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El Gobierno establece una desescalada en las medidas de cada nivel de alerta flexibilizando los horarios y aforos

El Gobierno establece una desescalada en las medidas de cada nivel de alerta flexibilizando los horarios y aforos

El informe de la Dirección General de Salud Pública mantiene a todas las islas en el mismo nivel en el que se encontraban hasta ahora al mantenerse los indicadores de capacidad asistencial en riesgo alto o muy alto

A pesar de que la presión asistencial continúa en valores elevados, el descenso continuado de casos diarios permite aplicar a cada isla las medidas establecidas para el nivel inmediatamente inferior

La Incidencia Acumulada a 7 días ha descendido desde el día de pico máximo, el 14 de enero,  un 83,6 por ciento con una tendencia favorable aunque aún se mantiene en riesgo alto o muy alto

El Consejo de Gobierno de Canarias en su sesión ordinaria celebrada este jueves, día 10 de febrero, acordó continuar con la desescalada moderada y progresiva de las restricciones ante el descenso continuado de la incidencia acumulada de esta sexta ola de la pandemia de la COVID-1. La medida aprobada, que se adopta tras evaluar el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, contempla flexibilizar las restricciones de cada nivel de alerta sanitaria, de modo que a cada isla se le aplicarán las medidas en vigor correspondientes al nivel de alerta anterior al que se encuentre el territorio en cuestión.

Esta medida será de aplicación desde las 00:00 horas del 11 de febrero de 2022 hasta las 24 horas del 10 de marzo de 2022, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga en función de la situación epidemiológica.

El Consejo de Gobierno insiste en la importancia de continuar manteniendo la cautela ante la variante Omicron y la presión asistencial que esta sexta ola ha provocado sobre el sistema sanitario del Archipiélago, que mantiene a todas las islas en el nivel de alerta sanitaria en el que se encuentran. El informe de la Dirección General de Salud Pública mantiene los niveles al continuar la capacidad asistencial en riesgo alto o muy alto en todas las islas a pesar de la reducción del número de casos diarios. Si bien la incidencia acumulada desde el 14 de enero ha experimentado un descenso continuado en el número de casos, con una reducción del 83,6 por ciento a 7 días; fue tal alta la transmisibilidad alcanzada que también esos indicadores continúán aún en riesgo alto.

No obstante, ese descenso continuado de la incidenica acumulada que se ha producido en las últimas semanas permite flexibiliar las medidas acordes a la situación epidemiológica actual.

Esta medida se acuerda a la vista de la evolución favorable de los indicadores epidemiológicos, y en aplicación de lo previsto en el artículo 22.4 del Decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias, establece que “La autoridad sanitaria autonómica podrá acordar, de forma motivada, la aplicación de un nivel de alerta inferior al aplicable en un ámbito territorial determinado en función de su concreta situación epidemiológica, siempre que no se pongan en riesgo los intereses generales de intervención sanitaria contra la pandemia de COVID-19 y la preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud”.

Desescalada y flexibilización

El acuerdo tomado hoy supone, de facto, la suspensión de las medidas restrictivas que se aplicaban a las islas en nivel de alerta 4, entrando en vigor las medidas del nivel de alerta 3. Del mismo modo, a las islas que se encuentren en nivel 3, se le aplicarán las medidas del nivel 2 y las que pasen en las siguientes revisiones al nivel 2, se beneficarián de las del nivel 1. Cuando haya islas en nivel 1, se le aplicarán las propias de ese nivel.

La flexibilización de medidas a un nivel inferior al establecido en cada isla afecta a todas las actividades y establecimientos sujetos a limitaciones por la pandemia. De este modo, se establece que los grupos de personas en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre, deberán ser, como máximo, de 12 personas, salvo convivientes, en los niveles de alerta 1 y 2; de ocho personas, salvo convivientes, en nivel de alerta 3, y de seis personas, salvo convivientes, en el nivel de alerta 4.

En cuanto a los horarios de cierre en establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario de cierre o tuvieran fijado uno superior, los horarios máximos autorizados son los del nivel anterior al correspondiente en cada isla. Por tanto, quedan del siguiente modo: cierre a las 04.00 horas en nivel de alerta 1 y 2; a las 03.00 horas en nivel de alerta 3, y a las 02.00 horas en nivel de alerta 4.

