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El Gobierno canario saca a consulta pública el proyecto de reglamento de utilización del suelo agrario

La norma aborda las cuestiones urbanísticas de los usos agrarios en el suelo rústico, con el objetivo de facilitar y aportar carácter agrario a las determinaciones que afectan a la actividad de nuestras islas

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha sacado a consulta pública previa el proyecto de reglamento regulador de la utilización del suelo agrario, orientado a corregir la problemática ocasionada por las restricciones que marcan los planes generales y las normas subsidiarias que afectan a la ordenación territorial de los usos agrarios y ganaderos.

La Consejería ha optado por abordar la problemática de la ordenación territorial de los usos agrarios y ganaderos a través de dos acciones fundamentales: las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA) y el impulso de un reglamento que aborde las cuestiones urbanísticas de los usos agrarios en el suelo rústico, con el objetivo de facilitar, homogenizar y aportar carácter agrario a las determinaciones que afectan a la actividad agrícola y ganadera de nuestras islas.

Esta norma pretende la regulación de las condiciones urbanísticas que afecten a los usos agrarios, ordinarios y específicos, así como de sus construcciones e instalaciones, con la explicación de los requisitos documentales que deberán cumplir, en cada caso, los proyectos técnicos y los estudios que sean exigibles para su viabilidad. El Reglamento regulará también los Parques Agrarios, con especial atención a su contenido, delimitación y desarrollo así como su sistema de gestión, toda vez que estos aspectos no pueden ser desarrollados en su totalidad por las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario.

La Consejería, que ha encomendado los trabajos para el desarrollo del reglamento a Gesplan, saca a consulta pública previa este documento con la finalidad de que la ciudadanía conozca cuáles son las líneas de actuación y pueda exponer sus sugerencias y peticiones hasta el 4 de enero de 2021.

Como consecuencia de la situación actual, puesta de manifiesto en la crisis causada por la pandemia de la COVID-19 y que trasciende las fronteras autonómicas y nacionales, se hace necesario abogar por un modelo medioambientalmente respetuoso, de autoabastecimiento y economía circular.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, señala que “es imprescindible abordar una regulación armonizada para la Comunidad Autónoma de todos los aspectos relacionados con la implantación de las actividades agrarias y sus actividades complementarias, así como las necesarias para la protección del suelo agrario, como generador de riqueza y sostenibilidad”.

Enlace para la consulta pública previa del proyecto de reglamento regulador de la utilización del suelo agrario: https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/detalle/CPP-Proyecto-de-reglamento-regulador-de-la-utilizacion-del-suelo-agrario/

 

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Vanoostende alcanza el compromiso del Ministerio para explicar en Canarias la Ley de Cadena Alimentaria

Reunión en sede ministerial con el secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, y el gabinete del ministro

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, anunció en la noche de ayer, día 10, el compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de explicar y debatir con las organizaciones agrarias en Canarias los pormenores de la futura Ley de la Cadena Alimentaria y aclarar aspectos tan importantes para el sector de las islas como el precio y los costes de producción así como el papel de las cooperativas.

La titular de Agricultura consiguió el compromiso del Ministerio en el transcurso de una reunión en sede ministerial con el secretario General de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, y el gabinete del ministro para trasladar las inquietudes del sector primario canario con respecto a la interpretación de una norma que ha generado desasosiego, principalmente entre los plataneros del archipiélago.

Vanoostende valoró positivamente un encuentro que “permitirá en el primer trimestre de 2021 que las organizaciones agrarias conozcan de primera mano los objetivos de la futura ley y se aborden las especificidades que se contemplarán para los productores de las islas”.

La responsable regional del área explicó que “desde el Ministerio se aseguró que en el actual real decreto ley de Medidas Urgentes las cooperativas de productores, de cara a sus socios, están exentas dentro de la ley, y que en relación al precio por encima del coste de producción no se calculará de transacción a transacción, sino que se considerarán precios medios anuales y costes medios, por lo que existirá flexibilidad y el sector platanero no se verá perjudicado; no afectará a la relación entre los socios y sus cooperativas”.

