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Canarias solicita la creación este año de dos juzgados en materia social para afrontar la crisis del Covid-19

La DG de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, durante la videoconferencia

Así lo trasladaron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, en la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas al abordar los trabajos de preparación del borrador de un plan de choque para hacer frente a la crisis que presentó el Ministerio de Justicia y que contemplará, previsiblemente, un conjunto amplio de medidas

La postura de Canarias frente al Ministerio es que la asignación de una sola unidad sería insuficiente para atender con un mínimo de garantías el incremento de los procesos derivados de la crisis sanitaria que se dará en ambas provincias, contando, por lo demás, la Comunidad Autónoma con instalaciones judiciales aptas para la creación de dos juzgados

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, trasladó la semana pasada a la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias cedidas en materia de justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Consejo Nacional de la Abogacía, la necesidad de que se creen en Canarias este mismo año dos juzgados en materia social para hacer frente a la crisis planteada con ocasión del Covid-19.

Así lo trasladaron en ese encuentro, celebrado a través de videoconferencia, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, al abordar los trabajos de preparación del borrador de un plan de choque que presentó el Ministerio de Justicia y que contemplará, previsiblemente, un conjunto amplio de medidas en función de la situación en la que se encuentren los órganos judiciales, que van desde los planes de seguimiento, la prolongación de jornadas, el nombramiento de los equipos de refuerzo o unidades específicas y la creación de nuevos órganos judiciales.

En concreto, la petición de Canarias se traduciría en la creación del Juzgado de lo Social nº 11 de Las Palmas y el Juzgado de lo Social nº 9 de Santa Cruz de Tenerife. Vallejo y Bonnet defendieron en nombre del consejero que la asignación de una sola unidad sería insuficiente para atender con un mínimo de garantías el incremento de los procesos derivados de la crisis sanitaria que se dará en ambas provincias, contando, por lo demás, la Comunidad Autónoma con instalaciones judiciales aptas para la creación de dos juzgados.

Pérez y su equipo valoran el plan de choque y lo consideran muy positivo, y recuerdan que su implantación está condicionada a un seguimiento y la imposición de objetivos concretos que garanticen su efectividad.

En este marco de medidas de refuerzo es en el que Canarias ha solicitado la creación para este año de dos unidades judiciales con carácter permanente que atenderán, principalmente, las necesidades surgidas en los juzgados de lo social con ocasión de la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

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Julio Pérez propone prorrogar la especialización judicial en cláusulas suelo, pero sugiere cambios en el sistema

Julio Pérez y Marta Bonnet, durante la reunión sobre los juzgados especializados en la cláusula suelo

El consejero defendió ante la Comisión de Coordinación del CGPJ la continuidad de estos órganos judiciales, que dan una respuesta especializada y han funcionado adecuadamente en Canarias, previéndose, además, un incremento de estos procesos como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en relación a las hipotecas referenciadas al índice IRPH

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, trasladó hoy en la Comisión de Coordinación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la necesidad de que se prorrogue el funcionamiento de los juzgados de primera instancia especializados en la cláusula suelo en las Islas. Así lo trasladó al presidente de CGPJ, Carlos Lesmes, y al resto de representantes autonómicos en materia de Justicia que abordaron el asunto hoy. A la reunión, celebrada por videoconferencia, también asistieron la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Justicia, Marta Bonnet.

En Canarias hay cuatro de estos juzgados, de los que dos (Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna) ya se había acordado que continuaran hasta diciembre de este año, fecha en la que se evaluará su desempeño, mientras que los dos restantes (Puerto del Rosario y Arrecife) debían revisarse antes del 30 de junio. Con la decisión adoptada hoy, estos dos últimos continuaran hasta el otoño, cuando se volverá a estudiar la necesidad de su continuidad.

Pérez explicó que el sistema actual, que incluye estos cuatro juzgados especializados, ha aportado al sistema judicial beneficios que justifican su continuidad, por lo que es mejor que existan a que se supriman, si bien cuestionó la suficiencia del sistema y aclaró que hay aspectos que son susceptibles de mejora. Añadió que han dado una respuesta especializada y han funcionado adecuadamente en Canarias, y defendió su continuidad también al preverse un incremento de los procesos como consecuencia de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en relación a las hipotecas referenciadas al índice IRPH.

