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Acuerdo favorable y casi unánime de la Comisión de Memoria Histórica sobre el Catálogo de Santa Cruz

Acuerdo favorable y casi unánime de la Comisión de Memoria Histórica sobre el Catálogo de Santa Cruz

Julio Pérez subraya que se ha logrado el objetivo que se pretendía, aplicar a ley, tras “un debate sereno, detenido y constructivo”

Las Palmas será el siguiente catálogo en ser informado por la Comisión de la Memoria Histórica

En el acuerdo de la mayoría se sugiere excluir del catálogo la revisión de honores y distinciones, que deberá hacerse por cada municipio sin esperar al catálogo

La Comisión Técnica de la Memoria Histórica, órgano presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha acordado por mayoría, este lunes, informar a favor del contenido del Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz de Tenerife propuesto por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y realizado por el equipo de investigación integrado por las doctoras María Isabel Navarro, Yolanda Peralta y el doctor Ricardo Guerra, de la Universidad de La Laguna (ULL).

Este acuerdo se ha adoptado, tal y como ha informado al final de la sesión el propio Julio Pérez, después de estudiar un informe realizado por un grupo de trabajo designado por la propia comisión, del que formaban parte Mercedes Pérez, representante de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife; Candelaria González, representante de la Universidad de Las Palmas, y José Juan Pestano, por parte del Laboratorio de Genética de Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que han contado con el asesoramiento técnico del sociólogo y experto en Memoria Histórica Dailo Barco.

La propuesta ha logrado el voto favorable de casi todos los miembros que forman parte de la comisión, salvo los dos representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, su alcalde, José Manuel Bermúdez, y primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz, que han votado en contra, no por discrepar del contenido del Catálogo, pues han manifestado estar de acuerdo en su mayor parte, sino por el procedimiento seguido, al considerar, sustentado en un informe jurídico, que no es el adecuado para su aprobación.

Salvo estos dos votos en contra, el resto ha respaldado tanto el contenido como el procedimiento seguido para informar del Catálogo y también las observaciones que se van a trasladar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para que las tenga en cuenta de cara a su aprobación. En primer lugar, que no incluya la revisión de honores y distinciones, al entender que no es propia del Catálogo ni requiere su aprobación, sino que es competencia y responsabilidad de cada entidad local llevarla a cabo.

También se ha hecho referencia a algunos vestigios concretos como la toma en consideración del informe elaborado por el Colegio de Aparejadores de Santa Cruz de Tenerife en relación a la ubicación del busto de Joaquín Amigó, y la conveniencia de retirar los escudos del régimen franquista que continúan estando en las vidrieras de la Subdelegación del Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que con el acuerdo adoptado este lunes se logra el objetivo que se pretendía, que es cumplir la ley, pues no se trata de aplicar un criterio subjetivo o una opinión política, sino la ley, y hacerlo como ha ocurrido hoy tras “un debate sereno, detenido y constructivo”. Ahora, ha agregado, quedan los siguientes pasos que tiene que adoptar la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y las distintas corporaciones locales.

Julio Pérez ha anunciado que la siguiente propuesta de catálogo a informar por la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, según ha señalado el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, será el de Las Palmas.

En la sesión celebrada este lunes por la Comisión Técnica de Memoria Histórica han estado presentes, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, además de su titular, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Vallejo, y la jefa de sección de Justicia y Asuntos Generales de la DGRAJ, Jana Millares, en calidad de secretaria de la Comisión. Los vicepresidentes de la misma, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas; Juan Márquez y Mercedes Pérez.

Como vocales, junto a los dos representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, invitados expresamente por Julio Pérez, han asistido Candelaria González, representante de la ULPGC; José Juan Pestano, por el IML; el presidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, Félix Andrés González; el presidente de la Asociación de Menores Sustraídos, Francisco González, la vicepresidenta segunda del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, en representación de la Federación Canaria de Islas (Fecai); el jefe de servicio del Archivo Histórico de Las Palmas, Samuel García, y el representante de la Asociación Memoria Histórica de Arucas Manuel Ortego. En calidad de invitado ha estado Dailo Barco.

