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Ayuda a los productores de aguacate y otros frutales tropicales con fincas sepultadas por la lava

Estos fondos del Ministerio, valorados en 270.163 euros, tienen el objetivo de compensar las pérdidas de renta

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha concedido una ayuda directa a los titulares de explotaciones sepultadas por la lava de cultivos distintos al plátano, más concretamente, aguacate; naranja; mandarina; piña tropical; papaya; pitaya; calabaza; y batata, para compensar las pérdidas de renta sufridas como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma.

Se trata de una ayuda valorada en 270.163 euros correspondiente a los fondos del primer paquete de ayudas transferido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al departamento autonómico, con el fin de reparar los daños ocasionados en materia agraria y pesquera, según lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes y para la reconstrucción económica y social.

La entidad Agroseguro ha sido la encargada de realizar las pertinentes valoraciones de pérdidas de renta en base a las cuales se conceden los importes de ayuda.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha explicado que “hemos resuelto una ayuda específica para las fincas sepultadas por la lava que cultivan otros productos diferentes al plátano, de manera que podamos cubrir las pérdidas de producción de esas explotaciones”.

En esta línea, recordó que “seguiremos trabajando en el cálculo de las indemnizaciones del resto de producciones afectadas por la ceniza en toda la isla, en coordinación con Agroseguro, para continuar con las valoraciones y hacer llegar las indemnizaciones a todo el sector primario de La Palma”.

Enlace a la resolución publicada en el Tablón de Anuncios de la Consejería: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/94d9de87-5ff9-4e4f-8108-5c03faed84d8

 

 

 

 

 

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Transición Ecológica convoca ayudas por más de 5,7 millones para mejorar sistemas de abastecimiento

José Antonio Valbuena destacó que esta convocatoria mejorará la garantía de suministro y generará un importante ahorro de agua y energía

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC nº 133, de 6 de julio de 2022) la convocatoria de subvenciones para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El consejero autonómico responsable del Área, José Antonio Valbuena, explicó que “se destinarán más de 5,7 millones de euros a inversiones en los sistemas de abastecimiento para la mejora de la eficiencia, la reducción de pérdidas en las redes de distribución y la reparación y mejora de la captación, los depósitos e instalaciones de potabilización en pequeños y medianos municipios, lo cual se traducirá en un importante ahorro de agua y energía, y en una mejor garantía de suministro”.

Los proyectos subvencionables a través de la convocatoria deberán tener por objeto obras específicamente destinadas a la mejora y renovación de sistemas de abastecimiento locales que sirven a pequeños y medianos municipios (captación, aducción y transporte, depósitos, potabilizadoras y redes de distribución) y las encaminadas a la reducción de pérdidas en las redes de dichos sistemas de abastecimiento, ahorro en el consumo de agua y/o incremento de la garantía de suministro. En concreto, las obras deberán referirse a sistemas de abastecimiento locales que sirvan a municipios con población inferior a 20.000 habitantes, y las actuaciones deberán contar con el compromiso de la administración titular del sistema con la ejecución del proyecto y la posterior explotación de las obras, así como su conservación y mantenimiento.

Las entidades beneficiarias de las ayudas serán las competentes en materia de abastecimiento en cada ámbito territorial, de conformidad con el concepto amplio que establecen las bases reguladoras de la convocatoria, que prevén diversas fórmulas para considerar que existe dicha competencia.

Las entidades interesadas en optar a estas líneas de ayudas podrán presentar sus solicitudes entre el 7 de julio y el 7 de septiembre de 2022.

Considerando que las posibles beneficiarias son únicamente personas jurídicas, deberán hacerlo a través del procedimiento de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias:

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/7486.

Las solicitudes podrán referirse a proyectos iniciados a partir del 1 de febrero de 2020, y en todo caso las actuaciones objeto de financiación deberán haberse ejecutado en más del 50% de la inversión prevista el día 31 de diciembre de 2023, y finalizar completamente antes del 31 de diciembre de 2024.

