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El Plan de Reactivación Social y Económica contempla hasta la fecha 914 millones en acciones concretas para 2020

Mesa de seguimiento del Pacto de Canarias

A esa cantidad se añadirán partidas adicionales que pueden estar por encima de los 400 millones en este mismo ejercicio

El presidente de Canarias avanza las primeras 247 medidas con ficha financiera que forman parte del Plan en su fase A, entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre, a las que se seguirán sumando otras

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha convocado en la tarde de este lunes, 13 de julio, una mesa de diálogo institucional con todos los firmantes del Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias. En esta mesa de seguimiento se ha analizado la ejecución de las medidas contempladas en el Pacto suscrito el pasado 30 de mayo por la mayoría de los grupos parlamentarios canarios (PSOE, CC, Nueva Canarias, ASG y Sí Podemos), los cabildos (Fecai), los municipios (Fecam), las principales centrales sindicales (UGT y CCOO), la patronal (CEOE y CCE), las cámaras de comercio, el Tercer Sector y los colegios profesionales de Trabajo Social.

En el encuentro, celebrado en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, se ha planteado la dinámica para el seguimiento del Pacto y de las medidas contempladas en el Plan que está resultando de ese compromiso. “Un Plan para la Reactivación Social y Económica”, explicó el presidente de Canarias, “que ya comenzó a aplicarse desde el 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma por la COVID-19”.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha propuesto que el Plan se desarrolle por fases. La primera, la fase A, es la que engloba todas las acciones que se efectuarán este año, subdividida, a su vez, en dos tramos temporales: las medidas que se han tomado desde el 14 de marzo hasta el 14 de julio y las que se van a llevar a cabo desde el 14 de julio hasta el 31 de diciembre. La fase B del Plan comenzará en 2021 y tendrá vigencia hasta el final de la legislatura, en 2023.

Desde el Gobierno de Canarias se han analizado las líneas de trabajo que cuentan ya con ficha financiera y que han sido impulsadas en la fase A.

En un primer balance se han contabilizado 247 medidas que giran en torno a 106 ejes de actuación y que están cuantificadas en 914.459.441 euros con fondos generados por el Gobierno de Canarias.

Todas esas medidas, a las que se irán sumando otras, están encuadradas en las siete prioridades estratégicas que establece el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias:

1)    Conservar los servicios públicos fundamentales:

10 ejes / 49 medidas / 29,8 millones de euros

2)    Reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias:

16 ejes / 52 medidas / 18,1 millones de euros

3)    Atender a los más vulnerables:

3 ejes / 8 medidas / 45 millones de euros

4)    Mantener y recuperar el empleo:

17 ejes / 25 medidas / 75,8 millones de euros

5)    Impulso de la actividad económica:

45 ejes / 82 medidas / 545,21 millones de euros

6)    Agilizar, simplificar, cooperar y coordinar los trámites administrativos:

8 ejes / 15 medidas / 200,3 millones de euros

7)    Impulsar la Agenda 2030 en Canarias con sus objetivos de desarrollo sostenible:

7 ejes / 16 medidas

Agilización administrativa y ejecución presupuestaria

En la reunión de seguimiento, el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, dio detalles del estado de ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 y destacó que, “a pesar de haber vivido un parón total de la actividad con el estado de alarma por la pandemia, estamos por encima de los niveles de ejecución presupuestaria que había el año pasado por estas fechas”.

Antonio Olivera recalcó que hasta el mes de junio los gastos en servicios esenciales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) se han incrementado el 7,1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior (193,4 millones más). En cuanto a las inversiones reales, el incremento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior ha sido del 29,4 por ciento en su ejecución (14,2 millones más). Ha habido un mayor grado de gasto registrado a mitad de año que “también corrobora el cumplimiento de uno de los compromisos que se adquirieron en el Pacto firmado el 30 de mayo: el de agilizar los procedimientos administrativos”, añadió Ángel Víctor Torres.

Certidumbres económicas

Desde que se firmara el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias el Día de Canarias, se han producido acuerdos, reuniones y anuncios por parte de la administraciones autonómica y estatal, que han contribuido a generar más certidumbre económica. Uno de esos anuncios fue la creación de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros por parte del Gobierno de España, a distribuir entre las comunidades autónomas. De los cálculos realizados según los criterios establecidos de reparto, se concluye que Canarias recibirá una cuantía global de 549,6 millones de euros, de los que 373 millones son recursos adicionales que se destinarán a la adopción de medidas vinculadas al Plan para la Reactivación Económica y Social de Canarias.

