El viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, plantea estas peticiones en la Conferencia Sectorial celebrada en Córdoba bajo la presidencia del ministro Bolaños

El Gobierno de Canarias ha reiterado en la Conferencia Sectorial de Justicia la petición para abrir más juzgados como medida para afrontar la carga de trabajo de los actuales debido a la alta litigiosidad que padecen las islas, la más elevada del país. Así se lo planteó el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, al ministro Félix Bolaños.

Cabe recordar que en 2024 el Ministerio de Justicia no ha autorizado la apertura de nuevos juzgados y que los nueve que ha puesto en marcha la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias este año (ocho ya funcionando y uno que entrará en funcionamiento en diciembre) son los que se autorizaron en las anualidades de 2022 y 2023. “Conocemos los argumentos del Ministerio, que se agarra a la futura Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que en estos momentos está en el Senado y aún por aprobar, y que impondrá una reorganización completa de la estructura judicial del país implantando los tribunales de instancia. Nos parece una reforma positiva, pero su aplicación efectiva puede dilatarse en el tiempo”, explica Cesáreo Rodríguez. “Mientras tanto, como ha reiterado en las anteriores conferencias sectoriales la consejera Nieves Lady Barreto, Canarias tiene que hacer frente a una sobrecarga insoportable en los actuales juzgados, con unas trabajadoras y trabajadores sobrepasados, situación que solo puede aliviarse con la apertura de más juzgados, en tanto que se hace efectiva esta reorganización”.

El viceconsejero de Justicia también hizo hincapié ante el ministro en que los cambios que llevará aparejados la futura Ley de eficiencia deben ir acompañados de apoyo estatal a las Comunidades Autónomas que, como Canarias, tienen las competencias transferidas en materia de Justicia.

“La Consejería de Presidencia, gracias a la gestión de la consejera Nieves Lady Barreto, ha hecho un importante esfuerzo para mejorar el salario del personal de Justicia aprobando un complemento específico destinado más de 2600 trabajadores y trabajadoras y para poner en marcha los nueve juzgados correspondientes a la pasada legislatura que no se habían abierto. Todo ese trabajo se ha hecho en poco más de un año y supone una mejora en las condiciones laborales que repercutirá en la calidad del servicio que se presta a las personas y un alivio para la sobrecarga de la Justicia, pero necesitamos más juzgados, al tiempo que seguimos destinando recursos a la mediación, como la mejor herramienta para rebajar la litigiosidad”, añade el viceconsejero de Justicia.

La Conferencia Sectorial que, cada seis meses, reúne al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas, se ha celebrado en esta ocasión de Córdoba y es la tercera en lo que va de legislatura. Tal y como adelantó el ministro Bolaños, la próxima se celebrará en la primera mitad de 2025 en Barcelona, en fecha aún por determinar.

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La reunión evidenció la gran preocupación del sector pesquero de las islas sobre la tuna (patudo), cuya pesquería fue cerrada el pasado mes de julio a la flota canaria artesanal por parte del Ministerio

El viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Álvaro de la Bárcena, participó en el día de ayer, miércoles 19 de octubre, en la sede de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid, en la reunión de coordinación nacional preparatoria de la reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que contó con la asistencia de diversos representantes del sector pesquero canario, así como de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.

La reunión evidenció la gran preocupación del sector pesquero de las islas sobre la tuna (patudo), cuya pesquería fue cerrada el pasado mes de julio a la flota canaria artesanal por parte del Ministerio, debido a la limitación de cuota que le impone el plan de pesca nacional a pesar de que la vigente recomendación de ICCAT sobre túnidos tropicales insta literalmente a “prestar especial consideración a las necesidades y especificidades de los pescadores artesanales de pequeña escala”.

El viceconsejero del Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, con el apoyo de las tres federaciones de cofradías de pescadores de Canarias y otros representantes del sector, solicitó al Ministerio la defensa ante ICCAT de una asignación específica de cuota de tuna para los archipiélagos de Canarias, Azores y Madeira, en reconocimiento de su actividad pesquera sostenible en claro contraste con la pesca industrial de inmaduros realizada por la flota de cerco tropical, que emplea objetos flotantes.