El objeto subvencionable que se incluya en las solicitudes a la convocatoria deberá cumplir los requisitos propios aplicables a los fondos Next Generation EU y que se detallan en las bases y la normativa aplicable.

La convocatoria se rige por el régimen de concurrencia competitiva, estableciendo las bases los criterios para la adjudicación de las mismas. Las solicitudes serán valoradas, aplicando dichos criterios, por una comisión de valoración constituida por personal adscrito a las unidades provisionales creadas en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, para la gestión de los Fondos Next Generation EU asignados a este departamento.

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Canarias tendrá la competencia para la planificación del gas en las islas

El Estado modifica la disposición final cuarta del Real Decreto 6/2022, teniendo el Gobierno de Canarias la competencia para la planificación de este tipo de infraestructuras

De esta manera, la ministra de Transición Ecológica cumple con el compromiso adquirido con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras la publicación del documento inicial

El Consejo de Ministros ha aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado de este sábado, 14 de mayo, una modificación a la disposición final cuarta del Real Decreto 6/2022, que eliminaba la autorización administrativa previa para las instalaciones de regasificación que tuvieran como destino principal la alimentación de gas natural en estado gaseoso a centrales térmicas. Esta medida afectaba a la ley de hidrocarburos, que regula el mercado gasista de gas natural en estado gaseoso, cuya competencia es estatal. 

De esta manera, se da cumplimiento al compromiso adquirido por parte de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero regional de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, para modificar el texto inicial.

El consejero regional del Área, José Antonio Valbuena, señaló que “desde el Gobierno de Canarias solicitamos una modificación al texto por considerar que en nuestra planificación energética no está contemplada ninguna forma de mercado gasista” y aclara que para los usos que se puedan dar en las Islas “en ningún momento se vendería gas natural en estado gaseoso, ya que podría dar la sensación que dicha disposición final cuarta se imponía a la planificación elaborada en Canarias, lo que generaba cierta inseguridad”.

En este sentido, Valbuena explicó que las centrales térmicas funcionan en régimen de autoconsumo y no precisan de autorización administrativa, ya que la propia central transforma el gas suministrado en estado líquido al estado gaseoso para alimentar los grupos que generan la electricidad.

Desde el Gobierno de Canarias se consideraba necesaria una modificación del texto, ya que con la redacción inicial se podía interpretar que no se contemplaban las competencias de Canarias a la hora de diseñar su transición energética.

“Con la nueva redacción queda claro que en todo momento se debe tener en cuenta el marco competencial de ambas administraciones, la estatal y la canaria, y, por lo tanto, ya no existe riesgo alguno de que se implante una regasificadora que abra la puerta a alguna forma de mercado gasista sin el visto bueno del Ejecutivo regional, que debe tenerlo contemplado, en su planificación”, apuntó el consejero, que recordó que “como en la planificación elaborada por la Comunidad Autónoma no se contempla esa posibilidad y queda claro que no se podrá desarrollar la disposición final cuarta, mientras no se modifique la planificación energética de Canarias”.

Con esta modificación, destacó, se elimina cualquier tipo de duda o incógnita que pudiera surgir sobre una posible modificación de los planes de transición energética que el Gobierno de Canarias ha trazado.

 

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Los grupos burbuja de Infantil y Primaria podrán interactuar entre sí en interiores y exteriores

Medidas del protocolo anticovid en centros educativos

La medida, adoptada por el Ministerio de Sanidad, también incluye los Centros de Educación Especial y en todos los casos queda excluido el ámbito de comedor escolar y los espacios alternativos habilitados para las comidas

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha informado a los centros educativos de las islas de la actualización de las medidas adoptadas en relación a la nueva estrategia de vigilancia y control frente al COVID-19 determinada por el Ministerio de Sanidad. Entre otras, destaca que en Infantil, Primaria y Centros de Educación Especial, los Grupos de Convivencia Estable (GCE), también conocidos como “grupos burbuja”, pueden interactuar entre sí tanto en exteriores como en interiores, excepto en el ámbito de comedor escolar y espacios alternativos habilitados para las comidas, en los que se mantendrán.