Otra de las certidumbres con las que cuenta Canarias es que podrá hacer uso del superávit y la administración autonómica no estará obligada a aumentar las cantidades destinadas a amortización de deuda.

A esto hay que sumar, dentro del superávit, la posibilidad de usar los 500 millones de euros de la sentencia de carreteras. Además, la información procedente de las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias indica que los reajustes presupuestarios pueden permitir disponer de una cantidad que estaría entre los 100 y los 150 millones de euros adicionales para este ejercicio.

El presidente de Canarias aseguró que este es “un plan vivo, cambiante, sujeto a ingresos adicionales que puedan darse, pero también a imprevistos presupuestarios a los que haya que hacer frente por un brote o rebrote”. Ángel Víctor Torres también apuntó que se trata de “un documento abierto y participativo en el que, además de dar cuenta de las cifras del Gobierno, también se da la oportunidad de que los firmantes hagan sus aportaciones y trasladen qué contribuciones están haciendo para el cumplimiento del Pacto”.

La voluntad del Ejecutivo es que el documento que resulte de estas reuniones de trabajo pueda ser aprobado en septiembre en el Consejo de Gobierno y que, posteriormente, sea sometido a la consideración de todos los partidos representados en el Parlamento.

Una nueva reunión el 6 de agosto

La próxima reunión de seguimiento del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias se celebrará el 6 de agosto en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife. En ese segundo encuentro se hará un nuevo balance de las medidas aplicadas en la fase A, se recogerán las aportaciones que hagan los firmantes según el documento presentado hoy y se analizarán los efectos de las medidas adoptadas hasta el momento.

Asimismo, en la próxima cita se estudiarán los acuerdos que se adopten en el Consejo Europeo próximo en torno al plan de reconstrucción europeo 2021/2023.

Participantes:

PRESIDENTE DE CANARIAS

  • Ángel Víctor Torres Pérez

VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS

  • Román Rodríguez Rodríguez

CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD

  •  Noemí Santana Perera

CONSEJERA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

  • Yaiza Castilla Herrera (por videoconferencia)

VICECONSEJERO DE LA PRESIDENCIA

  • Antonio Olivera Herrera

CEOE

  • José Carlos Francisco Díaz

CCE

  • Agustín Manrique de Lara

CC.OO

  • Inocencio González

UGT

  • Francisco Bautista Yánez

FECAI

  • María Dolores Corujo. Presidenta

FECAM

  • Mari Brito. Presidenta Fecam

TERCER SECTOR

  • Antonio Rico. Representante del tercer sector. Presidente Cruz Roja

TRABAJO SOCIAL

  • Laura Monroy (Colegio Trabajo Social de Las Palmas). Representa a los colegios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

PORTAVOCES GRUPOS PARLAMENTARIOS

  •  PSOE: Nira Fierro.
  • SÍ PODEMOS CANARIAS: Manuel Marrero
  • NC: Luis Campos
  • ASG: Melody Mendoza
  • CC: José Miguel Barragán

CÁMARAS DE COMERCIO

  • José Sánchez Tinoco. Presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas.
  • Santiago Sesé (por videoconferencia) Presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

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La Consejería de Agricultura activa un plan especial para garantizar la actividad en el sector primario

La consejera Alicia Vanoostende agradece el inmenso esfuerzo que realizan día a día las personas vinculadas al sector para asegurar la actividad

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una batería de medidas orientadas a informar y proteger el funcionamiento de la actividad agraria y pesquera en la actual situación de estado de alarma. Ante esta coyuntura de excepcionalidad, la Consejería ha activado ya un plan especial cuyo objetivo principal es garantizar que el trabajo realizado por la administración no se pare y continúe con su funcionamiento habitual para seguir aportando soporte administrativo al sector.

De forma paralela, se ha informado y aclarado dudas al sector sobre la aplicación del Real Decreto  463/2020, de 14 de marzo, a través del correo habilitado por Agricultura informa.cagpa@gobiernodecanarias.org cuya finalidad es estudiar y solventar caso por caso las preguntas y dudas que se generan en la actividad del sector.

Entre las medidas llevadas a cabo por el departamento, se ha coordinado el trabajo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para transmitir las necesidades del sector, solicitando la ampliación de plazos de subvenciones y la flexibilización de condiciones y de comprobaciones de las mismas, como la petición realizada para la creación de líneas de ayudas específicas por la pérdida total de producción de productos perecederos no alimenticios (plantas, flores, esquejes, aloe vera, etc…).

