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El fin de los tipos negativos a los depósitos bancarios permite a Canarias un ahorro de un millón de euros al año

El Gobierno ha pagado en dos años y medio algo más de 2,5 millones de euros por tener sus fondos depositados en las entidades financieras

La situación, en todo caso, fue menos traumática para el Ejecutivo que para las corporaciones locales, pues renegoció y consiguió mejorar las condiciones

El fin de los tipos negativos a los depósitos bancarios permitirá a Canarias un ahorro aproximado de un millón de euros al año en intereses, teniendo en cuenta que ha abonado 2.570.947,76 euros por este concepto desde el año 2020, de acuerdo con los datos que maneja la Dirección General del Tesoro de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

El pago de estos intereses arrancó con la decisión del Banco Central Europeo de cobrar a las entidades financieras un -0,5% por los depósitos que estás tenían depositados en la institución, con el objetivo de desincentivar la acumulación de fondos y promover el crédito.

Pero, como señala el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, “lo que hicieron los bancos fue repercutir a sus propios clientes esa medida, de modo que empezaron a cobrar el 0,5% a sus clientes por los fondos acumulados”.

Esta situación provocó no pocos quebraderos de cabeza al conjunto de administraciones públicas, porque, debido a los efectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se había acumulado un relevante excedente de tesorería; hasta tal punto que las corporaciones locales de Canarias, por ejemplo, tenían en los bancos 4.000 millones de euros, entre remanentes y superávit, que no podían invertir, pero del que sí debían pagar intereses.

A pesar de los intentos de diferentes federaciones de municipios para que el Ministerio de Hacienda obligara a cancelar esta cuota o que, al menos, el BCE abriera cuentas a coste cero a las administraciones públicas, no se pudo dar respuesta a esta demanda.

La directora general del Tesoro, Dunia González, recuerda a este respecto que el Gobierno de Canarias comenzó entonces un proceso de negociación con las diferentes entidades bancarias, antes de lo que hicieran otras administraciones, para firmar convenios que establecían las comisiones a aplicar sobre los saldos medios en cuenta corriente inferior al 0,40 %.

Con estas condiciones, se llegó a acuerdos con Banco Santander, Caixa, Cajamar, BBVA, Abanca, Bankinter, Banca March, Cajasiete y Sabadell. Junto a las nuevas comisiones, se acordó también una franquicia a coste cero.

González subraya a este respecto que, “a pesar de obtener muy buenas condiciones económicas, mejor que otras comunidades autónomas por ser de las primeras en establecer estos convenios, llegando a tener unos depósitos de hasta 900 millones a coste cero repartidos entre todas las entidades bancarias, es cierto que en estos dos años y medio hemos desembolsado obligatoriamente una importante cantidad de dinero en intereses”.

“Desde el punto de vista de las cuentas autonómicas, puede parecer una cifra pequeña, pero no lo es en el pago de intereses”, dijo la directora general, quien aseguró que, desde este 1 de agosto, la mayoría de las entidades ha comunicado que se anula el presente contrato y pasan a dejar de cobrar por los fondos que la Comunidad tiene en ellos, que suelen estar en torno a una media mensual de 850 millones de euros”, con los que se va haciendo frente a las previsiones presupuestarias.

Gobierno de Canarias y Ministerio firman el protocolo para la bonificación al transporte público regular terrestre

El presidente Ángel Víctor Torres, acompañado por el consejero Sebastián Franquis, firma este lunes en Madrid, junto con la ministra Raquel Sánchez, un documento de coordinación entre ambas administraciones para la ampliación en las Islas de las medidas transitorias de ayudas al transporte aprobadas por el Estado

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, se desplazarán el lunes (29 de agosto) a Madrid con el objetivo de rubricar junto con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, un protocolo de colaboración entre ambas administraciones públicas para coordinar la aplicación de las medidas transitorias de ayudas al transporte público regular y terrestre en Canarias.

Es objeto de ese protocolo establecer el marco de coordinación entre esas administraciones para la configuración de las medidas de ayudas transitorias a los usuarios del transporte público regular, colectivo y terrestre (incluido el tranvía) y su ampliación en el caso de Canarias, dadas sus especiales características de insularidad y de carencia de servicios ferroviarios de proximidad y media distancia con titularidad del Estado.

Con el fin de dar cumplimiento a ese protocolo, ambas administraciones se comprometerán a llevar a cabo un análisis conjunto de la situación del transporte público regular, colectivo y terrestre en Canarias y a una evaluación de las propuestas de ayudas transitorias que se han aprobado en el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto. Con ello se persigue promover la ampliación de ese tipo de mecanismo de ayuda transitoria al sistema de transporte público regular, colectivo y terrestre que presta servicio en el Archipiélago, para lo que se elevará 20 puntos porcentuales el umbral relativo que se va a aplicar en las comunidades autónomas peninsulares (30%), lo que dará lugar a una bonificación del 50% en Canarias.

El protocolo que se firmará el lunes evidencia que el transporte público regular, colectivo y terrestre en Canarias constituye una necesidad de primer orden para el desarrollo de las comunicaciones en las Islas, atendiendo especialmente a la realidad geográfica y a la obligada interoperatividad con otros modos de transporte como el marítimo o el aéreo. Tanto la insularidad como la intermodalidad obligada han conformado en las Islas un sector de transportes que presenta notables diferencias respecto a su ordenación, dimensión y funcionamiento en la Península.

Además, debido a esa especial configuración geográfica, la mayor parte de la movilidad realizada en Canarias se realiza mediante transporte terrestre y, de ésta, la más relevante corresponde a lo que puede denominarse movilidad insular.

El Gobierno de Canarias, en este aspecto, invoca el artículo 8 de la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), en el que se reconoce al transporte público regular de viajeros el carácter de servicio público esencial y se reconoce que, dadas las características de Canarias, la planificación y gestión de este tipo de transporte se llevará a cabo de manera integrada y con carácter insular, garantizándose su financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado.