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Julio Pérez: “Elevar la categoría de los juzgados es muy importante para el arraigo profesional de sus titulares”

Julio Pérez: “Elevar la categoría de los juzgados de Puerto del Rosario es muy importante para el arraigo profesional de sus titulares”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma que, de este modo, “las raíces en la isla de los jueces y juezas y de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos judiciales pueden ser más profundas”

Según el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, se trata de una “reivindicación histórica”, ya que desde el año 2009 no se había realizado esta acción en ningún partido judicial

El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, considera que se trata del primer paso para lograr una justicia de calidad en Fuerteventura

Sergio Lloret, presidente del Cabildo majorero, indica que con esta medida se da un gran paso en la isla, pues se proporciona estabilidad al personal de Justicia, lo que se va a traducir en un funcionamiento más ágil

El nuevo edificio judicial, señala Julio Pérez, es “el proyecto más importante para mejorar el servicio público de Justicia en Puerto del Rosario y en Fuerteventura”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este viernes que la elevación a la categoría de magistrado y magistrada de los juzgados de Fuerteventura supone no solo un incremento en la retribución económica, sino que también es importante para el arraigo de profesionales competentes y preparados en la isla, ya que, de este modo, ha afirmado, “las raíces que da la presencia en la Isla y su arraigo en ella pueden ser más profundas y estables para unos funcionarios públicos tan cualificados como son los jueces y juezas españoles y los funcionarios y funcionarias de los cuerpos judiciales”, que conviene “retener” en el territorio insular.

Este aumento de la categoría de las plazas de jueces y juezas que sirven los juzgados majoreros es una pieza más en la mejora de la justicia en la Isla, pero no la única, pues, según ha dicho, quedan otras mejoras que poner en marcha, especialmente y singularmente la construcción de un nuevo edificio, ya previsto y proyectado pero que no ha podido comenzar a construirse a consecuencia de complicaciones urbanísticas derivadas de un proceso judicial que ha alterado las previsiones del planeamiento territorial de Puerto del Rosario.

Julio Pérez ha presentado en Puerto del Rosario la elevación a la categoría de magistrados y magistradas para los jueces y juezas de Primera Instancia e Instrucción de la capital de la isla de Fuerteventura. En el acto han estado presentes, junto con el secretario de Estado de Justicia del Gobierno estatal, Tontxu Rodríguez, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, la secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamairano, y la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, además de miembros de la Corporación insular majorera y de la Sala de Gobierno del TSJC.

Durante su intervención, el consejero ha hecho hincapié en la necesidad de promover la permanencia o “retención” de los jueces, problema que han sufrido siempre las islas, especialmente las no capitalinas, porque los titulares de juzgados terminan yéndose a otros órganos judiciales de otros territorios, que les pueden ser más interesantes profesionalmente. “Estos mecanismos son decisivos”, ha apuntado Julio Pérez, pues “no se trata solo de que ganen más, sino de que sea más atractivo quedarse en un juzgado en el que podrán especializarse”.

En este sentido, el presidente del TSJ, Juan Luis Lorenzo, ha propuesto justamente que varios juzgados que están ubicados hoy en Lanzarote se trasladen y radiquen en Fuerteventura, en cuyo territorio tienen competencias. Con ello, ha añadido, podría alcanzarse más pronto el número de juzgados necesarios para que los juzgados de Puerto del Rosario dejen de ser órganos mixtos (civiles y criminales) y puedan separarse las jurisdicciones y avanzar en la especialización, que es un medio importante de mejora de la calidad de la justicia.

El consejero ha querido resaltar que la mejora de los servicios judiciales se corresponde con la evolución de la población y de la economía de la Isla, y con los planes para su impulso que están promoviendo todas las administraciones, a los que hay que corresponder poniendo a la misma altura los servicios y las administraciones públicas.

Una medida justificada

El secretario de Estado de Justicia, que ha subrayado el papel desempeñado por la senadora socialista Paloma Hernández en la consecución de este cambio de categoría, sobre todo teniendo en cuenta que no se producía desde 2009 en ningún partido judicial de España, ha indicado que “la realidad de Puerto del Rosario, con sus especiales características socioeconómicas, turísticas, industriales y comerciales, además de la insularidad justifican la medida”.

