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Obras Públicas licita la asistencia técnica que permitirá ejecutar la obra para soterrar Belén María

El consejero en funciones, Sebastián Franquis, firma la orden para licitar, con una inversión de 1,4 millones de euros, este servicio de control y vigilancia imprescindible para poder realizar la obra

La Consejería sigue impulsando el desarrollo de esta obra necesaria para mejorar la fluidez de la GC-1 tras autorizar el Consejo de Gobierno hace un mes el gasto de 40 millones de euros para ejecutar la obra cuya licitación también se está ultimando

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias en funciones, Sebastián Franquis, ha firmado hoy la orden para sacar ya a licitación el servicio de Control y Vigilancia de las obras de Soterramiento de la Rotonda de Belén María, en Las Palmas de Gran Canaria. A esta licitación se destinan 1.457.266 euros para contratar este servicio de asistencia técnica y apoyo a la dirección de obra que es imprescindible y obligatorio a la hora de ejecutar las obras de carretera. La Consejería, de esta forma, sigue impulsando el desarrollo de esta obra necesaria para mejorar la fluidez de la GC-1 tras autorizar el Consejo de Gobierno hace un mes el gasto de 40 millones de euros para ejecutar la obra cuya licitación también se está ultimando.

El objetivo de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda es licitar las obras este mismo verano con la finalidad de comenzar los trabajos en otoño.

Esta obra forma parte de las actuaciones de mejora de la Avenida Marítima de la capital grancanaria que impulsa el Gobierno de Canarias en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para acabar con las retenciones que se producen en varios puntos de la GC-1 a su paso por la ciudad, en este caso, en los accesos a El Sebadal y a la zona portuaria de la capital de la isla.

Aunque la obra tiene un presupuesto base de 36.450.967 euros, el Gobierno autorizó el pasado 15 de junio también la reserva del 10% (3,6 millones) para la certificación final de las obras. El plazo previsto de ejecución de las obras, una vez se adjudique y se firme el acta de replanteo con la UTE ganadora, es de 29 meses.

Los técnicos de la Consejería han planificado esta actuación porque actualmente la glorieta de Belén María presenta problemas de congestión, pues además de ser la entrada y salida al Puerto de La Luz y de Las Palmas, sirve también de puerta al Polígono Industrial de El Sebadal, así como al barrio capitalino de La Isleta. Por todo ello, se plantea la conversión de la actual rotonda en un enlace que resuelva los problemas de congestión actual con el soterramiento de algunas de las vías actuales.

Para lograrlo se ha optado por soterrar las vías que salen y entran a El Sebadal desde la Avenida Marítima, para que los tráficos procedentes y con destino a la zona industrial circulen con mayor fluidez y no coincidan tampoco con los vehículos pesados que salen de la zona portuaria o los procedentes de La Isleta, tráficos estos que se mantienen en superficie y alrededor de la glorieta, como ocurre actualmente.

Además, el proyecto de obras que se licitará este verano recoge la compatibilidad con el proyecto de la Metroguagua que impulsa el Ayuntamiento, con la ordenación vigente y, en lo posible, con los usos existentes en el ámbito. Aunque durante la ejecución de la obra será necesario el desmontaje del monumento homenaje a Belén María situado en el centro de la glorieta, al finalizar los trabajos se repondrá en la misma ubicación.

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Obras Públicas adjudica la redacción del proyecto para modernizar y reformar el puerto de Caleta de Sebo

El encargo, con el que se pretende que la entrada a la isla para residentes y turistas gane en calidad, ha recaído en la UTE formada por Hidtma – HL2 Ingenieria y Consultoría, por un importe de 167.990 euros

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, acaba de adjudicar la redacción del proyecto de renovación del puerto de Caleta de Sebo y de su integración en el entramado urbano de esta localidad de La Graciosa, una actuación impulsada desde el Ejecutivo ya que esta infraestructura portuaria es la puerta de entrada en la isla para residentes y visitantes y requiere de unas condiciones de mayor calidad. El encargo ha recaído en la UTE formada por las empresas Hidtma, S.L. – HL2 Ingenieria y Consultoría, S.L.U, por un importe de 167.990 euros.

El puerto de Caleta de Sebo presenta, tal y como recoge el Plan de Puertos de Canarias, un gran potencial de crecimiento. Este potencial tiene su origen en un conjunto de factores favorables como son: ser el punto de conexión entre La Graciosa y Lanzarote y ser el primer puerto de recalada para navegantes provenientes de Europa. El tiempo transcurrido desde la última mejora del puerto, así como la necesidad de proceder a la modernización de las instalaciones, adaptándose a las nuevas tendencias de sostenibilidad energética, su embellecimiento, así como mejorar la integración entre el puerto y el pueblo de Caleta del Sebo, requieren la realización de un conjunto de obras que necesitan ser concretadas en un documento técnico. Por otra parte, también se contrata el estudio de impacto ambiental para su tramitación posterior ante el órgano ambiental competente.

