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Transición Ecológica impulsa la economía circular en la contratación pública de Canarias

El documento establece un marco común basado en cinco principios e incluye ejemplos prácticos para la organización de eventos, la adquisición de equipos electrónicos y mobiliario y la ejecución de obras
Zapata: “La compra pública debe convertirse en una palanca para transformar el mercado y extender el uso de productos y servicios más duraderos, eficientes y con un menor impacto ambiental”

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental y en colaboración con la Universidad de La Laguna y Gesplan, ha presentado el documento «Orientaciones para la contratación pública circular en Canarias», una herramienta destinada a facilitar la incorporación progresiva de criterios de economía circular en los procedimientos de compra y contratación de las administraciones públicas del archipiélago.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia Canaria de Economía Circular 2021-2030 y en el Plan de Acción de Economía Circular 2024-2026 y consolida el compromiso indiscutible de las islas con las metas del Pacto Verde Europeo. En concreto, desarrolla la medida dedicada a introducir criterios de economía circular en la contratación pública y en las subvenciones, con el objetivo de establecer un marco compartido que ayude a las administraciones a tomar decisiones de compra más sostenibles.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, destacó que “la contratación pública debe convertirse en una palanca para transformar el mercado y extender el uso de productos y servicios más duraderos, eficientes y con un menor impacto ambiental, destacando que representa entre el 15% y el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) regional”.

“Las administraciones públicas no solo prestan servicios y ejecutan políticas, sino que también tienen una importante capacidad de compra. Cada contrato representa una oportunidad para reducir el consumo de materias primas, prevenir la generación de residuos, fomentar la innovación y apoyar un modelo económico más sostenible para Canarias”, señaló Zapata, de manera que “queremos poner a disposición de los órganos de contratación una herramienta útil, rigurosa y adaptada a la realidad de las administraciones canarias”.

Por su parte, el director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, indicó que el este meticuloso trabajo supone dar un paso más en cumplir con el sector productivo canario, que durante el proceso participativo del Plan de Acción de Economía Circular solicitó que la Comunidad Autónoma apostara por la contratación circular como fórmula para poner en valor el producto hecho en Canarias de forma sostenible. El Director añadió que con el mismo estamos dando herramientas sólidas a los técnicos que se enfrentan a procedimientos de contratación para que puedan hacerlo sin miedo a que los mismos sean “tumbados” por la judicialización de los mismos. Concluye que “no se trata de incorporar requisitos ambientales de forma indiscriminada, sino de seleccionar criterios vinculados al objeto de cada contrato, proporcionados a sus características, compatibles con la libre competencia y cuyo cumplimiento pueda comprobarse durante la ejecución”.

Cinco principios para facilitar su aplicación

Las orientaciones establecen un marco común para incorporar criterios de economía circular en todas las fases del procedimiento de contratación. Entre otros aspectos, promueven la consideración del ciclo de vida de los productos y servicios, la utilización de criterios objetivos y verificables y la incorporación de requisitos adaptados a las características de cada contrato, garantizando siempre los principios de igualdad, libre competencia y proporcionalidad.

El equipo redactor del documento explicó que “las orientaciones no plantean una fórmula única para todos los contratos, sino un método de trabajo que permite seleccionar los criterios más adecuados en función de las características de cada prestación. El objetivo es que los órganos de contratación puedan analizar el ciclo de vida de los productos y servicios, identificar los principales impactos ambientales y determinar en qué fase del procedimiento resulta más eficaz introducir cada criterio”.

Aplicación en cuatro ámbitos prioritarios

Además del marco metodológico, el documento incorpora ejemplos prácticos para facilitar su aplicación en cuatro ámbitos prioritarios: la organización de eventos, la adquisición de equipos electrónicos, la compra de mobiliario y la ejecución de obras. En todos ellos se proponen medidas orientadas a favorecer la durabilidad y reparabilidad de los productos, la reutilización de materiales, la reducción de residuos y un uso más eficiente de los recursos.

