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Miguel Ángel Rodríguez: «No se prohibirá la vivienda vacacional, se va a ordenar antes de que sea insostenible»

Miguel Ángel Rodríguez ha ofrecido en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria la cuarta jornada informativa sobre la futura Ley de Ordenación del Uso Turístico de las Viviendas

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad este jueves a los propietarios de vivienda vacacional, a los que ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no va a prohibir esta modalidad alojativa, sino que la va a ordenar antes de que sea insostenible.

Así lo ha afirmado durante la charla que ofreció en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, en Las Palmas de Gran Canaria, para explicar los detalles de la consulta pública previa a la futura Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de las viviendas. «A día de hoy, con 200.000 plazas, el alquiler vacacional puede ser una actividad rentable, pero si no ponemos límites, si no actuamos a tiempo, dentro de dos o tres años habrá 400.000 plazas y se va a desbordar».

Rodríguez recordó que tanto el Ministerio de Turismo como la Unión Europea coinciden en la necesidad de regular mejor esta modalidad alojativa, y que algunos Ayuntamientos de España, como el de Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián, Palma de Mallorca o Madrid, ya han aprobado sus propias normativas. «No se va a afectar directamente a nadie, sino que se van a reequilibrar todos los intereses en juego», insistió.

El director general anunció, además, que la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, organizará una segunda jornada informativa en Gran Canaria, tras haberse superado este jueves el aforo permitido.

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Gran acogida en Tenerife en la sesión sobre la consulta pública de la Ley del uso turístico de viviendas

Más de 200 personas acudieron este martes al salón de actos de Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife, donde la vivienda vacacional ha marcado el centro del debate

La jornada informativa sobre la fase de consulta pública de la futura Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de viviendas congregó este martes en el salón de actos de Presidencia del Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife, a más de 200 personas, entre las que se encontraban también representantes municipales.

Se trata de un nuevo paso dentro del proceso participativo que está llevando a cabo la Consejería de Turismo y Empleo, a través de la dirección general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, como órgano competente en esta materia.

La consulta pública, abierta a toda la población a través del Portal de Transparencia de la administración autonómica hasta el próximo 26 de noviembre, servirá para recabar la opinión y sugerencias de la ciudadanía.

En la sesión informativa, presidida por el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, se marcó como centro del debate la vivienda vacacional, asunto en el que, insistió, “no es un problema en sí, pero lo es la dimensión del fenómeno que está creciendo de forma exponencial”. En este sentido, añadió que “la oferta turística de vivienda hay que regularla desde criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental”.

Las personas asistentes tuvieron oportunidad de expresar sus opiniones, al tiempo que el director general aclaraba que la futura Ley no va a prohibir el alquiler vacacional, sino que ordenará esta modalidad alojativa.

Desde la Consejería de Turismo y Empleo se recuerda que el 2 de noviembre tendrá lugar la próxima sesión informativa en Gran Canaria, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología (10:00 a 13:00). Posteriormente se celebrarán en La Palma, La Gomera y El Hierro.

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Más de 130 personas asisten en Lanzarote a la sesión informativa sobre la ley que regulará el alquiler vacacional

El director general de ordenación turística señaló que el texto normativo se redactara tras recabar la opinión de la ciudadanía

La futura Ley de Ordenación del uso turístico de viviendas tendrá como eje fundamental la sostenibilidad, entendida desde el punto de vista sociocultural, económico y medioambiental, y buscará el equilibrio entre el residente y el turista. Así lo explicó hoy en Lanzarote el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez.

“Iniciamos, aquí, en Lanzarote, la ronda de sesiones informativas, donde el objetivo es explicar la finalidad y el contenido de la consulta pública que se abrió esta semana, tras su aprobación en el Consejo de Gobierno, para que la ciudadanía pueda expresar su opinión y presentar propuestas sobre el futuro texto normativo”, aseguró el director general. La asistencia de público a las jornadas duplicó la previsión y más de 130 personas asistieron a la convocatoria.