Además, existe una gran demanda de puestos de amarre para embarcaciones de recreo en la zona a la que parece conveniente responder no sólo optimizando el aprovechamiento de la lámina de agua disponible, sino también alcanzando los niveles de calidad en los servicios que se prestan a los usuarios y a las embarcaciones. Las necesidades que deberán ser contempladas en el proyecto deberán abarcar como mínimo las siguientes actuaciones: estudio de mejora de las condiciones de abrigo, estudio de ampliación del paseo marítimo, estudio de creación de zonas de sombra para espera de viajeros, estudio de alumbrado de bajo consumo, posible habilitación de zonas de baño exteriores al contradique.

Por otra parte, esta redacción de proyecto deberá contemplar no sólo la definición de las obras a acometer, sino también para servir de soporte a la tramitación ambiental de los trabajos proyectados, así como la tramitación de Compatibilidad con la Estrategia Marina ante el Ministerio de Transición Ecológica.

 

 

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Vivienda recibe 31,8 millones de euros más del Estado para impulsar la rehabilitación verde

Imagen de placas solares

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha transferido en el último año y medio al ICAVI un total de 116,1 millones de euros para rehabilitar más de 3.600 viviendas tanto privadas como del parque público

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, cuanta ya con una nueva partida de 31.884.495 euros que ha transferido el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para seguir impulsando la rehabilitación verde en las islas. Se trata de una nueva partida de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE que se corresponde al segundo pago de la anualidad del año 2022 en materia de rehabilitación de vivienda. Con este ya son tres las transferencias recibidas por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) en el último año y medio de fondos de la UE para rehabilitación, transferencias que suman un total de 116,1 millones, de los cuales, 84 millones se han destinado ya a la reforma de 3.600 viviendas, tanto privadas como del parque público, con criterios de eficiencia energética.

Precisamente ha sido el compromiso de rehabilitar esas 3.600 viviendas, cuyos proyectos de reforma ya se están elaborando, lo que ha motivado que el Ministerio haya transferido a la Consejería la partida de la segunda anualidad del año 2022, lo que convierte a Canarias en una de las comunidades autónomas pioneras en cuanto a la recepción de los fondos MRR de la UE en materia de vivienda.

Con esta nueva transferencia por parte del Estado, el ICAVI planifica destinar el grueso de la partida de 31,8 millones de euros a la rehabilitación de vivienda privada a través de los ayuntamientos en barrios o áreas especialmente deterioradas. Otra parte de estos fondos se destinará también a seguir sufragando la línea de ayudas para la rehabilitación de particulares, unas subvenciones que se pusieron en marcha hace un año y que están teniendo una gran acogida entre la ciudadanía.

El Gobierno de Canarias, gracias a estos fondos europeos, va a poner en marcha en la comunidad los llamados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), que sustituyen a los antiguos ARRU y que tienen por objeto modernizar y acondicionar las viviendas, públicas y privadas, y, sobre todo, adaptarlas a las nuevas exigencias de eficiencia energética que demanda la UE. Por eso se llama a estos programas ‘Rehabilitación Verde’.

Con estas actuaciones de rehabilitación de los edificios que componen los ERRP, se busca alcanzar una reducción del consumo de energía primaria no renovable superior al 30%, que es lo que marca la UE. Sin embargo, desde la Consejería se están impulsando proyectos de rehabilitación para que esa reducción en el consumo de energía alcance hasta el 60%, con el consiguiente ahorro en las facturas de agua y luz de los inquilinos de esas viviendas.

Para alcanzar ese objetivo se realizarán, entre otras, las siguientes actuaciones: aislamiento de las fachadas de los edificios, mejora de la carpintería que permita un mayor aislamiento y sustitución de los sistemas sanitarios por termo sifón (bidones con placas solares para calentar el agua) o aerotermia (este último solo en viviendas que se encuentren a más de 300 metros de altitud), sistemas que permiten ofrecer agua caliente y calefacción mediante energías renovables.

El ICAVI está impulsando la aplicación de estos ERRP en su parque público de viviendas y por eso ya hay proyectos para rehabilitar más de 1.560 casas de titularidad pública en una quincena de municipios de las islas. Otra parte de esta partida de fondos de la UE se va a ejecutar en viviendas privadas en entornos residenciales deteriorados a través de los ayuntamientos que también aportan una parte de fondos propios. Los ayuntamientos canarios que se suman a este programa son los de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Telde.

 

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Obras Públicas finalizará las obras del doble túnel de Faneque a final de verano

El consejero en funciones, Sebastián Franquis, ha supervisado hoy la evolución de los  trabajos de la segunda fase de la Carretera de La Aldea, en la que ya se han invertido 95 millones de euros, el 62% del presupuesto total de la obra

El consejero ha anunciado también la creación de una comisión técnica junto al Cabildo para agilizar los trámites que permitan la puesta en servicio de este túnel

La UTE se encuentra rematando los últimos trabajos antes de asfaltar y con la instalación de más de 120 kilómetros de cables de los diferentes sistemas eléctricos, de sensores de seguridad y fibra óptica

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, finalizará las obras del doble túnel de Faneque este próximo mes de septiembre. Así lo ha anunciado el consejero en funciones en una visita a los trabajos de la segunda fase de la Carretera de La Aldea, tramo Agaete-El Risco, que permitirá poner  en servicio el túnel más largo de la obra con el objetivo de garantizar la conectividad de los usuarios de la vía y sustituir, a la mayor celeridad, el actual tramo de tres kilómetros que discurre por la GC-200, de alta peligrosidad sobre todo en los meses de invierno por los frecuentes desprendimientos y curvas muy cerradas.