Montañés afirmó que “estos ejemplos permitirán pasar de los principios generales a su aplicación práctica y servirán como punto de partida para que cada órgano de contratación adapte los criterios a sus necesidades, competencias y capacidades técnicas”.

Una segunda fase participativa

El documento inicia ahora una segunda fase de trabajo, que se desarrollará durante el segundo semestre de 2026 mediante un proceso participativo con administraciones públicas, órganos de contratación, servicios jurídicos y otros agentes implicados. El objetivo es validar las orientaciones y facilitar su implantación progresiva en Canarias, un proceso que continuará reforzándose en el próximo Plan de Acción de Economía Circular 2027-2029 con acciones de formación y herramientas de apoyo para las administraciones públicas.

Zapata concluyó que “la economía circular debe incorporarse de manera transversal al funcionamiento de las administraciones. Con este documento damos un primer paso para que la sostenibilidad deje de ser únicamente un objetivo general y se convierta en un criterio concreto y verificable dentro de la contratación pública de Canarias”.

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El ICAP pone en valor la formación continua del empleado público en el Congreso Nacional de Contratación

Pino de León destaca que la licitación pública “es una herramienta estratégica de transformación, capaz de mejorar la eficiencia del gasto público, impulsar la innovación y avanzar hacia políticas más sostenibles y socialmente responsables”

Los retos actuales, la percepción de la corrupción o el uso de la IA forman parte del programa que clausuró hoy la directora del ICAP

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad participa en el II Congreso Nacional de Contratación Pública a través del Instituto Canario de Administraciones Públicas, y pone el foco en que los empleados públicos puedan actualizar conocimientos y profundizar en cuestiones clave del ámbito de la contratación pública en España, con un enfoque multisectorial y desde una perspectiva tanto teórica como práctica.

Organizado por Lefebvre en Tenerife, el programa ha abordado los retos de la contratación pública, la percepción de la corrupción, la sostenibilidad ambiental, el uso de la IA o el control en la ejecución de los contratos públicos, entre otros temas.

Durante la clausura, la directora del ICAP, Pino de León, afirmó que “la contratación pública ocupa hoy un lugar central en la acción de gobierno. Ya no es solo un conjunto de procedimientos administrativos. Es, sobre todo, una herramienta estratégica de transformación, capaz de mejorar la eficiencia del gasto público, impulsar la innovación y avanzar hacia políticas públicas más sostenibles y socialmente responsables”.

“A través de la contratación pública decidimos cómo se utilizan los recursos comunes y qué prioridades se atienden. Por eso, hablar de contratación pública es hablar de servicio público, de responsabilidad institucional y de confianza de la ciudadanía”, explicó la directora.

Asimismo, de León considera que “en Canarias, estos retos adquieren una dimensión especialmente relevante. Nuestra condición de archipiélago, la diversidad territorial y las particularidades sociales y económicas que nos definen exigen una contratación pública bien planificada, profesionalizada y jurídicamente segura, capaz de garantizar la calidad de los servicios públicos y el uso eficiente de los recursos”.

“Desde el Instituto Canario de Administración Pública reafirmamos nuestro compromiso con la formación continua del personal al servicio de las administraciones públicas. Creemos firmemente en que una administración mejor formada es una administración más eficaz, más transparente y más cercana”, resaltó Pino de León.

La inauguración del congreso estuvo a cargo del presidente de Canarias, Fernando Clavijo; junto a la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, la concejala de Presidencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Purificación Dávila, y el presidente de Lefebvre, Juan Pujol.

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La Consejería de Presidencia debate en Fuerteventura sobre contratación pública y subvenciones

Las sesiones de las III Jornadas Interinsulares de Administración Pública continuarán celebrándose el 23 de junio, en La Gomera, el 26, en Lanzarote y el 30, en Gran Canaria

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, debate en Fuerteventura sobre contratación pública, subvenciones y convenios en el marco de las III Jornadas Interinsulares de Administración Pública.

Las jornadas, que están organizadas por la Secretaría General Técnica y en colaboración con el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), se están llevando a cabo en distintas islas del Archipiélago con el fin de fomentar la formación del personal de las distintas administraciones públicas.