Durante su intervención, Rodríguez recordó que la iniciativa que quiere impulsar la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, pretende regular mejor el uso turístico de las viviendas en Canarias, atendiendo fenómenos como el alquiler vacacional, que ya representa más del 30% de la oferta alojativa en Canarias, con 46.486 viviendas.

Insistió, sin embargo, en que a día de hoy no existe un borrador de la Ley, puesto que el texto se redactará una vez termine el plazo de consulta pública, el próximo 26 de noviembre, y se hayan estudiado todas las propuestas. “Primero, hay que escuchar a la población. No se puede redactar un proyecto normativo sin conocer, previamente, las expectativas de la ciudadanía”, apuntó.

El director general subrayó también que la ordenación turística es una cuestión “de gran importancia para la sostenibilidad de Canarias”, y no atañe solamente al turismo. “Es algo mucho más transversal, que tiene que ver con el derecho a una vivienda digna y adecuada, a precios asequibles; con la calidad de vida, con la movilidad, nuestro patrimonio cultural o la protección del consumidor”.

Próximas jornadas

Miguel Ángel Rodríguez aprovechó la visita a Lanzarote para lanzar un mensaje a la ciudadanía de Canarias y animarle a participar, tanto en las próximas jornadas informativas como en la consulta pública, ya que “cuantas más personas participen, mejor será el resultado legislativo para la población en general y para el futuro sostenible de Canarias”. Recordó, además, que, en las sesiones, todos los asistentes pueden formular sus preguntas y expresar sus puntos de vista, por lo que suponen un gran espacio de diálogo entre los distintos agentes y sectores de la sociedad.

La segunda sesión se llevará a cabo esta tarde en Fuerteventura, en el Centro Insular de Juventud de Puerto del Rosario (17:00 a 20:00 horas). El 31 de octubre se desarrollará en Tenerife, en el salón de actos del edificio de Presidencia del Gobierno (10:00 a 13:00). El 2 de noviembre se realizará en Gran Canaria, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología (10:00 a 13:00). Posteriormente se celebrarán en La Palma, La Gomera y El Hierro.

Por último, Rodríguez recordó que la consulta pública permanecerá abierta hasta el domingo 26 de noviembre en el portal web del Gobierno de Canarias, dentro del apartado de “Participación Ciudadana”.

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Sale a consulta pública el reglamento que reducirá los plazos para el reconocimiento de la dependencia en Canarias

El Gobierno inicia la digitalización y metadatación del Archivo General de la Administración Pública autonómica

Con la aprobación de este futuro decreto se busca simplificar y reducir el tiempo de tramitación para el reconocimiento del grado de dependencia y para acceder a las prestaciones que contempla la ley

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha sacado a consulta pública el reglamento para la aprobación del nuevo decreto que regulará el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones. Esta normativa reducirá los trámites administrativos actuales y agilizará notablemente el acceso de la ciudadanía a los derechos que contempla la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Como se detalla en el documento expuesto a consulta pública, el objetivo de la aprobación del decreto es lograr la simplificación administrativa y reducir los plazos de tramitación al establecer una configuración monofásica del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia y para la aprobación del Plan Individualizado de Atención (PIA).

De esta forma, con la aprobación del nuevo decreto, se pasará de las dos fases en vigor actualmente a un procedimiento unificado que concluya con una resolución única donde se reconozca el grado y el derecho efectivo de las prestaciones que le correspondan a la persona reconocida como dependiente, a partir de la aprobación del PIA. Esta unificación de dos procedimientos en uno solo contribuirá de forma notable a reducir la burocracia y, en definitiva, a que los derechos se hagan efectivos en un breve período de tiempo.

En la actualidad, el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones que de tal situación se deriven, tal y como fue concebido inicialmente en el año 2008, es un procedimiento complejo que se desarrolla en dos fases -reconocimiento de la dependencia y aprobación del Programa Individual de Atención (PIA)-, en el que intervienen múltiples profesionales (técnicos y administrativos), y cuya culminación resulta difícilmente posible en los tiempos legalmente establecidos.