“Hoy es un día importante porque podemos confirmar que efectivamente la obra civil de este doble túnel acabará a mediados o finales de septiembre y que luego habrá que hacer las pruebas oportunas para que todas las instalaciones que se están colocando ya en este túnel, cumplan las obligaciones de seguridad y eficacia y cumplan los requisitos para la revisión que tiene que hacer Cabildo. Por eso también hemos comunicado ya al Cabildo la necesidad de empezar a formar su personal que es el que tiene que controlar técnicamente estas instalaciones. Para agilizar todos estos trámites vamos a crear una comisión técnica entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo, para adelantar estas labores al máximo y cuando acabe la obra, en septiembre, nos coordinemos para poner inmediatamente después en servicio a este túnel, que sabemos que es muy importante para los dos municipios, que es una demanda histórica para evitar el tramo más peligroso de la actual carretera. La intención es adelantar todos los trabajos de prueba y comprobaciones con esta comisión técnica  y para poner los túneles en servicio lo antes posible tras la finalización de la obra civil. Ese es el objetivo”, aseguró Sebastián Franquis.

El consejero en funciones, Sebastián Franquis, acompañado por los alcaldes de La Aldea, Víctor Hernández, y de Agaete, Jesús González, además de por la concejala de este municipio, Noemí Rosario, del concejal David Godoy, de La Aldea, y del director general de Infraestructura Viaria de la Consejería, José Luis Delgado, ha podido comprobar los trabajos de remate que realiza la UTE que ejecuta las obras en el tramo de Faneque y el enlace de El Risco, donde se ultima, en el interior de los túneles, la instalación de más de 120 kilómetros de todo tipo de cables (eléctricos, de sensores de seguridad, fibra óptica…) y las tareas previas al asfaltado de la calzada. La segunda fase de la Carretera de La Aldea comprende un tramo de ocho kilómetros en un trazado que atraviesa la accidentada orografía de esta zona de la isla de Gran Canaria, presentando una gran complejidad ya que, además, la mayor parte del recorrido discurre de forma subterránea. La Consejería ya ha invertido en estas obras, que comenzaron en septiembre de 2019, un total de 95 millones de euros, es decir, el 62% del presupuesto total del proyecto.

El tramo visitado hoy discurre bajo el Risco de Faneque, que da el nombre a este doble túnel, con dos carriles por sentido que recorren un tramo de 2,5 kilómetros permitiendo acortar el trayecto a menos de un minuto y medio. Este doble túnel sustituye los tres kilómetros de la actual GC-200 que, habitualmente, se realizan en un tiempo aproximado de cinco o diez minutos. Para su ejecución se han excavado dos tubos principales de 2.000 y 2.100 metros cada uno, más las cinco galerías de conexión entre ambos túneles para evacuación en caso de emergencia.

En sentido Agaete, en la zona de Hoya del Segura, para poder acometer los túneles se han realizado dos importantes obras de drenaje y un muro de piedra vista, además la zona contará con una rotonda provisional para permitir la conexión entre la entrada y salida de estos túneles con la GC-200. Ya pasado los túneles de Faneque y aprovechando los ramales del nuevo Enlace de El Risco los vehículos conectarán antes de llegar a El Risco con la actual GC-200 mediante una rotonda definitiva y, tras cruzar otro pequeño túnel de 50 metros bajo el Lomo de la Aulaga que se realizó para salvaguardar un yacimiento aborigen, tal y como estipuló el Servicio de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria.

Entre las características más destacadas de este tramo de obra, se cuenta la gran cantidad de cableado que se está instalando en este doble túnel, un total de 120 kilómetros, incluyendo la canalización de fibra óptica y los cables radiantes de detección de incendio. Para mayor seguridad y, en cumplimiento de la normativa establecida por la Unión Europea, este tramo contará con 36 postes para solicitar auxilio; 76 extintores; 20 hidrantes; 46 cámaras de vigilancia; 16 ventiladores para airear el interior de los túneles; 550 puntos de luz y 290 luces de emergencia, así como dos unidades de grupos electrógenos por si se registrase algún fallo en la corriente.

Además, en su construcción se han utilizado 30.000 metros cuadrados de láminas de polietileno para conducir el agua de las filtraciones, 4.500 metros de tuberías de hierro contraincendio; 7.200 metros de tubos enterrados y hormigonados y 14.000 metros de tubos para filtrar agua.