Tontxu Rodríguez ha manifestado que el Ministerio de Justicia está inmerso en un proceso de transformación del servicio público de Justicia, que tiene por objetivo “construir, desde la cogobernanza y el diálogo, la justicia eficaz, rápida, cercana y moderna que el siglo XXI merece”.

Para ello, ha dicho, están trabajando en el proyecto Justicia 2030, enfocado en tres reformas legislativas en los ámbitos organizativo, procesal y digital, que van a afectar directamente al poder judicial. Un proyecto que también ha valorado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, quien ha subrayado que, “para ser eficientes, hemos de seguir avanzando, sobre todo en unos medios prioritarios, que son los medios informáticos, telemáticos y de conexión con las nuevas tecnologías. El problema no es el dinero, sino la actualización permanente de la organización y de las tecnologías”.

El presidente del TSJC se ha mostrado convencido de que la medida presentada este jueves, que entró en vigor a comienzos de octubre, es el primer paso para lograr una justicia de calidad en Fuerteventura y ha aprovechado la presencia del secretario de Estado para elevar algunas demandas de los jueces con este objetivo.

El anfitrión, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, se ha congratulado del cambio, ya que “dará estabilidad al personal de Justicia y se va a traducir en un funcionamiento más ágil, siendo un gran paso para la isla”. A su juicio, la mejora está en seguir trabajando para tener mejores infraestructuras y equipamientos, “prestando así el servicio de calidad que necesitamos en Fuerteventura”.

Sobre este último aspecto, Julio Pérez ha dejado claro que la construcción del nuevo Edificio Judicial en Puerto del Rosario es “el proyecto más importante para mejorar el servicio público de Justicia en Puerto del Rosario y en Fuerteventura”. Ha explicado que, pese a tener ya la ubicación y el proyecto listos, la existencia de algunos problemas entre algunos propietarios y el Ayuntamiento capitalino ha impedido el comienzo de las obras.

“No es un problema de voluntad política, ni de financiación”, ha advertido. En este sentido, el presidente el Cabildo insular, ha apuntado que están trabajando para contribuir a la resolución de las dificultades urbanísticas para que el nuevo Edificio Judicial sea una realidad cuanto antes, reiterando su ofrecimiento para cooperar y solucionar los problemas existentes.

Todos los esfuerzos posibles

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, también se ha referido a otros aspectos, y se ha mostrado partidario de que “la isla tenga un servicio de Justicia como corresponde a una población creciente y económicamente activa, y que tiene además proyectos tan importantes como los estratopuertos u otras iniciativas que ponen de relieve la vitalidad de Fuerteventura en este momento”.

De igual forma, ha abordado las dificultades que en algunas ocasiones han surgido con las autopsias en Fuerteventura. Según ha informado, “de los muchos centenares de autopsias que se practican en Canarias a lo largo del año, la inmensa mayoría se efectúan, de acuerdo con la autoridad judicial, en el plazo de 24 horas. En el caso de las islas no capitalinas, este plazo se dilata en contadas ocasiones hasta 48 horas, por la falta de auxiliares de autopsia, profesionales especializados que no pueden ser reemplazados por otros”, ha aclarado el consejero, pues la legislación no lo permite.

En este sentido, ha manifestado que desde el Gobierno canario “hacemos todos los esfuerzos posibles para resolver esta situación, siempre desde el respeto a la naturaleza judicial de la autopsia, pues es el juez de instrucción el que decide cómo se hace y qué le pregunta al forense. Nuestra labor es que haya forense y auxiliar de autopsia, sin intención de interferir en la práctica de la autopsia que es una diligencia de investigación. No es un trámite administrativo, como a veces se piensa, sino un acto de investigación judicial”, ha asegurado.

