José Antonio Valbuena subraya que “se trata de la ley climática más ambiciosa del panorama nacional” y recuerda la importancia de este hito para alcanzar el objetivo de descarbonizar el archipiélago en 2040
Esta Ley supondrá la creación del Registro Canario de Huella de Carbono y la el nacimiento de la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Aguas
El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este martes, 13 de diciembre, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética del archipiélago, un documento legislativo que pondrá las bases para lograr el objetivo de alcanzar la descarbonización de la economía de las islas en el año 2040, diez años antes que los horizontes marcados por Europa y España en esta materia. Se trata de la ley más consensuada de la historia de Canarias con más de 384 aportaciones ciudadanas en los dos periodos de exposición pública (170 y 214) y más de 30 reuniones con diferentes colectivos.
El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno autonómico, José Antonio Valbuena, ha subrayado que “los territorios insulares somos los más vulnerables frente a los efectos del cambio climático y, por ese motivo, hemos desarrollado una ley que supera en ambición a las de otras comunidades e incluso a la nacional, adelantando los plazos y marcando obligaciones para todos los sectores”.
“Esta Ley marcará un antes y un después en las políticas ambientales de Canarias y empezará por fin a poner medidas específicas para trabajar por el futuro de las nuevas generaciones, precisamente las más concienciadas con este problema medioambiental”, señaló el responsable regional.
“Canarias por fin deja a un lado el greenwashing político y establece criterios y obligaciones a todos los niveles, empezando por las administraciones públicas como figura ejemplarizante para el resto de la población y para las empresas del archipiélago”, añadió Valbuena.
En esta línea, la Ley establece que en 2030 todas las instituciones públicas de las islas tendrán que abastecerse al 100% de fuentes renovables, sustituyendo por completo los equipos que se alimenten de combustibles fósiles. Estas entidades también deberán reemplazar los vehículos de combustión interna por otros con emisiones contaminantes nulas en un plazo máximo de diez años desde la entrada en vigor de este texto legislativo.
Por último, entre otras medidas para el ámbito público, se refleja que la implantación de nuevo alumbrado exterior se realizará siempre bajo criterios de eficiencia energética y de neutralización de la contaminación lumínica, de manera que en 2040 todo el alumbrado canario cumpla con este propósito al 100%.
Esta Ley canaria de Cambio Climático y Transición Energética conllevará un hito fundamental que es la creación del Registro de la Huella de Carbono del archipiélago, el cual permitirá cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero para hacer un seguimiento de los objetivos establecidos en esta materia.
Estarán obligadas a inscribirse en este Registro las explotaciones turísticas alojativas, no alojativas y complementarias; las actividades pesqueras y de acuicultura; las actividades industriales y de comercio y las empresas que establezca la Estrategia de Acción Climática.
Precisamente, en materia de emisiones, el objetivo regional para 2040 es reducirlas en un 90% respecto a las de 1990 y que, al menos, el 10% de las emisiones remanentes sean absorbidas por sumideros, logrando el citado escenario de neutralidad climática. Esto supone que Canarias pasará de emitir 13.340 ktCO2eq a 7.426 en 2030 y, finalmente, a 862 en 2040.
En cuanto a la implantación de energías renovables, el horizonte marcado por la Ley y el Plan de Transición Energética de Canarias para 2030 es alcanzar el 37% del consumo de la energía final a través de estas alternativas sostenibles y el 92% en 2040. También se crea la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Aguas.
Para la movilidad sostenible, el objetivo de reducción de emisiones es de un 84,2% para el 2040, no superando las 480 ktCO2eq al año. Los grandes centros generadores de movilidad pública y privada deberán introducir planes de movilidad sostenible para sus usuarios en un plazo máximo de cinco años desde la aprobación de la Estrategia Canaria de Acción Climática. Entre otros sectores, las empresas de alquiles de vehículos deberán contar exclusivamente con flotas de emisiones directas nulas en un plazo máximo de 15 años desde la entrada en vigor de esta Ley.
En materia educativa, el Gobierno de Canarias introducirá como eje vertebrador la acción climática y la transición ecológica en las materias curriculares que se impartan en las aulas. El Ejecutivo también aprobará un plan formativo verde que tendrá, entre otros, el propósito de identificar los sectores clave con mayores oportunidades en estos sectores estratégicos.
Los departamentos del Ejecutivo autonómico responsables en materia de salud y derechos sociales deberán elaborar y aprobar planes especiales de protección de la población ante los efectos derivados del cambio climático, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud en sus informes periódicos.
Este documento legislativo ha sido impulsado por la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y consta de diferentes instrumentos de gestión como son la Estrategia de Cambio Climático de Canarias, la Estrategia de Transición Justa, el Plan de Transición Energética de Canarias (junto a sus ocho estrategias específicas) y el Plan de Acción de Cambio Climático.
El texto definitivo aprobado por el Parlamento de Canarias se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Canarias.
