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El Gobierno de Canarias actualiza las exigencias de seguridad en playas y otras zonas de baño marítimas

Otorga a los ayuntamientos, tal y como habían pedido, un plazo adicional de un año para adaptarse a las nuevas medidas

Esta prórroga servirá también para resolver otras dificultades surgidas a la hora de implementar los planes de seguridad y salvamento, como puede ser la financiación

En la Dirección General de Seguridad y Emergencias ya constan 126 planes de seguridad y salvamento elaborados y registrados

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este miércoles el proyecto de decreto que otorga a los ayuntamientos, tal y como habían pedido, un plazo adicional de un año para adaptarse a las nuevas exigencias de seguridad en playas y otras zonas de baño marítimas de las islas.

Estas exigencias están recogidas en los anexos del Decreto 116/2018, de 30 de julio, por el que se regulan las normas e instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con el objetivo de mejorar la seguridad en las playas y otras zonas marítimas del archipiélago, el pasado 22 de julio, previa audiencia de los municipios costeros e informe de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias, se procedió a modificar, mediante una orden de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, los anexos del Decreto 116/2018, de 30 de julio, para flexibilizar determinados criterios e incidir en los planes de seguridad y salvamento de playas y otras zonas de baño marítimas.

Entre los cambios más importantes introducidos, de acuerdo con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), están la posibilidad de que los municipios compartan recursos humanos y móviles en las labores de vigilancia y salvamento, se regula el perfil del técnico redactor que elabore los planes de salvamento y se reafirma que las banderas a utilizar para indicar los diferentes niveles de riesgo sean de color rojo, amarillo y verde, rechazando que existan más, pues se crea confusión y no se ayuda a identificar los colores con los grados de peligro.

Ahora, el proyecto de decreto aprobado este miércoles amplía, de cuatro a cinco años, el tiempo previsto en la disposición transitoria segunda para la aplicación de las nuevas medidas. Esta prórroga, que parte de una solicitud formal realizada por los municipios costeros, es lo más operativo para que los ayuntamientos se adapten a las exigencias del Decreto 116/2018, de 30 de julio, y poder arreglar también otros aspectos como puede ser el financiero.

Y ello, porque los acontecimientos registrados desde su entrada en vigor, el 8 de agosto de 2018 –estado de alarma declarado debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVI-19 y la erupción volcánica en La Palma–, han condicionado la disposición de recursos por parte de algunas corporaciones municipales, que se han visto obligadas a destinarlos a otros fines.

Todo esto justifica la necesidad de ampliar en un año el plazo para que los ayuntamientos implanten los planes de seguridad y salvamento, objetivo principal del proyecto de decreto aprobado este miércoles.

Es preciso recordar que, en las islas, del total de 750 playas y zonas de baño marítimas, según la última revisión efectuada por parte de los ayuntamientos, hay 365 que requieren la elaboración de un plan de seguridad y salvamento y que en la Dirección de General de Seguridad y Emergencias tienen constancia de126 planes de seguridad y salvamento elaborados y registrados.

Una cifra que ahora se verá incrementada tras la actualización del Decreto 116/2018, de 30 de julio, efectuada a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de conformidad con las corporaciones municipales.

El Consejo de Gobierno aprueba el decreto de creación del Consejo Canario de Desarrollo Sostenible

Es un órgano colegiado, adscrito a la Presidencia del Gobierno de Canarias, que tiene como finalidad asesorar, colaborar y ser cauce de participación para el cumplimiento de los retos de la Agenda Canaria 2030

Estará integrado por una representación de distintos sectores de la sociedad civil, del sector empresarial, del tercer sector, de la academia y centros de investigación, y de las administraciones públicas de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este miércoles, a propuesta del presidente, Ángel Víctor Torres, y del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el proyecto de decreto por el que se crea el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible (CCDS), así como su reglamento de organización y funcionamiento.

Esta iniciativa está justificada por la necesidad de dar cumplimiento a las previsiones contenidas en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, en la que se recoge que su articulación se apoyará en un modelo de gobernanza que dé voz a las partes interesadas clave en la implementación del desarrollo sostenible en Canarias y que permita la correcta coordinación entre ellas.

