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La Consejería solicita al Ministerio de Justicia que garantice la seguridad de los atestados telemáticos

La limitación técnica para proteger los ficheros deriva exclusivamente de la falta de adaptación tecnológica de la plataforma estatal LexNET

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, solicitará de forma urgente al Ministerio de Justicia que garantice la remisión encriptada de los atestados telemáticos realizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los órganos judiciales, dando respuesta  y adhiriéndose a la petición formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la que solicita que “adopte con carácter prioritario y urgente las medidas necesarias para implantar sistemas de transmisión telemática mediante cifrado de extremo a extremo”.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias se suma a la preocupación por la limitación técnica para proteger los ficheros, pero explica que la misma deriva exclusivamente de la falta de adaptación tecnológica de la plataforma estatal LexNET dependiente del Ministerio de Justicia y única vía habilitada legalmente para la presentación telemática de atestados y diligencias ampliatorias en Canarias. En este sentido, aclara que Canarias cuenta con los medios tecnológicos necesarios para recibir documentación cifrada, una vez LexNET esté preparado y habilitado por el Ministerio de Justicia, al ser éste el competente en el desarrollo de la plataforma.

El sistema de gestión procesal Atlante Web, utilizado en la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone de capacidad técnica para recibir documentación cifrada y garantizar su adecuada incorporación al procedimiento judicial, con pleno respeto a la seguridad e integridad de la información. Sin embargo, mientras la plataforma LexNET del Ministerio de Justicia no permita el envío cifrado en origen por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esta funcionalidad no puede activarse operativamente en Canarias ni en ninguna otra comunidad autónoma.

La documentación remitida actualmente a través de LexNET viaja bajo los mecanismos que garantizan la seguridad e integridad de la documentación remitida a través de la propia plataforma estatal, pero a fecha de hoy no admite la transmisión de archivos cifrados por el remitente que requieran clave de acceso en destino. Esta posibilidad solo será viable cuando el Ministerio de Justicia modifique e implemente las capacidades técnicas necesarias en LexNET para admitir documentos cifrados de extremo a extremo.

 

 

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La consejera de Presidencia entrega en Madrid la Medalla al Mérito de la Justicia a Sofía Puente

Nieves Lady Barreto destacó el trabajo desarrollado como alto cargo del Ministerio de Justicia para facilitar la cobertura legal de los damnificados por la erupción del volcán de La Palma

En esta edición, han sido condecorados también el magistrado Tomás Martín, la directora del IML, Eva Bajo, la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Tenerife, Mila Pacheco y el Juzgado contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha entregado hoy la Medalla al Mérito de la Justicia con distintivo de oro a Sofía Puente Santiago, secretaría general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia del Ministerio, en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid.

Nieves Lady Barreto agradeció a Sofía Puente Santiago su intervención “decidida y valiente” para dar cobertura legal de los damnificados tras la emergencia volcánica en La Palma. “Ante un suceso extraordinario, su trabajo dio respuesta a las necesidades de los palmeros más vulnerables que lo habían perdido todo, buscando soluciones a los problemas, con determinación y profesionalidad”.

Siendo directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente impulsó la modificación de la legislación vigente para demarcar tres notarías temporales en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, y que notarios de otras demarcaciones territoriales pudieran ser habilitados y actuar en la Isla de La Palma, dando cobertura legal a todos aquellos que habían perdido sus documentos, carecían de titulación pública o no la tenían actualizada y necesitaban asesoramiento.

Como consecuencia de ello, y bajo su supervisión y vigilancia, se permitió que los decanos de los Colegios Notariales de las Islas Canarias, Cataluña y Valencia activaran la habilitación de una pluralidad de notarios de toda España que se fueron desplazando a La Palma, por periodos de una semana, para facilitar gratuitamente a los afectados por la erupción volcánica la documentación y asesoramiento legal necesario para los afectados en su ámbito de actuación prestando los servicios en cada una de las notarías

En esta edición fueron condecorados también el magistrado Tomás Martín, la directora del IML de Las Palmas, Eva Bajo, la vicepresidenta del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Mila Pacheco, y el Juzgados de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, que recibieron su medalla el pasado día 7 en un acto celebrado en el Teatro Guiniguada de la capital grancanaria.

Este acto contó con la asistencia del viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, representantes del Ministerio de Justicia y miembros de los colegios profesionales del notariado, registradores y la abogacía, así como de la carrera judicial y fiscal.