De la Bárcena y el resto de representantes expusieron también al Ministerio las incoherencias del vigente plan de pesca nacional de tuna, que limita la pesca tradicional de la flota canaria artesanal favoreciendo que se hayan perdido más de 1.000 toneladas de la cuota anual de este túnido durante las tres últimas campañas a nivel nacional, un hecho que va en contra de la debida atención al fin social común de los recursos pesqueros y a la especial consideración a la pesca artesanal preconizada por ICCAT. Al respecto, estos mismos representantes solicitaron que el Ministerio continuase la tramitación de la modificación del plan de pesca nacional, con el fin de que incorpore cuanto antes un “mecanismo de optimización”, de manera que, lo que no pesquen otras flotas de la cuota nacional, lo pueda aprovechar la flota pesquera canaria.

En este sentido, el Ministerio, a través de su directora general de Pesca Sostenible, Isabel Artime, se comprometió a defender la asignación de una cuota específica de tuna para los archipiélagos de Canarias, Azores y Madeira por parte de ICCAT. También, a continuar la tramitación del “mecanismo de optimización” mientras la Audiencia Nacional resuelve un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el vigente plan de pesca nacional, con el objetivo de que ese mecanismo pueda entrar en vigor en la próxima campaña de pesca anual, sin demora, tras conocerse la correspondiente resolución judicial.

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El objetivo es garantizar las actuaciones necesarias y asegurar el mantenimiento y la protección de las reservas marinas de Canarias

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han firmado un acuerdo de cooperación en el que establecen la gestión compartida de las reservas marinas que existen en Canarias a través de un convenio de colaboración cuya duración será de cuatro años, hasta 2026.

La estimación de la inversión anual por cada una de las administraciones firmantes para las reservas marinas incluidas en el ámbito del presente convenio es la siguiente: La Secretaría General de Pesca aporta 490.000 euros, mientras que el departamento autonómico, un total de 254.282 euros.

Este convenio tiene como objetivo asegurar el funcionamiento y la dotación de medios para los servicios de mantenimiento, protección y coordinación, la defensa del medio marino en relación con la regeneración de los recursos de interés pesquero, así como dar apoyo a la investigación, e impulsar la divulgación de las actuaciones realizadas en ellas y sus resultados.

En este sentido, ambas entidades se comprometen a cooperar en la vigilancia de las reservas marinas de interés pesquero de la isla de La Graciosa, de los islotes del norte de Lanzarote y de la Punta de La Restinga-Mar de Las Calmas, en la isla de El Hierro, para garantizar la operatividad de los servicios y la conservación, el mantenimiento y el funcionamiento de los medios técnicos y de las instalaciones.

Por su parte, la Consejería se compromete a establecer relaciones con instituciones insulares y locales, los órganos de consulta e información pública y a aportar instalaciones para los servicios de las reservas marinas. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación será el encargado de aportar las embarcaciones y los medios técnicos pertinentes.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, destacó “la importancia de un convenio que fortalece el trabajo conjunto entre el Ministerio y la Consejería para favorecer el mantenimiento y la protección de las reservas marinas del archipiélago”.

Cabe recordar que desde la creación de ambas reservas marinas, la Administración General del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Canarias cooperan en la gestión de ambos espacios protegidos adyacentes, colaboración que se plasmó en sendos convenios marco, relativos a la gestión compartida de ambas reservas marinas, suscritos con fecha de 28 de abril de 1999. Con fecha 29 de diciembre de 2005, fue suscrito por ambas partes un nuevo convenio en esta materia de gestión compartida de reservas marinas de Canarias, que fue prorrogado en 2013 y de nuevo el 29 de junio de 2017 hasta el 29 de diciembre de 2021.

Enlace a la resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC): http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/171/001.html

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Estos fondos del Ministerio, valorados en 270.163 euros, tienen el objetivo de compensar las pérdidas de renta

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha concedido una ayuda directa a los titulares de explotaciones sepultadas por la lava de cultivos distintos al plátano, más concretamente, aguacate; naranja; mandarina; piña tropical; papaya; pitaya; calabaza; y batata, para compensar las pérdidas de renta sufridas como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma.

Se trata de una ayuda valorada en 270.163 euros correspondiente a los fondos del primer paquete de ayudas transferido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al departamento autonómico, con el fin de reparar los daños ocasionados en materia agraria y pesquera, según lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes y para la reconstrucción económica y social.

La entidad Agroseguro ha sido la encargada de realizar las pertinentes valoraciones de pérdidas de renta en base a las cuales se conceden los importes de ayuda.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha explicado que “hemos resuelto una ayuda específica para las fincas sepultadas por la lava que cultivan otros productos diferentes al plátano, de manera que podamos cubrir las pérdidas de producción de esas explotaciones”.

