clave masculina. No obstante, recoge algunas observaciones que indican que se está tratando de avanzar en la dirección de visibilizar a las mujeres en el ámbito de la producción normativa, como es el caso de algunos textos, como los relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral en particular, o con el empleo  y la ocupación en general, donde sí se advierte un esfuerzo por emplear palabras neutras como personas trabajadoras o personas vulnerables, pero en muy pocas ocasiones se emplean las palabras en femenino. La necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo es fundamental para visibilizar la contribución de las mujeres a la vida económica y social.

 

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El envío de atestados por internet y la mayor integración de Atlante Web, entre los avances de Justicia en Canarias

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia participó en la jornada ‘Transformación digital de la Justicia: continuidad a los proyectos de modernización’

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Marta Bonnet, participó este miércoles en la jornada Transformación digital de la Justicia: continuidad a los proyectos de modernización donde mostró los avances que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, está implantando en el ámbito judicial en relación con el Plan de Justicia 2030 que permitirá acercar la justicia a la ciudadanía, ofrecer un servicio público de calidad sin dilaciones y garantizar la cohesión y coordinación territorial.

Entre otros aspectos, destacó que este año se ha implantado el envío telemático de atestados desde las comisarías de policía a los juzgados a través de LEXNET y que también se está trabajando en la implantación de un sistema informático que permitirá las comparecencias apud acta mediante el uso de credenciales biométricas. Además, señaló como ejemplos de medidas implantadas en Canarias para lograr la eficiencia operativa del servicio público la potenciación de la integración de la última versión del sistema Atlante Web, la creación del expediente judicial electrónico y la implantación de la oficina judicial.

Bonnet apuntó que este año, debido a la situación provocada por el coronavirus, se han acelerado los procesos de transformación digital, lo que se ha visto reflejado en la puesta en marcha de una regulación del teletrabajo con la que antes del mes de marzo no se contaba. No obstante, la directora general insistió en que la COVID-19 no ha impedido perder el punto de vista en el objetivo esencial en la modernización de la Justicia, que pasa por el abandono del papel para entrar en un entorno digital de manera que se garantice la eficiencia y eficacia en la administración de justicia.

En las Islas, la directora mostró que uno de los trabajos de la Consejería pasa por garantizar el acceso a la justicia a la ciudadanía a través de la promoción de métodos alternativos como, por ejemplo, el proyecto de mediación familiar por derivación judicial que permite que estos procesos contenciosos tengan la oportunidad de llegar a una solución consensuada por las dos partes de un conflicto.

Por último, en materia de interoperabilidad de sistemas informáticos, Bonnet resaltó que es esencial el proyecto Datificación Territorial Analítica Predictiva y Cumplimiento Normativo Ciudadano: Transparencia Judicial Territorial basada en Datos Judiciales Georreferenciados que utilizará datos geoposicionados en el territorio obteniendo DataSets territoriales y mapas de información mediante su georreferenciación, identificando características poblacionales vinculadas a información territorial y usos del suelo. Esto hará posible, por ejemplo, crear un mapa de la violencia machista en las Islas que permitirá Objetivar la Demanda en todos aquellos recursos al servicio de las mujeres y menores víctimas de la violencia de género, a través de los bienes y servicios disponibles y su adscripción territorial mediante georreferenciación y geoposicionamiento del inventario disponible.

La jornada estuvo organizada por la revista Sociedad de la Información Digital y contó con la presencia del director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, Aitor Cubo, además de representantes de la Generalitat de Catalunya, del Gobierno de Aragón, del Consejo General de la Abogación Español o del Consejo General de Procuradores de España.

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La Red de Puntos de Encuentro Familiar se extiende por toda Canarias tras la apertura del centro de Fuerteventura

El Cabildo majorero y los seis ayuntamientos de la isla acuerdan que el servicio sea itinerante por todos los municipios

La Red de Puntos de Encuentro Familiar se extiende por todas las islas del Archipiélago después de que este martes el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, haya inaugurado, junto al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, este recurso social en la isla majorera, que será gestionado por la ONG Centro de la Familia con una subvención de 33.828,64 euros otorgada por la Viceconsejería de Justicia.

En el acto, que tuvo lugar en la sede situada en Puerto del Rosario, estuvieron presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno, Marta Bonnet; el consejero de Políticas Sociales del Cabildo de Fuerteventura, Víctor Alonso; el alcalde de Puerto de Rosario, Juan Jiménez; la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Yanira Domínguez; el presidente de la Mancomunidad Centro Sur de Fuerteventura, Matías Peña, así como el director de la ONG Centro de la Familia, Raimundo Moreno.

Pérez destacó que el Punto de Encuentro Familiar es un mecanismo que presta un servicio de intervención familiar que permite superar los conflictos que suponen la intervención de un tercero. Para ello, el Gobierno, a través de subvenciones directas a organizaciones no gubernamentales, pone a disposición de la ciudadanía estos espacios seguros y de aprendizaje gestionados por profesionales.

“Pocos servicios públicos tienen un nombre tan claro de lo que significa”, resaltó el consejero, que insistió que gracias a estos centros se facilita la conciliación y la comunicación en las familias que comparten la custodia de menores. Con el Punto de Encuentro Familiar se logra que situaciones que estaban teniendo lugar en dependencias judiciales o en la propia calle pasen a gestionarse en estos espacios pedagógicos adecuados para menores.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, valoró el trabajo conjunto entre las instituciones para mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía y, como ejemplo de ello, explicó que este Punto de Encuentro Familiar será itinerante en todo el territorio de la isla gracias a los acuerdos alcanzados por la Consejería de Políticas Sociales de la Institución insular con los seis municipios majoreros.

Por su parte Raimundo Moreno, director de la ONG que gestionará este espacio, apuntó que estos centros también realizan un acompañamiento a víctimas directas o indirectas de la violencia machista, lo que permita el empoderamiento de las personas afectadas, tanto menores y mujeres, superando las secuelas que puedan provocar esta situación.

Durante este 2020 la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha otorgado un total de 600.000 euros en subvenciones directas para el funcionamiento de la Red de Puntos de Encuentro Familiar en todo el territorio del Archipiélago. De hecho, a lo largo de este año se han puesto en funcionamiento estos recursos sociales, además de en Fuerteventura, en Lanzarote y el Sur de Gran Canaria. Estos tres centros se han unido a los ya existentes en el Sur de Tenerife, Norte de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera.

En todos estos Puntos de Encuentro Familiar las prestaciones de los servicios corren a cargo de organizaciones no gubernamentales especializadas y con experiencias en estos ámbitos como son Cruz Roja (Sur de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro), la Fundación Centro de Atención a la Familia (Santa Cruz de Tenerife y Norte de Tenerife y Fuerteventura), la Fundación Más Familia (Lanzarote) y la Asociación Domitila Hernández (Sur de Tenerife).

Bases para el Centro de Interpretación de la Memoria Histórica LGTBIQ+

Durante la visita a Fuerteventura la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, mantuvo un encuentro con el consejero de Políticas Sociales del Cabildo de Fuerteventura, Víctor Alonso, y representantes de ALTIHAY Fuerteventura Colectivo LGTBI+ Simpatizantes de Canarias, en el que se sentaron las bases para crear un Centro de Interpretación de la Memoria Histórica LGTBIQ+ que impulse las políticas en memoria histórica y promueva el reconocimiento a las víctimas que estuvieron en la Colonia Agrícola y Penitenciaria de Tefía.

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