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Educación impulsa nuevas herramientas digitales para reforzar la relación entre los centros y las familias

Con la actualización de dos de sus aplicativos, Pincel Ekade y App Familias, permitirá facilitar gestiones cotidianas y avanzar hacia una administración educativa más ágil y cercana

Entre otras novedades, facilitará la justificación digital de faltas de asistencia o la gestión telemática de autorizaciones para actividades complementarias y extraescolares, así como un sistema de mensajería que permite la comunicación directa entre familias y docentes

La medida forma parte del Plan de Simplificación Administrativa y de Mejora de la Gestión de la Educación en Canarias 2025-2027, impulsado por la Consejería

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, que dirige Poli Suárez, estrena este lunes nuevas funcionalidades digitales en sus aplicaciones Pincel Ekade Web y App Familias, dirigidas a las familias de los centros educativos públicos del archipiélago, como parte del proceso de modernización tecnológica impulsado por el departamento para mejorar la gestión y simplificar los trámites administrativos en el sistema educativo canario.

Estas mejoras, que se incorporan a través de una nueva versión de ambas aplicaciones disponibles desde este lunes, permitirán la justificación digital de faltas de asistencia, la gestión telemática de autorizaciones para actividades complementarias y extraescolares, así como una comunicación bidireccional entre los equipos docentes y las familias. Se trata de un conjunto de avances que refuerzan la transparencia, reducen la carga burocrática y facilitan una mayor implicación de las familias en la vida escolar.

Las nuevas funcionalidades, integradas en los dos entornos digitales de gestión educativa, Pincel Ekade Web y App Familias, también incorporan un diseño más intuitivo y accesible, que se ha implementado a través de un proceso de pilotaje desarrollado en distintos centros en los últimos meses, permitiendo acercar su funcionamiento y características al máximo a las necesidades reales de las comunidades educativas de las islas. Esta actuación supone un avance importante en la digitalización de servicios públicos educativos, alineado con la estrategia de simplificación administrativa promovida por el departamento que dirige Poli Suárez.

Sobre esta actualización, el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, explicó que “tanto el profesorado como las familias agradecerán unas mejoras que facilitan la comunicación, reducen la burocracia y contribuyen a una educación más conectada y eficiente”. Asimismo, recordó que este estreno supone un punto de partida, ya que desde la Consejería “seguiremos mejorando esta herramienta con nuevas funcionalidades en futuras actualizaciones que reforzarán su utilidad para docentes y familias”.

El desarrollo tecnológico de los aplicativos ha sido realizado por el Servicio de Informática y Nuevas Tecnologías de la Consejería de Educación, en coordinación con la Viceconsejería de Educación, dentro de la hoja de ruta marcada por el Plan de Simplificación Administrativa y Mejora de la Gestión de la Educación en Canarias 2025-2027, que busca modernizar los procedimientos, optimizar los recursos y acercar la administración educativa a la ciudadanía.

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Canarias elimina de forma definitiva las tasas para obtener los certificados profesionales

El acceso a estos títulos oficiales será gratuito para toda la ciudadanía, facilitando la formación, la mejora de la empleabilidad y el acceso al mercado laboral, especialmente para personas trabajadoras y colectivos con mayores dificultades

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha suprimido las tasas que hasta ahora debían abonar los ciudadanos para obtener los certificados profesionales y para la acreditación de unidades de competencia. La medida supone un avance significativo en la democratización del acceso a la formación oficial y en la mejora de la empleabilidad en el Archipiélago.

La decisión, en vigor el pasado 1 de enero, establece que ya no será necesario realizar ningún desembolso económico para solicitar un certificado profesional ni para el procedimiento de acreditación de unidades de competencia. La medida tiene carácter definitivo e indefinido y se consolida como uno de los pilares de las políticas activas de empleo en las islas.

La directora del SCE, María Teresa Ortega, destaca la relevancia social de esta iniciativa ya que «con esta medida se elimina una barrera económica que afectaba directamente a las personas trabajadoras, especialmente a quienes están en proceso de reciclaje profesional y a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral».

Además, Ortega subraya que esta gratuidad garantiza que «la mejora profesional no dependa de los recursos económicos de cada persona, sino de la voluntad de aprender y acceder a un puesto de trabajo acorde a la formación certificada».

Los certificados profesionales son titulaciones oficiales que acreditan los conocimientos y habilidades necesarios para el desempeño de una profesión concreta. Su obtención es una herramienta clave para quienes buscan empleo y desean mejorar su situación laboral actual o reorientar su carrera hacia otros sectores.

La eliminación de las tasas simplifica los trámites administrativos y agiliza el sistema, haciéndolo más cercano y reduciendo la carga de gestiones para los usuarios.

Canarias reclama participar en el diseño de la política migratoria europea y en los foros UE-África

El viceconsejero Octavio Caraballo subraya en un foro del Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM) en Roma que el Pacto de Migración y Asilo “tal como está diseñado, puede agravar la presión, no aliviarla”

El director general de Relaciones con África, Luis Padilla, detalló el programa Tierra Firme como caso de éxito en la cooperación con países emisores y de tránsito de migrantes

El Gobierno de Canarias ha vuelto a reclamar medidas específicas para las regiones fronterizas -especialmente para Canarias- en el Pacto de Migración y Asilo. El acuerdo de los 27 entrará en vigor en junio y, tal como está diseñado, “lejos de aliviar la presión que sufre el archipiélago, puede agravarla”, denunció el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo. Para que este documento sea efectivo, dijo, es necesario “más solidaridad, financiación, protección real a los menores, un enfoque atlántico y voz para quienes estamos en la frontera exterior”.