Entre los beneficios que comportan, Pérez destacó la especialización de los mismos, que ha contribuido a que los asuntos de los que conocen se resuelvan con calidad y más pronto, además de crear una provincialización indirecta en esta materia judicial que sirve de experiencia para otros proyectos futuros. Entre los temas a mejorar, el consejero indicó la conveniencia de introducir medidas sustantivas y otras de carácter procesal que desincentiven la excesiva judicialización de estos asuntos, estableciendo un marco más protector con el consumidor y apostando por los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

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Justicia implanta un sistema automatizado que informa de la prestación de los servicios mientras dure la alarma

Chatbot de Justicia

Se trata de un chatbot al que se accede desde la web de Justicia de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Este programa informático utiliza mensajes estructurados para ofrecer información, resolver dudas y aportar sugerencias sobre la prestación de los servicios que prestan tribunales y juzgados mientras dure el estado de alarma

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, pone en marcha un sistema automatizado para brindar información a la ciudadanía sobre las implicaciones del estado de alarma en la forma en que se prestan los servicios esenciales en los juzgados y tribunales durante este periodo y el acceso a la Administración de Justicia en general.

Se trata de un chatbot, tecnología que emplea inteligencia artificial para ofrecer, a modo de conversación, información a quien lo consulte a fin de resolver dudas en temas concretos y aportar sugerencias sobre la prestación de los servicios que prestan tribunales y juzgados mientras dure el estado de alarma.

Las áreas temáticas sobre las que se puede consultar en el chatbot incluyen dudas y autodiagnóstico sobre la Covid-19; preguntas comunes del estado de alarma; Registro Civil y cuidado de menores; Derecho Civil y Trámites notariales y tributarios; Juzgados de Guardia y Justicia Penal, y violencia de género.

Los contenidos serán objeto de actualización constante, al tiempo que las respuestas se irán perfeccionando a medida que aumenten las consultas.

Esta labor de actualización se lleva a cabo con la colaboración de la asociación Jueces y juezas para la democracia en Canarias, que participa en el proyecto mediante la aportación de información que, una vez tratada, constituye la base con la que el sistema interactúa y responde a las preguntas de la ciudadanía.

La tecnología

El chatbot ofrece servicios de información con carácter general y de forma inmediata, por lo que minora los tiempos de espera en relación a la atención presencial y telefónica en las oficinas judiciales. Además, es capaz de tender múltiples solicitudes de forma simultánea.

Brinda una atención inteligente al retroalimentarse mediante demanda o nuevos contenidos vinculados a reformas organizativas o legales, al tiempo que emplea un lenguaje adecuado y de forma personalizada.

Asimismo, permite obtener información sobre las necesidades futuras de la ciudadanía vinculada a la Administración de Justicia, y aporta conocimiento que permite detectar incrementos en asuntos de entrada o necesidades futuras.

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Julio Pérez trasmite al Cabildo de Lanzarote su propósito de poner en marcha el PEF antes del verano

Julio Pérez a la salida de la reunión en el Cabildo de Lanzarote

 El consejero, junto con la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, visitan el edificio judicial de Arrecife

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, trasmitió ayer viernes 28 de febrero a la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, su propósito de poner en marcha el Punto de Encuentro Familiar (PEF) en la Isla antes del próximo verano, durante la reunión que mantuvieron en la sede de la corporación insular y en la que también estuvieron presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, y el consejero de insular de Bienestar Social, Marcos Bergaz.

Pérez recordó que Lanzarote aún no cuenta con PEF, un servicio que el consejero considera muy importante, al tratase de un espacio neutral que favorece las relaciones de menores con sus padres o familiares en situaciones de conflicto, y que, recordó, financia el Gobierno de Canarias con 600.000 euros anuales para todas las Islas.

El consejero recomendó que la gestión sea realizada por una Organización No Gubernamental especializada en la materia, como ocurre en otras Islas, y señaló que el Cabildo de Lanzarote cuenta con un local para desarrollar este servicio, que deberá ser adoptado por cuestiones técnicas, por lo que prevé que el PEF pueda estar operativo en unos meses.

