Lugar, fecha y hora del incidente:
Calle Ramón y Cajal, municipio de Santa Cruz de Tenerife
17/07/2022
17:37 horas
Lugar, fecha y hora del incidente:
Calle Ramón y Cajal, municipio de Santa Cruz de Tenerife
17/07/2022
17:37 horas
Lugar, fecha y hora del incidente:
Carretera España, municipio de Santa Úrsula
17/07/2022
17:20 horas
Lugar, fecha y hora del incidente:
Avenida Juan XXII, municipio de Las Palmas de Gran Canaria
17/07/2022
15:48 horas
Lugar, fecha y hora del incidente:
TF-1, en el punto kilométrico 90 aproximadamente, municipio de Guía de Isora
17/07/2022
02:53 horas
Lugar, fecha y hora del incidente:
Barranco del Cura, municipio de Mogán
16/05/2022
13:59 horas
El ICAVI abre el plazo para que los 58 ayuntamientos canarios de menos de 20.000 habitantes puedan solicitar, a través de la FECAM, las ayudas para alguna de las cuatro líneas que se subvencionen: construcción o adquisición de vivienda nueva, o rehabilitación de viviendas públicas o privadas
La iniciativa, que con esta reedición ya suma más de 29 millones de euros, pretende fijar población en el medio rural a través de ayudas que faciliten el acceso a una vivienda
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), publicó ayer, 15 de julio en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la adenda de modificación del Convenio de Cooperación suscrito por el Instituto Canario de la Vivienda y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para renovar por segundo año el programa de subvenciones para combatir la despoblación del medio rural incluido en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. La Consejería destinará una nueva partida de 14.529.696 euros este año, la misma cantidad que se dedicó el año pasado a la primera edición de estas ayudas, fondos que pueden utilizarse para subvencionar alguna de las cuatro líneas estipuladas en el programa: la adquisición, construcción o rehabilitación de inmuebles con el objetivo de aumentar el parque público para el alquiler en los municipios canarios de menos de 20.000 habitantes.
Esta ayuda está enfocada a los 58 ayuntamientos canarios de menos de 20.000 habitantes que se encuentran recogidos en el Convenio de cooperación suscrito entre el Instituto Canario de la Vivienda y la FECAM, asociación encargada de gestionar este programa, enmarcado dentro del Plan de Vivienda 2020-25 y que se desarrolló por primera vez el año pasado. Con la renovación de este programa de ayudas un año más, la Consejería habrá invertido al finalizar la Legislatura más de 29 millones de euros en subvencionar a los ayuntamientos menos poblados del Archipiélago a fijar a su población y evitar las fugas de habitantes a las grandes ciudades.
Este presupuesto se ha distribuido entre todos los municipios atendiendo a criterios de población, así como en función del número de demandantes inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y un criterio fijo basado en la solidaridad intermunicipal, garantizando así un reparto equilibrado del fondo presupuestario.
Los ayuntamientos que cumplan con las condiciones del programa podrán solicitar las ayudas a partir de este lunes, y durante un mes, para subvencionar alguna de las cuatro líneas previstas: para la adquisición o bien para la construcción de viviendas en régimen de alquiler por los ayuntamientos o empresas públicas de titularidad municipal para destinarlas a alquiler social; a la rehabilitación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal de cara a incrementar el parque público de alquiler social, así como a la rehabilitación o adecuación de viviendas de titularidad privada del entorno rural a las condiciones mínimas de habitabilidad, ahorro de consumo energético, elementos estructurales y, en definitiva, aquellas obras necesarias para el adecuado mantenimiento de estas.
Se busca con este programa impulsar la rehabilitación de viviendas antiguas ya que el envejecimiento progresivo de la población, sobre todo en el entorno rural, requiere también de medidas concretas para acceder a la vivienda y fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas.
Con la adenda aprobada y publicada ayer en el BOC, y que ha sido consensuada con la FECAM, se dota a este programa del Plan de Vivienda 2020-2025 de mayor agilidad a la hora de las tramitaciones y se añade un Anexo II en el que se pide a los municipios solicitantes un plan de financiación y una previsión de ingresos y gastos de la actividad a realizar.
Este programa del Gobierno canario está encaminado a que se consiga el objetivo marcado en el propio Plan de Vivienda 2020-2025 que es fijar la población en el entorno rural y evitar la fuga de habitantes hacia las grandes urbes del Archipiélago. Toda política rural debe buscar el logro de una mayor integración territorial de las zonas rurales, facilitando una relación de complementariedad entre el medio rural y el urbano, y fomentando en el medio rural un desarrollo sostenible.
Lugar, fecha y hora del incidente:
Avenida El Marinero, municipio de Tinajo
16/07/2022
10:12 horas
Lugar, fecha y hora del incidente:
Barranco de el Batán, municipio de San Cristóbal de La Laguna
16/07/2020
10:20 horas
Una delegación de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia de la Cámara autonómica vasca conoce de primera mano el programa de atención integral a menores implantado en Canarias
La presidenta de la Comisión, Leixuri Arrizabalaga, subraya que “muchos de los relatos que nos han contado las víctimas se están corrigiendo en el Juzgado de Violencia contra la Infancia”
El proyecto piloto del Juzgado de Violencia contra la Infancia, en marcha desde el pasado mes de octubre en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido tomado como referencia de buenas prácticas por la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento del País Vasco, después de que seis de sus miembros estuvieran esta semana en la capital grancanaria conociendo de primera mano el programa de atención integral implantado en las islas, que permite dar una respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial adaptada a las víctimas menores de edad.