El órgano máximo en esta competencia será el CCDS, que se constituirá como un órgano colegiado, adscrito a la Presidencia del Gobierno de Canarias, cuya finalidad será asesorar, colaborar y ser cauce de la participación de los agentes territoriales para el cumplimiento de los retos, políticas aceleradoras, prioridades de actuación, objetivos y metas establecidas en la Agenda Canaria 2030.

Según recoge el Reglamento de Funcionamiento del CCDS, entre las funciones y competencias de este nuevo órgano se encuentran asesorar a la Viceconsejería de la Presidencia en la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y dinamización de los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento de la ACDS 2030. Además, generará documentos y análisis sobre aspectos de la implementación para la consecución de las metas canarias incluidas en la ACDS 2030 y la mejora de los planes de acción de los distintos agentes territoriales, todo ello basándose en datos, información y evidencias fehacientes.

También deberá contribuir a la divulgación y comunicación de la ACDS 2030 al conjunto de la ciudadanía canaria y a situarla en el centro de la identidad de Canarias en el mundo, en la política nacional, europea y multilateral, e impulsar el diálogo y coordinación entre todos los agentes sociales, económicos, medioambientales y culturales para contribuir a la construcción de alianzas multiactor, el abordaje de los retos, políticas aceleradoras y prioridades de actuación, y la consecución de los objetivos y metas establecidos en la ACDS 2030.

El Consejo aprueba impulsar la creación de dos colegios profesionales de la Pedagogía y de la Psicopedagogía

El consejero de Administraciones Públicas solicita al Gobierno su pronunciamiento sobre la oportunidad, objetivos y principios generales que inspiran la puesta en marcha de esta iniciativa en ambas provincias

La propuesta para poner en marcha de estas dos corporaciones de Derecho Público data de 2014 y atañe a más de 10.500 profesionales en la Comunidad Autónoma de Canarias

El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración dos anteproyectos de ley de creación del Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Las Palmas, por un lado, y del Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Santa Cruz de Tenerife, por otro, a efectos de un primer pronunciamiento sobre la oportunidad de ambas iniciativas, objetivos y principios generales que inspiran su puesta en marcha.

Las dos propuestas legislativas están amparadas en lo establecido en el artículo 190.1 y 2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, y de acuerdo con lo recogido en el artículo 6 de la Ley 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales, y en su reglamento, a probado por Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, con las modificaciones introducidas por el Decreto 16/1992, de 7 de febrero.

Según esta normativa, desde la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se considera oportuna la creación de los dos colegios profesionales, para que integren a quienes con la titulación suficiente quieren ejercer profesionalmente la actividad de la pedagogía y psicopedagogía en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, y regule su ordenación, representación y defensa, desde la perspectiva del interés público.

Con ambos anteproyectos de ley se da cumplimiento a los principios de buena regulación ya que son respetuosos con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad. A su vez la creación de los dos colegios profesionales de la Pedagogía y de la Psicopedagogía está justificada por una razón de interés general, toda vez que como corporaciones de Derecho Público de adscripción voluntaria no solo representará y defenderá los derechos de las personas profesionales colegiadas, sino que tutelará y protegerá los intereses y derechos de las personas consumidoras y usuarias de los servicios ofrecidos por aquellas, ordenando el ejercicio de su actividad y su control deontológico.

El Gobierno autoriza un gasto plurianual de más de 8,5 millones para la gestión de los fondos europeos del MRR

El destino de este dinero es dotar los puestos de tres Unidades Administrativas Provisionales (UAP) incluidas en el Instrumento de Planificación Estratégica (IPE) en el periodo 2022-2026

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este miércoles un gasto plurianual de 8.540.119,12 euros a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, para dotar los puestos de las Unidades Administrativas Provisionales (UAP) afectas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) incluidas en el Instrumento de Planificación Estratégica (IPE) del citado departamento en el periodo 2022-2026.

En concreto, según consta en la orden conjunta de las consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) número 146, de 25 de julio de 2022, el departamento de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad contará con dos UAP –Subdirección de Contratación y Subdirección Tecnológica– en la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, y otra más –Subdirección de Gestión, Seguimiento y Control de los Fondos– en la Secretaría General Técnica.