Por otra parte, adelantó que “en el Congreso de los Diputados se ampliarán los plazos para la presentación de las enmiendas a la ley y se trabajará en la Comisión de Agricultura para escuchar y atender las peticiones de todas las organizaciones agrarias”.

“La futura ley garantiza que los agricultores tengan una renta más digna, con márgenes más equilibrados para el agricultor; el Ministerio analizará la situación y las particularidades de Canarias, porque nuestros costes y tamaño de parcela, entre otras particularidades, hacen que nuestras producciones sean diferentes”, expuso.

Por último, Vanoostende recordó que “entendemos las peticiones de la organización Asprocan vinculadas a los cambios en los precios de venta que sufre el plátano durante el año, especialmente en cuanto a que su único competidor en el mercado nacional es la banana procedente de terceros países, donde las condiciones laborales distan mucho de los estándares europeos y eso permite acceder al mercado con un precio muy inferior. Esa reivindicación se ciñe al mercado del plátano y se formula en defensa del interés de sus asociados”.

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El Gobierno garantiza el trabajo conjunto para que la Ley de Cadena Alimentaria proteja a todos los productores

El Gobierno canario garantiza el trabajo conjunto con el sector, el Ministerio y los partidos para que la futura Ley de Cadena Alimentaria proteja a todos los productores

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias aboga por un trabajo conjunto con el sector, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los partidos para lograr que la futura Ley de Cadena Alimentaria, cuyo proyecto de ley aprobó a principios del mes de noviembre pasado el Consejo de Ministros (y se prevé que entre en vigor a finales del año 2021, tras pasar por el Congreso y el Senado), proteja a todos los productores del sector primario canario, entre ellos los plataneros, para así conseguir ordenar las transacciones comerciales, se eviten abusos por la competencia desleal y se aporte valor en todos los eslabones de la forma más justa posible.

La consejera Alicia Vanoostende explicó hoy que el Gobierno regional “apoya sin fisuras al sector agrario y pesquero de las Islas y está convencido de que es necesaria una retribución justa para los productores agropesqueros locales, para garantizar una actividad moderna, generadora de empleo, sostenible y con futuro”.

La responsable regional de esa área señaló que “entendemos las peticiones de la organización Asprocan vinculadas a los cambios en los precios de venta que sufre el plátano durante el año, especialmente en cuanto a que su único competidor en el mercado nacional es la banana procedente de terceros países, donde las condiciones laborales distan mucho de los estándares europeos y eso permite acceder al mercado con un precio muy inferior. Esa reivindicación se ciñe al mercado del plátano y se formula en defensa del interés de sus asociados”, explicó Vanoostende.

Además, la consejera matizó que “es en la futura Ley de Cadena Alimentaria (aún no aprobada de forma definitiva por las Cortes) en la que se deben incluir todas esas cuestiones, y no en un real decreto ley de medidas urgentes debatido en el Senado. Este real decreto fue el que se votó en la jornada de ayer en la Cámara Alta y lleva en vigor desde febrero pasado. Por lo tanto, no afecta en nada a las relaciones entre las cooperativas y sus socios y aún hay tiempo por delante para proteger los intereses de los plataneros canarios”, detalló la titular de Agricultura.

En esa misma línea, Alicia Vanoostende añadió que “el funcionamiento del equilibrio entre la oferta y la demanda es extrapolable al conjunto de productos agrícolas y agroalimentarios, por lo que creemos en la necesidad de una nueva Ley de Cadena Alimentaria, también para adaptarse a la normativa comunitaria (con esta además se traspone al derecho nacional una directiva de la UE), que consiga ordenar las transacciones comerciales, siempre complejas, con la posibilidad de que se utilicen ciertos mecanismos de oferta y demanda en la comercialización y sin consecuencias negativas para nuestros productores”, sostuvo la consejera.