El Gobierno de Canarias había recomendado que la ULL no participara en el debate de este punto, tras haber suscrito un convenio con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para la realización de estos catálogos, ni tampoco la catedrática autora del estudio que ha servido de base para el Catálogo de Santa Cruz, María Isabel Navarro. Ni la ULL ni Navarro han asistido hoy a la Comisión de la Memoria Histórica.

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Las empresas de economía social canarias refuerzan su participación normativa

La nueva Ley canaria de Economía Social, aprobada hoy en el Parlamento autonómico, crea la Comisión de la Economía Social de Canarias, un órgano colegiado y consultivo, que permitirá a las empresas del sector intervenir de forma mucho más activa en el progreso del sector en el Archipiélago.

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, agradeció hoy a todas las personas y colectivos que han participado en la redacción, presentación de alegaciones, enmiendas y, “en definitiva, en la mejora continua del texto que regula desde hoy las empresas de Economía Social de Canarias”, cuya ley se aprobó esta mañana en el Parlamento autonómico, después de dos años de tramitación.

La consejera citó especialmente a las dos ponentes de la Ley, María del Pino Domínguez e Inmaculada Galván, de la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa, quienes redactaron el texto inicial, “a partir del que hemos trabajado todos y todas las demás”.

Máñez dio la enhorabuena también a todas las entidades del sector “han colaborado haciendo observaciones y propuestas de mejora, para que saliese adelante el mejor texto posible y con el mayor de los consensos”. La consejera aclaró que son entidades que, en su mayoría, formarán parte de la nueva Comisión de la Economía Social de Canarias, “que sitúa a las empresas del sector en el proceso de para las tomas de decisión futuras, con una labor consultiva y propositiva, que estoy convencida de que mejorará toda acción administrativa y política, a través de su participación directa en los procedimientos”.

 

Amplia participación pública

El Gobierno de Canarias presentó el actual texto después de un amplio proceso de participación pública desde el inicio de la legislatura. El proyecto de Ley de Economía Social de Canarias incluyó más de cincuenta observaciones realizadas por diversas entidades de los sectores involucrados y los diferentes departamentos de la administración autonómica, mediante el periodo de consulta pública y los trámites de audiencia establecidos desde febrero de 2020.

Además, incorporó también en su totalidad las diversas recomendaciones del Consejo Consultivo de Canarias, para reparar el puntual solapamiento con la competencia básica de rango estatal, aunque el dictamen preceptivo del órgano independiente valoró de manera favorable la nueva norma, al concluir que se adecúa a los parámetros constitucionales y estatutarios de aplicación, y mediante el proceso de enmiendas parlamentarias se ha enriquecido un texto fundamental para el impulso firme de la economía social de Canarias como uno de los ejes del desarrollo sostenible e inclusivo del Archipiélago, por lo que dio las gracias a todos los grupos parlamentarios de la Cámara autonómica.

Los objetivos de dotar al sector de una regulación propia, en sintonía con la realidad autonómica, y fomentar su consolidación, expansión y ordenación de manera más unificada y específica.

De este modo, el texto se presenta como una herramienta de impulso hacia un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado con el medio ambiente y pretende, tanto aportar soluciones al complejo panorama sociolaboral como constituirse en un estímulo para la dinamización del autoempleo y del emprendimiento en el Archipiélago territorio, con las personas como protagonistas. No obstante, forman parte de las empresas de Economía Social tanto las sociedades laborales o los centros especiales de empleo, como las cooperativas y formatos de empresa con modelos participativos de sus empleados.

De hecho, la nueva Comisión está constituida por:

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de las cooperativas en Canarias (Asociación de Economía Social de Canarias -ASESCAN-).

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de las sociedades laborales en Canarias (Asociación de Economía Social de Canarias -ASESCAN-).