Canarias ha participado este viernes en Roma en un foro sobre migración organizado por el Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM) celebrado en Roma. En esta jornada, Caraballo, y el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, destacaron las posibles repercusiones del Pacto Europeo en las islas, así como las iniciativas de cooperación que el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha en distintos países africanos para contribuir a su desarrollo.

Tanto Caraballo como Padilla pusieron de manifiesto la relevancia de participar en este tipo de encuentros para dar a conocer el impacto de la migración en Canarias como frontera sur de Europa y los desafíos que ha tenido que afrontar el Gobierno autonómico para gestionar este reto. Además, esta colaboración con el IEAM permitirá al Gobierno de Canarias reforzar una red estable de interlocutores en países clave de origen y tránsito y posicionar a las islas como un actor institucional relevante en el diálogo con contrapartes africanas y con socios europeos.

En este sentido, el viceconsejero del Gabinete del Presidente destacó que 2026 será crucial para la gestión de fronteras y el control del flujo de llegadas de migrantes a las islas, ya que en unos meses entrará en vigor el Pacto sobre Migración y Asilo. Su aplicación, afirmó, debe incluir medidas específicas para los territorios que son frontera, como Canarias.

Entre éstas, Caraballo citó como fundamental que se regionalicen los fondos previstos en el Pacto, de manera que se flexibilicen las normas comunes y se adapte la financiación a las condiciones del archipiélago. De otro modo, apuntó, el Pacto “no funcionará”.

“Los derechos no se externalizan”

Igualmente, entiende que la aplicación del acuerdo debe incluir mecanismos automáticos de derivación rápida desde Canarias hacia la península y otros Estados miembros, sobre todo para regiones ultraperiféricas y zonas de alta presión migratoria. En cualquier caso, puntualiza que “lo primero es cumplir y velar” por los derechos de las personas migrantes. Por ello, el Gobierno de Canarias propone su derivación a espacios seguros y rechaza los centros externalizados a cambio de financiación. “Los derechos y los deberes públicos se afrontan y se cumplen; no se externalizan”, señaló.

Recordó además que el Reglamento de Triaje contemplado en el Pacto obliga a realizar controles prolongados que pueden mantener a las personas migrantes hasta seis meses en Canarias, cuando hoy la media es de un mes. Hizo hincapié en que este extremo es “inasumible para un territorio limitado y fragmentado como el nuestro”.

En cuanto a los menores no acompañados -actualmente hay más de 4.100 bajo la tutela de Canarias-, indicó que la situación “es crítica”, con centros saturados y una reubicación mínima dentro de España. Por eso, entiende que es prioritario crear un sistema europeo de protección de menores no acompañados, con reubicación obligatoria y rápida, financiación estable para la acogida, educación y salud mental y estándares comunes de tutela.

Asimismo, Caraballo propuso que Europa reconozca formalmente la Ruta Atlántica como sistema migratorio específico, con estrategias propias de prevención, salvamento y cooperación, adaptadas a trayectos de más de 2.000 kilómetros. Además, planteó la inclusión de las regiones fronterizas en el diseño de la política migratoria europea y en los foros UE-África. A su juicio, “quienes gestionamos la migración en primera línea debemos participar en las decisiones”.

Cooperación

Por su parte, el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, dio cuenta de la estrategia de cooperación de Canarias con países del entorno más cercano en el continente africano para contribuir a generar desarrollo y economía en estos territorios y, a la vez, desincentivar la migración a través de la Ruta Atlántica.

Padilla se refirió a Tierra Firme, un proyecto ya consolidado puesto en marcha por el Gobierno de Canarias en varios países africanos con apoyo financiero de la AECID y con una metodología de colaboración público privada. El objetivo, recordó, es ofrecer formación a personas jóvenes y darles oportunidades de empleo y alternativas de futuro. De esta manera, “pueden tener la opción de quedarse en su tierra y no arriesgar su vida subiendo a un cayuco”, además de impulsar el talento que existe en estos países.

Mediante este programa ya se han formado más de 500 jóvenes en Senegal y Mauritania y se prevé replicarlo también en Gambia y Cabo Verde. Lo que hace Canarias, apunta el director general, es favorecer iniciativas que creen empleo y a la vez cubran las necesidades de personal de empresas locales. Se ha ofrecido capacitación en distintos sectores, sobre todo agricultura, turismo y textil y oficios relacionados con la construcción con una tasa de empleabilidad muy alta.

Para Padilla es esencial seguir reforzando la cooperación con países como Mauritania, Senegal, Gambia y Marruecos -de donde procede la mayoría de migrantes que llega a Canarias- evitando que más personas sigan llegando a las islas por vías irregulares.