La consejera apuntó que “el Ministerio nos ha transmitido la voluntad de estudiar con todos los sectores, en el marco de la futura ley, las necesidades de todos ellos, con el fin de que se vean reflejadas en la norma en tramitación. No dudamos del compromiso del ministro Luis Planas, que ya lo ha demostrado en la defensa de la ficha financiera del Posei evitando que ésta se recortara el 3,9% anual”.

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Administraciones Públicas somete a consulta pública la modificación de la Ley de Juegos y Apuestas

Fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010 de Canarias

La ciudadanía ya puede formular sugerencias, hasta el 6 de octubre, a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha abierto la fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas con la finalidad de que la ciudadanía realice sus aportaciones a la nueva legislación. Para ello contará con un plazo de 20 días hábiles, contados desde el 16 de septiembre, por lo que acaba el 6 de octubre, en el que cual puede formular las sugerencias que estime oportunas a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

Esta modificación legal pretende dar cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-065 del Parlamento de Canarias sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones en la que, entre otras cuestiones, se insta al Gobierno de Canarias a regular con eficacia la prohibición de acceso de los menores de edad y demás colectivos necesitados de especial protección a los diferentes establecimientos de juego. Asimismo, la citada iniciativa legislativa pretende incorporar medidas complementarias en materia de juego responsable.

Los objetivos que se persiguen con la modificación de esta ley, además de otras cuestiones que pudieran surgir durante su tramitación, son tanto dar cumplimiento al mencionado mandato parlamentario, como también, y en el marco del principio general de juego responsable, proteger a los colectivos más vulnerables mediante la regulación, entre otras, de las siguientes determinaciones: la relación de personas que tienen prohibido su participación en los juegos y apuestas; la inclusión de nuevas determinaciones en materia de publicidad, patrocinio y promoción; la regulación legal tanto del Registro de Prohibidos como del Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego; el análisis de los aspectos a tener en cuenta por el Gobierno a la hora de llevar a cabo la planificación de los juegos y apuestas, así como la regulación en la propia Ley, no solo de una distancia mínima entre locales de juego y centros docentes o de atención a menores, sino también entre los propios establecimientos de juego; y, como complemento de todo lo anterior, la revisión de los tipos infractores y de las sanciones derivadas de los mismos.

El pasado mes de marzo el Boletín Oficial de Canarias publicó el Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, por el que se suspendía durante los siguientes 18 meses la presentación de solicitudes de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas mientras se tramite la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y del nuevo Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias. Asimismo, se suspendió el otorgamiento de nuevas autorizaciones de espacios de apuestas externas en casinos y salas de bingo.

Según señaló el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, la nueva planificación del juego y las apuestas en Canarias deben ser afrontadas tomando en cuenta los datos disponibles y la participación de todas las partes implicadas a fin de abrir un debate sosegado y riguroso, pero priorizando en todo caso la salvaguarda de menores y demás colectivos necesitados de especial protección.

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Canarias prepara una nueva ley de ciencia e innovación para actualizar la política de I+D+i

Elena Máñez

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo anuncia en el Pleno del Parlamento el lanzamiento de ayudas para la internacionalización de las pymes de las islas no capitalinas y de las mujeres empresarias

“Tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan en materia de diversificación económica y hacerlo de manera inclusiva, sin dejar a nadie atrás; ese es el compromiso de nuestro Gobierno”, afirma Elena Máñez

Canarias impulsará una nueva ley de ciencia e innovación, ya que la I+D+i “ha cambiado mucho desde 2001”, año de publicación de la ley vigente. Así lo manifestó este miércoles la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, en el Parlamento de Canarias, durante el transcurso de dos comparecencias, a petición del Grupo Parlamentario Sí Podemos y del Grupo Socialista Canario, para hablar sobre el impacto de la COVID-19 en las políticas de internacionalización económica de Canarias y de los planes de diversificación a medio y largo plazo, una cuestión esta última en la que, señaló, “tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan y hacerlo de manera inclusiva, sin dejar a nadie atrás”. “Ese es el compromiso del Gobierno”, añadió.