 

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Nieves Lady Barreto pide la creación de la Comisión autonómica para la Calidad del servicio público de Justicia

El Ministerio y el Gobierno de Canarias firman un convenio para reforzar la digitalización de la Justicia en las islas que regula la cesión de soluciones tecnológicas ya desarrollada por el Ministerio

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha solicitado hoy al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, la creación de la Comisión autonómica para la Calidad del servicio público de Justicia, recogida en la Ley estatal de Eficiencia, “con el fin de contar lo antes posible con un órgano en Canarias donde analizar conjuntamente el funcionamiento de los órganos judiciales y resolver los problemas, tanto los que competen al Gobierno de Canarias, como los que competen a los operadores judiciales, para dar una respuesta más ágil”. En este sentido, Olmedo se comprometió a estudiar la puesta en marcha de esta Comisión, una de las herramientas que contempla la Ley Orgánica 1/2025, tanto a nivel estatal como autonómico.

Nieves Lady Barreto hizo estas declaraciones durante la firma de un convenio, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, entre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Gobierno de Canarias para reforzar la colaboración tecnológica.

Este convenio permite actualizar los servicios que el Ministerio presta a la comunidad autónoma, al tiempo que facilita la adopción de nuevas herramientas desarrolladas por la Administración General del Estado en el marco del proyecto de transformación digital del servicio público de Justicia.

El acto contó con la asistencia del viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana y la directora del Gabinete del secretario de Estado, Ainhoa Alday.

Con esta firma, Canarias se suma al modelo de utilización tecnológica que impulsa el Ministerio con las comunidades autónomas con competencias transferidas, como ya se hizo en febrero con el Principado de Asturias. Está previsto que próximamente se incorporen otros gobiernos regionales.

Durante el acto, el secretario de Estado de Justicia ha subrayado que estos acuerdos son esenciales para garantizar que el proceso de modernización de la Justicia llegue de forma efectiva y equilibrada a todos los territorios. Asimismo, ha reiterado la voluntad del Ministerio de seguir colaborando con todas las comunidades autónomas con competencias transferidas, no solo ofreciendo soluciones tecnológicas, sino también fortaleciendo los mecanismos de coordinación institucional necesarios para consolidar un modelo de Justicia conectado, eficiente y orientado a la ciudadanía.

Una arquitectura común para una Justicia más ágil y digital

La iniciativa se enmarca en la implantación progresiva del Nuevo Modelo de Oficina Judicial y Tribunal de Instancia recogido en la Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, y en la nueva gobernanza digital del sistema judicial. El objetivo es garantizar una justicia más ágil, interoperable y centrada en el dato, a través de una arquitectura tecnológica común que permita aprovechar recursos públicos ya existentes.

Entre los servicios y desarrollos que podrán utilizarse en Canarias se encuentran la Carpeta Justicia como canal único de relación digital con la ciudadanía, el Sistema de Información del Registro Civil (DICIREG), el Escritorio Virtual de Interacción Digital (EVID), el servicio de Cita Previa, LexNet (herramienta de comunicación entre órganos judiciales y operadores jurídicos), o el Hub de Interoperabilidad de Justicia.

También se incluirán soluciones avanzadas de tramitación automatizada integradas con otras administraciones públicas y otras aplicaciones novedosas relacionadas con la robotización de procesos, la textualización o la IA. Todas estas herramientas se transferirán con soporte técnico, garantías de seguridad y documentación funcional completa.

Este modelo de cooperación permite también que la comunidad autónoma pueda adaptar y enriquecer estos servicios con sus propias aportaciones, fomentando así un ecosistema compartido de innovación pública en el ámbito judicial.

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Canarias pide más juzgados y apoyo para afrontar la nueva estructura judicial que planea el Ministerio

El viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, plantea estas peticiones en la Conferencia Sectorial celebrada en Córdoba bajo la presidencia del ministro Bolaños

El Gobierno de Canarias ha reiterado en la Conferencia Sectorial de Justicia la petición para abrir más juzgados como medida para afrontar la carga de trabajo de los actuales debido a la alta litigiosidad que padecen las islas, la más elevada del país. Así se lo planteó el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, al ministro Félix Bolaños.

