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Canarias elevará al Estado un informe con propuestas para la atención de los menores extranjeros no acompañados

Consejo de Gobierno de Canarias

En la actualidad, el Archipiélago cuenta con 21 recursos alojativos en los que se ofrece atención a un total de 1.962 menores

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un informe sobre la situación de la atención a los menores extranjeros no acompañados, en el que se proponen un conjunto de medidas de actuación dirigidas tanto al Estado como a la Comisión Europea.

En dicho informe, se recogen las actuaciones que se han llevado a cabo para garantizar la atención y acogida de los menores extranjeros no acompañados que llegan en pateras y cayucos hasta las costas del Archipiélago, y se enumeran las fórmulas y propuestas dirigidas tanto al Estado español como a la Comisión Europea.

Canarias cuenta con 21 recursos alojativos, puestos en marcha durante este año, en los que se ofrece atención a un total de 1.962 menores. Una atención que el Gobierno canario ha abordado en solitario, por lo que, según se indica, se necesita “con urgencia contar con recursos tanto por parte del Estado como de la Unión Europea que permitan sufragar los costes que debe afrontar Canarias para hacer frente a esta crisis, ya que actualmente no existen fondos ni programas a nivel europeo que ayuden a las regiones en el apoyo con estos menores”.

En concreto, la propuesta formulada solicita al Estado español la firma de un Convenio de colaboración entre el Estado y el Gobierno de Canarias, sobre la atención a los menores extranjeros no acompañados que recoja dos puntos: la derivación solidaria de, al menos, 500 menores entre las comunidades autónomas; y un fondo específico del Estado para ayudar en la gestión de estos niños y niñas, tal como se articuló en el año 2008.

Además, se solicita al Estado español que eleve a la Comisión Europea la solicitud de fondos específicos para Canarias dentro de los remanentes de los fondos de emergencia de la Comisión Europea a fin de poderlos comprometer antes de finales de este año.

En cuanto a la Comisión Europea, se le solicita que destine en el marco de esos fondos, una partida creíble y urgente que ayude a nuestra región a gestionar la tutela y atención a estos casi 2.000 menores extranjeros no acompañados.

Así mismo, el documento contempla como medidas a llevar a cabo a medio plazo, el inicio de gestiones con el Estado español para establecer una línea específica destinada a los menores no acompañados dentro del próximo programa financiero 2021-2027, y en el marco del Nuevo Pacto de migración y asilo presentado por la Comisión Europea y que en estos momentos está en trámites de negociación con el Consejo y el Parlamento europeo, así como que se prevea una ayuda específica dentro del Fondo Social Europeo destinado a los menores no acompañados y a su integración.

 

El gasto en medicamentos del SCS se situó en octubre en 50,1 millones de euros

El pasado mes se emitieron en Canarias 4.203.160 recetas del SCS, con un gasto medio de 11,63 euros

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha sido informado del gasto en recetas de farmacia del Servicio Canario de la Salud (SCS) correspondiente al mes de octubre pasado. Este gasto ascendió a 50.130.044,40 euros e incluye, además de la factura en medicamentos, el gasto en productos dietoterápicos y el importe resultante de la eliminación del copago a los usuarios sanitarios residentes en Canarias con rentas inferiores a 18.000 euros, que representó 3.051.450,52 euros en esa misma mensualidad.

Por Áreas de Salud, el gasto en medicamentos se distribuyó de la forma siguiente:

–          Gran Canaria, con 21.594.343,80 euros

–          Tenerife, con 21.671.535,26 euros

–          Lanzarote, con 2.368.669,88 euros

–          La Palma, con 2.179.429,57 euros

–          Fuerteventura, con 1.531.419,31 euros

–          La Gomera, con 532.042,73 euros

–          El Hierro, con 252.603,57 euros

Atendiendo a estos datos, el gasto de las áreas de Salud de Gran Canaria y Tenerife representó el 86,3% de la factura farmacéutica del SCS, mientras que el 13,69% restante se distribuyó entre las islas de Lanzarote (4,72%), La Palma (4,34%), Fuerteventura (3,05%), La Gomera (1,06%) y El Hierro (0,5%).