En definitiva, sólo en la construcción del doble túnel de Faneque y sus galerías de evacuación, el túnel de la Aulaga, los accesos, los muros de drenaje y el enlace de El Risco se han invertido 70 de los 95 millones que ya se han ejecutado en toda la obra.

El consejero en funciones también aludió a las incidencias imprevistas a lo largo de los casi cuatro años de desarrollo de esta obra, como los nuevos condicionantes ambientales o la aparición de yacimientos. “Ya son tres los yacimientos arqueológicos que nos hemos encontrado en distintas zonas de la obra, y eso añade alguna dificultad al desarrollo de los trabajos ya que tenemos que comunicarlo a Patrimonio del Cabildo para que, lógicamente, se garantice su preservación. Lo mismo pasa con los procedimientos medioambientales, que suelen ser lentos. Ya no gustaría a nosotros que fueran mucho más rápido, pero una obra de esta naturaleza tiene unos requisitos muy exigentes y nosotros tenemos claro que las exigencias medioambientales hay que respetarlas siempre y hay que tenerlas siempre presentes. Por eso ahora mismo el proyecto modificado de esta obra está pendiente del informe medioambiental, porque queremos ser rigurosos con todos los condicionantes que favorezcan el respeto al medio ambiente”, señaló Sebastián Franquis, “por eso, hay que dejar claro que eso que algunos llaman burocracia de forma despectiva, no es otra cosa que respetar los procesos que velan por proteger el medio ambiente y el patrimonio de nuestras Islas, y eso lo vamos a respetar siempre”.

Las obras de la segunda fase de la Carretera de La Aldea. Tramo Agaete-El Risco, se adjudicaron a la UTE Ferrovial-Agromán S.A. – Acciona Construcción S.A.- Lopesan S.A. y Bitumex S.A., en 2019 por 152 millones de euros y un plazo de ejecución de 65 meses que empezaron a contar en septiembre de ese mismo año, que es cuando se pusieron en marcha las obras. El tramo Agaete-El Risco es un proyecto de 8,5 kilómetros de longitud pero que por su compleja orografía incluye la construcción de varias estructuras especiales, entre ellos nueve túneles (ocho en el proyecto inicial), dos viaductos, un paso inferior y tres enlaces.

Esta nueva vía sustituirá un trayecto de cerca de 15 kilómetros que actualmente se realiza por la GC-200, presentando graves problemas de seguridad para los usuarios. Una vez terminada esta obra, se reducirá el tiempo de conexión entre La Aldea y Agaete en tres cuartas partes, pudiendo llegar en sólo seis minutos desde Agaete a El Risco.

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Vivienda somete a información el nuevo Decreto que permitirá adjudicar las casas protegidas por baremación

El Portal de Transparencia del Gobierno expone el borrador del futuro Decreto que incluye, además, modificaciones para simplificar la inscripción en el Registro de Demandantes y regularizar las adjudicaciones de plazas de garaje que no se entregaron en su día a las familias que ya cuentan con una vivienda de promoción pública

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, acaba de publicar en el portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias la Consulta Pública Previa para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones sociales más representativas, sobre el nuevo decreto con el que se pretende cambiar el régimen de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública, para sustituir la fórmula del sorteo que se emplea actualmente, por la baremación económica y social de las familias inscritas en el Registro de Demandantes. La Consejería pretende con este decreto que la adjudicación de las viviendas protegidas que lleva a cabo el Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) se haga con criterios de justicia social y equidad y no se deje solamente en manos del azar.

Con esta publicación en el portal de Transparencia se inicia el procedimiento para elaborar un Decreto que regule varios aspectos a la hora de la adjudicación de las nuevas viviendas de promoción pública que se están edificando o licitando dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, y que afecta a las familias inscritas en el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegida de Canarias. Este es uno de los primeros pasos de un Decreto que posteriormente se someterá a información pública para recabar informes de todas las administraciones y organismos implicados con la finalidad de que el nuevo Decreto pueda ser aprobado por el Gobierno y publicado en el BOC en un plazo aproximado de seis meses.

Entre otros cambios, destaca la modificación del procedimiento de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública, que sustituya la actual regulación del Decreto 138/2007 con el fin de modificar la adjudicación mediante el sorteo entre todos los solicitantes que cumplen los requisitos de participación. De esta forma, se priorizará la utilización de la modalidad de baremación de la situación socioeconómica de los demandantes para determinar las futuras adjudicaciones con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de justicia, equidad y solidaridad. Aunque no desaparece, la modalidad del sorteo, la que se emplea habitualmente en la actualidad, se restringe para casos excepcionales que designe el propio ICAVI.

Además del cambio en la modalidad de las adjudicaciones de las viviendas protegidas, con este Decreto la Consejería pretende modificar también el proceso de inscripción en el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegida de Canarias con el fin de llevar a cabo medidas de simplificación y agilización administrativa, evitando así cargas administrativas innecesarias e imponiendo menos obligaciones a los solicitantes de inscripción.