“Esta medida de simplificación administrativa, una de las primeras que anunciamos al llegar a la Consejería, será fundamental para cambiar los ritmos en materia de dependencia, algo esencial para garantizar el acceso a este derecho por parte de la ciudadanía en tiempo y forma”, señala la consejera del área, Candelaria Delgado. “Se trata, en definitiva, que Canarias se acoja al modelo ya usado en otras comunidades autónomas y cuyos resultados demuestran importantes ventajas de cara a la agilización del procedimiento”.

Además de esta medida, la Consejería seguirá trabajando para solucionar la demora en la tramitación de este procedimiento con otras medidas no regulatorias, como son la actualización de las herramientas informáticas o de la relación de puestos de trabajo.

Las personas y entidades podrán hacer sus aportaciones en el siguiente enlace de PARTICIPACIÓN CIUDADANA del Gobierno de Canarias.

 

 

 

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El Gobierno pretende modificar la Ley de Asociaciones de Canarias para dotarlas de mayor seguridad jurídica

El Gobierno pretende modificar la Ley de Asociaciones de Canarias para dotarlas de mayor seguridad jurídica

La normativa vigente, con 19 años de existencia, será adaptada a las nuevas tecnologías y a la realidad actual de las islas, donde hay más de 20.000 asociaciones registradas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad abrió el pasado viernes 20 de mayo el periodo de consulta pública previa con objeto de recabar, hasta el 17 de junio, la opinión de todas las personas y organizaciones interesadas en la disposición

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha iniciado este pasado viernes, 20 de mayo, a iniciativa de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, la fase de consulta pública previa del anteproyecto de ley de modificación de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, iniciativa que tiene por objeto dotar de mayor seguridad jurídica a todas las partes que intervienen en el proceso. Las aportaciones podrán realizarse hasta el próximo 17 de junio de 2022 a través del acceso web para la Participación Ciudadana https://bit.ly/3MveTXc.

Según ha explicado la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, el objetivo que persigue esta modificación es adecuar la norma vigente, con más de 19 años de existencia, al momento actual, haciéndola más clara, adaptándola al lenguaje inclusivo, eliminando el lenguaje sexista para evitar discriminaciones de género, y a los medios técnicos y digitales actuales con el fin de evitar la brecha digital y permitir la celebración de juntas mediante el uso de medios digitales.

Saavedra ha recordado que el asociacionismo, hoy en día hay en las islas más de 20.000 asociaciones registradas, cuenta con un extraordinario arraigo en Canarias, “siendo una de las formas de organización de la participación ciudadana más habitual”, y ha añadido que el movimiento asociativo “ha sido punto de encuentro entre la sociedad y las instituciones democráticas, sirviendo en muchas ocasiones como voz crítica”.

La futura ley simplificará la norma, evitando continuos juegos de remisiones normativas a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y se determinará con claridad el régimen de responsabilidad de quienes forman parte de la asociación. Con ello se pretende que las y los socios conozcan las posibles consecuencias jurídicas de los actos de la asociación, dotando además de una mayor seguridad jurídica a las personas que puedan verse afectadas.

Por otro lado, contemplará también los casos de insolvencia de la asociación y las situaciones de procedimiento concursal que no están previstos en la norma actual, e incluirá la mediación civil y mercantil como fórmula para dirimir conflictos entre las personas que integran la asociación, lo que evitará el desgaste económico y emocional de acudir a los tribunales para dirimir disputas entre las personas asociadas.

Así mismo, con la nueva ley se aumentará y modificará el control sobre las asociaciones de interés público, dado su alto grado de profesionalización. Para ello, podría ser conveniente una reforma integral de la figura del Consejo Canario de Asociaciones, dotándolo de mayores atribuciones o sustituyéndolo por otro órgano con funciones inspectoras.

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Transición Ecológica saca a información pública el proyecto de saneamiento y depuración de Valle Gran Rey

El consejero José Antonio Valbuena destaca la importancia de estas actuaciones para cumplir con la normativa vigente en materia de vertidos y mejorar el ciclo del agua “de manera que se pueda emplear el agua regenerada para aplicaciones agrícolas”

Se abre un plazo de 30 días hábiles para presentar alegaciones

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Planificación Territorial y Transición Ecológica, ha sacado a información pública y consulta a las administraciones públicas afectadas el proyecto constructivo para el saneamiento y depuración de Valle Gran Rey y su Estudio de Impacto Ambiental, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 2.827.491,12 euros.

El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, explicó que este tipo de proyectos son importantes para mejorar la gestión del agua en nuestra tierra y completar el ciclo que permite su aprovechamiento. “En el caso de Valle Gran Rey, es un paso necesario para adaptar sus instalaciones a la normativa de vertidos vigente y, además, se mejorará la calidad del agua regenerada, de forma que se pueda aprovechar para la agricultura”.

A partir de hoy se abre un plazo de 30 días hábiles para que las personas y administraciones públicas interesadas puedan presentar sus alegaciones a esta actuación. Toda la información se encuentra desde este miércoles, 31 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) n.º 269.

El proyecto consiste en la actualización de los equipos mecánicos de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Valle Gran Rey con el objetivo de garantizar que los procesos de depuración cumplen con la normativa actual de vertido. Además, se trabajará sobre la red de canalizaciones exteriores que conecta la depuradora con el núcleo urbano para llevar a cabo la impulsión del agua regenerada y se dotará a la plata de una red de telecomunicaciones.

 

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Comienza el trámite de la nueva Ley de Gobierno Abierto: información, datos y rendición de cuentas serán sus ejes

La nueva normativa sustituirá las actuales leyes de Transparencia y de Participación Ciudadana

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad abre hasta el 24 de enero la consulta pública previa de la nueva ley

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inició este lunes, 14 de diciembre, la fase de consulta pública previa para la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias, con la que se derogarán las actuales Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. Las aportaciones podrán realizarse hasta el próximo 24 de enero de 2021 a través del acceso web para la Participación Ciudadana.

El gobierno abierto se ha convertido en un nuevo modelo de política pública, donde sus ejes principales son la transparencia, la apertura de datos públicos y la participación activa de la ciudadanía en los procesos de diseño y toma de decisión sobre políticas públicas.

Con esta nueva reglamentación, tal como explica la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, se busca crear un marco normativo de gobierno abierto que coordine y desarrolle adecuadamente la apertura de datos a través de los datos abiertos, la transparencia y la rendición de cuentas, y la participación ciudadana en las decisiones públicas.

También se pretende actualizar la legislación en materia de participación ciudadana, mejorar la redacción y revisar las exigencias de la normativa de transparencia y desarrollar una normativa propia de datos abiertos para la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por otro lado, en el contexto de los proyectos de la Agenda Canaria 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Reactivación Socioeconómica de Canarias, los principios del gobierno abierto constituyen un eje clave para su ejecución, especialmente en el cumplimiento del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 16.

La Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con dos normas que regulan dos de los pilares de gobierno abierto, aprobadas en distintos periodos legislativos que regulan la transparencia y la participación ciudadana, y que hará que ambas confluyan en la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias.

La Ley de Transparencia facilitó que todas las administraciones públicas de Canarias comenzaran a hacer efectiva la publicación de su información, a través de sus portales de transparencia. Con la nueva ley se actualizará esta normativa, incorporando la experiencia en su ejecución y desarrollo.

Respecto a la norma de participación ciudadana, esta data del año 2010, cuando prácticamente no existían referencias ni en el ámbito estatal ni en el autonómico, por lo que ha quedado desfasada. De hecho, el pasado 30 de julio se acometió una reforma puntual de esta ley que permitió configurar el Registro de Participación Ciudadana como un registro obligatorio, no de personas o entidades, sino de procesos participativos, garantizando su carácter abierto y accesible.

En lo que respecta a la apertura de datos de las administraciones públicas de Canarias, no existe regulación de referencia dentro la comunidad autónoma y, por lo tanto, se hace indispensable el desarrollo de una norma de aplicación en esta área.

