El Decreto-ley 5/2026 permitirá al Gobierno crear y financiar plazas cuando exista insuficiencia de oferta, demora en la atención o desequilibrios territoriales
Candelaria Delgado defiende ante la Comisión de Cabildos un nuevo modelo que reduce la burocracia, mantiene las garantías de control público y busca transformar los derechos reconocidos en atención efectiva
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha defendido hoy (jueves 3) ante la Comisión de Cabildos del Parlamento de Canarias las medidas en materia de Servicios Sociales y Dependencia incluidas en el Decreto-ley 5/2026, de 27 de julio, que incorpora nuevas herramientas para agilizar la puesta en funcionamiento y acreditación de centros y servicios y reforzar la capacidad del sistema para responder a las listas de espera y a los desequilibrios territoriales.
Delgado ha señalado que Canarias ha incrementado de forma extraordinaria su capacidad para reconocer derechos de dependencia, pero advirtió que el reto actual es conseguir que la oferta de plazas y servicios avance con la misma rapidez. “El éxito del sistema no puede medirse únicamente por cuántas resoluciones dictamos, sino por cuántas personas reciben efectivamente el servicio o prestación que tienen reconocido”, ha subrayado.
En este sentido, el Decreto-ley introduce un modelo más ágil para la puesta en funcionamiento de centros y servicios, basado en la declaración responsable, que sustituye la exigencia general de autorización previa para iniciar la actividad. La medida pretende reducir los tiempos administrativos y facilitar que nuevos recursos puedan incorporarse al sistema con mayor rapidez.
La consejera de Bienestar Social recalcó que esta simplificación administrativa no supone una reducción de las garantías. La Administración mantiene sus competencias de comprobación, control, inspección y sanción, mientras que los centros que quieran incorporarse al Sistema Público de Dependencia deberán obtener la correspondiente acreditación y cumplir los requisitos de calidad establecidos.
Candelaria Delgado destacó que “detrás de cada expediente no hay únicamente una resolución administrativa. Hay una persona y una familia esperando una respuesta que solo puede ofrecerse con más recursos, menos burocracia y la colaboración entre el Gobierno de Canarias, los cabildos y el conjunto de entidades que forman parte del sistema público de atención”.
El Decreto-ley permitirá resolver los trámites burocráticos para acreditar el 60 % de los centros y servicios incluidos actualmente en los convenios de dependencia con los cabildos. Delgado ha aclarado que esta situación no significa que estos recursos carezcan de condiciones adecuadas para atender a las personas ni que estén funcionando de forma irregular, sino que responde en buena medida a las dificultades administrativas acumuladas durante años en los procedimientos de acreditación.
Para facilitar la transición hacia el nuevo modelo, la norma habilita acreditaciones provisionales por un máximo de dos años y permite la colaboración de colegios profesionales especializados en la elaboración de determinados informes técnicos. “La decisión administrativa continúa siendo pública. La inspección continúa siendo pública. Lo que incorporamos es capacidad técnica para agilizar expedientes”, ha explicado.
Más capacidad para responder a las necesidades de los territorios
Otra de las principales novedades permitirá al Gobierno de Canarias crear, financiar, organizar y gestionar plazas y recursos cuando exista insuficiencia de oferta, listas de espera, demora en la atención, urgencia social, necesidad de continuidad asistencial o desequilibrios territoriales.
Ante los representantes de los cabildos, Candelaria Delgado insistió en que esta herramienta no pretende sustituir las competencias de las corporaciones insulares, sino sumar capacidad al sistema cuando los recursos disponibles sean insuficientes. “Esta modificación no pretende sustituirlos ni asumir la gestión de los recursos insulares. Pretende evitar que, cuando exista una necesidad acreditada y los recursos disponibles sean insuficientes, la Administración autonómica permanezca jurídicamente limitada para actuar”, señaló durante su intervención.
Delgado defendió un modelo de complementariedad y cooperación, en el que el Gobierno y los cabildos puedan utilizar todos los recursos disponibles para garantizar la atención. La norma mantiene expresamente las competencias de los cabildos sobre sus centros, servicios y plazas, así como su participación en las actuaciones de comprobación, seguimiento, control de calidad e inspección. “No queremos crear dos sistemas paralelos de dependencia, uno autonómico y otro insular. Queremos un único sistema público de dependencia capaz de utilizar todos los recursos disponibles”, afirmó.
Adaptar la Administración a las necesidades reales
Junto a las medidas de Dependencia y Servicios Sociales, el Decreto-ley 5/2026 incorpora modificaciones en materia de fondos europeos Next Generation para adaptar la normativa presupuestaria canaria a los nuevos calendarios de ejecución de determinados programas.
La reforma permite extender algunos compromisos plurianuales más allá de 2026 cuando los programas europeos autoricen su continuidad. Canarias encuentra actualmente impedimentos en su propia normativa presupuestaria. “Tenemos una obligación muy clara: aprovechar hasta el último euro que tenga asignado Canarias y no perder inversiones por una rigidez administrativa que ya no responde a la realidad”, señaló Delgado.
En materia fiscal, el Decreto-ley introduce distintas medidas dirigidas a reforzar la seguridad jurídica y adaptar la normativa a circunstancias concretas. Entre ellas se incluye la adecuación del tratamiento tributario de determinados combustibles mezclados con biocarburantes, la modificación de los requisitos aplicables al tipo reducido del 0,1% en Actos Jurídicos Documentados para determinadas operaciones de las sociedades de garantía recíproca y el establecimiento, hasta el 31 de marzo de 2027, del tipo cero del AIEM para la importación de dióxido de carbono, ante la paralización temporal de la producción local.
La consejera de Bienestar Social ha resumido el espíritu del Decreto-Ley defendiendo que “las normas deben estar al servicio de los canarios para resolver los problemas y no que los problemas permanezcan sin resolver porque nuestras normas ya no responden a la realidad”.