En esta línea, recordó que “seguiremos trabajando en el cálculo de las indemnizaciones del resto de producciones afectadas por la ceniza en toda la isla, en coordinación con Agroseguro, para continuar con las valoraciones y hacer llegar las indemnizaciones a todo el sector primario de La Palma”.

Enlace a la resolución publicada en el Tablón de Anuncios de la Consejería: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/94d9de87-5ff9-4e4f-8108-5c03faed84d8

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José Antonio Valbuena destacó que esta convocatoria mejorará la garantía de suministro y generará un importante ahorro de agua y energía

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC nº 133, de 6 de julio de 2022) la convocatoria de subvenciones para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El consejero autonómico responsable del Área, José Antonio Valbuena, explicó que “se destinarán más de 5,7 millones de euros a inversiones en los sistemas de abastecimiento para la mejora de la eficiencia, la reducción de pérdidas en las redes de distribución y la reparación y mejora de la captación, los depósitos e instalaciones de potabilización en pequeños y medianos municipios, lo cual se traducirá en un importante ahorro de agua y energía, y en una mejor garantía de suministro”.

Los proyectos subvencionables a través de la convocatoria deberán tener por objeto obras específicamente destinadas a la mejora y renovación de sistemas de abastecimiento locales que sirven a pequeños y medianos municipios (captación, aducción y transporte, depósitos, potabilizadoras y redes de distribución) y las encaminadas a la reducción de pérdidas en las redes de dichos sistemas de abastecimiento, ahorro en el consumo de agua y/o incremento de la garantía de suministro. En concreto, las obras deberán referirse a sistemas de abastecimiento locales que sirvan a municipios con población inferior a 20.000 habitantes, y las actuaciones deberán contar con el compromiso de la administración titular del sistema con la ejecución del proyecto y la posterior explotación de las obras, así como su conservación y mantenimiento.

Las entidades beneficiarias de las ayudas serán las competentes en materia de abastecimiento en cada ámbito territorial, de conformidad con el concepto amplio que establecen las bases reguladoras de la convocatoria, que prevén diversas fórmulas para considerar que existe dicha competencia.

Las entidades interesadas en optar a estas líneas de ayudas podrán presentar sus solicitudes entre el 7 de julio y el 7 de septiembre de 2022.

Considerando que las posibles beneficiarias son únicamente personas jurídicas, deberán hacerlo a través del procedimiento de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias:

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/7486.

Las solicitudes podrán referirse a proyectos iniciados a partir del 1 de febrero de 2020, y en todo caso las actuaciones objeto de financiación deberán haberse ejecutado en más del 50% de la inversión prevista el día 31 de diciembre de 2023, y finalizar completamente antes del 31 de diciembre de 2024.

El objeto subvencionable que se incluya en las solicitudes a la convocatoria deberá cumplir los requisitos propios aplicables a los fondos Next Generation EU y que se detallan en las bases y la normativa aplicable.

La convocatoria se rige por el régimen de concurrencia competitiva, estableciendo las bases los criterios para la adjudicación de las mismas. Las solicitudes serán valoradas, aplicando dichos criterios, por una comisión de valoración constituida por personal adscrito a las unidades provisionales creadas en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, para la gestión de los Fondos Next Generation EU asignados a este departamento.

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El Estado modifica la disposición final cuarta del Real Decreto 6/2022, teniendo el Gobierno de Canarias la competencia para la planificación de este tipo de infraestructuras

De esta manera, la ministra de Transición Ecológica cumple con el compromiso adquirido con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras la publicación del documento inicial

El Consejo de Ministros ha aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado de este sábado, 14 de mayo, una modificación a la disposición final cuarta del Real Decreto 6/2022, que eliminaba la autorización administrativa previa para las instalaciones de regasificación que tuvieran como destino principal la alimentación de gas natural en estado gaseoso a centrales térmicas. Esta medida afectaba a la ley de hidrocarburos, que regula el mercado gasista de gas natural en estado gaseoso, cuya competencia es estatal. 

De esta manera, se da cumplimiento al compromiso adquirido por parte de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero regional de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, para modificar el texto inicial.

El consejero regional del Área, José Antonio Valbuena, señaló que “desde el Gobierno de Canarias solicitamos una modificación al texto por considerar que en nuestra planificación energética no está contemplada ninguna forma de mercado gasista” y aclara que para los usos que se puedan dar en las Islas “en ningún momento se vendería gas natural en estado gaseoso, ya que podría dar la sensación que dicha disposición final cuarta se imponía a la planificación elaborada en Canarias, lo que generaba cierta inseguridad”.