En el encuentro también se abordaron otras cuestiones relacionadas con el ámbito competencial de Justicia, como la realización da autopsias. Al respecto, Pérez precisó que en la Isla hay forenses, con un sistema de guardias retribuidas, pero señaló que faltaba un auxiliar técnico que está contratado desde el pasado 9 de febrero para su presencia permanente en Lanzarote, tras seguir los procedimientos de selección adecuados.

El consejero precisó que la persona que ocupa este puesto de auxiliar técnico forense se traslada a Gran Canaria cuando no se tiene que realizar autopsias en Lanzarote para culminar su formación, en materia de funcionamiento y protocolos, en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, y aseguró que en unos días estará permanentemente en la Isla para realizar su trabajo. El equipo técnico ahora está completo y no se producirán retrasos como consecuencia de falta de personal.

Pérez aclaró, no obstante, que la autopsia no es un acto instantáneo ya que, cuando una muerte necesita ser esclarecida, la autopsia forma parte de un procedimiento judicial y su ejecución lleva un tiempo, para hacerse con todas las garantías para que cuando el procedimiento culmine no pueda ponerse en duda.

Tras la reunión en el Cabildo de Lanzarote, Pérez, Vallejo y Bonnet mantuvieron un encuentro con el magistrado decano del partido Judicial de Arrecife, Adalberto de la Cuz, y visitaron las instalaciones de la sede judicial de la capital de Lanzarote.

El consejero calificó el edificio judicial de “moderno y bien dotado” y al personal del mismo “estimulante”, aunque consideró que es preciso mejorar los equipamientos. Durante la visita, Pérez tuvo conocimiento de la situación de cada una de las unidades judiciales y afirmó que se abordará la decisión sobre la redistribución de espacios.

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El Gobierno quiere “ir más de prisa” en la construcción de un nuevo edificio judicial en Puerto del Rosario

Julio Pérez en el Parlamento de Canarias el 24 de septiembre de 2019

El 15 de julio de este año se contrató la redacción del proyecto de ejecución de las obras del nuevo edificio de juzgados de Puerto del Rosario, que deberá estregarse en mayo del próximo año

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció ayer en sede parlamentaria que prevé que las obras de la futura sede judicial de Puerto del Rosario estén concluidas entre finales de 2023 y principios de 2024. Pérez enfatizó que seguirá los trámites ya en marcha, pero más deprisa.

Pérez recordó que el concurso de ideas se resolvió en octubre de 2018 y que el pasado 15 de julio de 2019 se suscribió el contrato para la redacción del proyecto de ejecución de las obras de construcción de dicho edificio, proyecto que debe entregarse en mayo de 2020. Unos meses después deberá poder ser adjudicada la construcción del nuevo edificio.

A partir de esa fecha, la duración de la construcción se prolongará de tres a cuatro años, por lo que estaría completado entre finales de 2023 y principios de 2024.

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El suelo para la nueva sede judicial de Los Llanos de Aridane debería estar disponible a principios de 2020

Julio Pérez en la sesión plenaria del 24 de septiembre de 2019

En Santa Cruz de La Palma aún no hay terreno disponible aún, aunque el Cabildo ha ofrecido la adquisición de una parcela
Los actuales edificios se permutarán con los terrenos en que se construyan los nuevos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó ayer en la sesión plenaria del Parlamento de Canarias que la mejora de las sedes judiciales tanto de Los Llanos de Aridane como en Santa Cruz de La Palma es la misma: el intercambio de los edificios donde funcionan los juzgados en la actualidad por parcelas donde puedan construirse los nuevos edificios.

El consejero recordó que, en efecto, ya existe una parcela de titularidad municipal que cumple con las necesidades planteadas por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para la ubicación de los órganos judiciales de Los Llanos de Aridane que permitirá satisfacer las previsiones de crecimiento de los mismos. En cambio, no existe parcela aún en el caso de Santa Cruz de La Palma.