El gasto farmacéutico que se comunica al Ministerio de Sanidad no incluye la facturación de los productos dietoterápicos; tampoco el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes, por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros. La razón es que así lo solicita la Administración General del Estado para uniformar los criterios de información de todas las Comunidades Autónomas.

Como consecuencia, el importe del gasto farmacéutico del SCS del mes de octubre que se comunica al Ministerio asciende a 47.078.593,88 euros.

4,2 millones de recetas

Los centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud emitieron en octubre pasado 4.203.160 recetas, el 0,42% menos que en el mismo mes del año anterior, de las que 1.846.206 corresponden al área de Salud de Gran Canaria, y 1.786.441 recetas, a la de Tenerife. En el resto de áreas de Salud, el número osciló entre 201.357 recetas en Lanzarote y 22.055 en El Hierro.

El acumulado de recetas del periodo enero-octubre se sitúa en 41.301.410, del orden de 1.936.848 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 4,92%.

En cuanto al gasto medio por receta del mes anterior, fue de 11,63 euros, frente a los 11,52 euros de octubre de 2019. Por áreas de Salud, se sitúan por encima de los 12 euros de gasto medio por receta las de La Gomera (12,60 euros) y La Palma (12,17 euros), mientras que el resto de áreas oscilan entre los 11,12 euros en El Hierro y 11,83 euros, en Tenerife.

El Gobierno aprueba destinar 4,9 millones de euros a la financiación del Hospital del Sur de Tenerife

El SCS abona la parte correspondiente a la anualidad de 2020 del convenio firmado con el cabildo insular

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves al Servicio Canario de la Salud (SCS) a realizar la transferencia de crédito por importe de 4.925.854,53 euros para abonar la anualidad de 2020 del convenio de colaboración firmado en diciembre de 2018 con el Cabildo Insular de Tenerife. Este convenio tiene como objetivo la construcción conjunta del Centro de Atención Especializada (CAE) de El Mojón y el Hospital del Sur de la isla, situados en el municipio de Arona, y hacer efectiva la transmisión de la propiedad de los inmuebles al SCS.

El 2 de julio de 2019, ambas administraciones firmaron una adenda al citado acuerdo de colaboración para el abono por el SCS de 24.777.563,60 euros a la Corporación insular, en concepto de liquidación de las cantidades invertidas en las obras de construcción de estas infraestructuras sanitarias, de los que en 2018 se adelantaron 5.000.000 euros.

El resto, 19.777.563,60 euros, se acordó financiarlo en cuatro anualidades, entre los ejercicios de 2019 a 2022.

Tras el abono de 5.000.000 euros en 2019, corresponde ahora al SCS financiar la anualidad de 2020, que asciende a 4.925.854,53 euros, motivo por el que el Gobierno ha autorizado la realización de una transferencia de crédito que le permita disponer de los recursos económicos necesarios para hacer efectivo su abono al Cabildo.

Declaración institucional con motivo del 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El Gobierno concluye que “solo con unidad saldremos de la pandemia de la violencia machista”

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy, jueves 19 de noviembre, el texto de la declaración institucional con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre (miércoles), en la que concluye que “solo con unidad saldremos de la pandemia de la violencia machista”.

En la declaración, el Gobierno analiza cómo el confinamiento vivido este año agravó la vulnerabilidad de las mujeres, ya que muchas se vieron obligadas a convivir con sus maltratadores en el hogar las 24 horas del día, y recuerda que, “en ese momento, los recursos del Gobierno de Canarias destinados a la violencia de género se mantuvieron funcionando a pleno rendimiento. Durante el periodo de confinamiento, más de 50 mujeres tuvieron que abandonar su hogar con sus hijos e hijas para alojarse en un dispositivo de emergencia”.