Cabe recordar que en 2024 el Ministerio de Justicia no ha autorizado la apertura de nuevos juzgados y que los nueve que ha puesto en marcha la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias este año (ocho ya funcionando y uno que entrará en funcionamiento en diciembre) son los que se autorizaron en las anualidades de 2022 y 2023. “Conocemos los argumentos del Ministerio, que se agarra a la futura Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que en estos momentos está en el Senado y aún por aprobar, y que impondrá una reorganización completa de la estructura judicial del país implantando los tribunales de instancia. Nos parece una reforma positiva, pero su aplicación efectiva puede dilatarse en el tiempo”, explica Cesáreo Rodríguez. “Mientras tanto, como ha reiterado en las anteriores conferencias sectoriales la consejera Nieves Lady Barreto, Canarias tiene que hacer frente a una sobrecarga insoportable en los actuales juzgados, con unas trabajadoras y trabajadores sobrepasados, situación que solo puede aliviarse con la apertura de más juzgados, en tanto que se hace efectiva esta reorganización”.

El viceconsejero de Justicia también hizo hincapié ante el ministro en que los cambios que llevará aparejados la futura Ley de eficiencia deben ir acompañados de apoyo estatal a las Comunidades Autónomas que, como Canarias, tienen las competencias transferidas en materia de Justicia.

“La Consejería de Presidencia, gracias a la gestión de la consejera Nieves Lady Barreto, ha hecho un importante esfuerzo para mejorar el salario del personal de Justicia aprobando un complemento específico destinado más de 2600 trabajadores y trabajadoras y para poner en marcha los nueve juzgados correspondientes a la pasada legislatura que no se habían abierto. Todo ese trabajo se ha hecho en poco más de un año y supone una mejora en las condiciones laborales que repercutirá en la calidad del servicio que se presta a las personas y un alivio para la sobrecarga de la Justicia, pero necesitamos más juzgados, al tiempo que seguimos destinando recursos a la mediación, como la mejor herramienta para rebajar la litigiosidad”, añade el viceconsejero de Justicia.

La Conferencia Sectorial que, cada seis meses, reúne al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas, se ha celebrado en esta ocasión de Córdoba y es la tercera en lo que va de legislatura. Tal y como adelantó el ministro Bolaños, la próxima se celebrará en la primera mitad de 2025 en Barcelona, en fecha aún por determinar.

 

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El Gobierno de Canarias defiende ante el Ministerio las reivindicaciones del sector pesquero sobre la tuna

La reunión evidenció la gran preocupación del sector pesquero de las islas sobre la tuna (patudo), cuya pesquería fue cerrada el pasado mes de julio a la flota canaria artesanal por parte del Ministerio

El viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Álvaro de la Bárcena, participó en el día de ayer, miércoles 19 de octubre, en la sede de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid, en la reunión de coordinación nacional preparatoria de la reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que contó con la asistencia de diversos representantes del sector pesquero canario, así como de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.

La reunión evidenció la gran preocupación del sector pesquero de las islas sobre la tuna (patudo), cuya pesquería fue cerrada el pasado mes de julio a la flota canaria artesanal por parte del Ministerio, debido a la limitación de cuota que le impone el plan de pesca nacional a pesar de que la vigente recomendación de ICCAT sobre túnidos tropicales insta literalmente a “prestar especial consideración a las necesidades y especificidades de los pescadores artesanales de pequeña escala”.

El viceconsejero del Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, con el apoyo de las tres federaciones de cofradías de pescadores de Canarias y otros representantes del sector, solicitó al Ministerio la defensa ante ICCAT de una asignación específica de cuota de tuna para los archipiélagos de Canarias, Azores y Madeira, en reconocimiento de su actividad pesquera sostenible en claro contraste con la pesca industrial de inmaduros realizada por la flota de cerco tropical, que emplea objetos flotantes.

De la Bárcena y el resto de representantes expusieron también al Ministerio las incoherencias del vigente plan de pesca nacional de tuna, que limita la pesca tradicional de la flota canaria artesanal favoreciendo que se hayan perdido más de 1.000 toneladas de la cuota anual de este túnido durante las tres últimas campañas a nivel nacional, un hecho que va en contra de la debida atención al fin social común de los recursos pesqueros y a la especial consideración a la pesca artesanal preconizada por ICCAT. Al respecto, estos mismos representantes solicitaron que el Ministerio continuase la tramitación de la modificación del plan de pesca nacional, con el fin de que incorpore cuanto antes un “mecanismo de optimización”, de manera que, lo que no pesquen otras flotas de la cuota nacional, lo pueda aprovechar la flota pesquera canaria.

En este sentido, el Ministerio, a través de su directora general de Pesca Sostenible, Isabel Artime, se comprometió a defender la asignación de una cuota específica de tuna para los archipiélagos de Canarias, Azores y Madeira por parte de ICCAT. También, a continuar la tramitación del “mecanismo de optimización” mientras la Audiencia Nacional resuelve un recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el vigente plan de pesca nacional, con el objetivo de que ese mecanismo pueda entrar en vigor en la próxima campaña de pesca anual, sin demora, tras conocerse la correspondiente resolución judicial.