Además, las actividades complementarias que incluyan pernocta también se organizarán por grupos burbuja, y los cursos que no los tengan establecerán subgrupos fijos para la realización de la actividad.

Por otro lado, se permitirá el acceso de familias tanto a espacios interiores como a los espacios al aire libre de los centros, si bien habrá que evitar aglomeraciones. También se autorizan reuniones de tutoría individual con las familias en espacios interiores bien ventilados bajo la condición de cumplir las medidas de prevención e higiene que estén vigentes en ese momento, con prioridad para las reuniones al aire libre.

Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros se realizarán, siempre que se pueda, al aire libre, y acorde a las mismas condiciones que sus homólogos en el ámbito comunitario.

De la misma forma, se priorizarán las actividades complementarias al aire libre. En el caso de visitas a museos, cines, teatros y similares, se llevarán a cabo las medidas preventivas establecidas por el lugar que se visite.

A las actividades complementarias que se desarrollen en el centro podrán acudir personas externas al mismo, siempre que se mantengan las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud establecidas, y que esté permitido según la normativa y en el nivel de riesgo en que se encuentre la isla. Esto mismo se aplicará a las desarrolladas fuera del centro que precisen de la asistencia de personas externas para su correcto desarrollo.

Para la celebración de actos de graduación, de fin de curso u otro tipo de eventos sociales o culturales que puedan tener lugar en el centro en el contexto de su actividad, se cumplirán las medidas de prevención frente al COVID-19 existentes para eventos culturales en la comunidad autónoma.

De forma general, se recuerda que no se recomienda la asistencia al centro cuando una persona presente síntomas agudos compatibles con COVID-19 u otra enfermedad infecciosa aguda y potencialmente transmisible. En este sentido, el centro educativo informará de forma explícita y con confirmación de recepción de la información a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor de edad, de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda, se abstenga de acudir al centro educativo.

Se podrá retomar la asistencia ante una mejoría evidente de la sintomatología y si se encuentra sin fiebre en las últimas 24 horas. En estos casos, se extremarán las precauciones durante los diez días posteriores al inicio de los síntomas compatibles con COVID-19 (evitar el contacto con personas vulnerables; utilizar mascarilla quirúrgica; efectuar una adecuada higiene de manos; no acudir a eventos multitudinarios, y limitar los contactos a los grupos con los que se interactúa de forma habitual dentro del centro).

Si una persona comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro, deberá colocarse una mascarilla quirúrgica y se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que sea menor de edad, para que acuda a recogerle. Si es adulta, autónoma y se encuentra bien, se marchará a su domicilio debiendo evitar contactos en el trayecto. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.

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Unas 597 ganaderías de Canarias podrán acceder a 2,8 millones para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania

El Gobierno de España pone en marcha un paquete de 169 millones de euros para productores de leche de vacuno, caprino y ovino

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó el pasado martes (26 de abril) el listado provisional de los 20.081 productores de leche de vacuno, caprino y ovino beneficiarios del paquete de ayudas directas específico para el sector lácteo.

Unas ayudas por valor de 169 millones de euros con el objetivo de mitigar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Un total de 597 ganaderías de las islas podrán acceder a unos fondos de 2,8 millones de euros que supondrían una inyección de liquidez para un sector que está sufriendo de forma directa los efectos de esta coyuntura internacional.

Las ayudas específicas para los productores de leche de las islas tienen como objetivo compensar el incremento de los costes de producción a una de las actividades más afectadas del sector primario debido al aumento del precio de la electricidad, los piensos para alimentación animal y los combustibles, derivado de la situación creada por la invasión rusa de Ucrania.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, destaca que se trata “de una respuesta decidida del Gobierno de España con el sector primario, un paquete de 169 millones de euros para productores de leche de vacuno, caprino y ovino, de los que Canarias se beneficiará de 2,8 millones que permitirán amortiguar los efectos de una situación que lastra la viabilidad económica de muchas explotaciones ganaderas”.