El texto repasa las acciones impulsadas por el Instituto Canario de Igualdad para reforzar la comunicación y protección de las mujeres que pudieran verse amenazadas a lo largo de este año, como el recurso Mascarilla-19, que permitió a las mujeres pedir auxilio y refugiarse en las farmacias isleñas.

En el mismo sentido, constata que ese recurso posibilitó que la población fuera más consciente de la violencia machista y diera “el gran paso de estigmatizar de forma contundente esta violencia, al maltratador y no a la víctima, perdiendo el miedo a denunciar”.

Declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer el próximo 25 de noviembre, fecha declarada por la Asamblea General de Naciones Unidas, la Consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud eleva al Gobierno, para su aprobación la Declaración Institucional siguiente:

Canarias, España, el mundo, ha vivido y vive un tiempo convulso, repleto de cambios en nuestros hábitos, en nuestros modos de vida, en nuestras relaciones sociales. Un situación que nos ha exigido nuevas normas que hemos debido adoptar e incorporar a nuestra vida diaria para proteger nuestra salud. Uno de esos grandes cambios, la decisión que marcó un punto de inflexión en nuestro modo de entender la vida, fue el confinamiento obligado en nuestros hogares.

Cuando a mediados de marzo el Estado decretó el estado de alarma en todo el país, nuestra vida experimentó un giro de 180 grados. La mayoría de nuestras preocupaciones diarias pasaron a un segundo plano y la salud se situó en el primer lugar. En el caso de las víctimas de violencia de género, el encierro se hizo, si cabe, mucho más peligroso para su integridad física o psicológica. Mujeres con hijos e hijas se vieron obligadas a confinarse con su agresor, a guardar más silencio, a idear fórmulas para poder comunicarse con el exterior o pedir ayuda, en caso necesario. Para ellas el miedo, la incertidumbre y la asfixia, que por entonces vivía toda la ciudadanía, crecieron de manera exponencial.

En ese momento, los recursos del Gobierno de Canarias destinados a la violencia de género se mantuvieron funcionando a pleno rendimiento y durante el periodo de confinamiento más de 50 mujeres tuvieron que abandonar su hogar con sus hijos e hijas para alojarse en un dispositivo de emergencia. El Instituto Canario de Igualdad reforzó todos los cauces posibles de comunicación para que ninguna mujer se sintiera sola, aislada con su maltratador, y con el objetivo de mejorar su protección activó también el protocolo Mascarilla-19. Una consigna que, a fecha de hoy, se ha convertido en un emblema de la lucha contra la violencia de género en multitud de países de todo el mundo y que en Canarias mantendremos como un recurso más de apoyo a las mujeres que deben convivir con su agresor, más allá de tiempos de pandemia o confinamiento.

Un grave problema generó entonces una solución inmediata que además permitió a nuestra comunidad tomar conciencia de las circunstancias de las mujeres que se encontraban en esa situación. Permitió de forma evidente que esta violencia abandonara el espacio privado en el que históricamente se ha situado y ocupara el lugar donde debe estar, el ámbito de lo público, de la preocupación común.

Debemos ser optimistas, nos encontramos en un momento de transición, de lucha entre las inercias del sistema establecido y la irrupción de cambios muy relevantes que nos encaminan a una sociedad más igualitaria. Nuestra juventud es cada día más consciente de la violencia de género, es capaz de visibilizarla, de señalarla y cada día más jóvenes se posicionan frente a esas prácticas machistas, estancadas por el peso de las estructuras de dominación, que perduran en sus relaciones de pareja o amistad. Es el momento ahora de reforzar o crear las condiciones estructurales para que nuestra juventud pueda traspasar la barrera del discurso que ya ha asimilado y permear las prácticas de la igualdad de género.