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Gobierno canario y Ministerio firman un convenio para la gestión compartida de las reservas marinas de las islas

El objetivo es garantizar las actuaciones necesarias y asegurar el mantenimiento y la protección de las reservas marinas de Canarias

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han firmado un acuerdo de cooperación en el que establecen la gestión compartida de las reservas marinas que existen en Canarias a través de un convenio de colaboración cuya duración será de cuatro años, hasta 2026.

La estimación de la inversión anual por cada una de las administraciones firmantes para las reservas marinas incluidas en el ámbito del presente convenio es la siguiente: La Secretaría General de Pesca aporta 490.000 euros, mientras que el departamento autonómico, un total de 254.282 euros.

Este convenio tiene como objetivo asegurar el funcionamiento y la dotación de medios para los servicios de mantenimiento, protección y coordinación, la defensa del medio marino en relación con la regeneración de los recursos de interés pesquero, así como dar apoyo a la investigación, e impulsar la divulgación de las actuaciones realizadas en ellas y sus resultados.

En este sentido, ambas entidades se comprometen a cooperar en la vigilancia de las reservas marinas de interés pesquero de la isla de La Graciosa, de los islotes del norte de Lanzarote y de la Punta de La Restinga-Mar de Las Calmas, en la isla de El Hierro, para garantizar la operatividad de los servicios y la conservación, el mantenimiento y el funcionamiento de los medios técnicos y de las instalaciones.

Por su parte, la Consejería se compromete a establecer relaciones con instituciones insulares y locales, los órganos de consulta e información pública y a aportar instalaciones para los servicios de las reservas marinas. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación será el encargado de aportar las embarcaciones y los medios técnicos pertinentes.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, destacó “la importancia de un convenio que fortalece el trabajo conjunto entre el Ministerio y la Consejería para favorecer el mantenimiento y la protección de las reservas marinas del archipiélago”.

Cabe recordar que desde la creación de ambas reservas marinas, la Administración General del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Canarias cooperan en la gestión de ambos espacios protegidos adyacentes, colaboración que se plasmó en sendos convenios marco, relativos a la gestión compartida de ambas reservas marinas, suscritos con fecha de 28 de abril de 1999. Con fecha 29 de diciembre de 2005, fue suscrito por ambas partes un nuevo convenio en esta materia de gestión compartida de reservas marinas de Canarias, que fue prorrogado en 2013 y de nuevo el 29 de junio de 2017 hasta el 29 de diciembre de 2021.

Enlace a la resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC): http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/171/001.html

 

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Ayuda a los productores de aguacate y otros frutales tropicales con fincas sepultadas por la lava

Estos fondos del Ministerio, valorados en 270.163 euros, tienen el objetivo de compensar las pérdidas de renta

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha concedido una ayuda directa a los titulares de explotaciones sepultadas por la lava de cultivos distintos al plátano, más concretamente, aguacate; naranja; mandarina; piña tropical; papaya; pitaya; calabaza; y batata, para compensar las pérdidas de renta sufridas como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma.

Se trata de una ayuda valorada en 270.163 euros correspondiente a los fondos del primer paquete de ayudas transferido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al departamento autonómico, con el fin de reparar los daños ocasionados en materia agraria y pesquera, según lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes y para la reconstrucción económica y social.

La entidad Agroseguro ha sido la encargada de realizar las pertinentes valoraciones de pérdidas de renta en base a las cuales se conceden los importes de ayuda.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha explicado que “hemos resuelto una ayuda específica para las fincas sepultadas por la lava que cultivan otros productos diferentes al plátano, de manera que podamos cubrir las pérdidas de producción de esas explotaciones”.

En esta línea, recordó que “seguiremos trabajando en el cálculo de las indemnizaciones del resto de producciones afectadas por la ceniza en toda la isla, en coordinación con Agroseguro, para continuar con las valoraciones y hacer llegar las indemnizaciones a todo el sector primario de La Palma”.

