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Transición Ecológica saca a información pública el proyecto de saneamiento y depuración de Valle Gran Rey

El consejero José Antonio Valbuena destaca la importancia de estas actuaciones para cumplir con la normativa vigente en materia de vertidos y mejorar el ciclo del agua “de manera que se pueda emplear el agua regenerada para aplicaciones agrícolas”

Se abre un plazo de 30 días hábiles para presentar alegaciones

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Planificación Territorial y Transición Ecológica, ha sacado a información pública y consulta a las administraciones públicas afectadas el proyecto constructivo para el saneamiento y depuración de Valle Gran Rey y su Estudio de Impacto Ambiental, cuyo presupuesto base de licitación asciende a 2.827.491,12 euros.

El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, explicó que este tipo de proyectos son importantes para mejorar la gestión del agua en nuestra tierra y completar el ciclo que permite su aprovechamiento. “En el caso de Valle Gran Rey, es un paso necesario para adaptar sus instalaciones a la normativa de vertidos vigente y, además, se mejorará la calidad del agua regenerada, de forma que se pueda aprovechar para la agricultura”.

A partir de hoy se abre un plazo de 30 días hábiles para que las personas y administraciones públicas interesadas puedan presentar sus alegaciones a esta actuación. Toda la información se encuentra desde este miércoles, 31 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) n.º 269.

El proyecto consiste en la actualización de los equipos mecánicos de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Valle Gran Rey con el objetivo de garantizar que los procesos de depuración cumplen con la normativa actual de vertido. Además, se trabajará sobre la red de canalizaciones exteriores que conecta la depuradora con el núcleo urbano para llevar a cabo la impulsión del agua regenerada y se dotará a la plata de una red de telecomunicaciones.

 

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Comienza el trámite de la nueva Ley de Gobierno Abierto: información, datos y rendición de cuentas serán sus ejes

La nueva normativa sustituirá las actuales leyes de Transparencia y de Participación Ciudadana

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad abre hasta el 24 de enero la consulta pública previa de la nueva ley

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inició este lunes, 14 de diciembre, la fase de consulta pública previa para la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias, con la que se derogarán las actuales Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. Las aportaciones podrán realizarse hasta el próximo 24 de enero de 2021 a través del acceso web para la Participación Ciudadana.

El gobierno abierto se ha convertido en un nuevo modelo de política pública, donde sus ejes principales son la transparencia, la apertura de datos públicos y la participación activa de la ciudadanía en los procesos de diseño y toma de decisión sobre políticas públicas.

Con esta nueva reglamentación, tal como explica la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, se busca crear un marco normativo de gobierno abierto que coordine y desarrolle adecuadamente la apertura de datos a través de los datos abiertos, la transparencia y la rendición de cuentas, y la participación ciudadana en las decisiones públicas.

También se pretende actualizar la legislación en materia de participación ciudadana, mejorar la redacción y revisar las exigencias de la normativa de transparencia y desarrollar una normativa propia de datos abiertos para la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por otro lado, en el contexto de los proyectos de la Agenda Canaria 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Reactivación Socioeconómica de Canarias, los principios del gobierno abierto constituyen un eje clave para su ejecución, especialmente en el cumplimiento del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 16.

La Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con dos normas que regulan dos de los pilares de gobierno abierto, aprobadas en distintos periodos legislativos que regulan la transparencia y la participación ciudadana, y que hará que ambas confluyan en la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias.

La Ley de Transparencia facilitó que todas las administraciones públicas de Canarias comenzaran a hacer efectiva la publicación de su información, a través de sus portales de transparencia. Con la nueva ley se actualizará esta normativa, incorporando la experiencia en su ejecución y desarrollo.

Respecto a la norma de participación ciudadana, esta data del año 2010, cuando prácticamente no existían referencias ni en el ámbito estatal ni en el autonómico, por lo que ha quedado desfasada. De hecho, el pasado 30 de julio se acometió una reforma puntual de esta ley que permitió configurar el Registro de Participación Ciudadana como un registro obligatorio, no de personas o entidades, sino de procesos participativos, garantizando su carácter abierto y accesible.