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El Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas, ejemplo de buenas prácticas para el Parlamento vasco

El Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas, ejemplo de buenas prácticas para el Parlamento vasco

Una delegación de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia de la Cámara autonómica vasca conoce de primera mano el programa de atención integral a menores implantado en Canarias

La presidenta de la Comisión, Leixuri Arrizabalaga, subraya que “muchos de los relatos que nos han contado las víctimas se están corrigiendo en el Juzgado de Violencia contra la Infancia”

El proyecto piloto del Juzgado de Violencia contra la Infancia, en marcha desde el pasado mes de octubre en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido tomado como referencia de buenas prácticas por la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento del País Vasco, después de que seis de sus miembros estuvieran esta semana en la capital grancanaria conociendo de primera mano el programa de atención integral implantado en las islas, que permite dar una respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial adaptada a las víctimas menores de edad.

La delegación vasca, que fue recibida por la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, estuvo encabezada por la presidenta de la citada Comisión, Leixuri Arrizabalaga, a quien acompañaban las diputadas Eva Juez, Oihana Etxebarrieta, María Jesús San José e Isabel González, así como el letrado del Parlamento vasco Juan Carloz Areizaga.

La Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento vasco está en estos momentos trabajando en una ponencia para investigar los abusos sexuales a menores, de la que emitirá un informe de conclusiones con recomendaciones en materia que sean de su competencia. Según su presidenta, en la actual legislatura han estado escuchado a las víctimas y, tras la visita realizada a los juzgados, han constatado que “gracias al trabajo que se hace en el Juzgado de Violencia contra la Infancia, muchos de los relatos que nos han contado se están corrigiendo, sobre todo en el ámbito procesal”. Arrizabalaga también subrayó que “es muy interesante el trabajo, la coordinación y las formas a la hora de tratar a la víctima” porque con ello se evita su revictimización.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital grancanaria y encargado del proyecto piloto, Tomás Martín, junto a la subdirectora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, Eva Bajo, la letrada de la Administración de Justicia Ana Sola, el equipo de psicopedagogas del proyecto y el juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avello, explicaron a la comisión vasca cómo ha sido la implantación del Juzgado de Violencia contra la Infancia y en qué consiste el protocolo de recepción y acompañamiento a las víctimas menores de edad, así como de qué forma se hacen las pruebas constituyentes por parte de las médicos forenses.

Además, se mostraron las instalaciones, que están basadas en el concepto de la arquitectura de la víctima, que crea espacios en los que priman el bienestar de los y las menores y sus acompañantes. El juzgado permite el esparcimiento de las víctimas, ya que, aparte de contar con mobiliario y colores cálidos, dispone de juegos, libros, cuentos y películas adaptadas a las distintas edades. Así mismo, cuenta con una sala de exploración, interconectada con una sala de observación, en la que se garantiza el bienestar de la víctima gracias a la luz natural, las plantas y los tonos pastel del mobiliario.

Por otro lado, la viceconsejera de Justicia enseñó a las representantes de la Comisión otros lugares de la Ciudad de la Justicia, como las salas de vistas, el juzgado de guardia, los archivos o la sala de lactancia, y también les enseñó las diversas mejoras que se están implantando en las instalaciones en torno al proyecto de modernización y digitalización de la Justicia, tales como el proyecto de Apud Acta Telemático del sistema de comparecencias judiciales a distancia y con identificación biométrica.

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Valencia pretende replicar el Juzgado de Violencia contra la Infancia de Canarias

Valencia pretende replicar el Juzgado de Violencia contra la Infancia de Canarias

Una delegación del Ejecutivo valenciano visita las instalaciones ubicadas en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria

Su directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia confiesa haber sacado “buenas aportaciones y grandes conclusiones” para reproducir este proyecto piloto

La viceconsejera de Justicia del Gobierno canario y el magistrado encargado del proyecto exponen el programa de atención integral implantado en las islas, que permite dar una respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial adaptada a las víctimas menores de edad

La Generalitat Valenciana ha mostrado su disposición a replicar el proyecto piloto del Juzgado de Violencia contra la Infancia, inaugurado el pasado mes de octubre en la Ciudad de la Justicia de Canarias, tras la visita realizada esta semana a las islas por una delegación del Ejecutivo valenciano con objeto de conocer estas instalaciones.