Enlace a la resolución publicada en el Tablón de Anuncios de la Consejería: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/94d9de87-5ff9-4e4f-8108-5c03faed84d8

 

 

 

 

 

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Transición Ecológica convoca ayudas por más de 5,7 millones para mejorar sistemas de abastecimiento

José Antonio Valbuena destacó que esta convocatoria mejorará la garantía de suministro y generará un importante ahorro de agua y energía

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC nº 133, de 6 de julio de 2022) la convocatoria de subvenciones para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El consejero autonómico responsable del Área, José Antonio Valbuena, explicó que “se destinarán más de 5,7 millones de euros a inversiones en los sistemas de abastecimiento para la mejora de la eficiencia, la reducción de pérdidas en las redes de distribución y la reparación y mejora de la captación, los depósitos e instalaciones de potabilización en pequeños y medianos municipios, lo cual se traducirá en un importante ahorro de agua y energía, y en una mejor garantía de suministro”.

Los proyectos subvencionables a través de la convocatoria deberán tener por objeto obras específicamente destinadas a la mejora y renovación de sistemas de abastecimiento locales que sirven a pequeños y medianos municipios (captación, aducción y transporte, depósitos, potabilizadoras y redes de distribución) y las encaminadas a la reducción de pérdidas en las redes de dichos sistemas de abastecimiento, ahorro en el consumo de agua y/o incremento de la garantía de suministro. En concreto, las obras deberán referirse a sistemas de abastecimiento locales que sirvan a municipios con población inferior a 20.000 habitantes, y las actuaciones deberán contar con el compromiso de la administración titular del sistema con la ejecución del proyecto y la posterior explotación de las obras, así como su conservación y mantenimiento.

Las entidades beneficiarias de las ayudas serán las competentes en materia de abastecimiento en cada ámbito territorial, de conformidad con el concepto amplio que establecen las bases reguladoras de la convocatoria, que prevén diversas fórmulas para considerar que existe dicha competencia.

Las entidades interesadas en optar a estas líneas de ayudas podrán presentar sus solicitudes entre el 7 de julio y el 7 de septiembre de 2022.

Considerando que las posibles beneficiarias son únicamente personas jurídicas, deberán hacerlo a través del procedimiento de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias:

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/7486.

Las solicitudes podrán referirse a proyectos iniciados a partir del 1 de febrero de 2020, y en todo caso las actuaciones objeto de financiación deberán haberse ejecutado en más del 50% de la inversión prevista el día 31 de diciembre de 2023, y finalizar completamente antes del 31 de diciembre de 2024.

El objeto subvencionable que se incluya en las solicitudes a la convocatoria deberá cumplir los requisitos propios aplicables a los fondos Next Generation EU y que se detallan en las bases y la normativa aplicable.

La convocatoria se rige por el régimen de concurrencia competitiva, estableciendo las bases los criterios para la adjudicación de las mismas. Las solicitudes serán valoradas, aplicando dichos criterios, por una comisión de valoración constituida por personal adscrito a las unidades provisionales creadas en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, para la gestión de los Fondos Next Generation EU asignados a este departamento.

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Canarias tendrá la competencia para la planificación del gas en las islas

El Estado modifica la disposición final cuarta del Real Decreto 6/2022, teniendo el Gobierno de Canarias la competencia para la planificación de este tipo de infraestructuras

De esta manera, la ministra de Transición Ecológica cumple con el compromiso adquirido con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras la publicación del documento inicial

El Consejo de Ministros ha aprobado y publicado en el Boletín Oficial del Estado de este sábado, 14 de mayo, una modificación a la disposición final cuarta del Real Decreto 6/2022, que eliminaba la autorización administrativa previa para las instalaciones de regasificación que tuvieran como destino principal la alimentación de gas natural en estado gaseoso a centrales térmicas. Esta medida afectaba a la ley de hidrocarburos, que regula el mercado gasista de gas natural en estado gaseoso, cuya competencia es estatal. 

De esta manera, se da cumplimiento al compromiso adquirido por parte de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero regional de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, para modificar el texto inicial.

El consejero regional del Área, José Antonio Valbuena, señaló que “desde el Gobierno de Canarias solicitamos una modificación al texto por considerar que en nuestra planificación energética no está contemplada ninguna forma de mercado gasista” y aclara que para los usos que se puedan dar en las Islas “en ningún momento se vendería gas natural en estado gaseoso, ya que podría dar la sensación que dicha disposición final cuarta se imponía a la planificación elaborada en Canarias, lo que generaba cierta inseguridad”.

En este sentido, Valbuena explicó que las centrales térmicas funcionan en régimen de autoconsumo y no precisan de autorización administrativa, ya que la propia central transforma el gas suministrado en estado líquido al estado gaseoso para alimentar los grupos que generan la electricidad.