En este sentido, Valbuena explicó que las centrales térmicas funcionan en régimen de autoconsumo y no precisan de autorización administrativa, ya que la propia central transforma el gas suministrado en estado líquido al estado gaseoso para alimentar los grupos que generan la electricidad.

Desde el Gobierno de Canarias se consideraba necesaria una modificación del texto, ya que con la redacción inicial se podía interpretar que no se contemplaban las competencias de Canarias a la hora de diseñar su transición energética.

“Con la nueva redacción queda claro que en todo momento se debe tener en cuenta el marco competencial de ambas administraciones, la estatal y la canaria, y, por lo tanto, ya no existe riesgo alguno de que se implante una regasificadora que abra la puerta a alguna forma de mercado gasista sin el visto bueno del Ejecutivo regional, que debe tenerlo contemplado, en su planificación”, apuntó el consejero, que recordó que “como en la planificación elaborada por la Comunidad Autónoma no se contempla esa posibilidad y queda claro que no se podrá desarrollar la disposición final cuarta, mientras no se modifique la planificación energética de Canarias”.

Con esta modificación, destacó, se elimina cualquier tipo de duda o incógnita que pudiera surgir sobre una posible modificación de los planes de transición energética que el Gobierno de Canarias ha trazado.

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La medida, adoptada por el Ministerio de Sanidad, también incluye los Centros de Educación Especial y en todos los casos queda excluido el ámbito de comedor escolar y los espacios alternativos habilitados para las comidas

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha informado a los centros educativos de las islas de la actualización de las medidas adoptadas en relación a la nueva estrategia de vigilancia y control frente al COVID-19 determinada por el Ministerio de Sanidad. Entre otras, destaca que en Infantil, Primaria y Centros de Educación Especial, los Grupos de Convivencia Estable (GCE), también conocidos como “grupos burbuja”, pueden interactuar entre sí tanto en exteriores como en interiores, excepto en el ámbito de comedor escolar y espacios alternativos habilitados para las comidas, en los que se mantendrán.

Además, las actividades complementarias que incluyan pernocta también se organizarán por grupos burbuja, y los cursos que no los tengan establecerán subgrupos fijos para la realización de la actividad.

Por otro lado, se permitirá el acceso de familias tanto a espacios interiores como a los espacios al aire libre de los centros, si bien habrá que evitar aglomeraciones. También se autorizan reuniones de tutoría individual con las familias en espacios interiores bien ventilados bajo la condición de cumplir las medidas de prevención e higiene que estén vigentes en ese momento, con prioridad para las reuniones al aire libre.

Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros se realizarán, siempre que se pueda, al aire libre, y acorde a las mismas condiciones que sus homólogos en el ámbito comunitario.

De la misma forma, se priorizarán las actividades complementarias al aire libre. En el caso de visitas a museos, cines, teatros y similares, se llevarán a cabo las medidas preventivas establecidas por el lugar que se visite.

A las actividades complementarias que se desarrollen en el centro podrán acudir personas externas al mismo, siempre que se mantengan las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud establecidas, y que esté permitido según la normativa y en el nivel de riesgo en que se encuentre la isla. Esto mismo se aplicará a las desarrolladas fuera del centro que precisen de la asistencia de personas externas para su correcto desarrollo.

Para la celebración de actos de graduación, de fin de curso u otro tipo de eventos sociales o culturales que puedan tener lugar en el centro en el contexto de su actividad, se cumplirán las medidas de prevención frente al COVID-19 existentes para eventos culturales en la comunidad autónoma.

De forma general, se recuerda que no se recomienda la asistencia al centro cuando una persona presente síntomas agudos compatibles con COVID-19 u otra enfermedad infecciosa aguda y potencialmente transmisible. En este sentido, el centro educativo informará de forma explícita y con confirmación de recepción de la información a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor de edad, de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda, se abstenga de acudir al centro educativo.

Se podrá retomar la asistencia ante una mejoría evidente de la sintomatología y si se encuentra sin fiebre en las últimas 24 horas. En estos casos, se extremarán las precauciones durante los diez días posteriores al inicio de los síntomas compatibles con COVID-19 (evitar el contacto con personas vulnerables; utilizar mascarilla quirúrgica; efectuar una adecuada higiene de manos; no acudir a eventos multitudinarios, y limitar los contactos a los grupos con los que se interactúa de forma habitual dentro del centro).