La sensibilización va llegando a cada hogar, y nuestra población en su conjunto está comenzando a señalar la violencia, no a quienes la reciben sino a quienes la cometen. Canarias está dando el gran paso de estigmatizar de forma contundente la violencia, al maltratador y no a la víctima, perdiendo el miedo a denunciar; mujeres y hombres agudizan los sentidos para percibir y denunciar ante cualquier sospecha. Porque nuestra sociedad crece, evoluciona, se transforma, se reinventa y es siempre el esfuerzo colectivo el que realmente nos ayuda a mejorar, a alcanzar un mundo más saludable y justo, exento de violencia. La violencia de género es uno de los problemas más graves de nuestra sociedad y que perdura a pesar de todos los avances, de la mayor concienciación, de la mayor protección y labor de prevención que se desarrolla desde todos los ámbitos.

La violencia machista es la causa de muerte de una media de 60 mujeres cada año en España, mujeres asesinadas por hombres. Es la causa directa de discapacidades de muchas mujeres supervivientes, secuelas físicas y psicológicas. Se estima que, por cada mujer asesinada, diez agredidas sufren como consecuencia de la agresión machista discapacidad visual, auditiva o de movilidad.

Este Gobierno es consciente de que dar el giro a esta situación supone un ingente y constante esfuerzo de toda la comunidad, desde todos los ámbitos de actuación. Cada mujer asesinada, cada mujer lesionada, cada mujer que sufre o vive atemorizada, es consecuencia directa de las desigualdades cotidianas que seguimos consintiendo en nuestra vida diaria. Combatir la desigualdad de género heredada por nuestra cultura supone que cada persona, de forma individual, detecte y modifique comportamientos y expresiones que perduran de forma inconsciente en nuestro cerebro, y alimentan el desequilibrio entre mujeres y hombres.

Este ha sido el objetivo de la campaña institucional de este año con la que hemos querido activar a la sociedad en general, y a la población masculina en particular, a quienes interpelamos de forma directa para que muestren conductas proactivas contra el machismo, para que se conviertan en aliados de esta lucha y en ejemplo para el resto de la población.

Ante una mano asesina, maltratadora, que humilla, debemos mostrar un rechazo en bloque, unánime. La violencia de género merece un mensaje contundente como el que este año, por primera vez en la historia, ha unido al Gobierno de Canarias con todos y cada uno de los Cabildos Insulares. No somos sólo Gobierno, cabildos o ayuntamientos, somos una Canarias unida y en peso contra el machismo.

Este 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que recordamos a todas aquellas que han sufrido violencia o han perdido su vida a manos de maltratadores, nuestro Gobierno quiere expresar su firme compromiso de trabajo por la construcción de una sociedad igualitaria, libre de violencia, donde ser mujer no constituya un factor de riesgo para la vida.

Sólo con unidad saldremos de la pandemia de la violencia machista.

El Gobierno de Canarias autoriza créditos para infraestructura de saneamiento y el sellado de vertederos

Se destinarán más de cuatro millones de euros a la mejora de la eficiencia de redes e infraestructura de abastecimiento y saneamiento en Santa María de Guía; también al sellado de vertederos ilegales en Canarias

El Consejo de Gobierno ha autorizado transferencias de créditos por importe de 4.300.000 euros para la mejora de la eficiencia de redes e infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en Santa María de Guía, en Gran Canaria, y para el sellado de vertederos ilegales en Canarias.

El importe se desglosa en dos partidas de crédito de 1.300.000 euros para las obras del municipio grancanario y de 3.000.000 para las acciones en vertederos, partidas que promueven un mayor cumplimiento del programa operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020.

El acuerdo sobre el proyecto de inversión de mejora de la eficiencia de redes e infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en Santa María de Guía tiene por objeto conceder una subvención directa por razones de interés público a la citada Corporación insular, con el fin de facilitar que el Ayuntamiento pueda acometer acciones de mejora y ampliación de estas infraestructuras, corrigiendo las principales carencias en materia de saneamiento y evitando problemas de contaminación en aguas superficiales y  subterráneas.