La directora general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Àngels Bixquert, mostró el agradecimiento por las atenciones recibidas del Gobierno de Canarias y destacó que, gracias a esta visita, han sacado “buenas aportaciones y grandes conclusiones” para replicar el proyecto en la Comunidad Valencia, donde en estos momentos hay consignada una partida presupuestaria para poner en marcha una unidad de valoración especializada en víctimas de violencia en menores y adolescentes.

Àngels Bixquert estuvo acompañada por el subdirector general de Infraestructuras Judiciales, José Ignacio Casar; el subdirector general de Modernización de la Administración de Justicia, Pedro Moga; la médico forense y jefa de sección de las Unidades de Valoración Forense Integral, María del Mar Pastor, así como la magistrada María Luisa Carrascosa y la fiscal María Alicia Serra.

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, así como Tomás Martín, magistrado titular del  Juzgado de Instrucción número 3 de la capital grancanaria y encargado del proyecto; la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, María José Meilán, y la letrada de la Administración de Justicia Ana Sola expusieron de primera mano a los representantes del Gobierno valenciano el programa de atención integral implantado en Canarias que permite dar una respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial adaptada a las víctimas menores de edad.

Tanto Carla Vallejo como Tomás Martín explicaron el protocolo de recepción y acompañamiento a las víctimas menores de edad, que comienza los días previos a la visita al juzgado a través del libro Hoy vamos al juzgado, una publicación que se le entrega a los y las menores antes de acudir a las instalaciones judiciales. El libro, editado por la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, explica a los niños y niñas, con un lenguaje sencillo, cuáles son sus derechos y quiénes son los jueces y juezas que los atienden, además de los sitios y personas que conocerán en el caso de tener que visitar un juzgado.

Así mismo, se mostró cómo las instalaciones están basadas en el concepto de la arquitectura de la víctima, que permite configurar estos espacios con el fin de que prime el bienestar de los y las menores para reducir la ansiedad y tensión que puede generar la visita a los juzgados. Por ello, se señaló la importancia de la atmósfera generada gracias a la decoración, con colores en tono pastel y mobiliario destinado al esparcimiento de las víctimas con juegos, libros, cuentos y revistas adaptados a las distintas edades.

El Juzgado de Violencia contra la Infancia de Canarias cuenta también con una sala de exploración –que está interconectada con una sala de observación– en la que también se garantiza el bienestar de la víctima gracias a la luz natural, las plantas y los tonos pastel del mobiliario. Con esta sala se elimina la frialdad del cristal de las salas Gesell –dependencias divididas en dos habitaciones separadas por un cristal de grandes dimensiones que permite la visión de lo que ocurre en una de ellas desde la otra, pero no al revés– y, además, se permite que el magistrado esté en contacto con la representación letrada y de la Fiscalía.

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Los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario tendrán la categoría de magistrado en breve

El Ministerio de Justicia comunica al Gobierno canario que ya está tramitando el proyecto de orden por la que dispone este ascenso de categoría solicitado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

La decisión está fundamentada en el número de habitantes de hecho, la sobrecarga de trabajo, la importante actividad turística, el elevado porcentaje de inmigración y la insularidad

Julio Pérez, que reiteró la petición en la conferencia sectorial celebrada el 25 de marzo, destaca la importancia de esta medida para una isla no capitalina de cara a retener a los jueces que llegan, porque cuando ascienden se tienen que ir

Los siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Puerto del Rosario tendrán en breve la categoría de magistrado o magistrada, según anuncia el oficio que ha enviado la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María dels Àngels García, a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, en el que comunica que el Ministerio de Justicia ya está tramitando el proyecto de orden por la que dispone el citado ascenso de categoría solicitado en varias ocasiones por el departamento que dirige Julio Pérez.

La última, el pasado 25 de marzo, con motivo de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, celebrada en Avilés, donde el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad reiteró la petición.

Julio Pérez también se refirió a ella en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia que tuvo lugar el lunes en el Parlamento de Canarias, donde subrayó la importancia de este ascenso de categoría, sobre todo para una isla no capitalina como Fuerteventura, pues, entre otras cuestiones, ayuda a retener y que no se vayan los jueces que llegan, porque ahora mismo al ser ascendidos a magistrados se tienen que ir.