Esta última tendrá que garantizar el adecuado desarrollo de los proyectos financiados con los Fondos Next Generation UE que va a desarrollar el Área que encabeza Julio Pérez.

Estas unidades administrativas de carácter provisional quedan constituidas por el plazo que exija la ejecución de los proyectos financiados con fondos del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU), previéndose inicialmente su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. De ahí la necesidad de tramitar el gasto plurianual.

Gobierno canario y productores de aceituna y aceite aúnan esfuerzos para potenciar al sector

El ICCA organizó recientemente el II Encuentro de Productores de Aceitunas y Aceites de Oliva Virgen Extra de Canarias, con la participación de 32 productores de las islas

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, organizó recientemente en la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte (Tenerife) el II Encuentro de Productores de Aceitunas y Aceites de Oliva Virgen Extra de Canarias con el objetivo de potenciar un sector en crecimiento que supone la diversificación del campo en Canarias y que además genera rentabilidad y empleabilidad.

Esta segunda edición, que se retoma tras su primera celebración en 2018, contó con la presencia de 32 productores de aceitunas y propietarios de almazaras del archipiélago que asistieron a diferentes ponencias técnicas sobre la elaboración en la almazara, las figuras de calidad, y el funcionamiento normativo del sector.

Entre los principales asuntos que se abordaron en esta cita, que contó con la participación del director del ICCA, Basilio Pérez, destacan la posible modificación de diferentes líneas de ayudas para los productores de olivos; y las dificultades y el coste por la realización de los análisis obligatorios para los Aoves, dado que en Canarias no se dispone de laboratorio acreditado, por lo que plantean la necesidad de que el laboratorio del ICCA pueda realizar las analíticas obligatorias -tanto las fisicoquímicas como las organolépticas- para los Aoves, entre otros.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, puso de manifiesto “la idoneidad de este tipo de encuentros para unificar al sector, conocer sus inquietudes y proyectar juntos la calidad del aceite de las islas; esta unión fortalecerá al sector para que, con una voz única, pueda elevar sus inquietudes y sus propuestas al Gobierno de Canarias”.

Por su parte, el director del ICCA, Basilio Pérez, destacó que “este encuentro ha permitido analizar la situación actual y futura de un sector que está en auge, que debe estar unido, y que para mejorarlo se tiene que organizar regionalmente y con la práctica totalidad de los implicados”.

 

 

Ponencias

En la primera ponencia se explicaron una serie de pautas técnicas tanto en la recolección como en la elaboración en la almazara, insistiendo en el estado de madurez y sanitario de la aceituna y la importancia de las temperaturas en la recolección, así como el tiempo que transcurre desde que se recolecta hasta que se procesa.

En relación a la norma de calidad de los Aoves, a través del Real Decreto 760/2021, la ponencia pretendió explicar y difundir esta normativa, que tiene por objetivo preservar y poner en valor los aceites de oliva, así como evitar posibles prácticas fraudulentas, establecer determinadas obligaciones de los operadores del sector en cuanto a las instalaciones, las prácticas no permitidas, y la trazabilidad de los productos.

Además, se abordó el papel del régimen de funcionamiento de las declaraciones obligatorias en el sector del aceite de oliva y las aceitunas de mesa reguladas en el Real Decreto 861/2018, donde se explicó de forma pormenorizada las obligaciones de almazaras, envasadoras de aceite de oliva, industrias de transformación y de otros operadores de aceitunas de mesa.

También, se desarrolló una ponencia sobre la Ley de la Cadena Alimentaria con el propósito de informar al sector sobre las obligaciones que impone la ley a los operadores agroalimentarios.

El encuentro finalizó por la tarde con una mesa redonda con los participantes y una cata comparativa de Aoves canarios por la experta Anunciación Carpio Dueñas.