En lo referente a establecimientos y actividades de hostelería y restauración, en nivel 1 y 2 el aforo será del 100% al aire libre y del 75% en interiores, las mesas podrán ser ocupadas por un máximo de 12 personas y la hora máxima de cierre del local se establece a las 04.00 horas; en nivel de alerta 3 el aforo será de 75% al aire libre y del 50% en interiores, las mesas serán ocupadas por 8 personas como máximo y el cierre será antes de las 03.00 horas; y, por último, en nivel de alerta 4 el aforo será del 75% en terrazas y del 40% en interiores, las mesas serán ocupadas por 6 personas como máximo y la hora límite de cierre del establecimiento será la 02.00 horas.

Modificaciones en el ámbito deportivo y cultural

En cuanto al ámbito deportivo y cultural, dado el descenso continuado de casos, se aplicarán los límites de aforo máximo  del 85% para eventos en recintos abiertos y del 75% para eventos en recintos cerrados, respetando las medidas no farmacológicas de protección frente a la COVID-19.

Estos límites afectan a las competiciones deportivas de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Liga de la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB), así como de otros eventos deportivos multitudinarios, tal como se acordó esta semana en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en cuyo acuredo se recoge que los asistentes a los eventos serán preferentemente personas abonadas y público local. Los entrenamientos se realizarán preferentemente sin público y, en todo caso, con los límites de aforo máximo establecidos anteriormente y bajo las normas de cumplimiento referentes a la organización de los accesos, sectorización y movimiento de los asistentes.

En cuanto al ámbito cultural, los aforos máximo para la actividad cultural en el conjunto de los niveles, con independencia de que tenga o no la consideración de evento multitudinario, serán los siguientes:

  • La actividad que se realice en locales y establecimientos culturales y artísticos cerrados cuya actividad ordinaria sea cultural, el aforo máximo permitido será del 75%.
  • La actividad que se realice en espacios públicos acotados al aire libre, tales como plazas, parques o instalaciones deportivas, el aforo máximo permitido será del 85%.

Sanidad Mortuoria

El consejo de Gobierno también fue informado en su sesión de hoy de la revocación de la Orden de 20 de marzo de 2020, de Sanidad Mortuoria, dictada al principio de la pandemia, por la que se preveía la posibilidad de inhumación o incineración de las personas fallecidas con COVID antes de las 24 horas de su fallecimiento y prohibía el velatorio y cualquier intervención de tanatopraxia o tanatoestética sobre el cadáver.

La evidencia científica, tras los dos años de pandemia, permite tratar y asistir el fallecimiento de pacientes con COVID como el de cualquier otro deceso que tenga lugar por otra enfermedad cualquiera con el correspondiente velatorio bajo las normas generales vigentes para este tipo de actividades.

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Todas las islas mantienen sus niveles actuales de alerta sanitaria

Todas las islas mantienen sus niveles actuales de alerta sanitaria

Tenerife y Gran Canaria continúan en nivel de alerta 4; La Palma, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y Lanzarote en nivel 3

Aunque la incidencia acumulada en la última semana desciende un 33,7%, el porcentaje de ocupación hospitalaria continúa en riesgo muy alto en Gran Canaria; en Tenerife en riesgo alto; en Fuerteventura, La Gomera y El Hierro en riesgo medio; y en Lanzarote y La Palma en riesgo bajo, lo que mantiene a todas las islas en el mismo nivel de alerta en el que se encontraban

La Consejería de Sanidad ha actualizado hoy los niveles de alerta sanitaria tras el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública con datos consolidados a 9 de febrero. El informe especifica la evolución de los indicadores sanitarios por COVID-19, que mantiene a todas las islas en sus actuales niveles de alerta. Esto supone que Tenerife y Gran Canaria continúan en nivel de alerta 4; y La Palma, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera y Lanzarote (donde epidemiológicamente se incluye La Graciosa) siguen en nivel 3.

En el conjunto de la Comunidad Autónoma, entre el día 1 y el 7 de febrero, se notificaron 6.230 casos nuevos de COVID-19, lo que supone una reducción en torno al 33,7% en el promedio diario de nuevos casos en relación con la semana anterior. Datos que responden al descenso del 33,7% de la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días en Canarias. De un promedio semanal de 432,1 casos por 100.000 habitantes, se pasó a 286,3 casos esta semana.

Todas las islas se encuentran en nivel de riesgo muy alto en este indicador, salvo Tenerife y Lanzarote que descienden a nivel de riesgo alto.

En la IA a 7 días en personas de más de 65 años y en la IA a 14 días todas las islas se encuentran en riesgo muy alto, si bien en ambos indicadores se registran descensos en el conjunto del Archipiélago del 38,6% y 52,3%, respectivamente. El Hierro es la única isla que registra un ascenso en el indicador de IA a 7 días para personas de más de 65 años, que aumenta un 15%.