Desde el Gobierno de Canarias se consideraba necesaria una modificación del texto, ya que con la redacción inicial se podía interpretar que no se contemplaban las competencias de Canarias a la hora de diseñar su transición energética.

“Con la nueva redacción queda claro que en todo momento se debe tener en cuenta el marco competencial de ambas administraciones, la estatal y la canaria, y, por lo tanto, ya no existe riesgo alguno de que se implante una regasificadora que abra la puerta a alguna forma de mercado gasista sin el visto bueno del Ejecutivo regional, que debe tenerlo contemplado, en su planificación”, apuntó el consejero, que recordó que “como en la planificación elaborada por la Comunidad Autónoma no se contempla esa posibilidad y queda claro que no se podrá desarrollar la disposición final cuarta, mientras no se modifique la planificación energética de Canarias”.

Con esta modificación, destacó, se elimina cualquier tipo de duda o incógnita que pudiera surgir sobre una posible modificación de los planes de transición energética que el Gobierno de Canarias ha trazado.

 

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Los grupos burbuja de Infantil y Primaria podrán interactuar entre sí en interiores y exteriores

Medidas del protocolo anticovid en centros educativos

La medida, adoptada por el Ministerio de Sanidad, también incluye los Centros de Educación Especial y en todos los casos queda excluido el ámbito de comedor escolar y los espacios alternativos habilitados para las comidas

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha informado a los centros educativos de las islas de la actualización de las medidas adoptadas en relación a la nueva estrategia de vigilancia y control frente al COVID-19 determinada por el Ministerio de Sanidad. Entre otras, destaca que en Infantil, Primaria y Centros de Educación Especial, los Grupos de Convivencia Estable (GCE), también conocidos como “grupos burbuja”, pueden interactuar entre sí tanto en exteriores como en interiores, excepto en el ámbito de comedor escolar y espacios alternativos habilitados para las comidas, en los que se mantendrán.

Además, las actividades complementarias que incluyan pernocta también se organizarán por grupos burbuja, y los cursos que no los tengan establecerán subgrupos fijos para la realización de la actividad.

Por otro lado, se permitirá el acceso de familias tanto a espacios interiores como a los espacios al aire libre de los centros, si bien habrá que evitar aglomeraciones. También se autorizan reuniones de tutoría individual con las familias en espacios interiores bien ventilados bajo la condición de cumplir las medidas de prevención e higiene que estén vigentes en ese momento, con prioridad para las reuniones al aire libre.

Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros se realizarán, siempre que se pueda, al aire libre, y acorde a las mismas condiciones que sus homólogos en el ámbito comunitario.

De la misma forma, se priorizarán las actividades complementarias al aire libre. En el caso de visitas a museos, cines, teatros y similares, se llevarán a cabo las medidas preventivas establecidas por el lugar que se visite.

A las actividades complementarias que se desarrollen en el centro podrán acudir personas externas al mismo, siempre que se mantengan las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud establecidas, y que esté permitido según la normativa y en el nivel de riesgo en que se encuentre la isla. Esto mismo se aplicará a las desarrolladas fuera del centro que precisen de la asistencia de personas externas para su correcto desarrollo.

Para la celebración de actos de graduación, de fin de curso u otro tipo de eventos sociales o culturales que puedan tener lugar en el centro en el contexto de su actividad, se cumplirán las medidas de prevención frente al COVID-19 existentes para eventos culturales en la comunidad autónoma.

De forma general, se recuerda que no se recomienda la asistencia al centro cuando una persona presente síntomas agudos compatibles con COVID-19 u otra enfermedad infecciosa aguda y potencialmente transmisible. En este sentido, el centro educativo informará de forma explícita y con confirmación de recepción de la información a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor de edad, de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda, se abstenga de acudir al centro educativo.

Se podrá retomar la asistencia ante una mejoría evidente de la sintomatología y si se encuentra sin fiebre en las últimas 24 horas. En estos casos, se extremarán las precauciones durante los diez días posteriores al inicio de los síntomas compatibles con COVID-19 (evitar el contacto con personas vulnerables; utilizar mascarilla quirúrgica; efectuar una adecuada higiene de manos; no acudir a eventos multitudinarios, y limitar los contactos a los grupos con los que se interactúa de forma habitual dentro del centro).

Si una persona comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro, deberá colocarse una mascarilla quirúrgica y se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que sea menor de edad, para que acuda a recogerle. Si es adulta, autónoma y se encuentra bien, se marchará a su domicilio debiendo evitar contactos en el trayecto. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.

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