En todo caso, Pérez aclaró que la Dirección de Patrimonio de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias ya está valorando ambos edificios para su permuta. Cuando se disponga de las parcelas, añadió Pérez, los ayuntamientos tendrán que corregir el planeamiento mediante una ordenanza excepcional que posibilite su construcción, por lo que prefirió no dar una fecha concreta para el inicio de las obras.

En cambio, adelantó que el Gobierno de Canarias ya cuenta con consignación presupuestaria en el caso de Los Llanos de Aridane para la redacción del proyecto porque ya hay parcela.

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Casi 70 juzgados de paz recibirán más de 160.000 euros de la Consejería de Justicia para su funcionamiento

Imagen genérica de juzgados

Las cantidades que reciben estos órganos, que ejercen funciones judiciales y de Registro Civil, están establecidas en función de la población del municipio en el que se encuentren

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, anuncia la distribución de una subvención de 161.457 euros entre 69 juzgados de paz destinados a cubrir sus gastos, de manera que desarrollen sus funciones judiciales y de Registro Civil.

La cuantía que recibirán estos órganos, establecidos en general en las sedes municipales, está determinada por el número de habitantes de cada municipio, de conformidad con el Real Decreto 1458/2018, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal de ese año.

De esta manera, Betancuria (731 habitantes) recibe 478 euros: mientras que Agulo, Artenara, Garafía, Vilaflor, Fuencaliente, Hermigua, El Pinar, Barlovento, Tejeda, Alajeró, Puntagorda, Puntallana, Tijarafe, El Tanque, Fasnia, Vallehermoso reciben la cuantía de 1.250 euros (con poblaciones comprendidas en el tramo de 1.000 a 2.999 habitantes).

En el tramo de 3.000 a 6.999 habitantes se encuentra los municipios de Valleseco, La Frontera, San Andrés y Sauces, Valle Gran Rey, Tazacorte, Buenavista del Norte, Los Silos, Vilal de Mazo, San juan de la Rambla, Garachico, Haría, La Guancha, Breña Baja, Arafo, Agaete y Tinajo, por lo que reciben 2.000 euros cada uno.

De 7.000 a 14.999 habitantes son los municipios de Breña Alta, Firgas, El Paso, La Aldea de San Nicolás, Vega de San Mateo, Moya, Arico, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Valsequillo, Santiago del Teide, Tegueste, Antigua, Teror, Santa Úrsula y Tuineje, por lo que cada uno recibe 2.700 euros.

Entre 15.000 y 19.999 habitantes están los municipios de Yaiza, El Rosario, Santa Brígida, San Bartolomé, Mogán y San Miguel (cada uno recibe 3.025 euros), mientras que de 20.000 a 29.999 habitantes son los términos municipales de Tías, Pájara, Guía de Isora, Teguise, Tacoronte, Gáldar, La Oliva y Candelaria (con una asignación para cada uno de 3.230 euros).

De 30.000 a 50.000 habitantes (con una cuantía de 3.700 euros) están los municipios de Ingenio, Agüimes, Los Realejos y Adeje, mientras que Santa Lucía es el único que cuenta con más de 50.000 habitantes, por lo que recibe 4.289 euros.

Las cantidades asignadas se harán efectivas de una sola vez mediante un abono anticipado que son compatibles con otras cantidades que puedan realizarse por parte de las distintas administraciones públicas.

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Puerto del Rosario contará con un edificio judicial emblemático que ayudará a crear ciudad

Presentación proyecto ganador del concurso de ideas para el nuevo edificio judicial de Puerto del Rosario

El jurado considera que la propuesta ganadora del concurso de ideas plantea una “muy buena” solución funcional y organizativa para el interior de los espacios de la futura sede del partido judicial

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, anunció hoy que el proyecto ganador del concurso de ideas para la construcción del futuro edificio judicial de Puerto del Rosario es la propuesta que se presentó bajo el lema C1TR1NOS, que obtuvo una puntuación de 87 sobre 100 y se impuso a otras 19 candidaturas, además de otras siete que resultaron excluidas. El arquitecto jefe de proyecto del mismo, Gustavo Adolfo Souto, plantea un inmueble emblemático llamado a convertirse en icono de la capital majorera que contempla una “muy buena” solución funcional y organizativa para el interior de sus espacios.