Indicadores asistenciales

En cuanto a los indicadores asistenciales, el promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas desciende un 16,4% con respecto a la semana anterior y con un 14,2% de ocupación promedio, se sitúa en riesgo alto. El porcentaje de ocupación en Gran Canaria está en nivel de riesgo muy alto; en Tenerife en riesgo alto; Fuerteventura, La Gomera y El Hierro en riesgo medio; y Lanzarote y La Palma en riesgo bajo.

El número de camas UCI ocupadas mantiene la tendencia ascendente, aumentando un 10,2 por ciento respecto a la evaluación anterior. El porcentaje de ocupación en el conjunto del Archipiélago es del 20%. Tenerife está en nivel de riesgo muy alto, Gran Canaria y Fuerteventura se sitúa en nivel de riesgo alto, mientras que el resto de las islas se sitúan en circulación controlada.

Mediana de edad

La mediana de edad del total de personas hospitalizadas por COVID-19 en los últimos 30 días es de 73 años y de 66 años en los ingresados en UCI, mientras que la mediana de edad de los fallecidos en los últimos 30 días es de 82 años, con un rango que abarca de los 37 a los 99 años.

El 59,3% de las personas ingresadas en unidades de críticos diagnosticadas durante los últimos 30 días no había recibido la pauta de vacunación completa, un porcentaje alto si tenemos en cuenta que sólo el 18,21 por ciento de la población mayor de 5 años aún no se ha vacunado.

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El Consejo recibe información de los convenios suscritos por Administraciones Públicas con corporaciones locales

Los acuerdos abarcan materias como seguridad y emergencias, procesos de selección a los cuerpos de Policía Local y el uso compartido de listas de reservas de personal interino y temporal

El Consejo de Gobierno de Canarias ha sido informado este jueves, 10 de febrero, de varios acuerdos suscritos por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con las corporaciones locales de Canarias en el cuarto trimestre de 2021. En concreto, en dicho período el departamento que dirige Julio Pérez firmó cinco convenios y 23 adendas de adhesión a diversos conciertos de colaboración.

Estos acuerdos y adendas se suscribieron para el acceso a la Red de Emergencia y Seguridad de Canarias (RESCAN), para la delegación de competencias en procesos de selección para la incorporación a los cuerpos de la Policía Local y para el uso compartido de listas de reservas en el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, así como en la contratación de personal laboral temporal.

En cuanto a los convenios de cooperación para el acceso a la RESCAN, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad suscribió tres acuerdos con los ayuntamientos de Garafía, Fuencaliente y Haría. Los otros dos convenios fueron firmados con las corporaciones locales de La Frontera y Guía de Isora para la colaboración entre el Cuerpo General de la Policía Canaria y el Cuerpo de la Policía Local.

De las 23 adendas, se formalizaron las adhesiones al Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los ayuntamientos de Teguise, Puntallana, Agulo, Puerto de la Cruz, Tejeda, Buenavista del Norte, Tuineje, Arrecife , Valsequillo, El Pinar, Moya, Candelaria, Tazacorte y San Miguel de Abona, así como el Cabildo de Tenerife, para el uso compartido de listas de reservas para el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal.

Durante el cuarto trimestre de 2021, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad suscribió con los ayuntamientos de El Sauzal, Teguise, Tacoronte, Tegueste, Tías, Icod de los Vinos, Haría y Tijarafe adendas de adhesión al Convenio de Cooperación entre la Administración Pública canaria y la Federación Canaria de Municipios por la que se instrumenta la delegación de las competencias de los municipios de Canarias en los procesos de selección para el acceso a los cuerpos de la Policía Local.

El Gobierno aprueba el nombramiento de dos vocales del Consejo Social de la ULPGC

Se trata de Rafael Pérez Jiménez, en representación del profesorado, y de Nerea García García, del sector estudiantil

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, jueves 10 de febrero, el decreto de nombramiento de dos vocales del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como representantes de la comunidad universitaria por los sectores del profesorado y del estudiantado.

A propuesta de la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela Armas y del Consejo de Gobierno de la ULPGC, se nombra a Rafael Pérez Jiménez en representación del sector del profesorado, y a Nerea García García, por el estudiantil. Asimismo, el Gobierno ha declarado el cese como vocal por el alumnado de Ada Santana Aguilera.

El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de ley que regulará la Renta de Ciudadanía de Canarias

El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de ley que regulará la Renta de Ciudadanía de Canarias

El documento será ahora remitido al Parlamento para su debatey aprobación definitiva

La entrada en vigor de la Renta de Ciudadanía supone un cambio de modelo con respecto a la PCI y equiparael Archipiélago al resto de comunidades autónomas en la concesión de una renta garantizada

El proyecto contempla tres modalidades de renta ciudadana que se irán implantando progresivamente y un incremento de las cuantías

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy jueves, 10 de febrero, en Consejo de Gobierno, el proyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, paso previo para su remisión y aprobación en sede parlamentaria.