Otro aspecto fundamental en este nuevo Decreto es que se va a regular el procedimiento de adjudicación de plazas de garaje o trasteros de diferentes grupos de viviendas protegidas de promoción pública que se encuentran pendientes de adjudicación. En esos grupos las viviendas se adjudicaron hace años, sin embargo, no se concedieron las plazas de garaje o trasteros al no estar regulado el procedimiento de adjudicación de las mismas. Por esta razón, hay muchas promociones de viviendas públicas en las que las plazas de garaje están aún vacantes pese a que han transcurrido varios años de la asignación de vivienda a sus beneficiarios. Con el nuevo Decreto que ahora está en información en el Portal de Transparencia se va a regular este procedimiento con el fin de poder adjudicar las plazas de garaje a los adjudicatarios que ya viven en las promociones afectadas.

El enlace para cualquier consulta sobre el futuro Decreto para la adjudicación de viviendas protegidas es el siguiente:

https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/?param_accion=buscar&cp_consejeria_es=/participacionciudadana/iniciativas/.content/listado_iniciativas_normativas/cp_listado_iniciativas_normativas_COPTV.html

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Vivienda continúa facilitando el acceso a la propiedad de su inmueble a 904 familias inquilinas de una VPO

Esta es la segunda convocatoria de la Consejería, tras la aprobación el pasado mes de enero del Decreto que favorece a un total de 10.500 familias que llevan viviendo como inquilinos en una vivienda pública antes de 1996

Con esta segunda resolución, ya son 2390 familias las que pueden iniciar el proceso para acceder a su propiedad, optando además a poder beneficiarse de una bonificación del Gobierno de Canarias del 50% sobre el precio de referencia del inmueble

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAIV) ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la segunda resolución del nuevo Decreto de Medidas de Acceso a la Propiedad de Viviendas Protegidas por la que se beneficia a 904 familias que llevan viviendo en sus inmuebles más de 25 años. Se estima que, con este Decreto, se podrán beneficiar 10.500 familias que llevan de alquiler en promociones de vivienda pública desde antes de 1996, de las cuales 2.390 familias ya se han visto beneficiadas hasta la fecha.

Una vez publicada en el BOC, los técnicos del ICAVI ofertaran las viviendas protegidas de promoción pública a cada adjudicatario que contará con un plazo de 12 meses para formalizar su solicitud, que se encuentra recogida en la propia resolución. Para facilitar el acceso a la vivienda, la Consejería, además, ofertara a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y, del restante 50% que deben de pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya pagadas.

Además, los que quieren acceder a la propiedad deberán demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que es adjudicataria, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietarios de ninguna otra vivienda, estar al corriente en la cuota aprobada por la Junta Administradora relativa a los gastos comunes del edificio, haber satisfecho el 35% de las cuotas facturadas correspondientes al alquiler de la vivienda o el 50% del precio de venta de la misma, y que la vivienda se encuentre asegurada como mínimo contra incendios y riesgos catastróficos.

Para la aplicación del decreto se ha diseñado una convocatoria trimestral a lo largo de este año, siendo la primera el pasado mes de marzo y beneficiando a 1.484 familias, realizando estas publicaciones hasta completar todos los grupos de viviendas protegidas a los que afecta el decreto, que son aquellos que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). Con esta medida se cumple un compromiso adquirido por este Gobierno y por el consejero en funciones, Sebastián Franquis, tras más de diez años sin que los inquilinos pudieran acceder a su propiedad.

Con la aprobación de este Decreto el pasado mes de enero, se incorpora una novedad importante ya que permite aglutinar todos los decretos anteriores de acceso a la propiedad tramitados en la Comunidad Autónoma Canaria, permitiendo que se pueda ofertar la venta de los grupos de viviendas o unidades de ellas y que, una vez concluida una oferta, pueda volver a ofertarse, simplificándose notablemente el procedimiento.

 

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Vivienda destina 1,2 millones de euros para fomentar la implantación del cohousing en Canarias

Se subvencionarán hasta 50.000 euros por vivienda, siempre que se destinen a este uso de forma exclusiva por un periodo mínimo de cuarenta años

Este modelo de vivienda permite combinar espacios privados con instalaciones y servicios comunes, ofreciendo una fórmula que facilita el acceso a una vivienda a colectivos con especiales dificultades

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, publica hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de ayudas para el fomento y la implantación de viviendas colaborativas (cohousing) en Canarias. Esta ayuda, que cuenta con un presupuesto de 1.236.755 euros, subvencionará con hasta 50.000 euros a aquellas actuaciones que permitan desarrollar un alojamiento compartido en viviendas, tanto en casas de nueva construcción, como aquellas que se compren y adapten para este fin. El objetivo de esta convocatoria es aumentar la oferta de este modelo alojativo en el archipiélago, para ofrecer una alternativa a determinados colectivos en régimen de alquiler o cesión en uso por un plazo al menos de cuarenta años

Desde el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) se lanza esta convocatoria con el fin de apoyar iniciativas de viviendas colaborativas que son prácticamente inéditas en Canarias, y que se enmarcan en los objetivos previstos por el Plan de Vivienda de Canarias 2020-25. Estas viviendas colaborativas, también conocidas como cohousing, son modelos de alojamiento que cuentan con espacios privados a la vez que instalaciones y servicios comunes, suponiendo una alternativa a los modelos tradicionales de alojamiento de los que se pueden beneficiar principalmente personas mayores, jóvenes o estudiantes.