Por otro lado, anunció que el Gobierno de Canarias tiene previsto aprobar proximamente la Estrategia Canarias-África, un plan que busca consolidar a las islas como puente cooperación entre África y Europa. Esta iniciativa busca fortalecer las relaciones institucionales, económicas, de cooperación territorial, así como en los ámbitos cultural, académico y deportivo con países africanos, priorizando socios estratégicos como Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde, y ampliando alianzas con Gambia, Ghana o Costa de Marfil.

 

 

 

 

 

 

Ayuntamientos y cabildos se suman a enriquecer el Decreto Canario para fortalecer su defensa ante Madrid

Clavijo agradece la colaboración de la Fecai y la Fecam tras subrayar la importancia de que el archipiélago acuda con unidad a la mesa de negociación con el Estado

El presidente anuncia que la propuesta enriquecida por los grupos parlamentarios será aprobada el lunes en Consejo de Gobierno como comunicación y elevada a la Cámara autonómica para su debate

El presidente Fernando Clavijo ha agradecido este viernes a cabildos y ayuntamientos su apuesta por colaborar con el Gobierno en la negociación con el Estado de Decreto Canarias. “Seguiremos mejorando el documento”, garantizó el titular del Gobierno tras recalcar la importancia de que los representantes de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) hayan anunciado su voluntad de enriquecer con aportaciones el texto que finalmente se pondrá sobre la mesa del Gobierno de España.

Clavijo consideró vital que esta negociación con Madrid se afronte con unidad. “El Decreto Canarias no va contra nadie, va a favor de los canarios, a favor de los municipios, a favor de los cabildos, del Gobierno y de toda Canarias”, explicó el presidente tras recordar que se busca blindar con la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto ley “derechos que son de todos los canarios para que estén en un plano de igualdad con un ciudadano del territorio continental”.

“Se busca mejorar la calidad del empleo y la renta disponible de las familias, consolidar los recursos para que ayuntamientos, cabildos y gobiernos podamos ayudar a los más vulnerables y a revertir los datos de cronificación de la pobreza, garantizar los fondos necesarios para nuestras infraestructuras y también consolidar las ayudas al transporte”, explicó el jefe del Gobierno autonómico. A su juicio, la aprobación del Decreto Canarias daría “tranquilidad” al archipiélago “en un contexto nacional e internacional de inestabilidad”, porque “garantizaría derechos” reconocidos en el Estatuto de Autonomía, la Agenda Canaria y el presupuesto estatal de 2023.

Fernando Clavijo destacó que la propuesta de Decreto Canarias elaborada por los servicios jurídicos y técnicos de la comunidad autónoma incluye más de 50 medidas de las que algunas inciden de forma directa en los recursos que tendrán las corporaciones locales del archipiélago para afrontar sus competencias.

Entre ellas, Fernando Clavijo consideró relevante que el documento que se negociará con el Estado persiga blindar la participación de los cabildos y ayuntamientos de las islas en los tributos del Estado durante 2026 y 2027 con los mismos recursos financieros que en los presupuestos de 2023 que se encuentran prorrogados.

Subrayó también la importancia de que el decreto ley que se propone aprobar en Consejo de Ministros garantice la gratuidad de las guaguas hasta 2027 con una aportación anual de 160 millones por parte del Gobierno español, reduciendo el coste de esta medida que asumen desde su implantación el Ejecutivo autonómico y los cabildos.

Asimismo, el texto de Decreto Canarias que el próximo lunes aprobará el Consejo de Gobierno reclama la firma de un convenio con el Estado que garantice financiación para los trenes en Gran Canaria y Tenerife, recursos que serán imprescindibles para avanzar en estos proyectos claves para la mejora de la conectividad terrestre en las islas capitalinas. La propuesta que este viernes han conocido la Fecai y la Fecam contempla además la aportación estatal de fondos para para afrontar emergencias declaradas en las islas como la energética y la hídrica.

Recursos para todas las islas

Tras el encuentro, Lola García, presidenta actual de la Fecai y titular del Cabildo de Fuerteventura, destacó la importancia de conseguir “blindar” con la aprobación de un real decreto en Consejo de Ministros “demandas históricas que los canarios necesitamos para tener una mejor calidad de vida” permitiendo a las islas “avanzar en vivienda, atención a las personas vulnerables y el transporte, entre muchos otros”. “Es importante defender con unidad este Decreto Canarias, pero también que las medidas atiendan a la realidad de cada ayuntamiento y cada isla”, afirmó García tras anunciar que el próximo lunes la Fecai se reunirá para debatir y aprobar sus aportaciones al texto del Gobierno.

La presidenta de la Fecam, Mari Brito, indicó por su parte que la voluntad de la organización que agrupa a los ayuntamientos es siempre de escucha activa. Anunció que la Federación estudiará el documento propuesto por el Gobierno y realizará aportaciones que enriquezcan el mismo en defensa del municipalismo canario. Brito subrayó que la Fecam reivindica “los recursos necesarios para que los ayuntamientos canarios podamos ejecutar las políticas públicas que tenemos encomendadas y dar los mejores servicios a nuestros vecinos y vecinas”.

Durante el encuentro con la Fecai y la Fecam, el presidente informó asimismo a los representantes de los siete cabildos y de los ayuntamientos canarios sobre el importante paquete de reclamaciones al Estado para financiar la reconstrucción de La Palma que contiene la propuesta de Decreto Canarias: garantizar la deducción del 60% del IRPF para residentes en 2026, 2027 y 2028; continuidad hasta 2027 del Plan Especial de Empleo den 30 millones de euros anuales hasta 2027; y 100 millones de euros para el Plan de Recuperación en 2026, 2027 y 2028, además de la entrega a Canarias de los 100 millones de euros que adelantó en 2025. También se pide al Gobierno central que exonere al Cabildo Insular de La Palma y a los Ayuntamientos de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte del cumplimiento de las reglas fiscales.

La propuesta del Gobierno defiende asimismo una bonificación del 50% en la cuota patronal de la Seguridad Social en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. También la deducción del 60% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los residentes en las tres islas verdes.

Fernando Clavijo también consideró especialmente relevante para las islas orientales que una disposición adicional del Decreto Canarias tenga como objetivo que el Estado financier el 50% de las obras para mejorar el transporte terrestre en Lanzarote y Fuerteventura, recursos que se sumarían a los del Convenio de Carreteras.

El presidente realizó estas valoraciones tras una reunión en la que estuvo acompañado en representación del Gobierno por el vicepresidente Manuel Domínguez, el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello, el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, el viceconsejero de los Servicios Jurídicos, Jorge Riestra y el secretario general de Presidencia, Ceferino Marrero.

Además de Lola García, en nombre de la Fecai participaron de forma presencial o telemática los presidentes de casi todos los cabildos: Rosa Dávila por Tenerife, Oswaldo Bethencourt por Lanzarote, Sergio Rodríguez por La Palma, Casimiro Curbelo por La Gomera y Alpidio Armas por El Hierro. El titular del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, excusó su presencia por coincidir la reunión con el pleno de su corporación.

La junta directiva de la Fecam estuvo representada el encuentro celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife por su presidente, sus cuatro vicepresidentes (Óscar Hernández, Ana Isabel Dorta, Armando Raúl Afonso y Rosa Chinea) y todos vocales de la organización que agrupa a los 88 municipios canarios.

Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife impulsan 263 viviendas públicas en la capital

La cooperación entre las tres administraciones ha hecho viable una actuación clave para ampliar el parque público en la capital

Las viviendas se destinarán al alquiler social y se incorporarán al parque público del Instituto Canario de la Vivienda

La actuación ha sumado 41,7 millones de euros de inversión pública en vivienda protegida en Santa Cruz de Tenerife

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y presidente del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pablo Rodríguez, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, han firmado un convenio interadministrativo que ha permitido asegurar la ejecución de dos promociones de vivienda protegida de promoción pública en el municipio: 37 viviendas en María Jiménez y 226 viviendas en Cuevas Blancas.

El acuerdo ha articulado la cooperación entre el Instituto Canario de la Vivienda, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para completar la financiación necesaria y garantizar la ejecución íntegra de ambas promociones.

En conjunto, las actuaciones han supuesto una inversión estimada de 41,7 millones de euros, sin incluir el valor del suelo ni los costes de urbanización, que han sido asumidos por el Ayuntamiento. De esa cuantía, 16,7 millones ya habían sido aportados previamente por el Instituto Canario de la Vivienda mediante distintas resoluciones de subvención, mientras que el presente convenio ha permitido completar la financiación pendiente de 25 millones de euros para hacer viable la ejecución total de la promoción de 226 viviendas en Cuevas Blancas.

De esta cantidad, el Instituto Canario de la Vivienda ha comprometido 19 millones de euros en varias anualidades y el Cabildo de Tenerife ha aportado 6 millones de euros.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señaló que “hoy damos un paso real para ampliar el parque público de vivienda en Canarias y hacerlo con un modelo que garantiza que estas viviendas permanezcan en el ámbito público y destinadas al alquiler social”.

Clavijo subrayó que “este convenio demuestra que cuando las instituciones cooperan, la vivienda deja de ser un problema enquistado y empieza a tener soluciones reales para la ciudadanía”.

Asimismo, destacó que “no hablamos solo de construir viviendas, sino de consolidar una política pública que garantice que esas viviendas sigan siendo públicas y accesibles para las próximas generaciones”.

El presidente también incidió en que este acuerdo forma parte de la estrategia integral de vivienda impulsada por el Ejecutivo autonómico y ha recordado que “Canarias está impulsando la mayor transformación de la política de vivienda de la última década, desbloqueando promociones, movilizando suelo y aumentando la inversión pública como no se había hecho en años”.

En esta línea, el jefe del Ejecutivo canario defendió que “hay una línea roja que no podemos permitir que se cruce: ninguna familia debería destinar más del 30 o el 35 % de sus ingresos a pagar una vivienda”.

Por su parte, el consejero Pablo Rodríguez destacó que “este convenio ha permitido cerrar la viabilidad económica de Cuevas Blancas, programar su financiación plurianual y garantizar que las 226 viviendas puedan construirse en su totalidad”.

Rodríguez aseguró además que “el acuerdo no solo asegura la ejecución de las obras, sino que garantiza el destino final de las viviendas, su incorporación al parque público del Instituto Canario de la Vivienda, su gestión directa por la Administración y su adjudicación en régimen de alquiler social”.

Asimismo, recordó que “el Gobierno de Canarias cuenta actualmente en Tenerife con más de 1.000 viviendas públicas en distintas fases: más de 300 planificadas, más de 700 en construcción y más de 30 ya adquiridas, lo que refleja la dimensión del esfuerzo que estamos desarrollando para ampliar de forma estructural el parque público en la isla”.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, apuntó que “hoy se da un paso muy importante en uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía de Tenerife y la sociedad en general: el acceso a una vivienda digna”.

“Quiero subrayar de manera especial el papel del Cabildo de Tenerife en este acuerdo, pues, aunque la vivienda no sea una competencia estrictamente insular, el actual Gobierno del Cabildo ha adoptado una postura valiente y responsable, entendiendo que los problemas de la ciudadanía no entienden de compartimentos administrativos”, ha destacado Dávila.

Asimismo, añadió que este convenio incluye “una aportación directa del Cabildo de seis millones de euros, con una visión clara de cohesión social y desarrollo insular que venimos desarrollando desde el inicio del mandato”.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, puso en valor que “aunque el Ayuntamiento no tiene competencias directas en materia de vivienda, este equipo de Gobierno siempre ha trabajado para establecer los acuerdos necesarios que permitan construir viviendas en este municipio, y este convenio es el mejor ejemplo”.

El alcalde detalló que “estos 41,7 millones vienen a sumarse a la política de vivienda que ya venimos desarrollando en el municipio, con la que no solo afrontamos la construcción de nuevas edificaciones como las de María Jiménez o Cuevas Blancas, sino que también nos ha permitido comprar un edificio ya finalizado para destinarlo a vivienda social o impulsar programas de rehabilitación con criterios energéticos de más de 800 viviendas, así como la regeneración y renovación urbana de otras 1.568”.

Bermúdez concluyó señalando que “gracias a la cooperación entre administraciones, en estos momentos, en Santa Cruz se están invirtiendo 115 millones de euros en vivienda pública”.

Por su parte, la concejala de Viviendas de Santa Cruz, Belén Mesa, puso de relieve que “aunque no tengamos competencias específicas en esta materia, sí que hemos demostrado siempre nuestro compromiso con una de las necesidades más demandadas de nuestra ciudadanía” y añadió que “precisamente por ello hemos impulsado e insistido en la necesaria colaboración interadministrativa, como es el caso de hoy, que nos permita ampliar el parque público de viviendas en nuestro municipio”.

Transición refuerza la formación y el conocimiento sobre los efectos del CO2 en los océanos de la Macaronesia

El Taller sobre CO₂ y Acidificación Oceánica del proyecto PLANCLIMAC2 se celebra del 2 al 6 de febrero en Fuencaliente, La Palma, con participación de estudiantes de máster y personal investigador de la ULPGC.

La iniciativa, organizada por la ULPGC junto con el Gobierno de Canarias y GESPLAN, ofrece un espacio experimental único en el Observatorio Marino de Cambio Climático (OMACC) para estudiar los efectos del CO₂ en los ecosistemas marinos y fortalecer capacidades frente al cambio climático

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, encabezada por Mariano H. Zapata, continúa impulsando la colaboración con el ámbito universitario y la comunidad investigadora para profundizar en los efectos del aumento del dióxido de carbono (CO₂) sobre la química y los ecosistemas del océano. En este marco, del 2 al 6 de febrero se celebra en Fuencaliente, La Palma, una nueva edición del Taller sobre CO₂ y Acidificación Oceánica, enmarcado en el proyecto PLANCLIMAC2, financiado a través del programa INTERREG VI-D Madeira-Azores-Canarias (MAC) 2021-2027.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, destacó que “la colaboración con la ULPGC y el Ayuntamiento de Fuencaliente nos permite transferir conocimiento útil y sostenible, formando a futuros expertos que serán clave para proteger nuestros ecosistemas marinos y afrontar los desafíos del cambio climático en Canarias y la Macaronesia”.

Alberto Hernández, director general de Energía, subrayó que “este taller refuerza la investigación aplicada en Canarias y permite que nuestras políticas energéticas y climáticas se fundamenten en evidencia científica rigurosa, impulsando la formación de profesionales especializados en acción climática y transición energética”.

Por su parte, Aridane González, profesor de la ULPGC , subrayó que “iniciativas como PLANCLIMAC2 refuerzan el papel de Canarias como laboratorio natural. Fuencaliente ofrece un entorno único para que los estudiantes combinen teoría y práctica, aprendiendo a analizar y comprender los impactos del CO₂ en los océanos, con especial atención a Canarias y la región Macaronésica”.

Por su parte, el alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, destaca la posición estratégica del municipio, poniendo en valor la puerta al Atlántico con unas condiciones oceanográficas únicas.

​Gregorio Alonso ha subrayado en diversas ocasiones que las aguas de Fuencaliente, especialmente tras la erupción volcánica, se han convertido en un laboratorio natural único, así como  la capacidad de regeneración de los fondos locales como un referente para la biología marina internacional.