 

 

Datos del sector

Según la Encuesta Anual de Superficies y Producciones Agrarias sobre 2021, se tienen en producción 538,80 hectáreas de olivos en Canarias, siendo Gran Canaria la isla donde el cultivo ocupa una mayor extensión con 232,10 hectáreas, seguida de Fuerteventura con 165,50, y de Tenerife con 108,10. Lanzarote con 16,20; La Palma con 12,40; El Hierro con 3,30; y La Gomera con 1,20.

En base a estas superficies, Canarias presenta una producción de 1.475,20 toneladas de aceitunas, de las que 613,10 corresponden a Gran Canaria; 470,80 a Fuerteventura; y 291,70 a Tenerife.

De esa producción regional, 250,10 toneladas son de aceituna de mesa y 1.225,20 corresponden a aceituna para almazara.

Por último, según datos de la Encuesta Anual, se han producido un total de 165,07 toneladas de aceite de oliva virgen extra, donde Fuerteventura ha obtenido 62,07; Gran Canaria 50,42; y Tenerife 42,34.

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El Gobierno aprueba un gasto de 9,8 millones de euros para la construcción del CEIP El Quintero, en Lanzarote

El centro contará contará con 18 unidades en una superficie construida de 4.638 metros cuadrados sobre una parcela de 12.020 metros cuadrados

El Consejo de Gobierno aprobó hoy miércoles, 3 de agosto, un gasto plurianual de 9,8 millones de euros destinado a financiar la construcción del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) El Quintero, ubicado en el municipio San Barlomé, Lanzarote.

La finalidad de la propuesta es dotar de infraestructuras educativas adecuadas a las necesidades de escolarización de este municipio mediante la edificación de 18 unidades en el referido centro, que se distribuirán en seis para Educación Infantil de tres a seis años, y 12 adicionales para alumnado de seis a 12 años. Para ello se suscribirá un convenio de colaboración con la corporación municipal.

En total, la superficie construida será de 4.638 metros cuadrados sobre una parcela de 12.020 metros cuadrados. Estos fondos también servirán para sufragar espacios complementarios contemplados en el programa de necesidades del centro.

El proyecto de inversión incluye un desembolso de 400.000 euros para lo que resta de este año, mientras que en los dos próximos ejercicios las anualidades ascenderán a 4,7 millones en cada uno, lo que suma 9,8 millones de euros.

El Gobierno autoriza un gasto de 52,2 millones para la asistencia sanitaria especializada en Gran Canaria

Dará cobertura a los usuarios del Servicio Canario de la Salud de las Zonas Básicas de Salud de Maspalomas, Mogán, Tirajana y Vecindario

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este miércoles, día 3 de agosto, a la Consejería de Sanidad a realizar una inversión entre los años 2022 y 2025 de 52.253.845 euros.

Esta inversión tiene como objetivo financiar los gastos derivados de la asistencia sanitaria especializada a pacientes del Servicio Canario de la Salud (SCS) pertenecientes a las Zonas Básicas de Salud de Maspalomas, Mogán, Tirajana y Vecindario, adscritas al Área de Salud de Gran Canaria. El contrato se adjudicará por procedimiento abierto de adjudicación con carácter ordinario.

Con esta inversión se da continuidad al servicio que se presta a la población residente en los municipios de Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán mediante los diferentes conciertos establecidos, por lo que el centro deberá estar situado en alguna de las zonas básicas de salud señaladas.

La contratación contempla dos lotes diferenciados, por un lado, la hospitalización en régimen de internamiento en unidades de media estancia y por otro en unidades de agudos y media estancia; hospitalización en UMI-UCI; urgencias hospitalarias; cirugías, consultas y procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Esta medida, contemplada en la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, permite ofrecer una asistencia sanitaria cercana a la población adscrita a estas zonas geográficas, al mismo tiempo que se favorece la descongestión de los medios públicos en el Complejo Hospitalario Insular-Materno Infantil, centro de referencia del área sur de Gran Canaria.

El Consejo aprueba el destino de 13,9M€ al suministrar de stents coronarios para los hospitales durante dos años

La contratación se realizará a través del procedimiento de compras centralizadas, que ha contribuido notablemente a racionalizar y mejorar la eficiencia en los procesos de aprovisionamiento

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy a la Consejería de Sanidad a destinar 13.989.666 euros a la adquisición stents coronarios para cubrir las necesidades de los hospitales del Servicio Canario de la Salud por un periodo de dos años.