Para su desarrollo, esta convocatoria podrá ser solicitada tanto por personas físicas como entidades públicas o asociaciones y cooperativas durante los próximos diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación en el BOC. Los proyectos serán subvencionables siempre que se destinen a este uso de cohousing durante un plazo de cuarenta años e incluyan, como mínimo, los siguientes servicios comunes: restauración, lavandería y áreas destinadas a actividades sociales, deportivas, culturales o de ocio. El destino por un plazo de al menos cuarenta años al arrendamiento o la cesión de uso deberá constar en una nota marginal en el Registro de la Propiedad.

Esta subvención podrá financiar desde promociones de nueva construcción, rehabilitación de edificios o mejoras en las viviendas con hasta un máximo de 420 euros por metro cuadrado o, en conjunto de la actuación, un límite de 50.000 euros por alojamiento o vivienda.

Una vez finalizado este proyecto, las viviendas subvencionadas deberán destinarse exclusivamente a personas que no superen cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (39.540€ al año) y si se trata de una vivienda en alquiler, el precio del mismo no podrá superar los ocho euros por metro cuadrado (por ejemplo: si una vivienda es de 75 m2, el alquiler no podrá ser mayor a 600 euros mensuales), aunque este precio sí podrá ser actualizado conforme al Índice de Precios de Consumo.

Las subvenciones se concederán por un sistema de baremación, pudiendo alcanzar un máximo de 30 puntos por proyecto, y las solicitudes podrán ser presentadas de forma presencial en cualquiera de las oficinas del Instituto Canario de la Vivienda, o de forma telemática. El ICAVI, además, ha habilitado una línea específica de atención para dudas relacionadas con esta ayuda a través del teléfono 822 171 163, de lunes a viernes de 09.00 a 12.00 horas.

 

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Canarias refuerza el escudo social de las islas y amplía los protocolos para la suspensión de desahucios

El consejero en funciones de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, firma un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y la FECAM para establecer un protocolo de colaboración que permitirá mejorar la atención a las familias sin recursos antes de que se produzca un lanzamiento

Este convenio contempla la intervención en cualquier tipo de desahucio que se realice en las islas, ampliando de esta forma el alcance del Real Decreto del Estado que paraliza los desahucios sólo a inquilinos y a afectados por la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 o la guerra de Ucrania

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, firmó hoy un nuevo convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para establecer un protocolo de actuación, de forma conjunta y coordinada, ante situaciones de desahucio de familias vulnerables en Canarias y evitar, siempre que sea posible, los lanzamientos.

“Estamos firmando un convenio que se adapta a una realidad concreta que estamos viviendo en Canarias y que persigue, fundamentalmente, evitar los desahucios en nuestra Comunidad Autónoma con los diferentes instrumentos que tiene la administración. Por tanto, estamos incrementando ese escudo social que ya existía para que en los próximos cuatro años las familias canarias con dificultades estén mucho más protegidas de lo que estaban hasta el día de hoy”, afirmó Sebastián Franquis, “y este es un buen momento porque el día 30 de este mes se acaba el periodo de protección que estableció el Estado mediante Real Decreto, por lo que nosotros lo que hacemos es extender ese periodo y, además, lo ampliamos de forma general a todas las familias vulnerables, no exclusivamente a las personas afectadas por el COVID o la guerra de Ucrania, como recoge el Real Decreto”.

El convenio, que ha sido firmado hoy en Santa Cruz de Tenerife por el consejero en funciones, Sebastián Franquis y la presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, y que será firmado posteriormente por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, cuenta con una vigencia de cuatro años prorrogables y permitirá mejorar la gestión pública ante un desahucio mediante la intervención del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y los servicios sociales de los ayuntamientos canarios.

El convenio contempla la paralización inmediata en los casos de desahucio por impago de las familias económica y socialmente vulnerables – aquellas que cuenten con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir 11.862 euros anuales;, situaciones de dependencia o discapacidad; víctimas de violencia de género; familias numerosas, etc.- donde, a juicio de la Autoridad Judicial, se determine la necesidad de intervención de los servicios sociales municipales o del Gobierno de Canarias para lograr una solución al lanzamiento.

Ante un posible caso, el primer paso que se establece en el Convenio se centra en informar de los recursos a su alcance a la persona afectada. Si se trata de un propietario que afronta el impago de la hipoteca, el protocolo contempla informar a las personas afectadas del Código de Buenas Prácticas Bancarias, por si pueden hacer frente a la deuda y no llegar al lanzamiento. En el caso de desalojo de inquilinos por impago de la renta, los juzgados informarán de los distintos programas que ofrece tanto el Gobierno de Canarias como los ayuntamientos para la asistencia social.