Así mismo, la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias ha de atender la perspectiva de género de forma integral, resultando pertinente su evaluación. Sin limitarse únicamente a la adecuación del lenguaje empleado, el futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, ha de potenciar la obtención de datos sobre el sexo de las personas en los diferentes ámbitos de actuación administrativa, así como su rango de edad, para una correcta valoración de la incidencia del género en los distintos aspectos relacionados con la administración pública y sus posibles efectos de cara a la ciudadanía en la toma de sus decisiones.

Tres objetivos esenciales

La regulación de Ley de Gobierno Abierto de Canarias tendrá tres objetivos esenciales. El primero de ellos será crear un marco normativo de gobierno abierto como filosofía de las actuaciones y gobierno y que coordine sus pilares, el segundo fomentar e impulsar la apertura de datos en formato abierto, la transparencia comunicada y la rendición de cuentas, y por último, facilitar la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicas.

Por ello, la norma tendrá que actualizar las obligaciones de transparencia de las administraciones públicas de Canarias, evitando ambigüedades y fomentando que, en la medida de lo posible, estas se basen en datos abiertos.

También tendrá que profundizar en el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que incidan directa e indirectamente en el interés público y su gobernanza, promoviendo los cauces efectivos que garanticen una participación real y efectiva en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como en la elaboración de planes, programas y proyectos y en la gestión de los servicios públicos.

Por último, establecerá un único punto de acceso a los datos de las administraciones públicas de Canarias en formato abierto, con el objetivo de incrementar, paulatinamente, el número e interés de los conjuntos de datos publicados, alineándose con la apertura de los datos de alto valor que se promueve desde la Unión Europea.

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La Consejería somete a consulta pública los anteproyectos de ley de Cooperativas y Economía Social de Canarias

Participación ciudadana

El proceso administrativo de participación ciudadana de las dos iniciativas legislativas durante los próximos quince días coincide con una ronda de encuentros con los agentes económicos y sociales

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias publicó esta semana en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el inicio del periodo de consulta pública previa de los anteproyectos de Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias y de Economía Social de Canarias para recabar la opinión de las personas y organizaciones con mayor representatividad e interés por las dos normas.

Junto al trámite previsto en las leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (39/2015) y de Fomento a la Participación Ciudadana (5/2010), el departamento dirigido por Elena Máñez celebrará una ronda de encuentros durante las próximas semanas con los agentes económicos y sociales del Archipiélago concernidos por ambas iniciativas.

Según el anuncio incluido este jueves en el BOC, el Servicio Canario de Empleo (SCE) fija un plazo de quince días naturales a partir del 21 de febrero para realizar las correspondientes aportaciones a la memoria justificativa de la Ley de Economía Social de Canarias, disponible en el Portal de Participación Ciudadana.

Hasta el 6 de marzo, por tanto, la ciudadanía podrá presentar las alegaciones, observaciones o sugerencias pertinentes a través del formulario establecido en el portal participativo, en los registros presenciales del SCE o en la sede electrónica del organismo autónomo, un proceso previo a la tramitación definitiva en el Parlamento de Canarias.

Amplio consenso

Para la Ley de Cooperativas de Canarias, el periodo de consulta se sitúa del 20 de febrero al 5 de marzo por idénticas vías administrativas, de acuerdo con el anuncio publicado el miércoles por el SCE.

Ya adelantada la víspera ante el pleno parlamentario, la consulta pública pretende conseguir “un amplio consenso” en la sociedad isleña alrededor de la iniciativa legislativa sobre las empresas cooperativas, según la consejera autonómica, “una reivindicación histórica”. “Creemos profundamente en la economía social y si alguien representa ese modelo, esas son las cooperativas”, destacó Elena Máñez.

“En nuestra aspiración de avanzar en un modelo de sociedad más justa, más equitativa y con más cohesión social en el marco de la Agenda 2030, impulsar estas leyes es vital”, concluyó la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.

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