El oficio apunta que el partido judicial de Puerto del Rosario reúne una serie de características especiales que justifican la elevación a categoría de magistrado o magistrada de sus siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 21.2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre.

En concreto, señala la población de hecho, 150.000 habitantes; la planta judicial, siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento, y la sobrecarga de trabajo, al superar en más de un 30% el módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial. Además, indica la insularidad, la importante actividad turística y un elevado porcentaje de inmigración, sobre todo irregular, cuya llegada a Fuerteventura se viene produciendo desde hace más de 20 años.

Para el Ministerio de Justicia, en la capital majorera existe una gran densidad de población de hecho y de segunda residencia, así como personal laboral foráneo, lo que, unido al elevado porcentaje de migrantes, sobre todo irregulares, genera un incremento significativo de la carga de trabajo en los siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción, tanto cuantitativo como cualitativo, por la complejidad de los asuntos que deben abordar.

Conviene recordar que la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, dispone, en el apartado 2 del artículo 21, que la titular del Ministerio de Justicia “podrá establecer que los juzgados de Primera Instancia y de Instrucción, o de Primera Instancia e Instrucción, serán servidos por magistrados siempre que estén radicados en un partido judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de población de hecho que superen dicha cifra, y el volumen de cargas competenciales así lo exija”.

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Justicia reitera su disposición para que La Palma cuente con dos edificios judiciales nuevos y modernos

Justicia | La Palma

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad acompaña a la ministra Pilar Llop durante su visita este lunes a La Palma

Julio Pérez pone en valor la rapidez de la respuesta legal ante la emergencia provocada por el volcán de Cumbre Vieja y destaca el papel de notarios y registradores

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha reiterado este lunes la disposición de su departamento para sustituir los actuales edificios judiciales de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane por unos nuevos y modernos, adecuados a la organización de la justicia y a las reformas estructurales que están en curso.

Así lo ha manifestado después de acompañar a la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su visita a las instalaciones judiciales del Valle de Aridane, a la que han asistido también el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García.

En el caso de Los Llanos de Aridane, donde el proceso está más avanzado, el nuevo edificio, según ha apuntado Julio Pérez, estaría ubicado en una parcela que ya se ha propuesto a la Comunidad Autónoma por el Ayuntamiento, cuyo expediente se ha comprometido a impulsar, con el propósito de que la permuta del actual edificio por el solar que albergará el futuro inmueble se lleve a cabo cuanto antes.

No obstante, Julio Pérez ha explicado que, mientras esto ocurre, se continúa dotando a ambas instalaciones de equipamiento con el grado de modernización necesario. Por ejemplo, desde el punto de vista informático y telemático, igual que a otros partidos judiciales, lo cual ha permitido que el impacto de la erupción en el funcionamiento de la justicia fuese menor del que pudo temerse.

Durante un acto posterior con el Colegio Notarial de Canarias, celebrado en El Paso, y en el que estaba presente su decano, Alfonso Cavallé, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha hecho mención especial al funcionamiento del sistema de seguridad jurídica preventiva, que durante la emergencia generada por el volcán se ha puesto a prueba, “probablemente como no lo había sido nunca antes de ahora”, ha subrayado.

En opinión de Julio Pérez, “hay un conjunto de circunstancias que nos hacen pensar que el tipo de desafío al que se han enfrentado notarios, registradores, Ministerio y también la Consejería, no tiene precedentes en la historia reciente”.

En este sentido, ha puesto en valor, “sin ánimo de hacer propaganda, la rapidez de la respuesta legal”, y se ha referido al primer decreto ley que habilitó unos mecanismos especiales para que el sistema notarial y registral pudiera hacer frente a esas necesidades.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha tenido palabras de agradecimiento para notarios y registradores, porque “no se han limitado solo a prestar un servicio, sino que han prestado ayuda, asistencia y cercanía, con cariño y proximidad, que se necesitaban tanto como la ayuda material”, ha recalcado.