El segundo paso que establece este protocolo se centra en el proceso de desahucio, si éste se va a ejecutar y se detecta que se trata de personas en situación vulnerable, los juzgados se comprometen a paralizar el procedimiento y dar parte al ICAVI para que se active el programa Canarias Pro-Hogar y se constate la situación de riesgo de los afectados.

Una vez certificada dicha vulnerabilidad, se incluye a las personas afectadas en el Canarias Pro Hogar, donde se les podrá facilitar una ayuda para pagar el alquiler y evitar el lanzamiento, o se les derivará a los recursos municipales que se encuentren disponibles y que ofrezcan los ayuntamientos, como una vivienda provisional. Otra vía que se establece para evitar el desahucio es negociar directamente con los fondos de inversión o entidades bancarias propietarias del inmueble, como ya hace en la actualidad el ICAVI a través del Canarias Pro Hogar.

A diferencia del Real Decreto-ley 11/2020 que, actualmente, mantiene paralizados los casos de desahucios en situaciones de vulnerabilidad sobrevenida por la crisis sanitaria de la Covid-19 o derivados de la guerra en Ucrania, el Convenio suscrito hoy permitirá que se aplique la paralización de los desahucios a todos los casos de vulnerabilidad en Canarias, garantizando así la atención necesaria y evitando el riesgo de que las personas afectadas caigan en situación de exclusión social. Además, este convenio no se centrará en los grandes tenedores, sino que abarcará cualquier procedimiento judicial de desalojo en las islas.

“Creo que Canarias ha avanzado mucho en los últimos años en materia de vivienda y de defensa de los derechos de los más vulnerables, logrando evitar en los últimos tres años más de 1.300 desahucios. Por eso, este convenio lo que hace es confirmar lo que se ha hecho hasta ahora, de forma más o menos voluntaria, entre las distintas administraciones públicas para hacerlo a través de un protocolo y por los canales oficiales. Por eso agradezco a los ayuntamientos, a través de la FECAM, y también al Consejo del Poder Judicial, que firmen con nosotros este convenio y este protocolo para que en los próximos cuatro años las familias canarias con dificultades estén mucho más protegidas de lo que estaban hasta el día de hoy”, recalcó Sebastián Franquis.

«Yo hago un llamamiento a los compañeros alcaldes y alcaldesas, a todas las áreas de servicios sociales para que sigamos trabajando en este marco de colaboración con el Gobierno de Canarias, con los Cabildos Insulares, y con el Consejo General del Poder Judicial, para agilizar estos trámites y para que todos tengamos muy claro la prioridad que debe ser el acceso a la vivienda para todos nuestros vecinos y vecinas. Este convenio viene a proteger a las familias canarias que se encuentran en esta situación de riesgo o de exclusión social en materia de vivienda», afirmó la presidenta de la Federación Canaria de Municipio (FECAM), Mari Brito.

Herramientas como el Canarias ProHogar han permitido, desde 2021 y hasta la fecha, frenar 1.378 desahucios en el Archipiélago por lo que, este convenio, permitirá impulsar este tipo de instrumentos de forma conjunta y coordinada entre administraciones, como señaló el consejero en funciones.

Vivienda abona las ayudas complementarias de 30.000 euros a otras 24 familias palmeras que perdieron sus casas

El Gobierno de Canarias ha pagado ya esta ayuda a 308 familias afectadas por la erupción del volcán con la finalidad de complementar las ayudas de 60.000 euros que ya concedió el Estado

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, abona desde hoy a 24 familias residentes en La Palma los 594.808 euros que se corresponden con la cuarta resolución de concesión y abono de subvenciones a las familias afectadas por la destrucción total de la vivienda habitual provocada por el volcán de Cumbre Vieja. En total, con esta nueva resolución, el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha pagado ya a 308 familias palmeras un total de 8.602.269 euros en estas ayudas adicionales que se empezaron a abonar en marzo pasado.

El abono de las 24 nuevas ayudas se está llevando a cabo directamente en las cuentas corrientes de estas familias una vez transcurrido el plazo legal de cinco días que se da a los beneficiarios después de publicarse en el BOC por si alguien quisiese renunciar a la subvención.

Con esta línea de ayudas el Gobierno canario refuerza con hasta 30.000 euros las ya otorgadas por el Gobierno de España con carácter de indemnización a las familias que perdieron su vivienda. Esta medida impulsada por la Consejería servirá como complemento a la ayuda concedida por el Estado mediante el Real Decreto-ley 20/2021 para la reparación de los daños ocasionados por la erupción volcánica por la que se destinaban hasta 60.480 euros para paliar los daños en las viviendas a las familias afectadas que ahora, con esta ayuda de la Consejería de Vivienda, podrán beneficiarse de un complemento de hasta 30.000 euros para reforzar esta ayuda.