​»Fuencaliente tiene las mejores condiciones para mirar al fondo del mar con la misma ambición con la que miramos al cielo», hizo hincapié el alcalde.

El taller en detalle

El taller aborda el impacto del CO₂ desde una perspectiva integral, considerando los procesos físicos, químicos, biológicos y geológicos que se producen en el océano y sus interacciones. Participan personal técnico e investigador del Gobierno de Canarias, GESPLAN y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), junto con una veintena de estudiantes de máster en Oceanografía. El programa combina sesiones teóricas con análisis y muestreos in situ en el Observatorio Marino de Cambio Climático (OMACC), un laboratorio natural único que convierte a Fuencaliente en un referente para la investigación aplicada sobre acidificación oceánica.

Durante las jornadas, se analizan cuestiones clave como el calentamiento global, la acidificación oceánica y la desoxigenación, evaluando su impacto en los ciclos biogeoquímicos y en la biodiversidad marina. Además, se revisan paradigmas actuales en oceanografía y se ponen en valor proyectos de cooperación territorial en la Macaronesia como IMPLACOST, IDAFE y MAC-IDAFE.

El taller refleja la apuesta de la Consejería por fortalecer la formación práctica, promover la investigación aplicada y garantizar que Canarias disponga de profesionales capacitados para enfrentar los retos del cambio climático, generando conocimiento que pueda aplicarse en la protección de los ecosistemas marinos del archipiélago y de la región MAC.

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La Consejería de Presidencia convoca 150 plazas de acceso al Cuerpo General de la Policía Canaria

Forma parte de la mayor OPE aprobada por el Gobierno tras la ampliación del catálogo para incrementar las plazas

Con esta nueva promoción, sumado a los 143 que entrarán ahora a la Academia para la fase de formación, el Cuerpo alcanzará los 579 efectivos

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado hoy resolución de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública por la que se convocan las pruebas selectivas para cubrir 150 plazas en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias por el sistema general de acceso libre.

El CGPC cuenta en la actualidad con 286 agentes y está previsto que entren en breve en la Academia de Seguridad 143 aspirantes para realizar la formación. Junto a las 150 nuevas plazas, la Policía Autonómica alcanzará los 579 efectivos.

El Consejo de Gobierno, a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, aprobó en noviembre de 2024 la mayor OPE de la historia del Cuerpo desde su creación en 2010 para ejecutar en tres años y amplió también el Catálogo de Puestos para que el Cuerpo pudiera seguir creciendo.

La aprobación de esta OPE fue el paso previo para que la Consejería de Presidencia pudiera llevar a cabo las convocatorias de plazas para incrementar el número de integrantes del Cuerpo General de la Policía Canaria que, al inicio de la presente legislatura, permanecía estancado en 192 agentes.

En lo que respecta a la actual convocatoria, el BOC publica hoy las bases con los requisitos de los aspirantes, que deberán completar el formulario disponible en la sede electrónica https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/.

El plazo de presentación de solicitudes de participación en las pruebas selectivas será de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente a su publicación en el BOC. Una vez expirado el plazo, la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública publicará la lista provisional de personas admitidas y excluida y el plazo de subsanación de defectos (10 días).

En los anexos de la resolución se detalla toda la información necesaria para el sistema selectivo, que será oposición libre y constará de las siguientes fases: oposición, curso selectivo de formación y fase de prácticas.

En la fase de oposición constará de prueba de conocimiento e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico, por este orden y cada una con carácter obligatorio y eliminatorio.

Las personas nombradas funcionarias en prácticas realizarán un Curso de Formación Básica, cuya duración será de 1.100 horas, organizado por la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública.

 

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Educación pone en valor la formación del profesorado de los Centros de Educación de Personas Adultas

Las Jornadas, celebradas en La Laguna, reúnen durante dos días a cerca de doscientos docentes de todo el archipiélago y sirven de marco para visibilizar el papel clave de la educación para personas adultas como sistema de segunda oportunidad

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, inauguró este viernes en La Laguna las Jornadas de Educación de Personas Adultas en Canarias, un encuentro formativo dirigido al profesorado de esta modalidad educativa que se prolongará durante dos días y que sirve también para contextualizar la situación actual y la evolución de la educación de personas adultas en el archipiélago.

El acto inaugural de estas jornadas tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna y estuvo presidido por el consejero Poli Suárez, dando paso a un amplio programa de ponencias, mesas de trabajo y experiencias centradas en los retos de la educación permanente, la orientación educativa, la innovación pedagógica y el papel social de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA). En total, participan cerca de doscientos docentes procedentes de todas las islas en unas jornadas que contaron, asimismo, con la presencia del director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos, y de la decana de Educación de la Universidad de La Laguna, Esperanza Ceballos.

Durante la apertura, Poli Suárez subrayó que “la educación de personas adultas es una herramienta fundamental de cohesión social y de equidad, porque permite a miles de canarios y canarias retomar su formación, mejorar su empleabilidad o adquirir competencias básicas, con independencia de su edad o de su situación personal”. En este sentido, destacó que “hablar de educación de personas adultas es hablar de segundas oportunidades, pero también de aprendizaje a lo largo de la vida, de inclusión y de justicia social”.

