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Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla reclaman al Estado medidas para evitar el incremento en los billetes

Los gobiernos autonómicos de los territorios extrapeninsulares elevarán al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un documento conjunto en el que exigen fiscalización de precios y garantías para la bonificación

Los Gobiernos autonómicos de los territorios extrapeninsulares -Islas Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla- elevarán un documento conjunto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para reclamar al Gobierno del Estado la adopción de medidas que aseguren el control de los precios en los vuelos a la Península y la garantía del mantenimiento del descuento del 75% para los residentes en los actuales términos o su mejora.

Los consejeros del movilidad y transporte de los cuatro ejecutivos han tomado hoy esta decisión después de conocer el estudio de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que demuestra en el caso de Canarias y Baleares -tal y como venían advirtiendo los cuatro territorios- el incremento de precios por parte de las compañías con la entrada en vigor del descuento del 75% en los vuelos a la península.

Los cuatro gobiernos coinciden en la importancia del estudio de la CNMC porque, de una manera objetiva, hace públicos los datos que evidencian el aumento de los precios y, en este sentido, advierten de la necesidad de establecer por parte del Estado una fiscalización de los precios de venta de billetes por parte de las compañías y la adopción de medidas que impidan los incrementos.

Sin embargo, discrepan profundamente de algunas de las conclusiones y recomendaciones que hace el organismo en relación a la aplicación de la bonificación del 75% como la posibilidad de establecer límites a la bonificación, su pago a posteriori o su sustitución por exenciones fiscales.

Por ello, en el documento que trasladarán al Gobierno del Estado se exigirán tanto medidas que aseguren el control de los precios y eviten su aumento por parte de las compañías como todas las garantías para la bonificación del 75%, un logro importantísimo de los cuatro gobiernos que equipara los derechos de movilidad de los ciudadanos de los territorios extra peninsulares con los de los ciudadanos del resto de España para el que no se aceptará “ni un paso atrás”.

Es más, los cuatro gobiernos destacan que el estudio de la CNMC pone en evidencia también cómo en el caso de los vuelos internos entre las islas, -que operan a través de obligaciones de servicio público y con una tarifa de referencia (que en la práctica supone precios limitados) – el incremento del 50% al 75% en la bonificación no ha supuesto un aumento de precios, sino que ha repercutido directamente en beneficio de los residentes, con precios más bajos.

Por tanto, en esta línea, cualquier cambio en la bonificación del 75% sería para avanzar en los derechos de los ciudadanos siguiendo el modelo del sistema entre islas, nunca un paso atrás.

El posicionamiento conjunto de los cuatro gobiernos ante el informe de la CNMC refuerza la estrategia acordada en la Cumbre sobre la Movilidad y el Transporte en los Territorios Extrapeninsulares  celebrada el pasado mes de enero en las Islas Canarias, en la que ya se abordó la problemática del incremento de precios con el 75% de descuento de residente -ahora confirmado por la CNMC- y se estableció una hoja de ruta conjunta para mejorar los derechos de movilidad de los ciudadanos de los territorios extrapeninsulares y reclamar que se tomaran medidas para evitar el encarecimiento de precios detectado sin un motivo objetivo que lo justifique.

Los cuatro gobiernos recuerdan que durante la cumbre coincidieron en considerar la bonificación del 75% como “un hito”, pero un logro que tiene que redundar en que el pasaje sea más barato para el usuario, y que la complementación y financiación por parte del Gobierno de España no suponga un aumento de los precios.

Las conclusiones recogidas en la Declaración Institucional con la que finalizó la citada cumbre siguen siendo los pasos de la hoja de ruta a seguir a partir de ahora con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para controlar la correcta aplicación de la bonificación a los residentes.

Entre las actuaciones concretas que los gobiernos autonómicos reclamaban al Ministerio para el efectivo control de los precios aéreos, se encuentra fiscalizar el sistema de establecimiento de precios por parte de las compañías para evitar que se produzcan incrementos no justificados de los mismos.  Por ejemplo, la petición de que la condición de residente se incluya al finalizar la compra y no al principio (para que no se discrimine a los residentes) o que las compañías modifiquen su sistema de algoritmo de venta, que no ha incluido la variable del 75% e incrementa precios con el aumento de la demanda, entre otras medidas

En la cumbre también se acordó la creación de una mesa de trabajo permanente integrada por representantes del Estado y de los territorios extrapeninsulares para hacer seguimiento y control de la movilidad y convertirse en el órgano en el que se planteen nuevas propuestas para mejorarla.

El estado de alarma ha impedido la celebración de constitución y primera reunión de dicha mesa y los cuatro gobiernos solicitarán su pronta reunión cuando la superación del estado de alarma así lo permita.