Barragán así lo explicó en compañía del alcalde de Puerto del Rosario, Nicolás Gutiérrez, y el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

El consejero remarcó que este nuevo avance confirma que este proyecto siempre ha sido una de las prioridades marcadas por el área de Justicia del Gobierno de Canarias, y puso en valor el trabajo coordinado de las distintas administraciones para llevarlo a cabo hasta este punto. Se mostró confiado en que seguirá adelante a buen ritmo en lo que resta de legislatura con el fin de que pueda estar ultimado para la siguiente, de manera que el partido judicial de Puerto del Rosario cuente con una nueva sede moderna y adecuada a las necesidades actuales y futuras lo antes posible, lo que dará satisfacción a una legítima pretensión de la ciudadanía de Fuerteventura y de los operadores jurídicos de la Isla.

En cuanto al proyecto ganador, obtuvo la máxima puntuación en cuatro de los cinco criterios con que se valoraron las propuestas: la evaluación arquitectónica general (25 puntos); la evaluación funcional del proyecto (25 puntos); la conectividad del edificio con los viales circundantes y relación con su entorno (15 puntos), y el grado de desarrollo de la solución (15 puntos), mientras que obtuvo siete puntos (sobre un máximo de 20) en sostenibilidad económica, sustentabilidad medioambiental, eficiencia energética e incidencia en mantenimientos.

En este sentido, el informe del jurado destaca que esta propuesta tiene vocación de edificio representativo llamado a ser un icono urbano destacado, y añade que usa muy inteligentemente las direcciones de los elementos de fachada para enfatizar la riqueza del volumen. Destaca que la propuesta combina un aspecto exterior distintivo con la claridad volumétrica interior, de gran calidad, a través de una solución práctica y funcional, que se estima como muy buena.

Por otra parte, contempla una superficie construida de 24.914,48 metros cuadrados de los que 14.574,75 serían bajo rasante y otros 10.339,73, sobre rasante. Entre otros aspectos, contempla la construcción de dos sótanos y el aprovechamiento de las zonas libres de la parcela en el norte (calle Manuel Velázquez Cabrera), sur (nuevo vial trasera del cuartel) y este (calle República de México). Es los sótanos se ubicarán, entre otras dependencias, parte de las zonas generales (como los aparcamientos y locales de mantenimiento), archivos de documentación y dependencias del IML.

Asimismo, contempla las preceptivas zonas de seguridad para detenidos y presos con tratamiento diferenciado de los calabozos de hombres, mujeres y menores (y sus aseos), con separación entre ellos conforme a las disposiciones legales, por lo que el traslado de las personas detenidas al Juzgado de Guardia y de las personas presas a las plantas superiores se producirá de forma segura e íntima a través de circuitos restringidos.

El acceso principal del público, en la planta baja, se resuelve desde la plaza. Existirá un acceso diferenciado para el Juzgado de Guardia, que puede ser utilizado igualmente por el personal funcionario y del edificio, además de contar con otro para la Sala de Bodas y el Registro Civil. Por lo que respecta a la Clínica Médico-Forense, estará conectada al IML del sótano. Cuenta con salas polivalentes de formación, despachos sindicales y biblioteca, así como dependencias para la Policía Judicial y una Oficina de Atención a Víctimas del Delito.

En las tres plantas siguientes se situarán los Colegios Profesionales, las Salas de Vistas, el Servicio Común Procesal General y el de Ejecución, los cuartos de Testigos Protegidos, las Salas Polivalentes, los despachos profesionales, las Salas Gesell, las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) de las diferentes jurisdicciones, así como las dependencias de la Fiscalía y las de los Servicios Administrativos.

La propuesta combina la adaptación a la topografía del terreno con la conexión con los futuros espacios situados al oeste, creando ciudad. El jurado estima que la solución que presenta en relación con los espacios libres circundantes es la más “humana” de las presentadas, considerando igualmente en el subsuelo de la plaza un aparcamiento público, exento del edificio y con acceso independiente, con clara visión de futuro.

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