 En esta línea, la cooperación con los cabildos se ha intensificado para proporcionar información de las circunstancias actuales de la producción agraria y pesqueras en las diferentes islas y recoger las dudas existentes para solucionar los obstáculos en el desarrollo de la actividad. Asimismo, se trabaja en sintonía con las organizaciones agrarias y la gran distribución para detectar los problemas que surgen en el sector y facilitar la salida y agilización de la producción.

En relación con GMR, empresa adscrita a la Consejería, se ha habilitado el correo compromiso2020@gmrcanarias.com para recoger las peticiones de los productores que hayan tenido dificultades en la comercialización derivada de la situación actual, con el fin de buscar soluciones y canales de venta alternativos a través de la empresa GMR.

Esta medida se completará con la reducción del periodo de pago de GMR a todos los proveedores que comercializan sus productos con esta empresa pública con el objeto de dotar de liquidez al sector.

Para el caso de aquellos subsectores más azotados por la crisis y que necesitan liquidez, se realizará el pago adelantado de las ayudas del Posei, que normalmente se abonan a 30 de junio de 2020, priorizando a los subsectores más perjudicados.

Por último, el Gobierno canario solicitará a la Comisión Europea que se permita modificar el objeto y los plazos de las convocatorias de ayudas del Posei y PDR.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, defiende un paquete de medidas “excepcionales para paliar los efectos de la crisis en el abastecimiento de alimentos y que permitirá mantener la actividad y el empleo en el sector primario”. En esta línea, explica la importancia de un sector “estratégico que produce los alimentos para la población y que tenemos que proteger”, por lo que agradece “el inmenso esfuerzo que realizan día a día las personas vinculadas al sector para asegurar la actividad y volver lo más pronto posible a la normalidad”.

 

Foto: Isidoro Jiménez

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El Gobierno de Canarias aprueba un protocolo de medidas preventivas para el personal de la Comunidad Autónoma

El Gobierno de Canarias aprueba un protocolo de medidas preventivas para el personal de la Comunidad Autónoma

Se trata de un conjunto de medidas para salvaguardar la salud de los empleados y empleadas públicas y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos ante la situación derivada del escenario de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional declarada por OMS derivado de un brote por el coronavirus que da lugar al COVID-19

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, anuncia la aprobación de un protocolo de medidas preventivas dirigido al personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias con el fin de salvaguardar la salud de los empleados y empleadas públicas y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos ante la situación derivada del escenario de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional declarada por OMS derivado de un brote por el coronavirus que da lugar al COVID-19.

Así, se establecen medidas destinadas a reducir el riesgo a la exposición y, asimismo, procedimientos de actuación para distintos casos que pueden producirse, incluyendo también recomendaciones de fomento del distanciamiento social como técnica más efectiva de contención del citado patógeno, en el actual escenario. Este protocolo es de aplicación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, con las adaptaciones y desarrollos que resulten precisas en los ámbitos específicos o competenciales que lo requirieran, como Sanidad, Educación, Justicia y Policía Canaria, entre otros.

Procedimiento en caso de sospecha de infección

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para la población general, si un trabajador/a de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias sospecha que pudiera estar infectado/a por darse las siguientes situaciones:

1)      Ha viajado recientemente a alguno de las zonas consideradas de riesgo según el Ministerio de Sanidad:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

y/o

2)      Ha tenido contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección por COVID-19

y/o

3)      Presenta síntomas de enfermedad respiratoria: fiebre, tos y sensación de falta de aire.

El trabajador deberá:

Llamar al 900112061 y permanecer en su domicilio siguiendo las instrucciones que le facilite el Servicio Canario de la Salud. En caso de que el trabajador esté en su puesto de trabajo se contactará con el 900112061, y hasta su valoración por parte de los servicios médicos, se separará a la persona enferma del resto del personal, manteniendo al menos dos metros de distancia y, si es posible, se la reubicará en una habitación separada que se mantenga aireada, instándola a adoptar medidas de higiene respiratoria.
Trasladar la información facilitada, y en su caso el diagnóstico, vía telefónica a su Servicio de Personal, de forma que pueda comenzar a aplicarse, de forma inmediata, las medidas que se consideren necesarias a fin de prevenir el riesgo de contagio.

En el caso de que un trabajador/a tenga conocimiento de haber tenido contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección por COVID-19, aunque no presente síntomas, informará vía telefónica, al 900112061 y seguirá las instrucciones que le faciliten.