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Franquis defiende la validez de la bonificación del 75% para residentes

“La subvención a los viajes de los residentes es un logro y un avance que hemos conseguido todos los canarios y no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás en este aspecto”, asegura Franquis

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, recalca que el Gobierno de Canarias defiende la validez de la bonificación del 75% que se aplica a los residentes en el archipiélago en sus desplazamientos en avión o barco tanto entre islas como al resto del país, al tiempo reitera la necesidad de establecer una fiscalización a través del Estado a las subidas de precios que se han producido a raíz de la entrada en vigor de esta subvención, pero no la fiscalización de la bonificación en sí.

Ante la publicación de un informe de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) donde se concluye que ha habido un alza de los precios en los billetes aéreos entre Canarias y la península tras la aprobación de esta bonificación, el consejero Franquis ha recordado que ya él denunció esta misma situación ante el Parlamento de Canarias en los pasados meses de septiembre y diciembre, momento en el que anunció también la celebración de una cumbre sobre el transporte con el resto de territorios extrapeninsulares de España para abordar, entre otros asuntos, los efectos de la aplicación de la subvención de residente.

“La bonificación del 75% fue un logro de todos los canarios que se consiguió con el acuerdo y el consenso de todas las fuerzas políticas canarias, además tiene una base legal, está recogida en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y fue incorporada en la última reforma del REF que se hizo en 2018; por lo tanto, son logros y avances que hemos conseguido todos los canarios y no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás en este aspecto; eso lo tenemos absolutamente claro en el Gobierno de Canarias”, explicó Franquis.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda recordó al respecto de las conclusiones de este informe de la CNMC, que el Ejecutivo canario ya abordó el tema de las consecuencias de la aplicación de la bonificación del 75% en el transporte aéreo el pasado mes de enero, durante la primera Cumbre sobre la Movilidad y el Transporte en los Territorios Extrapeninsulares que reunió al Gobierno canario con los de Baleares, Ceuta y Melilla. Una de las conclusiones de dicha Cumbre, que marcó la hoja de ruta para las reivindicaciones en temas de movilidad de los territorios extrapeninsulares, fue la de reclamar medidas de fiscalización al Gobierno Central para la correcta aplicación de la subvención al residente para que esta no derivase en un incremento incontrolado de los precios.

“El Gobierno de Canarias, igual que el resto de territorios extrapeninsulares, ya tenía una hoja de ruta marcada ante el Gobierno Central para tratar estos temas y reclamar que se tomen medidas para que esos incrementos en los billetes no se produzcan”, añadió Franquis, “Este es un informe que se ha solicitado a la CNMC, uno más y no es vinculante, aunque no esperábamos que ese informe cuestionara, como se está cuestionando, la subvención a los residentes en Canarias. En cualquier caso, la fiscalización y correcta aplicación de la bonificación del 75% es un asunto que tenemos que hablarlo directamente con el Gobierno de España, como teníamos previsto en nuestra hoja de ruta, una vez que pasemos la situación de emergencia en la que nos encontramos, porque no encontramos ningún motivo real, ya sea por motivos de compra de combustible o laborales, que justifique que las aerolíneas incrementen los precios de esta forma”.

Durante la Cumbre celebrada en enero, todos los representantes autonómicos que participaron en la citada Cumbre coincidieron en considerar la bonificación del 75 por ciento como “un hito”, pero un logro que tiene que redundar en que el pasaje sea más barato para el usuario, y que la complementación y financiación por parte del Gobierno de España no suponga un aumento de los precios.

Por este motivo, Franquis insiste en que las conclusiones acordadas por los cuatro territorios extrapeninsulares, y recogidos en la Declaración Institucional con la que finalizó la citada Cumbre, siguen siendo los pasos de la hoja de ruta a seguir a partir de ahora con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para controlar la correcta aplicación de la bonificación a los residentes. Entre las actuaciones concretas que los gobiernos autonómicos de estas cuatro regiones reclamaban al Ministerio para el efectivo control de los precios aéreos, se encuentra fiscalizar el sistema de establecimiento de precios de las compañías para evitar que se produzcan incrementos no justificados de los mismos.

Otra de las conclusiones que se extrajeron de dicha Cumbre fue la de solicitar la creación de una mesa de trabajo permanente integrada por representantes del Estado y de los territorios extrapeninsulares para hacer seguimiento y control de la movilidad y que se hagan propuestas para mejorarla. Esta mesa tenía previsto celebrar su primera reunión el pasado mes de marzo, pero debido a la crisis sanitaria ha tenido que aplazarse.

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