La contratación de este suministro se tramitará por la Dirección General de Recursos Económicos, a través de la suscripción de un acuerdo marco y mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria.

En 2019 se tramitó un expediente de contratación para el suministro de stents coronarios mediante el mismo procedimiento, cuyos acuerdos marco finalizan su periodo de vigencia el 15 de marzo de 2023, por lo que resulta imprescindible proceder a la tramitación de este nuevo procedimiento.

Según las necesidades estimadas por los distintos hospitales, el presupuesto de licitación de distribuirá a razón de 4.531.382 euros en el Complejo Hospitalario Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; 4.090.954 euros en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil; 2.495.484 euros en el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias; 1.959.472 euros en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, y 912.374 euros en la Gerencia del Servicios Sanitarios de Lanzarote.

Los stents son pequeños tubos de malla de metal que se expanden dentro de una arteria del corazón. Se colocan durante o inmediatamente después de una angioplastia y ayudan a impedir que la arteria se cierre de nuevo.

El procedimiento de compras centralizadas ha contribuido notablemente a racionalizar y mejorar la eficiencia en los procesos de aprovisionamiento de los centros, servicios y establecimientos sanitarios del SCS, al obtener la reducción de precios derivada de economías de escala.

Aprobada una subvención de 450.000 euros para la recuperación del polígono Callejón de La Gata

El Consejo de Gobierno da el visto bueno a la declaración de razones de coyuntura económica para otorgar ese crédito, que permitirá la regeneración de esta área afectada por la erupción del volcán

El Cabildo Insular de La Palma, beneficiario de la subvención, pretende reubicar a las empresas afectadas e impulsar la creación de otras nuevas

El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles, a propuesta de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, la declaración de razones de coyuntura económica para la ampliación de crédito por valor de 450.000 euros con la finalidad de habilitar una subvención al Cabildo de La Palma para la recuperación del polígono industrial Callejón de La Gata, afectado por la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

El pasado 11 de octubre de 2021, una colada del volcán arrasó esa área industrial destruyendo las instalaciones e infraestructuras existentes. Por ello, la Dirección General de Industria, que ha venido financiando en los últimos años la regeneración y dinamización de las áreas industriales de Canarias, destinará esta subvención al Cabildo Insular de La Palma con el objetivo de reubicar a las empresas afectadas y generar nuevas oportunidades para la creación de otras infraestructuras que contribuyan a impulsar la economía de la isla.

El objetivo de esta medida es impulsar la modernización del actual tejido industrial y que este sector tenga un papel relevante como sector productivo y como generador de valor y empleo para La Palma.

Autorizado un convenio entre la ATC y el Ayuntamiento de Valle Gran Rey para el cobro en vía ejecutiva

La vigencia del convenio se retrotrae al 1 de enero de 2019, al igual que se ha hecho con otros similares

El Consejo de Gobierno autorizó este miércoles, 3 de agosto, la suscripción de un convenio entre la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de los tributos y otros ingresos de derecho público de su competencia.

Mediante la firma de este convenio, la ATC asume la facultad de recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de naturaleza tributaria y no tributaria de dicho ayuntamiento, a cambio del pago mensual de una cantidad determinada.

En concreto, la corporación insular deberá abonar mensualmente a la ATC tres euros por cada deuda cargada, más una cantidad adicional que se determinará en función de la fecha de cancelación o data de la misma sobre la base de unos baremos establecidos. Asimismo, los ingresos correspondientes a los intereses de demora devengarán un 7 por ciento ya sean por aplazamientos o fraccionamientos de pago, o por actuaciones de embargo.

A semejanza de anteriores convenios, la vigencia se retrotrae al día 1 de enero de 2019, a fin de aplicarles los nuevos porcentajes, más favorables que los precedentes, con ocasión de la modificación de las condiciones del encargo de la Agencia Tributaria Canaria a la sociedad mercantil pública GRECASA, hoy Asistencia Integral Tributaria S.A. (ASISTA CANARIAS).