Procedimiento si no hay sospecha de infección, pero presenta síntomas

Si un trabajador/a no tiene sospecha de estar infectado por el nuevo coronavirus, por no haberse dado ninguna de las situaciones indicadas en el apartado anterior, pero presenta síntomas de infección respiratoria, informará de la situación a su superior inmediato, y solicitará cita telefónica de su centro de atención primaria. Una vez tenga diagnóstico de su médico de atención primaria, y si este descarta la infección por COVID-19, el/la trabajador/a contactará con el Servicio de Personal para informar de su situación, y seguir las recomendaciones que se le indiquen.

Actuación en caso de detectarse un positivo entre el personal

El/la trabajador/a informará de inmediato, vía telefónica o correo electrónico, al Servicio de Personal o, en su ausencia, a su superior jerárquico quien lo notificará a su Secretaría General Técnica, o al órgano equivalente en el ámbito de la Administración Sanitaria, Educativa y de Justicia, según corresponda. Además, no accederá a su centro de trabajo hasta que así lo determinen las Autoridades Sanitarias.

Se estudiará cada caso con carácter particular junto con la Dirección General de Salud Pública, según el escenario específico, adoptándose acciones concretas dependiendo del centro de trabajo, actividad laboral y número de contactos estrechos, entre otros aspectos, y se determinarán las áreas de trabajo que requerirían limpieza y desinfección especial dándose indicaciones específicas al personal afectado.

Incapacidad temporal y aislamiento

La expedición de los partes de baja y de sus confirmaciones se efectuará preferentemente por medios telemáticos, y su entrega se realizará preferentemente utilizando la sede electrónica. Si se tratara de un empleado/a público/a en régimen de cotización a la Seguridad Social, deberá llamar al 012 o 9000112061 y solicitar cita telefónica con su médico de Atención Primaria, pero si fuera mutualista de MUFACE o MUGEJU, deberá ponerse en contacto telefónico con ellos.

En los supuestos de que los profesionales sanitarios aconsejen una medida de aislamiento o “cuarentena”, el/la trabajador/a lo comunicará telefónicamente o por correo electrónico a su Servicio de Personal correspondiente. La acreditación de dicha medida conllevará la consideración de deber inexcusable y, según el Decreto Ley, la asimilación a incapacidad temporal por accidente laboral.

Viajes a zonas de riesgo por motivos ajenos al trabajo y conciliación

Si algún trabajador/a ha realizado o tiene previsto realizar viajes, por motivos distintos a los laborales, a zonas declaradas de riesgo por infección de COVID-19, tendrá la responsabilidad de informar, de inmediato, al Servicio de Personal de su Departamento.

Al personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes que pudieran verse afectados por el cierre de centros educativos o de mayores, les será de aplicación medidas de flexibilización y/o permanencia en domicilio.

Instrucciones laborales

En el actual escenario, de acuerdo con las recomendaciones generales de las autoridades de salud pública, es conveniente el seguimiento de pautas de actuación que promuevan el distanciamiento físico entre los empleados públicos. Para ello, en el ámbito de las relaciones de trabajo de la Administración autonómica se adoptarán, por los correspondientes centros directivos las siguientes medidas:

Control horario, atención al público, reuniones

Se podrá utilizar un sistema de control horario alternativo al actual y de carácter voluntario que permitirá el debido seguimiento de la jornada de trabajo a través de un aplicativo en los teléfonos móviles.

En los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y, en particular, la telemática. Se promueven sistemas de cita previa y se restringen, en la medida de lo posible, el acceso a las zonas no específicas de atención al público.

En la medida de lo posible, se incrementarán la realización de las reuniones de trabajo a través del uso de videoconferencia u otros medios telemáticos.

Cursos, procesos selectivos, viajes

Se fomentará la utilización de medios telemáticos como alternativa a la formación presencial, cuando resulte posible, en los casos en que el número de asistentes o las características físicas de las instalaciones lo hagan aconsejable.

Se mantendrán los procesos selectivos en los que se pueda asegurar una distancia correcta entre aspirantes y tribunales y colaboradores.

De acuerdo con las recomendaciones generales, se realizarán los viajes de trabajo que sean imprescindibles para la normal prestación de servicios esenciales. Pueden realizarse con normalidad viajes de carácter interinsular, sin perjuicio del fomento de las reuniones a través de videoconferencia u otros medios telemáticos.

Medidas extraordinarias de flexibilización

Las medidas de prevención, de seguirse rigurosamente, se han mostrado efectivas en el control de epidemias similares. No obstante, y si bien la situación actual no requiere de la adopción de otras medidas excepcionales o extraordinarias, atendiendo a las circunstancias de cada centro directivo y siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrán habilitar otros sistemas de prestación de servicios.