Esta autorización queda justificada con la situación actual del municipio, que precisa acometer actuaciones que faciliten la mejora y, en su caso, la ampliación de infraestructuras del servicio de alcantarillado, de manera que se mejore el acceso a estos servicios.

El Gobierno de Canarias considera que existe un conjunto de puntos identificados en las redes de saneamiento de la localidad cuya situación determina la necesidad de realizar inversiones con el objeto de eliminar deficiencias mediante rehabilitación o, incluso, la renovación de colectores, al menos en los tramos más sensibles identificados.

Intervenciones ambientales

El crédito autorizado relativo a vertederos tiene como objeto otorgar una aportación a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) para el sellado de vertederos ilegales en el Archipiélago a fin de facilitar las ejecuciones subsidiarias de clausura y sellado de vertederos por parte de la Agencia, y dar cumplimiento al requerimiento instado por la Comisión Europea al respecto, ya que la Comunidad Autónoma de Canarias está actualmente inmersa en un procedimiento europeo de infracción sobre vertederos de residuos inertes.

El Gobierno regional aprueba el decreto que crea la Red de Alerta Temprana de Canarias sobre especies invasoras

El documento designa también a la dirección general competente en materia de biodiversidad para integrarse en la Red de Alerta Estatal

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que crea y regula la Red de Alerta Temprana de Canarias para la detección e intervención de especies exóticas invasoras (REDEXOS) y designa el punto focal que se integra en la Red de Alerta Estatal para la vigilancia de este tipo de especies.

Tras su paso por el Consejo Consultivo de Canarias, el documento designa a la Dirección General competente en materia de biodiversidad para integrarse en la Red de Alerta Estatal para la vigilancia de especies exóticas invasoras, y ejercerá sus funciones en el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de REDEXOS.

Además, establece los objetivos de la Red de Alerta Temprana de Canarias, las funciones administrativas del punto focal, así como los sistemas de información e intervención para la vigilancia y gestión de las citadas especies detectadas.

El decreto aprobado viene motivado por la necesidad de designar en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias un departamento responsable que se integre en la Red de Alerta Estatal y que contará con toda la información de organizaciones y sectores interesados. De ahí la necesidad de crear una Red canaria para la detección e intervención efectivas sobre las especies exóticas invasoras presentes o que puedan introducirse en las Islas.

El Gobierno de Canarias considera que las particulares condiciones de las Islas hacen que el impacto negativo de las especies invasoras sea aún mayor que en territorio continental, ya que la vulnerabilidad de Canarias por su fragilidad al tratarse de un territorio archipielágico aumenta considerablemente, llegando a producirse importantes cambios a nivel ecosistémico.

La necesidad de la creación de la Red de Alerta en Canarias se hace más acuciante tras la aprobación del Real Decreto 216/2019 por el que se aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de Canarias y por el que se modifica el Real Decreto 630/2013, que establece la obligación por parte de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias de establecer, en un plazo de 18 meses, un sistema de vigilancia de las especies exóticas invasoras preocupantes para Canarias o incluirlo en su sistema vigente.

A ello se le añade la aprobación del Gobierno del Canarias de la Declaración de Emergencia Climática en la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya finalidad es la de comprometer todas las políticas del Ejecutivo canario y de las administraciones públicas canarias que pueden contribuir a frenar la amenaza mundial que entraña el cambio climático, al constituir este fenómeno un factor clave en la propagación de las especies exóticas invasoras en el Archipiélago.

Mediante la creación de la Red de Alerta Temprana de Canarias se pretende hacer efectiva de manera ágil y adecuadamente coordinada a nivel interadministrativo, la detección e intervención rápida sobre las especies exóticas invasoras que fueran detectadas en las Islas, evitando la proliferación de nuevos núcleos de estas especies y la consiguiente afección negativa a la biodiversidad nativa de Canarias.