Si una persona comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro, deberá colocarse una mascarilla quirúrgica y se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que sea menor de edad, para que acuda a recogerle. Si es adulta, autónoma y se encuentra bien, se marchará a su domicilio debiendo evitar contactos en el trayecto. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.

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El Gobierno de España pone en marcha un paquete de 169 millones de euros para productores de leche de vacuno, caprino y ovino

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó el pasado martes (26 de abril) el listado provisional de los 20.081 productores de leche de vacuno, caprino y ovino beneficiarios del paquete de ayudas directas específico para el sector lácteo.

Unas ayudas por valor de 169 millones de euros con el objetivo de mitigar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Un total de 597 ganaderías de las islas podrán acceder a unos fondos de 2,8 millones de euros que supondrían una inyección de liquidez para un sector que está sufriendo de forma directa los efectos de esta coyuntura internacional.

Las ayudas específicas para los productores de leche de las islas tienen como objetivo compensar el incremento de los costes de producción a una de las actividades más afectadas del sector primario debido al aumento del precio de la electricidad, los piensos para alimentación animal y los combustibles, derivado de la situación creada por la invasión rusa de Ucrania.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, destaca que se trata “de una respuesta decidida del Gobierno de España con el sector primario, un paquete de 169 millones de euros para productores de leche de vacuno, caprino y ovino, de los que Canarias se beneficiará de 2,8 millones que permitirán amortiguar los efectos de una situación que lastra la viabilidad económica de muchas explotaciones ganaderas”.

En esta línea, la responsable regional del área, señala que estas ayudas “complementan las acciones propias de la Consejería, como el abono en enero una ayuda directa de 7,6 millones a los más de mil titulares de explotaciones ganaderas afectados por la crisis sanitaria de la Covid o la tramitación de una ayuda directa valorada en 8 millones de euros para compensar el sobrecoste del precio de la alimentación animal”.

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El Ministerio de Justicia comunica al Gobierno canario que ya está tramitando el proyecto de orden por la que dispone este ascenso de categoría solicitado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

La decisión está fundamentada en el número de habitantes de hecho, la sobrecarga de trabajo, la importante actividad turística, el elevado porcentaje de inmigración y la insularidad

Julio Pérez, que reiteró la petición en la conferencia sectorial celebrada el 25 de marzo, destaca la importancia de esta medida para una isla no capitalina de cara a retener a los jueces que llegan, porque cuando ascienden se tienen que ir

Los siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Puerto del Rosario tendrán en breve la categoría de magistrado o magistrada, según anuncia el oficio que ha enviado la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María dels Àngels García, a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, en el que comunica que el Ministerio de Justicia ya está tramitando el proyecto de orden por la que dispone el citado ascenso de categoría solicitado en varias ocasiones por el departamento que dirige Julio Pérez.

La última, el pasado 25 de marzo, con motivo de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, celebrada en Avilés, donde el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad reiteró la petición.

Julio Pérez también se refirió a ella en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia que tuvo lugar el lunes en el Parlamento de Canarias, donde subrayó la importancia de este ascenso de categoría, sobre todo para una isla no capitalina como Fuerteventura, pues, entre otras cuestiones, ayuda a retener y que no se vayan los jueces que llegan, porque ahora mismo al ser ascendidos a magistrados se tienen que ir.

El oficio apunta que el partido judicial de Puerto del Rosario reúne una serie de características especiales que justifican la elevación a categoría de magistrado o magistrada de sus siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 21.2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre.

En concreto, señala la población de hecho, 150.000 habitantes; la planta judicial, siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento, y la sobrecarga de trabajo, al superar en más de un 30% el módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial. Además, indica la insularidad, la importante actividad turística y un elevado porcentaje de inmigración, sobre todo irregular, cuya llegada a Fuerteventura se viene produciendo desde hace más de 20 años.

Para el Ministerio de Justicia, en la capital majorera existe una gran densidad de población de hecho y de segunda residencia, así como personal laboral foráneo, lo que, unido al elevado porcentaje de migrantes, sobre todo irregulares, genera un incremento significativo de la carga de trabajo en los siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción, tanto cuantitativo como cualitativo, por la complejidad de los asuntos que deben abordar.

