El artículo 32 de la normativa de atención a la Dependencia estipula una financiación al 50%, y el déficit genera una sobrecarga financiera para el Archipiélago
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y su equipo, asisten en el Ministerio al Consejo Territorial de Servicios Sociales en el que también se ha estipulado que Canarias recibirá 9,8 millones para prestaciones básicas y para combatir la pobreza infantil
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha acudido hoy en Madrid, junto a su equipo, a la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Los consejeros y consejeras asistentes, entre otros asuntos, fueron informados sobre el anteproyecto de ley para reformar dos normas al mismo tiempo: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para implantar un nuevo enfoque para garantizar más derechos para las personas con dependencia o con discapacidad, y va a ampliar el catálogo de servicios a los que pueden optar.
Aunque el Ministerio ha explicado de que el anteproyecto de ley va a poner fin a “dos recortes importantes” en materia de dependencia suprimiendo el régimen de incompatibilidades en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y la eliminación del plazo suspensivo máximo de dos años que hay en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, Canarias ha querido recordar ante el Consejo que el Estado “aún sigue infrafinanciando la dependencia en el Archipiélago, que asume en solitario, junto a los cabildos, el 78% del coste del Sistema, cuando la norma exige el 50% por parte del Estado”, como explicó la consejera, Candelaria Delgado.
Además, Delgado explicó que “a los 224 millones de euros que aporta la Comunidad, hay que sumar los 81 millones que financian los cabildos, un importe que no contabiliza el Estado como aportación al sistema. La Dependencia en Canarias hoy en día lleva una inversión de algo más de 392 millones de euros, de los cuales el Estado tan solo pone 87. Si hacemos las cuentas, Madrid nos debe anualmente más de 100 millones en este ámbito porque asume únicamente el 22% de todo este presupuesto. El incumplimiento del reparto equitativo entre el Estado y la CAC tiene varias consecuencias, pero las principales son la mayor presión financiera sobre la Comunidad Autónoma que limita su capacidad para atender otras áreas esenciales; el posible impacto en la calidad y cantidad de los servicios ofrecidos a las personas dependientes y el riesgo que corre la sostenibilidad del Sistema, ya que la CAC y los cabildos insulares deben compensar la falta de financiación estatal”, aseguró.
Finalmente, Delgado estuvo de acuerdo en el esfuerzo de reforma del anteproyecto de Ley y solicitó que el Estado “nos ayude también a explorar las vías de financiación por parte de Europa, tal y como estamos haciendo en la Comunidad, aprovechando los fondos europeos para ofrecer una teleasistencia de última tecnología que no va sino en beneficio de la mejor atención a las personas”.
Prestaciones básicas y pobreza
El Consejo Territorial también fijó hoy los criterios de distribución territorial y las cuantías resultantes entre las comunidades autónomas del crédito destinado a la financiación en 2025 del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil, Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y el Plan de Desarrollo Gitano, por el que Canarias recibirá un importe total de 9.833.514,06 euros.
El reparto entre las comunidades se ha realizado atendiendo en un 90% a la población, y el resto a criterios de superficie (5%), población dependiente (2,3%), dispersión (1,5%), grandes urbes (0,7%) e insularidad (0,5%). Del total, más de la mitad del crédito (5.301.939,46 euros) irá destinado a financiar prestaciones básicas de Servicios Sociales en Canarias. “En realidad”, explicó Delgado, “en este ámbito tenemos una infrafinanciación, ya que este importe supone solo el 5% del total de la financiación de la Comunidad Autónoma para atender las necesidades de las personas en situación de pobreza, ya que ahora mismo se están destinando más de 42 millones en el Archipiélago. También se ha solicitado que se resuelvan las subvenciones nominativas en tiempo y forma, ya que las correspondientes a 2024 se ingresaron el pasado mes de enero”.
A través del programa de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil, Canarias recibirá 2.556.612,60 euros, lo que supone el 5% del total, y para el programa específico destinado a garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral Canarias recibirá 765.562 euros.
Los equipos de infancia y familia de la Red de servicios sociales de atención primaria del Archipiélago contarán también con 1.198.000 euros. Este crédito irá destinado a financiar el refuerzo y a proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la prevención y detección precoz de cualquier tipo de riesgo de violencia hacia la infancia, promoviendo la competencia en sus funciones de crianza por parte de las familias. Por último, la distribución del crédito para proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano, Canarias recibirá 11.400 euros.
Congreso Estatal de Voluntariado
Por otra lado, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobó destinar la cantidad de 75.000 euros para la realización del XXIV Congreso Estatal de Voluntariado, cantidad que se transferirá del crédito del Plan Estatal del Voluntariado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a la Comunidad Foral de Navarra, comunidad que se encargará de organizar este Congreso en 2025.
El Congreso Estatal de Voluntariado se plantea como un espacio de participación activa y diálogo en el que se plantean las realidades, los retos del voluntariado y los ODS, posibilitando establecer líneas de actuación en todas las áreas y sectores del voluntariado, en el marco de los objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Canarias acogió en el año 2022 la celebración de este Congreso, y en 2024, lo hizo la comunidad autónoma de Asturias