REDEXOS persigue la localización, identificación, análisis, control o erradicación de nuevos focos o poblaciones de especies exóticas invasoras en el ámbito espacial de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objeto de evitar su establecimiento o expansión.

Esta Red, que se encuentra abierta a la participación voluntaria de cualquier persona, colectivo u organización, será la encargada de recopilar y coordinar la información sobre la aparición de especies exóticas invasoras recogidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, de especies con potencial invasor en el Archipiélago que puedan ser identificadas como tales por la Comunidad Autónoma de Canarias, o de especies exóticas invasoras recogidas en la lista de este tipo de especies preocupantes para la región ultraperiférica de Canarias, así como sobre nuevos focos de aparición en puntos donde anteriormente no se encontraban presentes.

 

El Gobierno renovará por completo el sistema de grabación de los juicios y actos judiciales

Se efectuará una contratación mediante procedimiento abierto para el suministro e instalación de equipos y ‘software’ que integran el sistema de grabación en las salas de vistas, polivalentes y Gesell de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias

Se busca lograr la unificación de los sistemas; la integración de todos los órganos judiciales con el sistema de gestión procesal (Atlante); el avance tecnológico al entorno web; la reducción (o eliminación, en su caso) de incidencias que provocan retrasos o suspensión de juicios; la integración de firmas electrónicas reconocidas en las grabaciones y videoconferencias integradas, y la consolidación de los juicios telemáticos

El Consejo de Gobierno autorizó hoy el gasto correspondiente a la contratación del suministro e instalación de equipos y software que integran el sistema de grabación de las salas de vistas, polivalentes y Gesell de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como su mantenimiento y administración mediante procedimiento abierto, por importe de 5.944.928,04 euros, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Además, también se acordó dar cuenta al Parlamento de Canarias de esta autorización de gasto.

El presupuesto se distribuirá en cinco anualidades (en 2020, por 1.400.000 euros; en 2021, por 1.900.000 euros; en el año 2022, por 1.688.910 euros; en 2023, por 300.000 euros; y, finalmente, en 2024 por 656,018,04 euros), coincidiendo así con el plazo de ejecución de cinco años de esta contratación.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia explica que la contratación busca lograr la integración de todos los equipos de videograbación de los órganos judiciales con el gestor procesal Atlante en un entorno web, de tal manera que todas las grabaciones queden integradas en el propio Atlante.

También persigue la unificación de los sistemas de grabación existentes en la Comunidad Autónoma de Canarias; la integración de todos los órganos judiciales con el sistema de gestión procesal (Atlante); el avance tecnológico al entorno web (en vez de la arquitectura cliente-servidor); la reducción (o eliminación, en su caso) de incidencias que provocan retrasos o suspensión de juicios; la integración de firmas electrónicas reconocidas en las grabaciones y videoconferencias integradas, y la consolidación de los juicios telemáticos.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia estima necesario evolucionar los sistemas audiovisuales al servicio de los órganos judiciales y resto de intervinientes en los procesos judiciales a favor de un nuevo modelo que integre todas las prestaciones requeridas y que permita elevar el nivel de aprovechamiento tecnológico al máximo, que simplifique y facilite la gestión integral, así como la incorporación del nivel de funcionalidades más completo existente.

Así, el equipamiento suministrado permitirá la integración e incorporación de funciones que ahora desempeñan diferentes dispositivos, o prestaciones necesarias que en la actualidad son inexistentes y que, en el mejor de los casos, requieren de un personal que disponga de un nivel de conocimiento y especialización medio alto a nivel técnico para su aprovechamiento o utilización, perfiles que por su propia naturaleza no forman parte de los órganos judiciales y que, por lo tanto, no están disponibles para dar asistencia y apoyo permanente en todas las ubicaciones necesarias.