Las subvenciones se conceden de oficio, y la consideración de solicitante de la ayuda la otorgará el cumplimiento de dos requisitos: la inscripción en el Registro de personas afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, y el haber sido beneficiario de la subvención concedida por la Administración General del Estado por destrucción total de viviendas, de acuerdo con el Real Decreto-ley 20/2021, por el que se adopta medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.

El objetivo de la Consejería con esta nueva línea de ayuda ha sido aumentar la cuantía de la indemnización a las personas afectadas por la erupción que ya recibieron un primer pago por parte del Estado, por lo que estas familias no tendrán que presentar ninguna solicitud ni aportar documentación para poder optar por esta subvención. El ICAVI solo tiene que certificar que esas familias se encuentran inscritas en el registro oficial de damnificados por el volcán, y valorar si con la indemnización estatal se han cubierto todas las pérdidas sufridas. En base a ese porcentaje de compensación se otorgará la nueva ayuda del Gobierno de Canarias que variará hasta un máximo de 30.000 euros hasta cubrir el límite del valor del daño producido

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Vivienda sigue impulsando la colaboración público-privada en la construcción de viviendas protegidas

La Consejería acaba de publicar una nueva convocatoria de la línea de ayudas para que los empresarios que construyan o terminen promociones y las dediquen a vivienda protegida, con la que se espera poner en el mercado de alquiler unas 400 nuevas casas en los próximos años

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), publicó ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) una nueva convocatoria de la línea de ayuda dirigida al sector privado con la finalidad de seguir impulsando la colaboración público-privada y de esta forma promover la construcción o finalización de nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler en Canarias. Como novedad en esta convocatoria, se incrementan las subvenciones que recibirán los empresarios que se acojan a esta ayuda por lo que se espera alcanzar las cerca de 400 viviendas protegidas nuevas, doblando así la cantidad de viviendas que se construyeron con la convocatoria anterior, en 2021, que fueron 208.

Esta línea de subvenciones nace a raíz del programa cinco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que tiene como objetivo poner en el mercado nuevas promociones de vivienda para ampliar la oferta de alquiler en las islas y fomentando, al mismo tiempo, la colaboración del sector privado en la ejecución de los objetivos del Plan. Además de ampliar las cantidades a subvencionar que recibirán los promotores privados, otra novedad de la convocatoria de 2023 es que se van a priorizar las subvenciones a aquellas empresas que tengan proyectos o promociones a medio terminar en las zonas con los alquileres más tensionados de las islas, así como en las islas no capitalinas.

Para ello, se subvencionarán las futuras promociones de vivienda en régimen de arrendamiento con duraciones que van de los 10 a los 25 años, pudiendo acogerse tanto lotes de vivienda de nueva construcción como procedentes de la rehabilitación o promociones de viviendas con obra empezada que se quedaron paralizadas, para poder reanudarse hasta su completa finalización. En todos los casos, las viviendas terminadas deberán destinarse al arrendamiento para su uso como residencia habitual y permanente de sus ocupantes, tanto en régimen especial como en general, dependiendo de los ingresos de cada unidad familiar.

Las subvenciones se otorgarán por metro cuadrado construido, por lo que se pagará 392 euros por metro construido en las viviendas cuya protección sea de 10 años, y de 448 euros el metro para las viviendas protegidas durante 25 años. Estas cantidades superan ampliamente las de la convocatoria anterior, cuando se pagaba a 250 y 300 euros el metro construido de estas viviendas protegidas en régimen especial. Con esta actualización de precios, la Consejería asume el sobrecoste que los precios de los materiales de construcción han experimentado en el último año y medio, y anima al sector privado a solicitar estas subvenciones.

Aunque la dotación inicial de esta ayuda es de dos millones de euros, desde el ICAVI se prevé una ampliación de crédito en base a la demanda de ayudas que se vaya recibiendo con la finalidad de cubrir todas las ofertas que se reciban por parte de los empresarios interesados en construir vivienda protegida en las islas. Las principales asociaciones de la construcción de las dos provincias canarias han mostrado al ICAVI su interés por esta nueva convocatoria con un incremento de las ayudas que recibirán los promotores y por ello se espera alcanzar una cifra cercana a las 400 nuevas viviendas.

Con esta línea de subvenciones la Consejería busca, en colaboración con la iniciativa privada, fomentar la promoción de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento con la finalidad de ampliar el parque de casas de alquiler y ofrecer una solución habitacional a quienes no pueden afrontar los precios de una vivienda en el mercado libre. Fruto de la primera convocatoria de estas ayudas, la de 2021, se subvencionaron 208 viviendas, de las que ya se entregaron a principios de este año 56 pisos a demandantes del Registro de Vivienda en Puerto del Rosario, en un edificio que estaba a medio terminar cuando se solicitó la subvención. En los próximos meses se entregarán otras 152 en los municipios de Santa Lucía de Tirajana y Santa Úrsula en sendas promociones, una a medio terminar y otra de nueva construcción.

Los promotores interesados en solicitar esta subvención cuentan con un plazo de un mes, a contar desde el día de hoy, pudiendo presentar la solicitud telemáticamente a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/

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