Las consejerías de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la de Sanidad han suscrito un acuerdo de colaboración que posibilita la participación de los profesionales sanitarios del SCS en la emisión de dictámenes técnicos o propuestas de valoración para el reconocimiento del grado de discapacidad
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y el Servicio Canario de la Salud, han puesto en marcha unas jornadas técnicas en las que participan 250 profesionales sobre los criterios de aplicación del nuevo baremo de la discapacidad adaptado a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) establecido por el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre. Dicha norma establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
La formación, que se celebra del 12 al 15 de enero tanto de forma presencial como online, también contempla el análisis de los artículos del Real Decreto y un conjunto de casos prácticos de aplicación de la herramienta informática Baredi. Las jornadas técnicas son impartidas por el director del Centro de Valoración de Navarra, Javier Zugasti, y la terapeuta ocupacional del mencionado centro, Olga Cuairán, y en las mismas participan profesionales médicos, enfermeros, terapeutas ocupacionales, psicólogos y trabajadores sociales.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explicó que “el nuevo decreto incorpora la CIF para una visión integral de la discapacidad y se centra en el impacto de las barreras del entorno en la participación de la persona y no únicamente en el diagnóstico médico. También establece una valoración más precisa, más inclusiva y centrada en la persona y se añade un baremo de factores sociales para ajustar el grado, evaluando las limitaciones en actividades y la participación social a través de cuestionarios”.
La consejera de Sanidad, Esther Monzón, indicó que estas jornadas forman parte del acuerdo suscrito entre las consejerías de Bienestar Social y Sanidad “con el objetivo de que los profesionales sanitarios del SCS colaboren en la emisión de dictámenes técnicos o propuestas de valoración para el reconocimiento del grado de discapacidad, mediante la elaboración de informes de acuerdo con lo establecido en el ámbito normativo de aplicación”.
Por su parte, la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, señaló la apuesta del Gobierno de Canarias en materia de discapacidad, que se plasmó en el Decreto-Ley 4/2025, de julio de 2025, “que busca agilizar enormemente los procedimientos de valoración de la discapacidad en el Archipiélago, unificando trámites, acelerando la resolución de expedientes y priorizando la atención a la infancia con el objetivo de reducir las largas listas de espera y garantizar una respuesta más rápida y eficaz para las personas con discapacidad y sus familias.
“Nuestra apuesta para mejorar la vida de las personas con discapacidad es firme y para ello es fundamental la colaboración con el Servicio Canario de la Salud. Con esta formación lo que pretendemos es que los profesionales estén actualizados y puedan agilizar los trámites para realizar las evaluaciones”, aseguró Gutiérrez.
La consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha en esta legislatura un cambio profundo en el sistema de reconocimiento de la discapacidad, orientado a garantizar derechos que no pueden seguir esperando y a dar respuesta a miles de personas que llevaban años pendientes de una resolución administrativa. Desde julio de 2023, el Ejecutivo autonómico ha abordado esta situación como una cuestión de derechos y no como un problema meramente técnico. Una de las primeras decisiones fue la creación de una Dirección General específica de Discapacidad, con el objetivo de afrontar el problema de forma estructural y alineada con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con el nuevo baremo estatal aprobado en el Real Decreto 888/2022.
El principal punto de inflexión llegó con la aprobación y convalidación parlamentaria del nuevo Decreto-Ley canario de Discapacidad, que supone un cambio de modelo. La norma persigue tres objetivos fundamentales: reducir de forma drástica los tiempos de espera, modernizar el procedimiento mediante herramientas digitales y garantizar criterios homogéneos en todo el territorio.
Por primera vez en Canarias se establece un procedimiento especial que permite el reconocimiento directo de determinados grados de discapacidad —33 %, 65 % o 75 %— cuando existe un informe médico concluyente y la patología figura en el anexo correspondiente. Esta medida evita exploraciones innecesarias, optimiza el trabajo de los equipos de valoración y acelera la activación de los derechos asociados. El modelo ha sido reconocido por el Estado y ha despertado el interés de otras comunidades autónomas.
El decreto incorpora criterios de prioridad más amplios y justos. La atención preferente se extiende ahora a menores y adolescentes hasta los 18 años y se incluyen de forma expresa las situaciones sociales graves, reconociendo el impacto añadido de la discapacidad cuando se combina con pobreza, desempleo o fragilidad familiar.
Otras medidas
La reforma normativa se ha acompañado de una modernización integral de la gestión. Actualmente, más de 137.000 personas en Canarias pueden acreditar su discapacidad a través de una tarjeta digital accesible desde el teléfono móvil, con código verificable y sin necesidad de certificados en papel. El procedimiento se ha digitalizado de principio a fin, incorporando sistemas de seguimiento en tiempo real y cuadros de mando mensuales que permiten analizar entradas, resoluciones y cuellos de botella con datos objetivos.
Asimismo, se ha reforzado y reorganizado a los equipos de valoración, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, donde se concentraba la mayor bolsa de espera, y se han activado planes de choque para resolver los expedientes más antiguos y los casos de mayor vulnerabilidad. La igualdad territorial ha sido otro eje prioritario, con el despliegue de equipos itinerantes como el programa ITINERA y la consolidación de equipos estables en islas no capitalinas, en coordinación con cabildos y ayuntamientos.
La política de discapacidad del Gobierno de Canarias se ha extendido también al ámbito de la accesibilidad y la inclusión. Gracias a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se han instalado más de 250 bucles magnéticos en espacios de atención al público, se han adquirido 76 sillas anfibias para playas accesibles y se ha reforzado la colaboración con el tercer sector, con una inversión superior a los 4,8 millones de euros en 2025, duplicando el número de proyectos financiados con cargo al IRPF.