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de los centros especiales de empleo en Canarias (Asociación Regional de Centros Especiales de Empleo de Economía Social de Canarias -ARCEESCAN-).

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de los centros especiales de empleo en su conjunto: de iniciativa social y de iniciativa empresarial (Asociación Canaria de Centros Especiales de Empleo).

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de las empresas de inserción en Canarias (Asociación de Empresas de Inserción de Canarias -ADEICAN-, integrada en la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción -FAEDEI-).

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa en Canarias de las asociaciones y fundaciones que lleven a cabo actividad económica (Consejo Canario de Asociaciones y Consejo Autonómico de Fundaciones de Canarias, de la Asociación Española de Fundaciones).

Un/a vocal propuesto/a por la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias.

Un/a vocal propuesto/a por la entidad más representativa de las mutualidades en Canarias

Dos vocales, en representación de las organizaciones sindicales más representativas de Canarias

Dos vocales, en representación de las organizaciones empresariales más representativas de Canarias.

Un/a vocal, en representación de la Federación Canaria de Municipios.

Dos vocales, en representación de las universidades públicas de Canarias.

Un vocal, en representación de la Federación Canaria de Islas.

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Canarias amplía el periodo de exposición pública de la Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales

José Antonio Valbuena señala que el objetivo es dar un mayor margen a la ciudadanía para que pueda seguir sumando aportaciones a un anteproyecto de ley en cuya redacción ya han participado más de 600 personas de distintos colectivos

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno del Gobierno de Canarias ha ampliado el plazo de información pública del Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales de Canarias hasta el próximo 15 de enero para facilitar el acceso y la participación de particulares y colectivos que han expresado su interés en esta norma.

El consejero regional responsable del Área, José Antonio Valbuena, destacó la implicación ciudadana en la labor legislativa emprendida por su Consejería e indicó que el objetivo de esta ampliación de plazo es “dar margen para que las personas que han querido seguir sumando aportaciones a esta Ley fundamental para la protección del patrimonio natural de Canarias puedan hacerlo con tranquilidad”.

Este procedimiento estará disponible hasta el 15 de enero a través del enlace web
https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detalle/IP-Propuesta-de-Ley-de-Biodiversidad-y-Recursos-Naturales-de-Canarias/.

En este sentido, el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez, explicó que “desde un primer momento se ha creado un proceso participativo para la elaboración de este texto a través de un sistema de talleres en el que se ha dado voz a todos los sectores implicados en la preservación y cuidado de la flora y fauna canarias y en el que han tomado parte más de 600 personas de distintos colectivos.”

Pérez señaló que el texto que llega a exposición pública ya recoge las aportaciones surgidas de esos ocho seminarios celebrados en 2021 para debatir, analizar y recoger propuestas para esta iniciativa.

Medidas para la protección de especies y hábitats

José Antonio Valbuena señaló que este Anteproyecto de Ley incorpora los principios de prevalencia de la protección ambiental, el de precaución en las intervenciones sobre el territorio o el de la ejemplaridad de las actuaciones de la Administración Pública y que está en sintonía con las políticas comunitarias de la Estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad, que se orienta a la reintegración y recuperación de la naturaleza global.

El Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias persigue aunar criterios en cuanto a la gestión coherente de todas las área protegidas presentes en el Archipiélago, incorporando, además de los espacios naturales protegidos y los incluidos en la Red Natura 2000, la red de espacios geológicos protegidos de Canarias y, como aportación novedosa, la Red Canaria de Yacimientos Paleontológicos, con la primera lista compuesta por distintos puntos de interés repartidos por todas las islas, la red de corredores ecológicos e infraestructuras verdes o los humedales de Canarias, entre otros enclaves.

El texto recoge toda una serie de medidas generales para la conservación de hábitats y especies silvestres y contempla la creación de un listado de especies silvestres en régimen de protección especial o el catálogo de árboles, arboleda y otra flora singular de Canarias, introduciendo el primer listado de ejemplares protegidos con las principales representaciones de cada isla.

