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Nieves Lady Barreto pide la creación de la Comisión autonómica para la Calidad del servicio público de Justicia

El Ministerio y el Gobierno de Canarias firman un convenio para reforzar la digitalización de la Justicia en las islas que regula la cesión de soluciones tecnológicas ya desarrollada por el Ministerio

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha solicitado hoy al secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, la creación de la Comisión autonómica para la Calidad del servicio público de Justicia, recogida en la Ley estatal de Eficiencia, “con el fin de contar lo antes posible con un órgano en Canarias donde analizar conjuntamente el funcionamiento de los órganos judiciales y resolver los problemas, tanto los que competen al Gobierno de Canarias, como los que competen a los operadores judiciales, para dar una respuesta más ágil”. En este sentido, Olmedo se comprometió a estudiar la puesta en marcha de esta Comisión, una de las herramientas que contempla la Ley Orgánica 1/2025, tanto a nivel estatal como autonómico.

Nieves Lady Barreto hizo estas declaraciones durante la firma de un convenio, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, entre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Gobierno de Canarias para reforzar la colaboración tecnológica.

Este convenio permite actualizar los servicios que el Ministerio presta a la comunidad autónoma, al tiempo que facilita la adopción de nuevas herramientas desarrolladas por la Administración General del Estado en el marco del proyecto de transformación digital del servicio público de Justicia.

El acto contó con la asistencia del viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana y la directora del Gabinete del secretario de Estado, Ainhoa Alday.

Con esta firma, Canarias se suma al modelo de utilización tecnológica que impulsa el Ministerio con las comunidades autónomas con competencias transferidas, como ya se hizo en febrero con el Principado de Asturias. Está previsto que próximamente se incorporen otros gobiernos regionales.

Durante el acto, el secretario de Estado de Justicia ha subrayado que estos acuerdos son esenciales para garantizar que el proceso de modernización de la Justicia llegue de forma efectiva y equilibrada a todos los territorios. Asimismo, ha reiterado la voluntad del Ministerio de seguir colaborando con todas las comunidades autónomas con competencias transferidas, no solo ofreciendo soluciones tecnológicas, sino también fortaleciendo los mecanismos de coordinación institucional necesarios para consolidar un modelo de Justicia conectado, eficiente y orientado a la ciudadanía.

Una arquitectura común para una Justicia más ágil y digital

La iniciativa se enmarca en la implantación progresiva del Nuevo Modelo de Oficina Judicial y Tribunal de Instancia recogido en la Ley Orgánica 1/2025, de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, y en la nueva gobernanza digital del sistema judicial. El objetivo es garantizar una justicia más ágil, interoperable y centrada en el dato, a través de una arquitectura tecnológica común que permita aprovechar recursos públicos ya existentes.

Entre los servicios y desarrollos que podrán utilizarse en Canarias se encuentran la Carpeta Justicia como canal único de relación digital con la ciudadanía, el Sistema de Información del Registro Civil (DICIREG), el Escritorio Virtual de Interacción Digital (EVID), el servicio de Cita Previa, LexNet (herramienta de comunicación entre órganos judiciales y operadores jurídicos), o el Hub de Interoperabilidad de Justicia.

También se incluirán soluciones avanzadas de tramitación automatizada integradas con otras administraciones públicas y otras aplicaciones novedosas relacionadas con la robotización de procesos, la textualización o la IA. Todas estas herramientas se transferirán con soporte técnico, garantías de seguridad y documentación funcional completa.

Este modelo de cooperación permite también que la comunidad autónoma pueda adaptar y enriquecer estos servicios con sus propias aportaciones, fomentando así un ecosistema compartido de innovación pública en el ámbito judicial.

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Transición presenta la actualización del censo de vertidos de Canarias como eje clave para avanzar en su regulación

Zapata: “el actual censo nos muestra que más del 50% de los puntos de vertidos no autorizados, se encuentran en trámites de regularizarse, para ello agilizamos procesos, ayudamos a las administraciones competentes y damos a la ciudadanía una respuesta clara y transparentemente ante su preocupación por esta cuestión, ya que podrá consultarse públicamente”

Esta herramienta es fundamental para regular, controlar y reducir el impacto ambiental de las aguas residuales que se descargan al mar, afianzando el compromiso del ejecutivo con la salud pública, la biodiversidad marina y el desarrollo sostenible del territorio

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias presenta el censo de vertidos de Canarias actualizado. Un mapa que refleja el estado actual de los vertidos tierra-mar. Es decir de las aguas residuales  (doméstica, industrial o fluvial), que se descargan al mar y que mayoritariamente cuentan con el tratamiento adecuado, a través de emisarios submarinos o conducciones desde tierra.

Dicho censo se postula como una fotografía de la situación actual que, en un ejercicio de máxima transparencia, es pública para el ciudadano y que se determina clave para  avanzar en su gestión, dando respuesta a una de las problemáticas ambientales más complejas del archipiélago.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, ha explicado que “supone un avance con respecto al anterior de 2021, en el que se registraron 434 y actualmente estamos en 403 puntos, de los que 351 están activos y de ellos el 55% están autorizados o en proceso de estarlo”

En este sentido ha destacado “la intensa colaboración y trabajo con las administraciones como cabildos y ayuntamientos, además de mejoras técnicas para su actualización, como el uso de drones”. Asimismo. ha indicado que “se ha priorizado la evaluación de los 20 vertidos más contaminantes, firmando convenios para su regularización urgente”.

“Este nuevo Censo es mucho más que una fotografía actualizada: Es la base sobre la que construir un futuro con mayor seguridad ambiental, mejor calidad de vida para la ciudadanía y un nuevo modelo de gobernanza en materia de aguas. Una herramienta pública y útil que marcará el camino en los próximos años”, apuntó Zapata.