En esta línea, la responsable regional del área, señala que estas ayudas “complementan las acciones propias de la Consejería, como el abono en enero una ayuda directa de 7,6 millones a los más de mil titulares de explotaciones ganaderas afectados por la crisis sanitaria de la Covid o la tramitación de una ayuda directa valorada en 8 millones de euros para compensar el sobrecoste del precio de la alimentación animal”.

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Los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario tendrán la categoría de magistrado en breve

El Ministerio de Justicia comunica al Gobierno canario que ya está tramitando el proyecto de orden por la que dispone este ascenso de categoría solicitado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

La decisión está fundamentada en el número de habitantes de hecho, la sobrecarga de trabajo, la importante actividad turística, el elevado porcentaje de inmigración y la insularidad

Julio Pérez, que reiteró la petición en la conferencia sectorial celebrada el 25 de marzo, destaca la importancia de esta medida para una isla no capitalina de cara a retener a los jueces que llegan, porque cuando ascienden se tienen que ir

Los siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Puerto del Rosario tendrán en breve la categoría de magistrado o magistrada, según anuncia el oficio que ha enviado la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María dels Àngels García, a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, en el que comunica que el Ministerio de Justicia ya está tramitando el proyecto de orden por la que dispone el citado ascenso de categoría solicitado en varias ocasiones por el departamento que dirige Julio Pérez.

La última, el pasado 25 de marzo, con motivo de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, celebrada en Avilés, donde el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad reiteró la petición.

Julio Pérez también se refirió a ella en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia que tuvo lugar el lunes en el Parlamento de Canarias, donde subrayó la importancia de este ascenso de categoría, sobre todo para una isla no capitalina como Fuerteventura, pues, entre otras cuestiones, ayuda a retener y que no se vayan los jueces que llegan, porque ahora mismo al ser ascendidos a magistrados se tienen que ir.

El oficio apunta que el partido judicial de Puerto del Rosario reúne una serie de características especiales que justifican la elevación a categoría de magistrado o magistrada de sus siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 21.2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre.

En concreto, señala la población de hecho, 150.000 habitantes; la planta judicial, siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento, y la sobrecarga de trabajo, al superar en más de un 30% el módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial. Además, indica la insularidad, la importante actividad turística y un elevado porcentaje de inmigración, sobre todo irregular, cuya llegada a Fuerteventura se viene produciendo desde hace más de 20 años.

Para el Ministerio de Justicia, en la capital majorera existe una gran densidad de población de hecho y de segunda residencia, así como personal laboral foráneo, lo que, unido al elevado porcentaje de migrantes, sobre todo irregulares, genera un incremento significativo de la carga de trabajo en los siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción, tanto cuantitativo como cualitativo, por la complejidad de los asuntos que deben abordar.

Conviene recordar que la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, dispone, en el apartado 2 del artículo 21, que la titular del Ministerio de Justicia “podrá establecer que los juzgados de Primera Instancia y de Instrucción, o de Primera Instancia e Instrucción, serán servidos por magistrados siempre que estén radicados en un partido judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de población de hecho que superen dicha cifra, y el volumen de cargas competenciales así lo exija”.

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Un convenio entre Canarias y el Ministerio permitirá modernizar la red de regadío de San Andrés y Sauces

En total, Canarias recibirá 62,3 millones de euros, distribuidos en dos fases, para llevar a cabo proyectos que favorezcan la optimización del uso del agua disponible y la competitividad de las producciones

La Comunidad de Regantes de Los Sauces, en La Palma, y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, han suscrito hoy, lunes 28 de marzo, el primero de los convenios que se firmarán en Canarias dentro del Plan de Mejora de la Eficiencia y Sostenibilidad de Regadíos.

La firma de hoy permitirá poner en marcha un proyecto de transformación digital y desarrollo de nuevas tecnologías para modernizar la red de regadío de este municipio del norte de La Palma, que contará con una financiación de 1,37 millones de euros.

En la formalización del acuerdo entre el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez, y el presidente de la Comunidad de Regantes de Los Sauces, Jesús Manuel Hernández, también estuvieron presentes la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; y el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, Manuel González.

Tras el acto, Alicia Vanoostende recordó que su departamento ha trabajado durante meses con las diferentes unidades gestoras de agua de riego en las islas para poder optar a esta financiación de los Fondos Next Generation, que han permitido articular el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española para reparar los daños económicos y sociales derivados de la pandemia.

En total, Canarias recibirá 62,3 millones de euros, distribuidos en dos fases. A la primera de ellas, en la que se ejecutará el convenio firmado hoy, se destinarán 18,63 millones de euros, mientras que la cantidad para las obras preseleccionadas de cara al futuro convenio de la segunda fase será de 43,72 millones. En cada una de ellas se materializarán cinco proyectos diseñados para optimizar el uso del agua disponible y aumentar la competitividad de las producciones.

“Hemos trabajado con las comunidades de regantes de Los Sauces, El Paso, El Golfo y Santa Cruz de La Palma, Breñas y Mazo, así como con la empresa pública Balsas de Tenerife, el Cabildo de Lanzarote, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y el Consorcio de Aguas de Fuerteventura para preparar las diez iniciativas destinadas a la modernización y consolidación de los regadíos”, dijo la consejera. “Todas ellas han sido declaradas de interés general por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio”, agregó.

La Consejería, a través de la Dirección General de Agricultura, fue la encargada de defender ante el organismo estatal la conveniencia de estas iniciativas para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las redes de regadío de Canarias. De todas ellas, se han actualizado los proyectos o se encuentran en fase de actualización por parte de la Dirección General de Agricultura y cumplen con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, uso de energías renovables y aplicación de las nuevas tecnologías.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, puso de relieve la importancia de este día, “ya que se firma un acuerdo que supone un hito para La Palma, siendo el primer acuerdo de otros que se materializan en este ámbito con la Isla y en Canarias”. “Pone de manifiesto el compromiso que existe por parte del Gobierno de España con La Palma y especialmente con su sector primario, que es clave para la economía insular”, explicó.

El presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez, informó de que “esta actuación consistirá en la modernización de una comunidad de regantes y beneficiará a una superficie aproximada de 77 hectáreas. La financiación obtenida permitirá favorecer el riego localizado, mediante la colocación de contadores con telecontrol, asociado a un plan informático para digitalizar el sistema de riego”, añadió. Además, añadió que, “como media, se estima que, a través de este sistema, el ahorro de agua se situará entre un 15% y 25%”.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Regantes de Los Sauces, Jesús Manuel Hernández, destacó “este acuerdo supone un importante avance, para una institución en la que se integran todos los agricultores que se benefician del agua procedente de los manantiales de Marcos y Cordero”. Aludió a la innovación que conlleva el proyecto para propiciar un mejor aprovechamiento del agua en una de las zonas más fértiles de Canarias.

 

Primer proyecto

Este primer proyecto que se ha formalizado hoy servirá para dotar a la Red de Caldereta de puntos de entrega de agua a las fincas y del sistema de telecontrol para vigilar a distancia las redes hidráulicas. Asimismo, se incluye el telecontrol de los hidrómetros de las Redes de Adeyahamen y de Bediesta, que sirven para medir la densidad del agua.

Además, de ayudar a la mayor eficiencia del sistema de riego, el proyecto de la Comunidad de Regantes de Los Sauces cumple con el objetivo de adaptar las infraestructuras para mitigar el cambio climático.

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El Gobierno canario respalda las ayudas al sector pesquero para hacer frente al encarecimiento del gasóleo

La consejera del Área, Alicia Vanoostende, destaca que es una vía “razonable” utilizar los fondos europeos para solventar esta situación

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias considera que las medidas planteadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para apoyar a los pescadores demuestran el compromiso del Ejecutivo con los operadores del sector pesquero, el cual se ha visto afectado por el aumento de los costes de explotación, en gran medida debido al encarecimiento del gasóleo. 