El consejero puso en valor el trabajo que desarrolla el profesorado de los CEPA y el conjunto de la red de educación de personas adultas, señalando que “el compromiso diario de los docentes y del alumnado demuestra que Canarias ha sabido reforzar su vínculo con la educación permanente y avanzar hacia un modelo más flexible, cercano y adaptado a la realidad social de nuestras islas”. Asimismo, insistió en que “desde la Consejería seguimos ampliando la oferta formativa y los recursos de la educación de personas adultas porque creemos firmemente que la formación no tiene fecha de caducidad”.

Red de centros

Canarias cuenta en la actualidad con una amplia red pública de educación de personas adultas que da cobertura a todo el archipiélago. En el curso 2025/26, esta red está integrada por treinta Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA), dos Centros de Educación a Distancia (CEAD) y quince institutos de educación secundaria que imparten Bachillerato de Personas Adultas en turno de tarde-noche.

A esta estructura, se suma una red de 115 Unidades de Actuación de Personas Adultas (UAPA), distribuidas por todas las islas, que permiten acercar la formación a núcleos de población donde el desplazamiento al centro sede puede suponer una dificultad añadida. Además, existen cinco aulas adscritas de personas adultas en centros penitenciarios que garantizan el acceso a la educación a personas privadas de libertad como parte de su proceso de desarrollo personal y reinserción social.

En el presente curso, un total de 16.505 personas están matriculadas en alguna de las enseñanzas de educación de personas adultas (EPA) en Canarias, lo que refleja el peso y la relevancia de esta modalidad dentro del sistema educativo. Una cifra resultado del crecimiento paulatino de estudiantes adultos en Canarias, que ha alcanzado un 8 % más que en el curso 2022/2023, si bien esta cantidad puede seguir aumentando al mantener la EPA la matrícula abierta durante el curso. Este alumnado se distribuye entre Educación Inicial de Personas Adultas, Educación Secundaria de Personas Adultas, Bachillerato de Personas Adultas, cursos de preparación de pruebas, formación en informática básica, Aula Mentor e inglés a distancia, entre otras enseñanzas.

La EPA combina enseñanzas formales, que permiten la obtención de titulaciones oficiales como la ESO o el Bachillerato, con enseñanzas no formales orientadas a la mejora de competencias personales, lingüísticas y digitales, así como a la preparación de pruebas de acceso a otras enseñanzas o a la universidad.

Nuevas enseñanzas

Entre los avances más reseñables de los últimos cursos en la educación de personas adultas en Canarias destaca la incorporación de dos nuevas enseñanzas que amplían de forma significativa las oportunidades formativas del alumnado adulto. Por un lado, el curso de conocimientos socioculturales para la prueba de obtención de la nacionalidad, implantado desde el curso 2024/25, que da respuesta a una demanda creciente de personas que buscan integrarse plenamente en la sociedad canaria.

Por otro, el curso de acceso directo a ciclos formativos de grado superior, puesto en marcha en el presente curso 2025/26, que permite al alumnado adulto acceder a enseñanzas de Formación Profesional sin necesidad de realizar pruebas externas, facilitando así itinerarios formativos más ágiles y ajustados a las necesidades del mercado laboral.

A estas incorporaciones se suman otras mejoras recientes, como la extensión del apoyo idiomático a la Educación Básica de Personas Adultas desde el curso 2023/24, para atender al aumento del alumnado extranjero, y la incorporación de personal de Orientación Educativa a los CEPA y CEAD a partir del curso 2024/25.

Jornadas

Tras la sesión inaugural celebrada durante la mañana del viernes, las jornadas continuarán en horario de tarde con reuniones de las comisiones territoriales de Educación y Formación Permanente de Personas Adultas, así como con la exposición de proyectos y experiencias desarrolladas en los centros educativos.

La programación se retomará el sábado con nuevas ponencias centradas en la orientación educativa en la EPA, la intervención directa en los CEPA y CEAD, el testimonio del propio alumnado y el análisis del impacto de la inteligencia artificial en la educación de personas adultas, antes del acto de clausura.

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Consejería de Presidencia y sindicatos pactan la jubilación parcial del personal laboral sin contrato de relevo

Esta regulación de este derecho se aplicará al personal laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias y al personal delegado

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de la Función Pública, ha celebrado una Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral en el que se ha alcanzado un acuerdo para la regulación de las condiciones para que el personal laboral de esta Administración pueda acceder a la jubilación parcial sin contrato de relevo.

Las reuniones de trabajo que ha promovido la Dirección General de la Función Pública han permitido refrendar las condiciones para acceder a este derecho, tras iniciar el camino en junio de 2025 con la modificación del Tercer Convenio Colectivo y la introducción de un nuevo artículo que lo establece expresamente.

Este acuerdo será ahora objeto de tramitación solicitando los informes preceptivos que exige la normativa y finalmente será elevado por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad al Gobierno de Canarias para su aprobación, tras lo cual, se depositará, inscribirá y publicará oficialmente.

Este acuerdo aborda una de las dos modalidades de acceso a la jubilación parcial del personal laboral que es aquella que no lleva aparejada la suscripción de un contrato de relevo. Esta regulación se aplicará al personal laboral al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias y también al personal delegado.

