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Transición Ecológica mantiene abierta la convocatoria de ayudas para optimizar la gestión de residuos

Contenedores de residuos

El Gobierno de Canarias destinará 24 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

José Antonio Valbuena recuerda que la convocatoria de ayudas, que finaliza el 6 de septiembre, pretende aumentar la recogida separada de residuos y mejorar su posterior tratamiento

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias mantiene abierto hasta el 6 de septiembre el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria de subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa de residuos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El consejero autonómico responsable del Área, José Antonio Valbuena, anima a las entidades competentes a “acogerse a estas ayudas dotadas con 24 millones de euros que mejorarán la gestión de residuos en Canarias. La recogida separada garantizará el mejor tratamiento y repercutirá de manera positiva en el bien común de los ciudadanos”.

Pueden optar a esta convocatoria Administraciones y entidades del Sector Público con competencias en materia de recogida y tratamiento de residuos, las entidades jurídicas públicas y privadas que generen residuos comerciales no peligrosos o domésticos procedentes de las industrias y los gestores de residuos.

Estos fondos se distribuyen en cuatro líneas de financiación. La primera línea, a la que se han destinado más de 12 millones de euros, servirá para financiar proyectos relacionados con la recogida separada de residuos, especialmente de biorresiduos para su tratamiento y compostaje, pero también de aceite de cocina usado (doméstico o de sectores específicos) y residuos textiles para su reutilización o reciclado. Está previsto incrementar esta partida con 4,6 millones de euros adicionales asignados el pasado mes de junio por el Estado a Canarias.

El segundo bloque, dotado con cerca de cinco millones de euros (que se complementarán con un millón y medio adicional), abarca la construcción o mejora de instalaciones de compostaje y la adaptación de infraestructuras de tratamiento mecánico-biológico existentes para la incorporación de una línea independiente para el tratamiento de biorresiduos recogidos de manera separada.

La tercera línea, que cuenta con un presupuesto de más de cinco millones de euros, comprende la construcción de instalaciones en el archipiélago para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente, y para el reciclado de textiles y residuos plásticos. Se prevé incrementar esta partida con más de tres millones adicionales.

El cuarto apartado se ha dotado con más de un millón de euros, que se incrementarán en casi 400.000 euros, para proyectos de construcción y mejora de instalaciones de recogida, triaje y clasificación de residuos (como puntos limpios), y para mejora de instalaciones de tratamiento mecánico – biológico existentes, para incrementar su eficacia en la recuperación de materiales para ser reciclados.

Las personas o entidades interesadas en optar a estas líneas de ayudas podrán presentar sus solicitudes hasta el 6 de septiembre de 2022.

Las personas jurídicas, deberán hacerlo a través del procedimiento de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias:

https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/7393.

Las personas físicas, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas, podrán optar por efectuar su solicitud a través del citado procedimiento en sede electrónica, o mediante la cumplimentación del modelo normalizado disponible en el mismo enlace, que deberán imprimir, firmar y presentar en formato papel en una de las oficinas de registro de la Comunidad Autónoma.

Las solicitudes podrán referirse a proyectos iniciados a partir del 1 de marzo de 2020, y en todo caso las actuaciones objeto de financiación deberán haberse iniciado como máximo el 30 de junio de 2023, y finalizar antes del 31 de enero de 2026.

El objeto subvencionable que se incluya en las solicitudes a la convocatoria deberá cumplir los requisitos propios aplicables a los fondos Next Generation EU y que se detallan en las bases y la normativa aplicable.

La convocatoria se rige por el régimen de concurrencia competitiva, estableciendo las bases los criterios para la adjudicación de las subvenciones, aplicables en cada una de las líneas de financiación. Las solicitudes serán valoradas, aplicando dichos criterios, por una Comisión de Valoración constituida por personal adscrito a las unidades provisionales creadas en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, para la gestión de los Fondos Next Generation EU asignados a este departamento.

Las personas que deseen obtener asesoramiento personalizado y gratuito sobre cómo acogerse a esta convocatoria pueden contactar con las Oficinas Verdes de Canarias llamando al teléfono de información general 922 53 41 21 o visitando su web www.oficinasverdes.es .

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El Gobierno pagó a sus proveedores el primer semestre del año en la mitad del plazo exigible

La Comunidad Autónoma vuelve a cumplir con holgura el mandato legal que obliga al abono de las facturas en un período máximo de 30 días

El vicepresidente y consejero de Hacienda destaca la diligencia de los departamentos y centros directivos del Ejecutivo a pesar de las tensiones inflacionistas que han condicionado los precios de los suministros

El Gobierno de Canarias pagó a sus proveedores en un promedio de 15,7 días durante el primer semestre de 2022, lo que da continuidad al escrupuloso cumplimiento del Ejecutivo de sus obligaciones frente a terceros desde que se inició el mandato, en julio de 2019.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, destacó hoy la diligencia de los diferentes departamentos autonómicos y centros directivos en la gestión de la responsabilidad de pagar en tiempo y forma sus facturas, “especialmente en circunstancias como las actuales, con una inflación desbocada que también ha condicionado los precios que la Administración abona por sus suministros y servicios”, por lo que les insta a mantener el cumplimiento de una exigencia legal que, a su vez, favorece la actividad económica.

Rodríguez reiteró, como ha hecho en otras ocasiones, la importancia que tiene para el tejido productivo canario que la Administración autonómica cumpla con sus obligaciones, “no en vano somos el principal actor económico del Archipiélago, con 10.000 millones de euros de gasto medio al año”.

“Con estos datos se entenderá perfectamente lo importante que es para la economía canaria que el Gobierno esté al corriente de los pagos y no genere tensiones de caja en nuestras pymes, autónomos y empresas, que ya lo están pasando mal por la escalada de los precios”, indicó el vicepresidente.

De acuerdo con los datos de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Ejecutivo pagó durante el mes de junio en 17,8 días, mientras que en los anteriores cinco meses nunca se superó este plazo; de hecho, en enero se registraron 14,2 días; en febrero; 15,2; en marzo, 14,5; en abril, 16, y en mayo, 17,1.

Sea como fuere, y tomando la globalidad del mandato -del que en junio se cumplieron 36 meses-, solo en tres meses no se pudo cumplir con el denominado formalmente Período Medio de Pago (PMP).

Precisamente, el PMP constituye un concepto especialmente importante en la contabilidad de las administraciones públicas, no solo por su propio objeto, sino porque es uno de los criterios cuyo cumplimiento se exige en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, so pena de aplicarse por el Estado medidas de corrección.

Se da la circunstancia de que ésta es la única regla fiscal que no se ha suspendido en los años 2020, 2021 y 2022.

En concreto, el apartado 6 del artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, introducido por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público, establece que las Administraciones Públicas deben publicar su período medio de pago a proveedores.