La futura ley aborda y desarrolla la problemática de las especies exóticas del Archipiélago y regula el acceso a los recursos genéticos y el uso en Canarias de organismos modificados genéticamente.

Este Anteproyecto incorpora, además, la protección del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y la protección de la biodiversidad marina y prevé medidas de fomento, líneas de ayudas y subvenciones para compensar el coste económico de la conservación de la biodiversidad para los particulares.

Por último, entre otros aspectos, el Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias aborda también la necesidad de mejorar el conocimiento, la divulgación, la educación y la sensibilización del patrimonio natural canario.

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Agricultura y Transición Ecológica abordan con las organizaciones agrarias la futura Ley de Biodiversidad

Ambas consejerías han mantenido hoy una reunión telemática con las asociaciones del sector para garantizar que tanto el documento previo como la futura Ley contará con las aportaciones y valoraciones del campo canario

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, y el viceconsejero del Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, junto con el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno regional, Miguel Ángel Pérez, han aclarado con las organizaciones agrarias y de productores de Canarias diferentes aspectos relativos al sector primario que contemplará la futura Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, que actualmente está en proceso de elaboración.

Ambas consejerías han mantenido hoy, viernes 19 de marzo, una reunión telemática con las asociaciones del sector para garantizar que tanto el documento previo como la futura Ley contará con las aportaciones y valoraciones del campo canario.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno regional, Alicia Vanoostende, explicó que “el objetivo de esta reunión es el de coordinarnos para la realización de los trabajos, de manera que se lleve a cabo la aportación de todo el sector y se vea reflejada nuestra realidad, porque se trata de un sector económico que tradicionalmente ha sido un gestor ambiental muy importante y determinante en la protección de los suelos frente a la erosión, la desertificación o los incendios forestales”. En esta línea, Vanoostende, que aclaró que “se trata de actuaciones y trabajos muy preliminares”, señaló que “ya hemos organizado una comisión mixta entre técnicos de las dos consejerías para trabajar conjuntamente y que exista una voz desde el sector primario que quede reflejada en el documento previo y en la futura ley”.

Por su parte, el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Pérez, señaló que “el objetivo de su Departamento es que la futura Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales nazca del consenso de todos los sectores implicados y de todas las consejerías de este Gobierno, donde el Área de Agricultura juega un papel fundamental coordinando y recopilando las aportaciones y necesidades del sector primario”.

Miguel Ángel Pérez también ha querido reseñar que su Consejería “no ha querido limitarse a los trámites preceptivos de participación ciudadana contemplados en la elaboración de cualquier ley, sino que ha querido hacer partícipe a más de 700 colectivos y entidades de Canarias desde los primeros pasos de esta normativa”. En esta línea, “se ha facilitado un primer documento de trabajo que irá evolucionando hasta convertirse en el primer borrador oficial de este texto legislativo”, indicó.

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Canarias contará con un protocolo de exhumación de desaparecidos en la guerra civil y la represión franquista

Canarias contará con un protocolo de exhumación de restos de desaparecidos en la guerra civil y la represión franquista

Tras el informe favorable de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dictará la orden correspondiente para su aprobación definitiva

Se cumple así con el mandato de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

La Comisión Técnica de Memoria Histórica ha emitido, por unanimidad de sus integrantes, informe favorable al protocolo de exhumación presentado en la reunión celebrada hoy viernes, con lo que Canarias dispondrá de una guía metodológica muy completa y rigurosa que facilitará la realización de los trabajos de investigación, localización y exhumación de restos de personas desaparecidas durante la guerra civil y la represión franquista.

Tras dicho informe, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dictará la orden correspondiente para su definitiva aprobación, con lo que se cumple el mandato de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

Dicha norma establece que la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de memoria histórica aprobará, previo informe de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, un protocolo de exhumaciones, identificación, conservación y reparación moral de restos de personas desaparecidas durante el periodo que abarca dicha ley. Además, recoge que dicho protocolo deberá garantizar, en su caso, un correcto acompañamiento psicológico a las familias durante el proceso de localización, exhumación, identificación y traslado de los restos de personas desaparecidas.

Intervención de fosas

En la reunión participaron la viceconsejera de Justicia y la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Carla Vallejo y Marta Bonnet, respectivamente, quienes informaron de los contactos mantenidos con el Ministerio de Presidencia y la Dirección General de Memoria Democrática sobre la elaboración del plan cuatrienal de intervención de fosas. El Ministerio cuenta con una partida presupuestaria de 3 millones de euros que se va a repartir entre los distintos territorios con el fin de abordar la prospección y exhumación de todas las fosas que aún quedan sin intervenir.

En el caso de Canarias se han fijado como prioridad actuaciones en tres islas. En Gran Canaria, en la Sima de Jinámar, en el término municipal de Telde, y Pozo del Puente del Barranco de Arucas y Pozo de la Vuelta del Frances en el término municipal de Arucas, puntos en los que actualmente existen trabajos en ejecución.

En Tenerife, se han fijado estudios de localización y, en su caso, de intervención en el Cementerio de San Juan y la Fuente de Cañizares, en el municipio de La Laguna. Por su parte, en La Palma se han establecido análisis con Georradar y, en su caso, intervención sobre el resto de fosas que se encuentran en el Pinar de Fuencaliente.

Vestigios franquistas

También fue objeto de la reunión de la Comisión Técnica de Memoria Histórica la elaboración del Catálogo de Símbolos, Calles y Monumentos Franquistas. La directora General de Patrimonio Cultural, Antonia Perera, informó de que ya se ha procedido a requerir al Ayuntamiento de Santa Cruz la remisión del acuerdo del Pleno y el estudio donde se determinan los vestigios franquistas de esta ciudad, con el fin incorporarlos al Catálogo que debe aprobarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la ley 5/2018 y que obligaría a su inmediata retirada.

Asimismo, a nivel técnico, la Comisión aprobó definitivamente las normas de funcionamiento y constitución de las comisiones técnicas que se encargarán de llevar a cabo los estudios e informes que mandata la ley.

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El Gobierno canario debatirá con colectivos y ciudadanía la futura Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales

José Antonio Valbuena señala que se está ultimando el texto que impulsará la defensa de los ecosistemas, la conservación de los hábitats y las poblaciones silvestres

El 2 de marzo se celebrará la primera de las ocho sesiones virtuales en las que se presentará y debatirá el futuro texto normativo para enriquecerlo con aportaciones externas

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, debatirá con colectivos, entidades y ciudadanía, en general, el borrador de la futura Ley de la Biodiversidad y de los Recursos Naturales, que servirá para proteger y conservar el rico patrimonio ecológico del Archipiélago.

El Departamento autonómico ha programado ocho sesiones virtuales, que darán comienzo el 2 de marzo y se prolongarán durante el primer trimestre del año, para presentar este futuro texto normativo, que ha coordinado la Unidad de Biodiversidad de la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente. En ellas se dará a conocer el borrador actual y se recibirán las aportaciones a la futura Ley. Las sesiones se realizarán los martes por la tarde, a partir del 2 de marzo, y finalizarán el 27 de abril.

Las personas interesadas en aportar su conocimiento a la construcción de la Ley, podrán inscribirse de forma gratuita, a partir del 15 de febrero, en el siguiente enlace: Proceso Participativo. Webinars Biodiversidad.

El consejero del Área, José Antonio Valbuena, explica que esta normativa, que se está ultimando, servirá para potenciar la defensa de los ecosistemas, la conservación de los hábitats y las poblaciones silvestres de Canarias, así como la de razas y variedades de cultivos autóctonos.

“Tal y como ha ocurrido en los textos normativos restantes que emanan de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, esta Ley busca el máximo consenso para una materia que afectará a todos los sectores sociales”, añade Valbuena.