Ha dado la enhorabuena al Colegio Notarial de Canarias y al de Registradores, por “haber despertado la solidaridad generosa y desprendida de cientos de profesionales de toda España que han atendido la emergencia jurídica provocada por el volcán”.

Julio Pérez, que ha hecho suyo el lema “juntos somos más”, citado por el delegado del Gobierno en Canarias a lo largo de su intervención, ha destacado la cooperación y lealtad institucional vivida durante la erupción del volcán y ha abogado por que se mantenga durante la reconstrucción, que requiere también el esfuerzo de la actuación conjunta.

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La Consejería de Justicia edita un pequeño libro en el que enseña a niños y niñas cuáles son sus derechos

La Consejería de Justicia edita un pequeño libro en el que enseña a niños y niñas cuáles son sus derechos

La obra, titulada “Hoy vamos al juzgado”, recoge la historia de Ana y Quique, dos menores de edad que tuvieron que visitar un juzgado porque sufrieron una situación violenta

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha editado un pequeño libro en el que, con palabras sencillas, explica a los niños y niñas cuáles son sus derechos y quiénes son los jueces y juezas que los atienden, además de los sitios y personas que conocerán en el caso de tener que visitar un juzgado.

La obra, que lleva como título “Hoy vamos al juzgado” y está dirigida a niños y niñas de entre 7 y 12 años, relata la historia de Ana y Quique, dos menores de edad que tuvieron que visitar un juzgado porque sufrieron una situación violenta.

A lo largo de sus 34 páginas, el libro recuerda a los niños, niñas y adolescentes que tienen derechos como el que se les escuche y que sus opiniones se tengan en cuenta, a recibir información en un lenguaje claro y sencillo, y a contar para su defensa con un abogado o abogada, y con otros profesionales.

También se explica a los menores la importancia de buscar ayuda para resolver situaciones como las vividas por Ana con quien pensaba que era su amigo, en el que confiaba, y que tanto presumía de ser mayor de edad.

Igualmente, se describen las funciones que desarrollan los principales actores del sistema judicial, jueces, fiscales, abogados y letrados de la Administración de Justicia, así como su personal de mantenimiento, limpieza y seguridad para que todo funcione correctamente.

Entre los objetivos del libro, tal y como queda expresado en sus últimas páginas, es dar a conocer a los niños y niñas a las personas que les pueden ayudar y proteger cuando lo necesiten, tanto ellos como sus amigos, porque “lo importante es compartir siempre cómo nos sentimos, buscar ayuda
cuando la necesitemos y saber que nunca estamos solos ni solas”.

Según ha señalado Julio Pérez, “esta iniciativa, financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pretende dar cumplimiento real a las medidas que se prevén en la Ley 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia y que, en su artículo 10, reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir información y asesoramiento en un lenguaje claro y adaptado a sus circunstancias a través de formatos accesibles con carácter universal. Se pretende, en suma, que cuando una persona menor de edad se vea en el trance de intervenir en un proceso penal, se minimice al máximo su impacto y reciba un trato y atención adecuado a su edad y situación”.

En su elaboración han participado Tomás Martín, magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 y titular de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria; Noemí Pereda, psicóloga y doctora en Psicología y profesora titular de Victimología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona; Mónica Rincón, psicóloga forense del IMLCF, coordinadora del Área de Psicología de la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia contra la Infancia y Adolescencia y profesora asociada de la ULPGC, y Zaira Santana, maestra, psicopedagoga y doctora en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas, y responsable de Psicotogether, la Unidad de Psicopedagogía del Hospital La Paloma.

 

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El Gobierno pone en marcha en los juzgados canarios la textualización de las grabaciones de vistas judiciales

Gobierno pone en marcha en los juzgados canarios la textualización de las grabaciones de vistas judiciales

Marta Bonnet destaca que esta actuación supone un paso importante en la innovación y en la transformación digital de la Administración de Justicia en las Islas

La Dirección General de Relaciones con la Administración de la Justicia del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, pondrá en funcionamiento la próxima semana la primera fase de implantación en los juzgados del Archipiélago del sistema que permitirá la textualización de grabaciones de las vistas judiciales, lo que supone un paso importante en la innovación y en la transformación digital de la Administración de Justicia en Canarias.