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Vanoostende defiende la unidad de acción entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario para mejorar el sector

La consejera pondera un amplio paquete de medidas impulsadas por el Gobierno canario

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, defendió en la comparecencia de ayer (día 10) en el Parlamento la coordinación y la unidad de acción entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario “para mejorar los problemas históricos del sector primario y superar así una crisis estructural en la que se plantean diferentes medidas, que pasan inexorablemente por la unidad entre las administraciones y las organizaciones agrarias”.

Vanoostende, que realizó una radiografía sobre la situación actual del campo, explicó que “se trata de un sector que en 17 años ha perdido en España más de 100.000 puestos de trabajo, aunque en el caso canario ha supuesto una ligera subida del empleo, de ahí su papel estratégico en una autonomía alejada del continente”.

La titular de Agricultura señaló las incertidumbres a las que se enfrenta el sector, entre las que se encuentran el Brexit, la posible disminución de las ayudas europeas, los aranceles de Estados Unidos o las adversidades meteorológicas cada vez más frecuentes, además de otras dificultades como el índice de precios origen-destino, donde el consumidor paga hasta cuatro veces más por el producto de lo que recibe el agricultor, o la pérdida de rentabilidad. En este contexto, enumeró las líneas de actuación que han impulsado tanto el Gobierno de España como el canario: “Desde el Ministerio se han tomado medidas urgentes, por un lado, la modificación de la cadena alimentaria, haciéndola más restrictiva en determinadas cuestiones y, por otro, mejorando las bonificaciones al sector en las cuotas de contingencias comunes y los cambios de contratos de temporales a indefinidos, entre otras. Con las medidas urgentes y la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria se aumentará el control de los contratos y se evitará el fraude en los lineales en cuestiones como el etiquetado y las normas de calidad”.

En este sentido, apuntó que “en Canarias hemos tomado la iniciativa, de la mano de las organizaciones agrarias, en la defensa vehemente de las ayudas europeas como el Posei y el PDR, con un intenso trabajo en Europa para proteger nuestra condición de RUP y el reajuste con los REA, orientado a favorecer la producción local. Se antoja prioritario utilizar el REF agrario como instrumento para reducir costes. También tenemos en este horizonte de prioridades el Pacto Verde Europeo, para el que pedimos el mismo trato con terceros países, también en materia fitosanitaria, en derechos laborales de las personas del sector y en la defensa medioambiental”.

Siguiendo la línea argumental, la consejera de Agricultura puntualizó que otro de los ejes de actuación gravita en la disminución de los costes de producción, “dado que desde la administración podemos favorecerlo incidiendo más en las líneas de modernización de las explotaciones del PDR de cara a conseguir empresas más eficientes y con menos gastos; reforzar la formación de los jóvenes, y aumentar las partidas destinadas a las subvenciones de seguros, tal y como se refleja en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma con un incremento que llega hasta los 3,4 millones”.

Vanoostende reiteró que “las actuaciones también tienen como objetivo mejorar la calidad y disponibilidad del agua, y es por esta razón que hemos dedicado tres millones más que el año pasado al establecimiento de redes de riego en las islas, además de la preparación de los informes sobre el impacto de la sequía en los distintos subsectores”.

La consejera ponderó “el interés por la seguridad jurídica de las personas que trabajan en el sector, por ejemplo con el incremento financiero en directrices de ordenación del suelo agrario; la legalización de un mayor número de explotaciones ganaderas; el inicio de un Plan de Soberanía Alimentaria, que por primera vez cuenta con dotación presupuestaria para aumentar el autoconsumo; y las reuniones previas para la elaboración de un plan estratégico que evite el abandono de la viña”.

Como reflejo de las actuaciones promovidas a lo largo de esta legislatura, Vanoostende destacó que “se están estableciendo nuevos canales de comercialización que eviten cadenas alimentarias muy largas, tomando como ejemplo los proyectos de Ecocomedores y Crecer Juntos, a lo que hay que sumar el papel de GMR como plataforma logística, y por supuesto, la modernización de la administración publica como engranaje esencial de todas las líneas de acción”.

“Seguramente se requerirán más medidas para resolver un problema tan complejo como este. Necesitamos el compromiso de todos, desde los productores y las organizaciones agrarias hasta los distribuidores y consumidores; se trata de una prioridad y un compromiso de este gobierno”, concluyó.

 

 

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