La directora del ICAP, Pino de León, resaltó que “con estas jornadas se quiere reforzar la formación en capacidades, herramientas y habilidades, para que el personal pueda incorporarlo a la gestión diaria y conseguir unos servicios públicos de mayor calidad para la ciudadanía”.

“Las ponencias han sido impartidas por expertos en las áreas, lo que puede incrementar la visión y las experiencias de los asistentes”, apuntó.

Tras la inauguración, María Imada Rodríguez Castellano, jefa de Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, trató las subvenciones públicas, desde la perspectiva del marco normativo y la aplicación práctica. A continuación, Israel Expósito Suárez, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, resaltó propuestas para mejorar la tramitación de convenios en el sector público.

Guillermo J. de Diego Romero, jefe de Área de Cultura y Patrimonio Cultural, analizó desde, la perspectiva práctica, la doctrina “in house providing” en Canarias, mientras que Francisco Morales Fernández, secretario del Cabildo Insular de El Hierro, habló sobre las similitudes y diferencias sobre los convenios, contratos y subvenciones.

A modo de clausura, se llevó a cabo una mesa redonda moderada por Israel Expósito y en la que intervinieron Guillermo J. de Diego Romer, Elena Fernández Aguirre, Francisco Morales Fernández y María Imada Rodríguez Castellano.

Las sesiones continuarán celebrándose el próximo lunes, 23 de junio, en La Gomera, el jueves, 26 de junio, en Lanzarote y el lunes, 30 de junio, en Gran Canaria. Asimismo, en el mes de septiembre concluirán con las jornadas en El Hierro y en La Palma.

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El Gobierno de Canarias organiza unas jornadas sobre profesionalización de la contratación pública

Durante el encuentro se ha debatido sobre el futuro de la contratación pública y los retos a los que se enfrenta

La Dirección General de Patrimonio y Contratación y la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, adscritas a las Consejerías de Hacienda y Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, respectivamente, han organizado junto al Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), unas jornadas sobre Profesionalización de la Contratación Pública que se celebraron ayer martes, 4 de junio, en Santa Cruz de Tenerife, y hoy miércoles, 5 de junio, en Las Palmas de Gran Canaria.

Según el director general de Patrimonio y Contratación, Francisco González, “con estas jornadas se pretende dar respuesta a cuestiones tan necesarias como hacia dónde camina la contratación pública y cuáles son los retos. Para ello, el Ejecutivo canario en funciones quiere poner en valor la profesionalización de los sistemas de contratación y revisar las novedades contempladas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”.

Los objetivos que se persiguen con la celebración de estas jornadas son impulsar la gestión del conocimiento y reforzar la especialización profesional de los empleados públicos implicados en los procesos de contratación pública, utilizando estratégicamente los sistemas de contratación conforme a criterios de eficacia, eficiencia y que sean socialmente sostenibles y justos.

En definitiva, se busca promover la participación, asistencia mutua y la comunicación de experiencias y conocimientos por parte de quienes trabajan de forma directa o indirecta en los procesos de compra pública.

Ponentes invitados

Entre los ponentes invitados figura Guillermo Yáñez Sánchez, especialista en contratación pública, identificación y diseño de procesos de contratación galardonado con el premio Mejor Práctica de Administración Local en Castilla y León, además de otros muchos reconocimientos.

También interviene Jaime Pintos Santiago, abogado y consultor especialista en contratación pública y responsable de distintos monográficos dedicados al Derecho de la Contratación Pública, además de autor de decenas de publicaciones entre colaboraciones en libros y artículos de revistas jurídicas y editoriales tanto en España como en otros países.

Por último, participa igualmente en las jornadas Juan Carlos García Melián, abogado y experto en Contratación Pública de Deusto y formador de formadores en Transparencia por la UNED. Imparte formación en el sector privado y en las administraciones públicas, principalmente en transparencia y contratación del sector público, además de ser autor de numerosos artículos en materia de contratación, así como de material infográfico de divulgación de la nueva Ley de Contratos Públicos.

 

 

 

 

 

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