Por el contrario, el nuevo modelo con el equipamiento previsto posibilitará su utilización a usuarios con un nivel de conocimientos técnicos básicos, como son los propios de los órganos judiciales, al simplificar en gran manera el funcionamiento y las necesidades de manejo de los sistemas.

Los sistemas de Sala (130 en la actualidad) disponen de equipamientos que se adquirieron e incorporaron al uso en distintas fases y contratos, y que finalizan la cobertura por parte de los suministradores a lo largo de la vigencia prevista del contrato actual. Debido a la evolución tecnológica, y otros motivos, estos sistemas han quedado obsoletos y son incapaces de atender las nuevas necesidades planteadas y las de un futuro inmediato, además de sufrir un desgate acusado debido al alto nivel de uso y exposición que soportan.

En el contexto de la pandemia de Covid-19 se hace imprescindible planificar su evolución y sustitución en el más breve plazo de tiempo posible desde el momento en que el soporte a su operatividad finalice. De ahí la urgencia en su implementación en este ejercicio presupuestario.

De esta manera, se prevé la sustitución de todo el equipamiento por sistemas basados en el nuevo modelo, así como la dotación de nuevos sistemas para atender otras necesidades esenciales que hasta la fecha no habían sido cubiertas en la administración de justicia de Canarias, como es el caso de las Salas Gesell, destinadas a la grabación de declaraciones y entrevistas de personas pertenecientes a colectivos de especial vulnerabilidad: menores, víctimas de abusos sexuales o de violencia de género. Con el uso de estas Salas se evita una doble o múltiple intervención en los procesos judiciales, y el consiguiente incremento de la victimización, y se mejora la protección y privacidad de las víctimas dando cumplimiento a lo dictaminado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y lo dispuesto por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

Como se recordará, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, impuso la obligatoriedad de grabar todas las actuaciones orales en vistas y comparecencias de la jurisdicción civil desde la fecha de su entrada en vigor (8 de enero de 2001). Por lo tanto, a partir de entonces, fue necesario dotar los órganos del orden jurisdiccional civil (así como del social y contencioso-administrativo en los que la Ley tiene carácter supletorio) de los sistemas de grabación, duplicación y almacenamiento, previa adecuación de los espacios necesarios.

Más tarde se extendió la obligatoriedad de la grabación de vistas y comparecencias a la jurisdicción penal, con lo que la totalidad de salas de vistas y polivalentes de las sedes judiciales tuvieron que ser equipadas con tales sistemas.

En cumplimiento de lo anterior, y desde la entrada en vigor de esa ley, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia fue suministrando los diferentes equipos de video grabación para los órganos judiciales, cuya tecnología y características técnicas de los mismos ha ido evolucionando desde la entrada en vigor de la citada Ley hasta la actualidad.

Se destinan 321.975 euros al impulso industrial 4.0, diseñado para la mejora de la competitividad empresarial

La ampliación de crédito tiene como objetivo afrontar la transformación   digital con el fin de evolucionar y posicionarse como sector de referencia

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, jueves 19 de noviembre, destinar 321.975 euros a subvenciones para el impulso industrial 4.0, contribuyendo con ello a la mejora de la competitividad de las empresas canarias. Esta ampliación de crédito se destinará a la necesaria transformación digital con el fin de que la industria canaria evolucione y se posicione como un sector fuerte, competitivo y de referencia.

El apoyo económico de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio se concreta a través de dos entidades; por un lado, la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), que realizará un proyecto piloto demostrativo de innovación industrial para la promoción de la transformación digital entre las empresas, de forma que se conozcan las diferentes posibilidades y ventajas que ofrece la digitalización en la industria 4.0 y su adaptación a las particularidades de cada empresa.

Paralelamente, se dirigirá una ayuda a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) para la participación de Canarias en el programa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Activa Industria 4.0, en la anualidad de 2020 y cuyo plazo de solicitudes se abre el próximo mes de diciembre.  En este sentido, y dada la situación actual provocada por la COVID-19, se han incluido las actuaciones de Activa Industria 4.0 dentro de las medidas de apoyo para la recuperación de las empresas, que se desarrolla desde la Secretaría General de Industria y de la Pyme, del Ministerio.