Así lo explica la directora general del área, Marta Bonnet, quien detalla que el proyecto de textualización de grabaciones de vistas genera de manera automática el texto de los vídeos grabados en las salas de vistas durante las actuaciones orales de los procedimientos judiciales, lo que permite una justicia más eficiente y facilita el trabajo de magistrados, letrados, jueces y demás empleadas y empleados públicos.

En esta primera fase de implantación, precisa Bonnet, la textualización se pondrá en marcha el próximo 10 de noviembre en todos los juzgados de Instrucción y en la parte penal de los de Violencia contra la Mujer y Mixtos, salvo en la Ciudad de la Justicia de las Palmas de Gran Canaria, que no podrá usarse hasta el despliegue del sistema de grabación Arconte Aurea, que está integrado en Atlante Web.

Bonnet informa de que también se está integrando en Atlante Web el sistema de textualización que ofrece el Ministerio de Justicia. La nueva herramienta permite acceder a los vídeos de las vistas desde la pestaña de ‘Visor del Expediente de Atlante Web’ y, una vez la persona interesada acceda a cada grabación, en paralelo a la reproducción del vídeo, se puede seleccionar la textualización de la grabación.

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Los juzgados Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y La Orotava disponen ya de espacios funcionales para víctimas

Los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y La Orotava disponen ya de espacios funcionales para las víctimas

La Consejería de Administraciones Públicas continúa con el proceso para facilitar espacios respetuosos que garanticen la confidencialidad y la intimidad y donde la víctima pueda recibir la atención adaptada a sus circunstancias y condiciones personales

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, continúa con el proceso emprendido en los edificios judiciales de las Islas con el objeto de crear espacios funcionales para mejorar la asistencia a las víctimas del delito, y ha concluido las actuaciones en los juzgados de La Orotava, que disponen ya de zonas amables y cercanas para las víctimas, adecuadas además a menores de edad. Actualmente, estos espacios están disponibles también en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria y de Arrecife, a los que seguirán los de Santa Cruz de Tenerife, en cuyas instalaciones se está trabajando actualmente para adaptarlas a una arquitectura humanizada que se perciba como cercana.

Estas actuaciones, desarrolladas a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, se implementarán en todas las Islas y tienen como objetivo habilitar zonas destinadas a las víctimas, con la finalidad de ofrecer espacios respetuosos, que garanticen la confidencialidad y la intimidad y donde cada persona pueda recibir la atención adaptada a sus circunstancias y condiciones personales.

Con estas medidas se da cumplimiento a Ley 4/2015, de 27 de abril, del estatuto de la víctima del delito, que dedica una especial atención a las víctimas de violencia de género y aquellas consideradas de mayor vulnerabilidad, como son los menores y personas con discapacidad, y en la que se establecen y regulan adaptaciones técnicas y medidas con el objeto de que el paso de estas personas por los procedimientos judiciales sea fructífero y evite la revictimización.

Para ello, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia (DGRAJ) adjudicó el pasado año dos contratos con un despacho de arquitectos especializados, con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para el desarrollo de un estudio funcional de todas las zonas judiciales sobre espacio, mobiliario y dependencias de uso de las víctimas.

Oficina Virtual

Además de la mejora de las zonas físicas en los órganos judiciales, la Consejería de Administraciones Pública ha puesto en funcionamiento recientemente la Oficina Virtual de Atención a las Víctimas del Delito, un servicio online de acompañamiento y asistencia psicológica y jurídica especializada mediante el uso de aplicaciones móviles, el teléfono y un chat.

Se pone así a disposición de las víctimas una vía de comunicación que se percibe menos invasiva y de la que podrán hacer uso siempre que así lo requieran y sin necesidad de haber presentado denuncia previa.

Mediante la asistencia virtual, la persona usuaria siempre dispondrá de la opción de ocultar la conversación, marcándola como modo incógnito para que su visita a la web no deje rastro en el dispositivo desde el que se conecta.