La Ley de Renta de Ciudadanía tiene por objeto regular el derecho a la renta de ciudadanía como prestación económica de percepción periódica. Por tanto, reconoce el derecho a las prestaciones económicas que aseguren la cobertura de las necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de recursos económicos suficientes para atender dichas necesidades.

Además, regula el derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, con la finalidad de prevenir y atender a las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social.

La entrada en vigor de la Renta de Ciudadanía supone un cambio de modelo con respecto a la Prestación Canaria de Inserción (PCI). De hecho, no solo equipara al Archipiélago al resto de comunidades autónomas en tener una renta garantizada, sino que mejora las cuantías que recibirán las personas beneficiarias con respecto a la PCI, estableciendo la misma cuantía de base que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), más elevada que la actual PCI.

El proyecto de Ley contempla que la Renta de Ciudadanía complemente al IMV, en caso de que este no ofrezca la cuantía completa, y en función de las otras fuentes de ingresos de las familias. De esta forma, se aumentan las cuantías, lo que permitirá mejorar la acción protectora sobre la población que más lo necesita, además de ampliar la cobertura incrementando la protección a las familias que pueden acogerse a ella.

Hay que recordar que la renta de ciudadanía se concibe como un derecho subjetivo que se instrumenta a través de una prestación económica que se percibirá de forma ininterrumpida mientras persistan las circunstancias que motiven su concesión y, en su caso, a través de un proceso de inclusión social, destinado a corregir situaciones de necesidad relacionadas con la falta de medios de subsistencia, para combatir la exclusión y la vulnerabilidad social.

De esta forma, constituye una prestación reglada de naturaleza económica, otorgada a la unidad de convivencia, nominativa e intransferible.

El anteproyecto contempla la simplificación de los trámites administrativos, eliminando procedimientos como las renovaciones, que serán sustituidas por revisiones periódicas, y por la comunicación de cambios de circunstancias por parte de las familias en los servicios sociales municipales, para evitar periodos sin cobrar de las familias.

Tres modalidades de renta

Según establece la futura Ley, serán titulares de este derecho todas las personas con residencia efectiva en Canarias que se encuentren en situación de exclusión social o vulnerabilidad social y que cumplan los requisitos recogidos en el proyecto de Ley.

Las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía serán tanto la persona titular como aquellas personas que compongan la unidad de convivencia.

Además, el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia que se irán implantando de forma progresiva: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, que será la primera en implantarse; la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo.

También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributivas) que se desarrollarán a través de un reglamento específico.

El Gobierno se persona en los recursos de inconstitucionalidad presentados por VOX

El Ejecutivo considera que los recursos buscan perjudicar el control sanitario y la recuperación económica, así como evitar los avances en derechos y libertades de una norma aprobada por unanimidad y a instancia de los grupos LGTBI+

El Consejo de Gobierno celebrado hoy en la sede de la Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido que el Ejecutivo autonómico se persone en los recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados de VOX en el Congreso contra el decreto COVID aprobado por Canarias en noviembre de 2021 y, además, contra diversos preceptos de la Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales (Ley 2/2021), respaldada por el Parlamento isleño por unanimidad el pasado 26 de mayo y publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 7 de junio.

El Gobierno de Canarias no sólo se reafirma en los contenidos del decreto que fija el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas de control y gestión en las Islas, sino que considera que el recurso de VOX sólo pretende obstaculizar la lucha contra la pandemia y, así, perjudicar a la economía y la sociedad isleña, ya que sin control sanitario no puede haber recuperación socioeconómica.

Asimismo, la personación en el recurso contra la Ley de Igualdad Social, una de las más avanzadas, pioneras y consensuadas con los colectivos LGTBI+ del país, se debe a que la única intención de VOX pasa por frenar los avances en derechos e igualdad logrados en el país y en la Comunidad, aparte de que se trata de una norma aprobada a instancia de esos grupos y que salió por unanimidad del Parlamento de Canarias, la mejor prueba de su legitimidad, con los votos del PSOE, CC-PNC, PP, NC, Sí Podemos Canarias, ASG y Cs.

Entre otros avances, esta norma establece que, para acreditar la identidad de género, basta con que la persona interesada manifieste expresamente su identificación como mujer, hombre o persona no binaria sin necesidad de informes psicológicos o médicos. También se fijan sanciones de hasta 45.000 euros en casos muy graves de agresión o acoso.