Se articula con ello un procedimiento que se inicia a solicitud de la persona trabajadora cuando se produzca el hecho que permite el acceso a la jubilación parcial según establezca a la normativa de la Seguridad Social y que deberá presentarse con al menos seis meses de antelación a la fecha en que se pretende acceder a la jubilación parcial.

Los requisitos generales para poder solicitar esta jubilación parcial son los de, además de ser personal laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, hallarse en régimen de jornada completa y los requisitos exigidos en materia de Seguridad Social.

La jubilación parcial permitirá una reducción de la jornada de trabajo de, al menos, un 25% y un máximo del 75%.

El acuerdo alcanzado prevé que, con carácter general, en los tres primeros meses de jubilación parcial, la persona jubilada desarrolle su trabajo a diario, a fin de propiciar la transmisión de su conocimiento al resto de la organización a la que pertenece.

Tras ese período inicial se podrá acordar que se siga realizando de forma diaria o bien se acumule de forma semanal, mensual o anual o de forma total hasta el momento de acceder a la jubilación total.

En todo caso, el definitivo acceso a la jubilación parcial vendrá condicionado por la resolución que dicte el Instituto Nacional de la Seguridad Social acerca del acceso a la pensión parcial de jubilación.

La persona trabajadora que acceda a la jubilación parcial verá novado su contrato de trabajo a tiempo completo por un contrato a tiempo parcial, desempeñando el mismo puesto de trabajo, sin posibilidad de participar en procesos de promoción interna, selección de personal, concursos de traslado o cualquier otro procedimiento de movilidad salvo aquellos que sean preceptivos por motivos de salud.

La persona jubilada parcial tendrá, de resto, los mismos derechos que quienes trabajan a tiempo completo y éstos serán proporcionales cuando su disfrute esté relacionado con los períodos efectivamente trabajados. En particular tendrá derecho a las vacaciones anuales y a los días de asuntos particulares anuales que le correspondan en función del período de tiempo efectivamente trabajado con independencia de que lo realice de forma acumulada o no.

El acceso a la jubilación parcial no comportará la pérdida de los derechos adquiridos ni de la antigüedad reconocida.

La Dirección General de la Función Pública sigue trabajando por un acuerdo regulatorio de la jubilación parcial con contrato de relevo que, en la medida en que conlleva el acceso al empleo público de personal fijo a la Administración, requiere de la correspondiente autorización previa de tasa adicional específica por parte de la Administración del Estado.

 

 

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Zapata: «El resultado del concurso de generación trae grandes avances, pero necesitamos soluciones adicionales»

El consejero destaca el logro de demandas históricas como el desmantelamiento de las centrales de Las Salinas y Caletillas y la negativa a proyectos de generación térmica en el Puerto de Las Palmas, reconociéndose expresamente como resultado de la oposición del Gobierno de Canarias

La Consejería pide al Estado un nuevo concurso para resolver los asuntos pendientes y demanda la autorización urgente para instalar almacenamiento energético de emergencia en La Palma

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha valorado la  resolución definitiva del concurso de concurrencia competitiva para el Archipiélago, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como “una confirmación de que hemos avanzado mucho, pero también de que algunas islas requieren de un esfuerzo extra para dar plenas garantías a su sistema eléctrico”.

Además, destacó que la resolución definitiva declara la no compatibilidad de varios proyectos, al constatarse impedimentos derivados de la oposición del Gobierno autonómico. En este sentido, Zapata subrayó que “celebramos que la resolución declare el cierre de las centrales de El Charco y Candelaria, además de la negativa a proyectos de generación en el Puerto de Las Palmas”.

El consejero también puso en valor que el concurso permita avanzar hacia sistemas más distribuido en algunas islas, destacando que Tenerife y el sistema Fuerteventura-Lanzarote vayan a tener grupos mucho más deslocalizados y flexibles, “lo que facilitará la integración de energías renovables y reforzará la seguridad del suministro”, afirmó.

Respecto a Gran Canaria, Zapata señaló que el concurso ha confiado en la enorme cobertura que Salto de Chira le va a dar a la isla, pero afirmando la necesidad de “modernizar un sistema obsoleto que apoye a las renovables y complemente esa cobertura”.

La Consejería ha trasladado además al Ministerio para la Transición Ecológica la urgencia de actuar en los territorios con mayores debilidades estructurales. “En La Palma es imprescindible convocar ya un nuevo concurso y contar con soluciones de emergencia. Por ello, volvemos a pedir que se nos autorice de forma urgente a convocar un concurso de almacenamiento energético de emergencia para esta isla”, explicó.

Asimismo, el consejero autonómico recordó que La Gomera cuenta “desde ya con una garantía absoluta de suministro gracias a su interconexión con Tenerife”, mientras que El Hierro dispone de “una enorme cobertura en Gorona del Viento”, referente internacional en integración de renovables.

Para el consejero, el resultado de este proceso marca un punto de inflexión en la planificación energética del Archipiélago, “por la que llevábamos esperando más de doce años” pero insistió en que “no podemos conformarnos: el objetivo es construir un sistema moderno, resiliente y preparado para acelerar la transición energética en todas las islas”.

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