En lo que respecta a la apertura de datos de las administraciones públicas de Canarias, no existe regulación de referencia dentro la comunidad autónoma y, por lo tanto, se hace indispensable el desarrollo de una norma de aplicación en esta área.

Así mismo, la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias ha de atender la perspectiva de género de forma integral, resultando pertinente su evaluación. Sin limitarse únicamente a la adecuación del lenguaje empleado, el futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, ha de potenciar la obtención de datos sobre el sexo de las personas en los diferentes ámbitos de actuación administrativa, así como su rango de edad, para una correcta valoración de la incidencia del género en los distintos aspectos relacionados con la administración pública y sus posibles efectos de cara a la ciudadanía en la toma de sus decisiones.

Tres objetivos esenciales

La regulación de Ley de Gobierno Abierto de Canarias tendrá tres objetivos esenciales. El primero de ellos será crear un marco normativo de gobierno abierto como filosofía de las actuaciones y gobierno y que coordine sus pilares, el segundo fomentar e impulsar la apertura de datos en formato abierto, la transparencia comunicada y la rendición de cuentas, y por último, facilitar la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicas.

Por ello, la norma tendrá que actualizar las obligaciones de transparencia de las administraciones públicas de Canarias, evitando ambigüedades y fomentando que, en la medida de lo posible, estas se basen en datos abiertos.

También tendrá que profundizar en el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que incidan directa e indirectamente en el interés público y su gobernanza, promoviendo los cauces efectivos que garanticen una participación real y efectiva en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como en la elaboración de planes, programas y proyectos y en la gestión de los servicios públicos.

Por último, establecerá un único punto de acceso a los datos de las administraciones públicas de Canarias en formato abierto, con el objetivo de incrementar, paulatinamente, el número e interés de los conjuntos de datos publicados, alineándose con la apertura de los datos de alto valor que se promueve desde la Unión Europea.

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La Consejería somete a consulta pública los anteproyectos de ley de Cooperativas y Economía Social de Canarias

Participación ciudadana

El proceso administrativo de participación ciudadana de las dos iniciativas legislativas durante los próximos quince días coincide con una ronda de encuentros con los agentes económicos y sociales

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias publicó esta semana en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el inicio del periodo de consulta pública previa de los anteproyectos de Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias y de Economía Social de Canarias para recabar la opinión de las personas y organizaciones con mayor representatividad e interés por las dos normas.

Junto al trámite previsto en las leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (39/2015) y de Fomento a la Participación Ciudadana (5/2010), el departamento dirigido por Elena Máñez celebrará una ronda de encuentros durante las próximas semanas con los agentes económicos y sociales del Archipiélago concernidos por ambas iniciativas.

Según el anuncio incluido este jueves en el BOC, el Servicio Canario de Empleo (SCE) fija un plazo de quince días naturales a partir del 21 de febrero para realizar las correspondientes aportaciones a la memoria justificativa de la Ley de Economía Social de Canarias, disponible en el Portal de Participación Ciudadana.

Hasta el 6 de marzo, por tanto, la ciudadanía podrá presentar las alegaciones, observaciones o sugerencias pertinentes a través del formulario establecido en el portal participativo, en los registros presenciales del SCE o en la sede electrónica del organismo autónomo, un proceso previo a la tramitación definitiva en el Parlamento de Canarias.

Amplio consenso

Para la Ley de Cooperativas de Canarias, el periodo de consulta se sitúa del 20 de febrero al 5 de marzo por idénticas vías administrativas, de acuerdo con el anuncio publicado el miércoles por el SCE.

Ya adelantada la víspera ante el pleno parlamentario, la consulta pública pretende conseguir “un amplio consenso” en la sociedad isleña alrededor de la iniciativa legislativa sobre las empresas cooperativas, según la consejera autonómica, “una reivindicación histórica”. “Creemos profundamente en la economía social y si alguien representa ese modelo, esas son las cooperativas”, destacó Elena Máñez.

“En nuestra aspiración de avanzar en un modelo de sociedad más justa, más equitativa y con más cohesión social en el marco de la Agenda 2030, impulsar estas leyes es vital”, concluyó la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.

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