En los últimos años las industrias canarias, especialmente las de productos manufacturados, han sufrido una fuerte competencia derivada del proceso de globalización y de la intensa crisis económica que se ha venido sufriendo, que ha mermado sus inversiones.

Por otro lado, de manera inminente, las empresas deben afrontar la importante transformación de su forma de operar, incorporándose a la necesaria transformación digital con el fin de evolucionar y posicionarse como un sector fuerte, competitivo y de referencia.

Efectivamente, muchos de los procesos, productos y servicios de las industrias deberán digitalizarse, interconectarse e integrarse, adoptando avances como la sensorización y digitalización de los procesos de planta, la automatización de los procesos y la total interconectividad del proceso de producción y el acceso al cliente. La Consejería explica que esto que se conoce como cuarta revolución industrial, industria conectada o industria 4.0 y ya es una realidad. La industria canaria ahora debe asumir el reto que plantea su adaptación.

Tras la crisis de la COVID-19, el Gobierno de Canarias ha considerado oportuno replantear determinados proyectos previstos dentro del Plan de Seguridad Industrial 2020 para facilitar su ejecución en el año 2021, atendiendo con el citado crédito disponible a la financiación para relanzar la aplicación de la industria 4.0 el sector industrial canario.

 

El Gobierno aprueba una subvención de 50.000 euros para la granja experimental de Pozo Negro, en Fuerteventura

El Consejo de Gobierno celebrado hoy, jueves 19 de noviembre, aprobó una subvención nominada de 50.000 euros al Cabildo de Fuerteventura destinada a las obras de mejora en la granja experimental de Pozo Negro, en el municipio de Antigua.

La cuantía de esta subvención estaba inicialmente incluida en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 con la finalidad de colaborar en los gastos que ocasiona la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Fuerteventura (FEAGA), declarada de interés regional y cuya celebración se realiza en el recinto ferial de la granja experimental de Pozo Negro.

Debido a la pandemia de la COVID-19, el Cabildo de Fuerteventura decidió suspender la celebración de FEAGA 2020. Por ello, desde la primera institución insular se solicitó la modificación del destino de la subvención para su empleo en las mejoras de las instalaciones de la granja experimental Pozo Negro, inversiones complementarias destinadas especialmente a la mejora de la accesibilidad de los visitantes y al bienestar animal de las especies expuestas, así como a determinadas unidades de obra, principalmente la carpintería en la zona de administración de dicho recinto ferial.

 

El Gobierno de Canarias aprueba ampliar en 19.350 euros el presupuesto destinado a Casa África

Se cumple de esta manera con el acuerdo alcanzado con los demás miembros del Consejo Rector del Consorcio de incrementar sus aportaciones en un 23,8% durante el año 2020

El Consejo de Gobierno aprobó hoy aumentar en 19.350 euros la partida presupuestaria destinada a Casa África por razones de coyuntura económica. Con esta decisión, el Ejecutivo canario cumple con el acuerdo alcanzado en diciembre de 2019 de incrementar en un 23,87% la partida presupuestaria destinada a Casa África este año.

Ya en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 de la Dirección General de Asuntos Económicos con África se recogió un incremento del 20% del crédito consignado a Casa África, hasta sumar un total de 600.000 euros, que ya han sido concedidos. Por tanto, solo queda pendiente el 3,87% restante, cantidad que supone un importe de 19.350 euros, que reclama el Consorcio Casa África.

El incremento de la aportación de cada uno de los entes consorciados fue acordado en la vigésima tercera reunión del Consejo Rector de Casa África, celebrada en diciembre de 2019, a recomendación del Tribunal de Cuentas y de la Comisión Mixta del Congreso.