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Canarias pone en marcha el Juzgado de lo Social 11 de Las Palmas para atender con garantía la crisis de la COVID-19

Se trata del primero de los tres juzgados solicitados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad al Ministerio de Justicia para atender el incremento de litigios generados por la crisis del coronavirus en el ámbito social y mercantil

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha puesto en funcionamiento el Juzgado de lo Social número 11 de Las Palmas, el primero de los tres que se solicitó el pasado verano al Ministerio de Justicia para hacer frente al aumento de los litigios derivados de la crisis de la COVID-19.

La Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria cuenta desde el pasado 30 de diciembre con esta nueva dotación, cuya creación se promovió en junio durante la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas. En este encuentro, además del juzgado ya en funcionamiento, se instó a la creación del Juzgado de los Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife y el Juzgado de lo Mercantil 3 de Las Palmas, que está previsto que entren en funcionamiento el próximo mes de junio.

Como señala la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, estos tres órganos judiciales se han creado con carácter urgente dada la situación excepcional generada por la crisis económica actual, que ha hecho que se hayan incrementado los litigios mercantiles y sociales. Para su puesta en marcha, el Ejecutivo autonómico asumió el compromiso de dotarlos de medios materiales y personales adecuados. Esta iniciativa se enmarca dentro de las medidas contempladas en el Plan de Choque de la Administración de Justicia para hacer frente a los efectos de la crisis de la COVID-19.

El plan se centra en atender las necesidades de las jurisdicciones más afectadas por las circunstancias actuales (mercantil y social) en el que, además de un sistema de refuerzos implantado desde septiembre de 2020 al que han podido acogerse voluntariamente los juzgados de esos órdenes jurisdiccionales, prevé la creación de estas tres nuevas unidades judiciales.

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Canarias solicita la creación este año de dos juzgados en materia social para afrontar la crisis del Covid-19

La DG de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, durante la videoconferencia

Así lo trasladaron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, en la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas al abordar los trabajos de preparación del borrador de un plan de choque para hacer frente a la crisis que presentó el Ministerio de Justicia y que contemplará, previsiblemente, un conjunto amplio de medidas

La postura de Canarias frente al Ministerio es que la asignación de una sola unidad sería insuficiente para atender con un mínimo de garantías el incremento de los procesos derivados de la crisis sanitaria que se dará en ambas provincias, contando, por lo demás, la Comunidad Autónoma con instalaciones judiciales aptas para la creación de dos juzgados

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, trasladó la semana pasada a la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias cedidas en materia de justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Consejo Nacional de la Abogacía, la necesidad de que se creen en Canarias este mismo año dos juzgados en materia social para hacer frente a la crisis planteada con ocasión del Covid-19.

Así lo trasladaron en ese encuentro, celebrado a través de videoconferencia, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, al abordar los trabajos de preparación del borrador de un plan de choque que presentó el Ministerio de Justicia y que contemplará, previsiblemente, un conjunto amplio de medidas en función de la situación en la que se encuentren los órganos judiciales, que van desde los planes de seguimiento, la prolongación de jornadas, el nombramiento de los equipos de refuerzo o unidades específicas y la creación de nuevos órganos judiciales.

En concreto, la petición de Canarias se traduciría en la creación del Juzgado de lo Social nº 11 de Las Palmas y el Juzgado de lo Social nº 9 de Santa Cruz de Tenerife. Vallejo y Bonnet defendieron en nombre del consejero que la asignación de una sola unidad sería insuficiente para atender con un mínimo de garantías el incremento de los procesos derivados de la crisis sanitaria que se dará en ambas provincias, contando, por lo demás, la Comunidad Autónoma con instalaciones judiciales aptas para la creación de dos juzgados.

Pérez y su equipo valoran el plan de choque y lo consideran muy positivo, y recuerdan que su implantación está condicionada a un seguimiento y la imposición de objetivos concretos que garanticen su efectividad.

En este marco de medidas de refuerzo es en el que Canarias ha solicitado la creación para este año de dos unidades judiciales con carácter permanente que atenderán, principalmente, las necesidades surgidas en los juzgados de lo social con ocasión de la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

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