La delegación vasca, que fue recibida por la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, estuvo encabezada por la presidenta de la citada Comisión, Leixuri Arrizabalaga, a quien acompañaban las diputadas Eva Juez, Oihana Etxebarrieta, María Jesús San José e Isabel González, así como el letrado del Parlamento vasco Juan Carloz Areizaga.
La Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento vasco está en estos momentos trabajando en una ponencia para investigar los abusos sexuales a menores, de la que emitirá un informe de conclusiones con recomendaciones en materia que sean de su competencia. Según su presidenta, en la actual legislatura han estado escuchado a las víctimas y, tras la visita realizada a los juzgados, han constatado que “gracias al trabajo que se hace en el Juzgado de Violencia contra la Infancia, muchos de los relatos que nos han contado se están corrigiendo, sobre todo en el ámbito procesal”. Arrizabalaga también subrayó que “es muy interesante el trabajo, la coordinación y las formas a la hora de tratar a la víctima” porque con ello se evita su revictimización.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital grancanaria y encargado del proyecto piloto, Tomás Martín, junto a la subdirectora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, Eva Bajo, la letrada de la Administración de Justicia Ana Sola, el equipo de psicopedagogas del proyecto y el juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello, explicaron a la comisión vasca cómo ha sido la implantación del Juzgado de Violencia contra la Infancia y en qué consiste el protocolo de recepción y acompañamiento a las víctimas menores de edad, así como de qué forma se hacen las pruebas constituyentes por parte de las médicos forenses.
Además, se mostraron las instalaciones, que están basadas en el concepto de la arquitectura de la víctima, que crea espacios en los que priman el bienestar de los y las menores y sus acompañantes. El juzgado permite el esparcimiento de las víctimas, ya que, aparte de contar con mobiliario y colores cálidos, dispone de juegos, libros, cuentos y películas adaptadas a las distintas edades. Así mismo, cuenta con una sala de exploración, interconectada con una sala de observación, en la que se garantiza el bienestar de la víctima gracias a la luz natural, las plantas y los tonos pastel del mobiliario.
Por otro lado, la viceconsejera de Justicia enseñó a las representantes de la Comisión otros lugares de la Ciudad de la Justicia, como las salas de vistas, el juzgado de guardia, los archivos o la sala de lactancia, y también les enseñó las diversas mejoras que se están implantando en las instalaciones en torno al proyecto de modernización y digitalización de la Justicia, tales como el proyecto de Apud Acta Telemático del sistema de comparecencias judiciales a distancia y con identificación biométrica.
En todas las islas hay médicos forenses a disposición de los órganos judiciales, por lo que el servicio está cubierto en todo momento
El examen del fallecido exige también la participación de un auxiliar de autopsias, que se tiene que trasladar a la isla en que se practica la necropsia, bien desde la sede central del IMLCF de Santa Cruz de Tenerife o bien desde la de Las Palmas de Gran Canaria
En la provincia de Las Palmas se contrataron en 2021 y 2022 dos auxiliares de autopsias de refuerzo para poder cubrir todas las contingencias que se presentaran
Los dos institutos de medicina legal y ciencias forenses (IMLCF) canarios, situados uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, realizaron el año pasado 1.715 autopsias, la mayoría de ellas en las 24 horas siguientes al fallecimiento, según los datos aportados por sus correspondientes direcciones y que el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, como máximo responsable de ambos, ha hecho públicos recientemente.
En el caso concreto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se llevaron a cabo 766 autopsias, de las cuales, 694 se efectuaron en Tenerife; 57, en La Palma; 12, en La Gomera; y 3, en El Hierro. Además, en 2022, hasta el 11 de julio, se habían realizado 409 autopsias: 377, en Tenerife; 23, en La Palma; 6, en La Gomera; y 3, en El Hierro.
Mientras, en la provincia de Las Palmas, el año pasado se efectuaron 949 necropsias, correspondiendo 761 a Gran Canaria; 95, a Lanzarote; y 93, a Fuerteventura. En el tiempo transcurrido hasta el 11 de julio de 2022, se habían practicado 502 en total: 387, en Gran Canaria; 62, en Lanzarote; y 53, en Fuerteventura.
Julio Pérez ha explicado que en todas las islas hay médicos forenses a disposición de los órganos judiciales, por lo que el servicio está cubierto en todo momento. Igualmente, ha indicado que el examen al fallecido exige la participación de un auxiliar de autopsias, que se traslada, a la mayor brevedad posible –habitualmente al día siguiente de demandarse su presencia–, desde la sede central del IMLCF en Tenerife o desde la del IMLCF en Gran Canaria, dependiendo de la isla.
Tal y como establece el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, aprobado en 2019, para ejercer la labor de auxiliar de autopsias, hay que estar en posesión del título de Formación Profesional de Grado Superior de auxiliar de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha recordado que, tanto en 2021 como en 2022, en la provincia de Las Palmas se han contratado dos auxiliares de autopsias de refuerzo, con el objetivo de que todas las contingencias estén cubiertas.
En este sentido, ha resaltado que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife no constan demoras en el examen a fallecidos y que en la de Las Palmas pueden haberse originado circunstancialmente problemas puntuales en alguna ocasión, retrasándose uno o dos días más, bien por el número de autopsias en la sede de Gran Canaria o bien por problemas de traslado, especialmente durante los periodos vacacionales.
Por último, ha comentado que la entrega del cadáver a la familia no se produce hasta que lo autoriza el juez instructor del procedimiento en cuestión y que, por distintas razones –falta de identificación, dudas sobre las causas o circunstancias de la muerte, práctica de diligencias policiales o judiciales…– puede retrasarse.