“En esta Ley hemos puesto una especial atención en instrumentalizar una mejora del conocimiento, a través de la divulgación, la educación y la sensibilización hacia nuestro rico patrimonio natural y en establecer la regulación y las herramientas de ordenación de esos recursos para asegurar que se tomen las medidas adecuadas para la conservación, recuperación y restauración de especies, hábitats, procesos ecológicos esenciales, paisajes y espacios naturales, tanto marinos como terrestres”, puntualiza el consejero.

Esta nueva normativa afronta también la problemática que ha creado la introducción de especies exóticas con el objetivo de prevenir y minimizar sus efectos negativos y los de las actividades humanas perjudiciales para el medio ambiente. Por este motivo, se propone integrar la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales en todas las políticas sectoriales para conseguir un verdadero modelo económico sostenible.

En este sentido, Valbuena ha señalado que se analizarán las cargas y los beneficios de la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales, para proponer un reparto justo, que a su vez creará nuevos nichos de empleo, riqueza y equidad para toda la sociedad canaria.

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El Gobierno canario saca a consulta pública el proyecto de reglamento de utilización del suelo agrario

La norma aborda las cuestiones urbanísticas de los usos agrarios en el suelo rústico, con el objetivo de facilitar y aportar carácter agrario a las determinaciones que afectan a la actividad de nuestras islas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha sacado a consulta pública previa el proyecto de reglamento regulador de la utilización del suelo agrario, orientado a corregir la problemática ocasionada por las restricciones que marcan los planes generales y las normas subsidiarias que afectan a la ordenación territorial de los usos agrarios y ganaderos.

La Consejería ha optado por abordar la problemática de la ordenación territorial de los usos agrarios y ganaderos a través de dos acciones fundamentales: las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA) y el impulso de un reglamento que aborde las cuestiones urbanísticas de los usos agrarios en el suelo rústico, con el objetivo de facilitar, homogenizar y aportar carácter agrario a las determinaciones que afectan a la actividad agrícola y ganadera de nuestras islas.

Esta norma pretende la regulación de las condiciones urbanísticas que afecten a los usos agrarios, ordinarios y específicos, así como de sus construcciones e instalaciones, con la explicación de los requisitos documentales que deberán cumplir, en cada caso, los proyectos técnicos y los estudios que sean exigibles para su viabilidad. El Reglamento regulará también los Parques Agrarios, con especial atención a su contenido, delimitación y desarrollo así como su sistema de gestión, toda vez que estos aspectos no pueden ser desarrollados en su totalidad por las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario.

La Consejería, que ha encomendado los trabajos para el desarrollo del reglamento a Gesplan, saca a consulta pública previa este documento con la finalidad de que la ciudadanía conozca cuáles son las líneas de actuación y pueda exponer sus sugerencias y peticiones hasta el 4 de enero de 2021.

Como consecuencia de la situación actual, puesta de manifiesto en la crisis causada por la pandemia de la COVID-19 y que trasciende las fronteras autonómicas y nacionales, se hace necesario abogar por un modelo medioambientalmente respetuoso, de autoabastecimiento y economía circular.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, señala que “es imprescindible abordar una regulación armonizada para la Comunidad Autónoma de todos los aspectos relacionados con la implantación de las actividades agrarias y sus actividades complementarias, así como las necesarias para la protección del suelo agrario, como generador de riqueza y sostenibilidad”.

Enlace para la consulta pública previa del proyecto de reglamento regulador de la utilización del suelo agrario: https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detalle/CPP-Proyecto-de-reglamento-regulador-de-la-utilizacion-del-suelo-agrario/

 

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Vanoostende alcanza el compromiso del Ministerio para explicar en Canarias la Ley de Cadena Alimentaria

Reunión en sede ministerial con el secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, y el gabinete del ministro

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, anunció en la noche de ayer, día 10, el compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de explicar y debatir con las organizaciones agrarias en Canarias los pormenores de la futura Ley de la Cadena Alimentaria y aclarar aspectos tan importantes para el sector de las islas como el precio y los costes de producción así como el papel de las cooperativas.

La titular de Agricultura consiguió el compromiso del Ministerio en el transcurso de una reunión en sede ministerial con el secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, y el gabinete del ministro para trasladar las inquietudes del sector primario canario con respecto a la interpretación de una norma que ha generado desasosiego, principalmente entre los plataneros del archipiélago.

Vanoostende valoró positivamente un encuentro que “permitirá en el primer trimestre de 2021 que las organizaciones agrarias conozcan de primera mano los objetivos de la futura ley y se aborden las especificidades que se contemplarán para los productores de las islas”.

La responsable regional del área explicó que “desde el Ministerio se aseguró que en el actual real decreto ley de Medidas Urgentes las cooperativas de productores, de cara a sus socios, están exentas dentro de la ley, y que en relación al precio por encima del coste de producción no se calculará de transacción a transacción, sino que se considerarán precios medios anuales y costes medios, por lo que existirá flexibilidad y el sector platanero no se verá perjudicado; no afectará a la relación entre los socios y sus cooperativas”.

Por otra parte, adelantó que “en el Congreso de los Diputados se ampliarán los plazos para la presentación de las enmiendas a la ley y se trabajará en la Comisión de Agricultura para escuchar y atender las peticiones de todas las organizaciones agrarias”.

“La futura ley garantiza que los agricultores tengan una renta más digna, con márgenes más equilibrados para el agricultor; el Ministerio analizará la situación y las particularidades de Canarias, porque nuestros costes y tamaño de parcela, entre otras particularidades, hacen que nuestras producciones sean diferentes”, expuso.

Por último, Vanoostende recordó que “entendemos las peticiones de la organización Asprocan vinculadas a los cambios en los precios de venta que sufre el plátano durante el año, especialmente en cuanto a que su único competidor en el mercado nacional es la banana procedente de terceros países, donde las condiciones laborales distan mucho de los estándares europeos y eso permite acceder al mercado con un precio muy inferior. Esa reivindicación se ciñe al mercado del plátano y se formula en defensa del interés de sus asociados”.

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El Gobierno garantiza el trabajo conjunto para que la Ley de Cadena Alimentaria proteja a todos los productores

El Gobierno canario garantiza el trabajo conjunto con el sector, el Ministerio y los partidos para que la futura Ley de Cadena Alimentaria proteja a todos los productores

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias aboga por un trabajo conjunto con el sector, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los partidos para lograr que la futura Ley de Cadena Alimentaria, cuyo proyecto de ley aprobó a principios del mes de noviembre pasado el Consejo de Ministros (y se prevé que entre en vigor a finales del año 2021, tras pasar por el Congreso y el Senado), proteja a todos los productores del sector primario canario, entre ellos los plataneros, para así conseguir ordenar las transacciones comerciales, se eviten abusos por la competencia desleal y se aporte valor en todos los eslabones de la forma más justa posible.

La consejera Alicia Vanoostende explicó hoy que el Gobierno regional “apoya sin fisuras al sector agrario y pesquero de las Islas y está convencido de que es necesaria una retribución justa para los productores agropesqueros locales, para garantizar una actividad moderna, generadora de empleo, sostenible y con futuro”.

La responsable regional de esa área señaló que “entendemos las peticiones de la organización Asprocan vinculadas a los cambios en los precios de venta que sufre el plátano durante el año, especialmente en cuanto a que su único competidor en el mercado nacional es la banana procedente de terceros países, donde las condiciones laborales distan mucho de los estándares europeos y eso permite acceder al mercado con un precio muy inferior. Esa reivindicación se ciñe al mercado del plátano y se formula en defensa del interés de sus asociados”, explicó Vanoostende.

