La nueva norma incorpora mecanismos para reducir los plazos administrativos, movilizar suelo disponible y facilitar la promoción de viviendas a precios asequibles sin consumir nuevo territorio
El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la Ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, una norma procedente del Decreto ley 3/2025, de 21 de abril e impulsada conjuntamente por las consejerías de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad para dar respuesta a la emergencia habitacional en las islas. La ley permitirá acortar los tiempos de tramitación, incrementar el suelo disponible para vivienda protegida y asequible e incorporar nuevos instrumentos que faciliten su construcción con todas las garantías jurídicas.
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha destacado que la aprobación de esta ley supone «un paso decisivo para eliminar los obstáculos que durante años han ralentizado la construcción de vivienda en Canarias», al tiempo que ha agradecido el trabajo realizado durante su tramitación parlamentaria para enriquecer el texto con aportaciones de los diferentes grupos y de las administraciones locales.
La norma establece nuevos mecanismos de colaboración con los ayuntamientos para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, manteniendo en todo momento las competencias municipales y el control público sobre los procedimientos. Así, los municipios que lo estimen podrán incorporar informes técnicos elaborados por entidades colaboradoras acreditadas, colegios profesionales o medios propios, reduciendo los tiempos de tramitación sin renunciar a las garantías de legalidad.
Asimismo, la ley incorpora la figura de la vivienda asequible incentivada, destinada a familias cuyos ingresos superan los límites de acceso a la vivienda pública, pero que tampoco pueden afrontar los precios del mercado libre. Este nuevo modelo de vivienda privada en alquiler contará con rentas limitadas, criterios de acceso regulados y supervisión del Instituto Canario de la Vivienda.
El consejero aseguró que «esta ley marca un antes y un después en la política de vivienda de Canarias porque actúa sobre el principal problema que teníamos: el tiempo. De poco sirve disponer de suelo o de financiación si las viviendas tardan años en poder construirse».
Rodríguez añadió que «la norma combina medidas para agilizar la gestión administrativa con instrumentos que permiten poner en el mercado más vivienda protegida y asequible utilizando suelo ya transformado, edificios inacabados o parcelas sin desarrollar, sin necesidad de seguir consumiendo territorio».
Entre las principales novedades de la ley destacan la posibilidad de destinar suelos terciarios, industriales o comerciales a uso residencial cuando resulte viable; facilitar la finalización de edificios y urbanizaciones inacabadas para convertirlos en vivienda protegida; permitir la construcción de viviendas protegidas en determinados suelos dotacionales y públicos; e impulsar la construcción industrializada y otras medidas destinadas a reducir los plazos de ejecución de las promociones.
Por otro lado, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda ha explicado que «hoy el Parlamento envía un mensaje claro: Canarias no puede permitirse que la burocracia siga frenando el acceso a la vivienda. Esta ley, fruto del trabajo coordinado entre las consejerías de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, demuestra que la colaboración dentro del Gobierno da resultados cuando el objetivo es responder a los problemas reales de la ciudadanía. Ponemos a la administración al servicio de las personas y convertimos la agilización administrativa en una herramienta para facilitar el acceso a la vivienda.»
La norma también incorpora mecanismos para facilitar la ejecución anticipada de viviendas protegidas, agilizar la actividad de las cooperativas de vivienda, reforzar la función social del parque público de viviendas y establecer criterios de adjudicación que prioricen a quienes más lo necesitan, garantizando al mismo tiempo la transparencia y el arraigo en Canarias.
Para Miranda, «el objetivo es claro: construir más viviendas, hacerlo antes y garantizar que lleguen a quienes realmente las necesitan. Esta ley nos dota de herramientas eficaces para incrementar la oferta de vivienda asequible y seguir avanzando en la respuesta que demanda la sociedad canaria ante la emergencia habitacional».
La nueva ley mantiene, además, el respeto a la autonomía municipal, ya que las decisiones esenciales sobre planeamiento, cambios de uso o concesión de licencias continúan correspondiendo a los ayuntamientos, al tiempo que preserva todas las garantías en materia de seguridad, habitabilidad y accesibilidad. De este modo, el Gobierno de Canarias refuerza su estrategia para aumentar la oferta de vivienda protegida y asequible mediante la simplificación administrativa, la colaboración institucional y el aprovechamiento eficiente del suelo ya disponible.