El nuevo censo, en detalle 

La elaboración del nuevo censo ha implicado un análisis exhaustivo de los vertidos existentes, su estado administrativo, y su afección al medio marino, con el fin de ofrecer una herramienta de gestión efectiva.

Esta actualización del censo que hoy se presenta podrá ser consultada por todos los canarios a través del siguiente enlace, en el apartado de calidad ambiental, y en ella se identifican los puntos de vertido autorizados, los que están en proceso de serlos y los que carecen de cualquier título habilitante para estar funcionando, y por tanto suponen que en caso de evacuar estaríamos ante una infracción grave. Dicho censo conlleva además una actualización periódica donde se reflejarán los cambios, a medida que se vayan produciendo.

Desde la Consejería insisten en que esta medida forma parte de una estrategia más amplia, donde la coordinación interadministrativa —entre Gobierno, cabildos, ayuntamientos y operadores— es esencial para lograr resultados tangibles y sostenibles a medio y largo plazo.

La Consejería, en el marco de sus competencias, que no abarcan las de seguimiento de la calidad de aguas costeras, las de los vertidos mar-mar ni las de ejecución de infraestructuras de depuración presenta este censo para mejorar la situación actual del censo.

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Servicios Sociales destina 15 millones al programa de tarjetas para alimentos y productos de higiene

El Gobierno de Canarias autoriza el gasto para la convocatoria de subvenciones destinadas al programa de Asistencia Material Básica

Las ayudas buscan combatir la pobreza y la exclusión social, especialmente entre familias con menores a cargo

El Gobierno de Canarias ha autorizado en Consejo de Gobierno el gasto para la convocatoria en concurrencia competitiva de la concesión de subvenciones para las anualidades 2025, 2026 y 2027, destinadas a financiar el desarrollo del Programa del Fondo Social Europeo Plus de Asistencia Material Básica (Programa Básico) en Canarias, por un importe total que asciende a 15.921.797,50 euros.

A través de este programa se busca combatir la pobreza y la exclusión social, especialmente entre familias con menores a cargo, proporcionando ayuda económica para la adquisición de alimentos y productos de higiene básica, mediante un sistema de tarjetas monedero, que las familias podrán utilizar para el pago de esos productos en el supermercado.

El objetivo de esta convocatoria de ayudas no es solo sufragar los gastos que conlleva la provisión de estas tarjetas para la compra de productos de alimentación y de asistencia material básica, sino también impulsar el desarrollo de medidas de acompañamiento que tengan como fin favorecer la inclusión social de familias con menores a cargo que se encuentran por debajo del umbral de pobreza severa.

El programa de Asistencia Material Básica cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

La concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, que estarán gestionadas por la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, contempla una financiación de carácter plurianual 2025-2027, distribuida de la siguiente forma: 3.572.299,50 euros para el año 2025; de 6.113.535 euros para 2026 y 6.235,963 para 2027.

Requisitos de las familias beneficiarias

Según se establece en el propio programa europeo y en las bases de la orden de la convocatoria, la intervención se concentrará en las familias con menores a cargo, que se encuentren por debajo del umbral de pobreza severa. En concreto, serán destinatarias aquellas familias con menores a cargo que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la renta mediana estatal

Se establece, además, un importe de la ayuda entre los 1.560 euros y los 2.640 euros al año, lo que supone entre 130 y 220 euros al mes, en función de la composición de la unidad de convivencia.

La ayuda tendrá una validez reconocida de 12 meses, con posibilidad de prórrogas, cada una por ese mismo período. La persona que crea cumplir con los requisitos para solicitar la tarjeta monedero, puede acudir a su centro municipal de servicios sociales y solicitar información.

Turismo inicia la consulta pública para definir la futura ley de ordenación que vertebrará el sector en Canarias

La nueva norma sustituirá a las Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias y a la 2/2013 de Renovación y Modernización Turística

El proceso está abierto hasta el próximo 8 de agosto en el portal de transparencia de la Administración autonómica

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha iniciado este lunes el trámite de consulta pública previa a la redacción de un borrador del anteproyecto de ley de la futura norma que vertebrará el turismo en el archipiélago. 

Las organizaciones, colectivos y ciudadanos en general interesados podrán realizar sus aportaciones a la norma hasta el próximo 8 de agosto a través del portal de participación de la Administración autonómica https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas.

La normativa sustituirá a la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias y a la Ley 2/2013 de Renovación y Modernización Turística, indefectiblemente unidas. Este proceso es fundamental porque permitirá recabar la sensibilidad de todas las personas interesadas y sus sugerencias servirán para enriquecer el texto de la futura ley.

Con esta nueva reglamentación se persigue “actualizar una norma que pretende responder a los retos actuales y futuros del sector, desde una perspectiva sostenible, participativa y adaptada al contexto insular, tal y como nos habíamos marcado al inicio de la legislatura”, aseguró la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León.

De León señaló que “el objetivo es que estas dos leyes se unifiquen en una única ley que estructure el turismo en Canarias, además de hablar del presente y del futuro de los próximos treinta años”.

La consulta pública se suma al proceso participativo iniciado por las dos universidades públicas canarias el pasado mes de mayo, donde se abordó en distintas mesas de trabajo la calidad en el empleo en el ámbito turístico; la ordenación de la actividad turística alojativa; la inspección, comprobación y control de la actividad turística; la ordenación de las actividades turísticas no alojativas y la ordenación del territorio, planificación turística, sostenibilidad y modernización. Las conclusiones se incluirán en el borrador del texto de la ley.

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