Además, la consejera matizó que “es en la futura Ley de Cadena Alimentaria (aún no aprobada de forma definitiva por las Cortes) en la que se deben incluir todas esas cuestiones, y no en un real decreto ley de medidas urgentes debatido en el Senado. Este real decreto fue el que se votó en la jornada de ayer en la Cámara Alta y lleva en vigor desde febrero pasado. Por lo tanto, no afecta en nada a las relaciones entre las cooperativas y sus socios y aún hay tiempo por delante para proteger los intereses de los plataneros canarios”, detalló la titular de Agricultura.

En esa misma línea, Alicia Vanoostende añadió que “el funcionamiento del equilibrio entre la oferta y la demanda es extrapolable al conjunto de productos agrícolas y agroalimentarios, por lo que creemos en la necesidad de una nueva Ley de Cadena Alimentaria, también para adaptarse a la normativa comunitaria (con esta además se traspone al derecho nacional una directiva de la UE), que consiga ordenar las transacciones comerciales, siempre complejas, con la posibilidad de que se utilicen ciertos mecanismos de oferta y demanda en la comercialización y sin consecuencias negativas para nuestros productores”, sostuvo la consejera.

La consejera apuntó que “el Ministerio nos ha transmitido la voluntad de estudiar con todos los sectores, en el marco de la futura ley, las necesidades de todos ellos, con el fin de que se vean reflejadas en la norma en tramitación. No dudamos del compromiso del ministro Luis Planas, que ya lo ha demostrado en la defensa de la ficha financiera del Posei evitando que ésta se recortara el 3,9% anual”.

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Administraciones Públicas somete a consulta pública la modificación de la Ley de Juegos y Apuestas

Fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010 de Canarias

La ciudadanía ya puede formular sugerencias, hasta el 6 de octubre, a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha abierto la fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas con la finalidad de que la ciudadanía realice sus aportaciones a la nueva legislación. Para ello contará con un plazo de 20 días hábiles, contados desde el 16 de septiembre, por lo que acaba el 6 de octubre, en el que cual puede formular las sugerencias que estime oportunas a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

Esta modificación legal pretende dar cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-065 del Parlamento de Canarias sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones en la que, entre otras cuestiones, se insta al Gobierno de Canarias a regular con eficacia la prohibición de acceso de los menores de edad y demás colectivos necesitados de especial protección a los diferentes establecimientos de juego. Asimismo, la citada iniciativa legislativa pretende incorporar medidas complementarias en materia de juego responsable.

Los objetivos que se persiguen con la modificación de esta ley, además de otras cuestiones que pudieran surgir durante su tramitación, son tanto dar cumplimiento al mencionado mandato parlamentario, como también, y en el marco del principio general de juego responsable, proteger a los colectivos más vulnerables mediante la regulación, entre otras, de las siguientes determinaciones: la relación de personas que tienen prohibido su participación en los juegos y apuestas; la inclusión de nuevas determinaciones en materia de publicidad, patrocinio y promoción; la regulación legal tanto del Registro de Prohibidos como del Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego; el análisis de los aspectos a tener en cuenta por el Gobierno a la hora de llevar a cabo la planificación de los juegos y apuestas, así como la regulación en la propia Ley, no solo de una distancia mínima entre locales de juego y centros docentes o de atención a menores, sino también entre los propios establecimientos de juego; y, como complemento de todo lo anterior, la revisión de los tipos infractores y de las sanciones derivadas de los mismos.

El pasado mes de marzo el Boletín Oficial de Canarias publicó el Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, por el que se suspendía durante los siguientes 18 meses la presentación de solicitudes de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas mientras se tramite la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y del nuevo Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias. Asimismo, se suspendió el otorgamiento de nuevas autorizaciones de espacios de apuestas externas en casinos y salas de bingo.

Según señaló el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, la nueva planificación del juego y las apuestas en Canarias deben ser afrontadas tomando en cuenta los datos disponibles y la participación de todas las partes implicadas a fin de abrir un debate sosegado y riguroso, pero priorizando en todo caso la salvaguarda de menores y demás colectivos necesitados de especial protección.

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