Ampliados al suelo rústico los beneficios fiscales para la reconstrucción de viviendas afectadas en La Palma

El Ejecutivo aprueba una norma que adapta las medidas tributarias ya en vigor a lo previsto en el decreto-ley para la reparación de los daños urbanísticos aprobado el 20 de enero

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy un decreto-ley que adapta las medidas tributarias excepcionales ya en vigor a lo que establece otro, del 20 de enero, en materia urbanística y de construcción de viviendas habituales afectadas por la erupción en La Palma  De este modo, el Ejecutivo extiende los beneficios fiscales que estaban vigentes para las actuaciones en suelo urbano a aquellas que se ejecuten también en suelo rústico.

La norma aprobada hoy se aplicará, como las anteriores, a la transmisión onerosa o gratuita de parcelas situadas en los términos municipales de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

Se aplicará el tipo cero a las transmisiones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, siempre que las parcelas sean destinadas a la construcción de viviendas habituales en situación legal o asimilada a la misma en sustitución de las destruidas por la erupción del volcán. El adquirente de la parcela y el promotor de las obras de construcción deben ser la misma persona física.

Las obras de construcción deben comenzar en el plazo de un año desde la fecha en la que el Pleno del Ayuntamiento en el que se ubique la parcela donde se pretende ejecutar la construcción adopte el acuerdo de autorización y deben concluir en dos años desde el inicio de las obras.

Asimismo, se bonificará en un 100 por cien la cuota tributaria a la donación de las parcelas destinadas a los citados fines y se aplicará el tipo 0 del IGIC a las ejecuciones de construcción de obra.

El decreto en materia urbanística aprobado el pasado 20 de enero, cuyo ámbito territorial son los términos municipales afectados por ese proceso eruptivo y sus coladas, tiene como último objetivo la reconstrucción de inmuebles destinados a vivienda y, además, su rehabilitación.

El texto define los conceptos que sirven de base a la regulación de la norma: vivienda habitual, vivienda legal y vivienda asimilada a la situación de legalidad. En cuanto a las situaciones urbanísticas en que podían encontrarse las edificaciones destruidas, se distingue entre las de legalidad y las asimiladas a la primera, que comprenden las situaciones de consolidación, afectación por actuación pública y fuera de ordenación, conforme a los conceptos legales contenidos en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La reconstrucción podrá ejecutarse en cualquier parcela que esté clasificada como suelo urbano, suelo rústico de asentamiento, suelo rústico común, suelo rústico de protección agraria y suelo rústico de protección paisajística. Se excluyen los espacios naturales protegidos, los incluidos en la Red Natura 2000, las parcelas destinadas a dominio público y las que puedan resultar afectadas por riesgos de cualquier naturaleza, según el Plan Insular de Ordenación o el Plan de Gestión de Inundaciones.

El Gobierno de Canarias destina 484.625 euros a recursos del ‘Arca de Noé’ en Fuerteventura, La Palma y La Gomera

Este programa tiene como finalidad posibilitar el aislamiento o cuarentena de personas que lo tengan indicado por razón de la COVID-19 y presenten dificultad para su cumplimiento

El Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a las contrataciones realizadas por el procedimiento de emergencia en las Áreas de Salud de Fuerteventura, La Palma y La Gomera de servicios de transporte y de alojamiento de corta estancia destinados a personas positivas en COVID-19 o que han sido contactos estrechos, por un importe total de 484.625 euros.

Las contrataciones, que se realizaron dentro del proyecto del Servicio Canario de la Salud Arca de Noé, consistieron en la puesta a disposición de alojamientos de corta duración en el Área de Salud de Fuerteventura, por importe de 482.784 euros, y en el Área de Salud de La Palma, por importe de 980 euros, a personas migrantes o socialmente vulnerables que presentaban dificultades para cumplir los períodos de cuarentena. En el Área de Salud de La Gomera se contrató un servicio de transporte de personas migrantes por importe 856 euros.

El proyecto Arca de Noé fue puesto en marcha en octubre de 2020 para garantizar que personas socialmente vulnerables y migrantes puedan realizar con garantías los períodos de aislamiento o cuarentena prescritos por ser casos positivos en COVID-19, sospechosos o contactos estrechos de un positivo.

Igualmente, está destinado a personal sanitario con diagnóstico, sospecha o contacto de COVID-19 o con alto nivel de exposición laboral al contagio, con independencia de que deban realizar aislamiento o cuarentena.

De esta manera se evita la propagación del virus como consecuencia de nuevos contagios, el uso de recursos sanitarios sin que existan motivos asistenciales que lo justifiquen y la reducción de la presión hospitalaria.