La consejera del Área, Alicia Vanoostende, subraya que utilizar los fondos europeos “es una vía razonable” que permitirá financiar a los pescadores y paliar los efectos que ha generado la invasión rusa de Ucrania en los mercados, con una subida de los precios de los combustibles, otros insumos y materias primas.

En este sentido, Alicia Vanoostende apunta que “en momentos de crisis como el que estamos atravesando es indispensable el apoyo de las administraciones, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, para ayudar a los sectores que más lo necesitan para que puedan continuar con su trabajo y garantizar el abastecimiento de productos para toda la ciudadanía”.

Vanoostende añadió que en Canarias la posibilidad de establecer exenciones a las tasas portuarias no supondría un cambio para gran parte de las flotas porque no dependen de las tasas estatales, pero sí sería de ayuda para los grandes atuneros que sí atracan en Puertos del Estado.

El ministro Luis Planas ha informado del compromiso para activar el mecanismo de crisis, conocido como el artículo 26, en el nuevo reglamento del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y la  Acuicultura (FEMPA) que permitirá financiar a los pescadores por el encarecimiento de los costes de producción. Desde la Consejería se estima que sería es una medida beneficiosa para el sector poder emplear los fondos FEMPA para abonar parte del incremento del precio del gasóleo a los pescadores.

Planas ha asegurado que el Gobierno va a actuar con urgencia y que en los próximos días tendrá definido un paquete de medidas, junto con el resto de sectores, para lograr que se mantenga la actividad pesquera.

La Consejería se mantiene a la expectativa de la concreción de las medidas y a la espera de su puesta en marcha con la confianza de que se implementarán lo antes posible para permitir que el sector pesquero supere esta situación y no se ponga en riesgo la producción.

 

 

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Justicia reitera su disposición para que La Palma cuente con dos edificios judiciales nuevos y modernos

Justicia | La Palma

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad acompaña a la ministra Pilar Llop durante su visita este lunes a La Palma

Julio Pérez pone en valor la rapidez de la respuesta legal ante la emergencia provocada por el volcán de Cumbre Vieja y destaca el papel de notarios y registradores

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha reiterado este lunes la disposición de su departamento para sustituir los actuales edificios judiciales de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane por unos nuevos y modernos, adecuados a la organización de la justicia y a las reformas estructurales que están en curso.

Así lo ha manifestado después de acompañar a la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su visita a las instalaciones judiciales del Valle de Aridane, a la que han asistido también el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García.

En el caso de Los Llanos de Aridane, donde el proceso está más avanzado, el nuevo edificio, según ha apuntado Julio Pérez, estaría ubicado en una parcela que ya se ha propuesto a la Comunidad Autónoma por el Ayuntamiento, cuyo expediente se ha comprometido a impulsar, con el propósito de que la permuta del actual edificio por el solar que albergará el futuro inmueble se lleve a cabo cuanto antes.

No obstante, Julio Pérez ha explicado que, mientras esto ocurre, se continúa dotando a ambas instalaciones de equipamiento con el grado de modernización necesario. Por ejemplo, desde el punto de vista informático y telemático, igual que a otros partidos judiciales, lo cual ha permitido que el impacto de la erupción en el funcionamiento de la justicia fuese menor del que pudo temerse.

Durante un acto posterior con el Colegio Notarial de Canarias, celebrado en El Paso, y en el que estaba presente su decano, Alfonso Cavallé, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha hecho mención especial al funcionamiento del sistema de seguridad jurídica preventiva, que durante la emergencia generada por el volcán se ha puesto a prueba, “probablemente como no lo había sido nunca antes de ahora”, ha subrayado.

En opinión de Julio Pérez, “hay un conjunto de circunstancias que nos hacen pensar que el tipo de desafío al que se han enfrentado notarios, registradores, Ministerio y también la Consejería, no tiene precedentes en la historia reciente”.