Máñez destacó la importancia de avanzar en la economía del conocimiento, “porque es transversal a todos los sectores del tejido productivo”. “Tendremos una nueva ley de ciencia e innovación; con estas bases y con el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias, saldremos juntos y juntas de esta crisis”, afirmó.

La consejera subrayó que en el Gobierno “no somos ilusos” y se tiene presente que la diversificación económica no pasa “por sustituir sectores productivos”. Así, recordó la importancia que tiene el turismo en Canarias, que supone un 35% del PIB y que genera el 40% del empleo en las Islas, pero llamó a la apertura hacia otros sectores “más resilientes y que permitan incrementar el PIB”, aprovechando, entre otros escenarios, el nuevo marco europeo de financiación en I+D+i, Horizonte Europa, en el que jugarán un papel fundamental las nuevas economías azul y circular.

Explicó que las islas cuentan con una posición geoestratégica privilegiada, única en el ámbito europeo y de las RUP, grandes capacidades en el ámbito de la economía azul y la innovación, a través de centros como el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), la Plataforma Océanica de Canarias (Plocan) y el Clúster Marítimo de Canarias, así como unos sectores vinculados a la actividad portuaria muy consolidados, además de un potencial de crecimiento en biotecnología marina o energía eólica ‘offshore’. A su juicio, estas condiciones “óptimas” nos sitúan “en un buen punto de partida para recibir apoyo financiero” de estos programas europeos, dotados con casi 100.000 millones de euros. Por eso, adelantó, el Gobierno de Canarias ha reactivado el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, que no se convocaba desde 2011.

La consejera detalló también que el departamento que dirige casi tiene lista su Estrategia de Economía Azul, un documento que ya cuenta con un borrador, que se ha sometido al análisis transversal por parte de las distintas áreas del Gobierno y que se terminará de definir a través de un proceso participativo con los agentes privados implicados, que se abrirá en las próximas semanas.

Sobre el impacto que ha tenido la crisis de la COVID-19 en las políticas de internacionalización económica puestas en marcha por el Gobierno, a través de la Dirección General de Promoción Económica y de Proexca, la consejera afirmó que la actividad no solo no se ha frenado, sino que en muchos casos “se ha incrementado”. “Nos hemos reinventado para hacer frente a la pandemia y gracias a las nuevas tecnologías se han agilizado los encuentros internacionales, proyectos, misiones y la actividad formativa en Canarias y en África y Latinoamérica”, unas acciones que de manera presencial hubieran supuesto unos costes y tiempos mucho mayores.

Medidas en marcha

Máñez se refirió también en sus comparecencias a las medidas que ya se han puesto en marcha por parte de la Consejería para impulsar la transformación digital del tejido productivo y contribuir a la diversificación económica y la internacionalización, entre ellas la reactivación de los instrumentos financieros del programa Canarias Financia 1 de la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (Sodecan), un tipo de herramienta al que no se recurría desde el año 2016, destinado a apoyar la inversión en proyectos innovadores, de I+D+i y de ahorro y eficiencia energética desarrollados por pymes canarias, dotado con un total de 14,5 millones de euros; o los más de 21 millones de euros que destina la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) a líneas de apoyo a la transformación digital del tejido productivo y a impulsar la innovación y el desarrollo en las Islas.

Además, destacó la importancia de la Red Cide, una red estratégica de asesoramiento que hace posible que cada empresa cuente con su propia agenda de innovación propia, en el contexto de un tejido productivo que “se ha quedado atrás en transformación digital, pero que queremos mejorar”.

También anunció una nueva convocatoria, en las próximas semanas, de Canarias Aporta, programa de acompañamiento a empresas que quieren internacionalizar su negocio y que ahora, por primera vez y dadas las circunstancias, incorpora una nueva línea para proyectos digitales, Aporta Digital, dotada con 750.000 euros y destinada a potenciar el comercio online y la digitalización. En total, el programa cuenta con 2.750.000 euros y su ejecución se prorrogará hasta junio de 2021.

Asimismo, comentó que durante la evaluación del anterior programa Canarias Aporta “nos dimos cuenta de que apenas había 1 empresa interesada procedente de las islas no capitalinas”. Por ese motivo, la Consejería lanzará un programa específico de apoyo a la internacionalización de las pymes de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, La Palma y El Hierro, dotado con 200.000 euros y que permitirá reforzar el respaldo a los sectores económicos de estas islas, en coordinación con cabildos y cámaras de comercio, con especial hincapié en la realización de acciones virtuales. “Todas las empresas, independientemente de la isla en que estén, tienen que contar con las mismas oportunidades”.

En esta misma línea, avanzó la creación de un servicio, denominado Internacionaliza Mujer, destinado a la creación de una red de empresarias con intereses en los mercados exteriores y de una bolsa de mujeres profesionales que podrán acceder a itinerarios personalizados (Itinerarios Woman) según sus preferencias y capacidades. Esta iniciativa culminará, a finales de año, en un foro internacional, Mujer Internacionaliza. “La igualdad de género es otro objetivo transversal a todas las acciones puestas en marcha por el Gobierno de Canarias”, manifestó.

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Torres mantiene una reunión con los presidentes de las Cámaras de Comercio de España y de las Islas Canarias

Cámaras de Comercio

En el encuentro abordaron cuestiones como el desarrollo del Reglamento de la Ley de Comercio, el apoyo de las administraciones a las cámaras y las medidas adoptadas por el coronavirus en Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mantenido este lunes una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y con los presidentes de las cámaras de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, José Sánchez, Santiago Sesé, José Torres y Antonio Rodríguez, respectivamente, en la que ha sido la primera reunión de trabajo del Ejecutivo autonómico con los máximos representantes de la Cámara de España.

La reunión se ha celebrado con motivo de la agenda de contactos prevista para el Encuentro de Cámaras de Comercio Españolas y Africanas, que finalmente ha quedado aplazado por la situación internacional del coronavirus Covid-19.

Ángel Víctor Torres explicó la necesidad de contar con el reglamento para el desarrollo de la Ley de Comercio aprobada en mayo de 2019. También recordó el aumento en un 14% en la aportación del Gobierno a las cámaras de comercio en el Presupuesto de este año para sus gastos de funcionamiento. Torres valoró “la labor fundamental” que hacen las cámaras en el comercio de Canarias, que produce muchísimo empleo en la Islas.

También abordaron las acciones adoptadas por el Ejecutivo regional con relación a los casos detectados de coronavirus y las medidas para mitigar sus efectos socioeconómicos, tanto en el turismo como en lo relativo al desarrollo empresarial del Archipiélago.

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“La modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria protege al agricultor y pone en evidencia al infractor”

Alicia Vanoostende aseguró que se pulirán las controversias que generan algunos aspectos de la ley

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, manifestó ayer, en el marco del ‘X Foro del Sector Agroalimentario en Canarias’, que desde el Gobierno regional “iremos puliendo las controversias que genera la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria en aspectos como la fijación de precios para cubrir los costes mínimos, dado que el gasto de producción varía en las distintas islas, incluso de una zona a otra en el mismo territorio, por lo que entendemos la preocupación del sector y buscaremos soluciones consensuadas”.

Vanoostende, que puso énfasis en la coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el diálogo con las organizaciones agrarias, explicó que el objetivo de dicha modificación es “principalmente la protección del agricultor y ganadero frente al fraude”, y en este sentido expuso algunas de las disposiciones más relevantes de la Ley, que pasan por una coordinación efectiva con el Gobierno de España.

En esta línea, destacan el incremento del control en las promociones que se hacen en la gran distribución, para evitar la utilización de los productos para hacer promociones por debajo del coste de producción. También, el aumento de la capacidad sancionadora, que correspondería a cada comunidad autónoma, en apartados como la intensificación de los controles en la lucha contra el fraude de los alimentos, estableciendo normas de calidad y programas que permitan su control y garanticen su cumplimiento y pongan en evidencia al infractor. Otra de las medidas de este real decreto-ley incide en el cumplimiento riguroso de las normas de comercialización en el sector de las frutas y hortalizas en todos los eslabones de la cadena, incluido el punto de venta al consumidor. Por último, otro aspecto prioritario en la ley que desarrolló la consejera en su ponencia, incide en el aumento de los seguros agrarios en un 10% dentro de los PGE 2020, acción para la que el Gobierno canario ha destinado una partida en los presupuestos que alcanza los 3,4 millones de euros, 1,2 millones más que en 2019.