Conviene recordar que la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, dispone, en el apartado 2 del artículo 21, que la titular del Ministerio de Justicia “podrá establecer que los juzgados de Primera Instancia y de Instrucción, o de Primera Instancia e Instrucción, serán servidos por magistrados siempre que estén radicados en un partido judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de población de hecho que superen dicha cifra, y el volumen de cargas competenciales así lo exija”.

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En total, Canarias recibirá 62,3 millones de euros, distribuidos en dos fases, para llevar a cabo proyectos que favorezcan la optimización del uso del agua disponible y la competitividad de las producciones

La Comunidad de Regantes de Los Sauces, en La Palma, y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, han suscrito hoy, lunes 28 de marzo, el primero de los convenios que se firmarán en Canarias dentro del Plan de Mejora de la Eficiencia y Sostenibilidad de Regadíos.

La firma de hoy permitirá poner en marcha un proyecto de transformación digital y desarrollo de nuevas tecnologías para modernizar la red de regadío de este municipio del norte de La Palma, que contará con una financiación de 1,37 millones de euros.

En la formalización del acuerdo entre el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez, y el presidente de la Comunidad de Regantes de Los Sauces, Jesús Manuel Hernández, también estuvieron presentes la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; y el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, Manuel González.

Tras el acto, Alicia Vanoostende recordó que su departamento ha trabajado durante meses con las diferentes unidades gestoras de agua de riego en las islas para poder optar a esta financiación de los Fondos Next Generation, que han permitido articular el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española para reparar los daños económicos y sociales derivados de la pandemia.

En total, Canarias recibirá 62,3 millones de euros, distribuidos en dos fases. A la primera de ellas, en la que se ejecutará el convenio firmado hoy, se destinarán 18,63 millones de euros, mientras que la cantidad para las obras preseleccionadas de cara al futuro convenio de la segunda fase será de 43,72 millones. En cada una de ellas se materializarán cinco proyectos diseñados para optimizar el uso del agua disponible y aumentar la competitividad de las producciones.

“Hemos trabajado con las comunidades de regantes de Los Sauces, El Paso, El Golfo y Santa Cruz de La Palma, Breñas y Mazo, así como con la empresa pública Balsas de Tenerife, el Cabildo de Lanzarote, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y el Consorcio de Aguas de Fuerteventura para preparar las diez iniciativas destinadas a la modernización y consolidación de los regadíos”, dijo la consejera. “Todas ellas han sido declaradas de interés general por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio”, agregó.

La Consejería, a través de la Dirección General de Agricultura, fue la encargada de defender ante el organismo estatal la conveniencia de estas iniciativas para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las redes de regadío de Canarias. De todas ellas, se han actualizado los proyectos o se encuentran en fase de actualización por parte de la Dirección General de Agricultura y cumplen con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, uso de energías renovables y aplicación de las nuevas tecnologías.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, puso de relieve la importancia de este día, “ya que se firma un acuerdo que supone un hito para La Palma, siendo el primer acuerdo de otros que se materializan en este ámbito con la Isla y en Canarias”. “Pone de manifiesto el compromiso que existe por parte del Gobierno de España con La Palma y especialmente con su sector primario, que es clave para la economía insular”, explicó.

El presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez, informó de que “esta actuación consistirá en la modernización de una comunidad de regantes y beneficiará a una superficie aproximada de 77 hectáreas. La financiación obtenida permitirá favorecer el riego localizado, mediante la colocación de contadores con telecontrol, asociado a un plan informático para digitalizar el sistema de riego”, añadió. Además, añadió que, “como media, se estima que, a través de este sistema, el ahorro de agua se situará entre un 15% y 25%”.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Regantes de Los Sauces, Jesús Manuel Hernández, destacó “este acuerdo supone un importante avance, para una institución en la que se integran todos los agricultores que se benefician del agua procedente de los manantiales de Marcos y Cordero”. Aludió a la innovación que conlleva el proyecto para propiciar un mejor aprovechamiento del agua en una de las zonas más fértiles de Canarias.

Primer proyecto

Este primer proyecto que se ha formalizado hoy servirá para dotar a la Red de Caldereta de puntos de entrega de agua a las fincas y del sistema de telecontrol para vigilar a distancia las redes hidráulicas. Asimismo, se incluye el telecontrol de los hidrómetros de las Redes de Adeyahamen y de Bediesta, que sirven para medir la densidad del agua.

Además, de ayudar a la mayor eficiencia del sistema de riego, el proyecto de la Comunidad de Regantes de Los Sauces cumple con el objetivo de adaptar las infraestructuras para mitigar el cambio climático.

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