En este sentido, ha puesto en valor, “sin ánimo de hacer propaganda, la rapidez de la respuesta legal”, y se ha referido al primer decreto ley que habilitó unos mecanismos especiales para que el sistema notarial y registral pudiera hacer frente a esas necesidades.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha tenido palabras de agradecimiento para notarios y registradores, porque “no se han limitado solo a prestar un servicio, sino que han prestado ayuda, asistencia y cercanía, con cariño y proximidad, que se necesitaban tanto como la ayuda material”, ha recalcado.

Ha dado la enhorabuena al Colegio Notarial de Canarias y al de Registradores, por “haber despertado la solidaridad generosa y desprendida de cientos de profesionales de toda España que han atendido la emergencia jurídica provocada por el volcán”.

Julio Pérez, que ha hecho suyo el lema “juntos somos más”, citado por el delegado del Gobierno en Canarias a lo largo de su intervención, ha destacado la cooperación y lealtad institucional vivida durante la erupción del volcán y ha abogado por que se mantenga durante la reconstrucción, que requiere también el esfuerzo de la actuación conjunta.

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La Comisión Conjunta de Gestión y Seguimiento de la Reserva Marina de El Hierro retoma sus reuniones

Participaron el sector pesquero profesional, recreativo y los equipos de buceo, para tratar el convenio de colaboración relativo a la gestión compartida de las reservas marinas de Canarias y la actualización de la normativa pesquera

La Comisión Conjunta de Gestión y Seguimiento de la Reserva Marina de El Hierro, que abarca desde Punta de la Restinga hasta el Mar de Las Calmas, retoma sus reuniones a petición de la Dirección General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) del Gobierno de España para analizar la gestión y el seguimiento de la Reserva Marina de La Restinga. En el encuentro, que tuvo lugar ayer jueves 10 de marzo, y que se llevó a cabo por videoconferencia, participaron representantes del MAPA, Gobierno de Canarias, Cabildo herreño, Centro Oceanográfico de Canarias, cofradías de pescadores y centros de buceo, entre otros.

El director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Carmelo Dorta, celebra que se hayan retomado las reuniones, ya que, aunque solían realizarse cada año, fueron interrumpidas por la pandemia. “Es imprescindible llevar a cabo estos encuentros para la puesta en común de las necesidades y la toma de decisiones sobre la gestión de la actividad pesquera y el buceo recreativo”, explica Dorta.

En este encuentro se abordó el convenio de colaboración entre el MAPA y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, en relación a la gestión compartida de las reservas marinas de las Islas. El director general insistió al respecto en la necesidad de modificar este convenio “para que la normativa vaya a la par, tanto en aguas exteriores, dependientes del Ministerio, como en las aguas interiores, dependientes del Archipiélago”.

Otros de los temas que se trataron fue la actualización de la normativa de la zonificación, con la solicitud de excluir la zona portuaria de la propia reserva marina, cuestión que logró el consenso general (pesca profesional, recreativa y equipos de buceo).

Del mismo modo, se evaluó la necesidad de adaptar el esfuerzo pesquero y de buceo a la capacidad de carga soportada por los ecosistemas marinos y la implantación de criterios flexibles para la limitación del esfuerzo pesquero.

A su vez, se analizó la posibilidad de implantar sistemas telemáticos de control y seguimiento de la actividad pesquera, tanto profesional, como recreativa.

Además, otro de los temas protagonistas fue el buceo autónomo, pues sus representantes pidieron la ampliación de puntos de buceo autorizados y el incremento del cupo en la zona de El Bajón.

Por su parte, los representantes de los pescadores profesionales solicitaron la modificación del sistema de censos para que se permita el ingreso de jóvenes pescadores sin habitualidad. Carmelo Dorta hizo hincapié en el relevo generacional en la pesca, lo cual “irá de la mano de un mayor impulso de este sector por parte de las administraciones para atraer a las futuras generaciones”.

Además, sobre el control de las pesquerías, se solicitó que se lleve a cabo un sistema de seguimiento y de control de las embarcaciones que se encuentran dentro de la Reserva Marina, con un mayor esfuerzo en la pesca recreativa.

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