En el contexto del foro celebrado ayer en La Laguna, la titular de Agricultura expuso, aparte del trabajo coordinado con el Gobierno de España, las líneas de actuación de la Consejería para mejorar la coyuntura del campo canario: “Trabajamos desde el minuto uno en las negociaciones con Europa para mantener las ayudas que resultan esenciales para el sector en Canarias. A medio plazo tenemos un reto imprescindible, como es la elaboración de nuestro Plan de Soberanía Alimentaria, parte esencial en la lucha contra el cambio climático y que busca mayor autosuficiencia”.

Entre otros objetivos, añade la consejera, “figuran la promoción de los productos locales con proyectos como Crecer Juntos, que aúna el sector primario y el turismo; acciones como el programa Ecocomedores, para fomentar el consumo de los niños y niñas en los comedores escolares, facilitando también el trato directo con los productores; la mejora en los planes de riego para enfrentar los problemas derivados de la sequía y la dificultad que tienen los agricultores para mantener sus cultivos a través de obras que dependen del Gobierno; y el desarrollo de las DOSA (Directrices de Ordenación del Suelo Agrario), uno de los grandes problemas del sector agrario en cuanto a la disponibilidad de los suelos y que dificultan la puesta en valor de las actividades agrarias.

Vanoostende adelantó que se están manteniendo reuniones técnicas con la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y Agroseguro para la validación del seguro colectivo del aguacate y de la viña, porque a juicio de la consejera “es fundamental garantizar las explotaciones y a los agricultores ante la pérdida de producción como consecuencia de los cada vez más frecuentes fenómenos atmosféricos adversos”.

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El Gobierno sanciona a una casa de apuestas con 20.002 euros por infracciones muy graves de la Ley de Juegos

Gobierno sanciona a casa de apuestas por infracciones graves

El local ha sido multado por la organización y explotación de apuestas sin autorización para dicho fin y por no contar con permiso para la instalación, apertura y funcionamiento de un local de apuestas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha impuesto una multa de 20.002 euros por dos infracciones muy graves (10.001 euros por cada una) a una casa de apuestas ilegal por la organización y explotación de apuestas sobre acontecimientos deportivos y de otra índole, en la modalidad presencial y electrónica, sin la correspondiente autorización administrativa para dicho fin y por la falta de autorización preceptiva para la instalación, apertura y funcionamiento en un establecimiento de apuestas externas.

Dicha multa se impone por la comisión de dos infracciones muy graves del artículo 30 a) de la Ley 8/2010 de Juegos y Apuestas consistente en “la organización o explotación de juegos o apuestas no catalogados, o sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas, o incumpliendo el régimen de declaración responsable, así como la celebración o práctica de los mismos fuera de los establecimientos autorizados”.

Además, hasta que la resolución sea ejecutiva, se mantendrá el precinto cautelar de nueve terminales de apuestas externas, que carecen de homologación y de documentación identificativa, y del establecimiento de juego, así como la prohibición de realizar la práctica de cualquier actividad relacionada con la organización y práctica del juego en el establecimiento sancionado.

En la actualidad, hay instaladas en Canarias un total de seis empresas de apuestas que deben cumplir con lo establecido en la Ley de Juego y Apuestas. En relación con este tipo de actividad, además de continuar con el control y persecución de los locales de apuestas ilegales, el Gobierno de Canarias, a través del Servicio de Inspección del Juego, realiza actuaciones de investigación y prevención de posibles irregularidades al tratarse de una actividad de nueva implantación en Canarias. La incorporación de nuevos efectivos al Cuerpo General de la Policía Canaria redundará en una mayor operatividad de las actuaciones de control.

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